Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Está muy claro que, si hoy nuestra ciudadanía no goza de mejores servicios y mucho menor desigualdad, es por “la incapacidad del Estado”, tal como lo explica Nelson Shack, Contralor General de la República, en un claro artículo publicado recientemente en EC. Por mencionar algunos casos, él menciona; el (des)manejo de la pandemia, la reconstrucción con cambios por el fenómeno del niño de 2017 y su avance de sólo 37% después de más de 4 años, la “reconstrucción” de Pisco después del terremoto de 2007 y, explica que el Estado deja de invertir más de 15 mil millones, a pesar de las flagrantes necesidades de infraestructura pública. De ahí las grandes brechas entre la población menos favorecida y los que más tienen.
Tal como concluye el Contralor, las causas principales de la incapacidad del Estado, radican en la ociosidad de sus funcionarios, quienes no toman decisiones por no complicarse la vida y tener garantizado, poder cobrar tranquilamente su sueldo a fin de mes, por supuesto acompañado de un alto nivel de corrupción. Mientras la ineficiencia propiamente dicha, radica en falta de preparación de funcionarios, indolencia de autoridades e inconducta que, por falta de capacidad sancionadora, se perpetúa impune en los “distintos niveles administrativos (nacional, regional y local)”.
Cuando los políticos se quejan del “Modelo económico”, en realidad no sé si lo dicen y repiten por ignorantes, o porque necesitan salvarle la cara a un grupo de “funcionarios profesionales” enquistados en cuanta dependencia pública hay y movilizándose de una entidad a otra, pero tratando de no perder las gollerías. ¿Será por eso que se quejan de “las puertas giratorias” para profesionales probos que ocasionalmente han dejado el sector privado, para apoyar al sector público? Aunque encuentro obvio, que para ellos no hay tales “puertas giratorias”, cuando pasan de una ONG (que brinda “consultoría” al Estado), para ocupar un alto cargo en algún ministerio o entidad pública y luego volver a la ONG, a continuar con consultorías gestadas por ellos mismos, desde dentro del aparato público.
Debe quedar claro que, el fracaso del aparato del Estado durante las décadas del mayor crecimiento económico de nuestra historia, cuando se ha recaudado más impuestos y distribuido más recursos que nunca, son una clara señal de que la política es un asunto demasiado serio como para dejarlo sólo en manos de los políticos. En esa línea, el sector empresarial peruano responsable, debe involucrarse en política y, por otro lado, debemos ser capaces de dar a conocer a la población, que ejercemos un Capitalismo Responsable, dispuesto a ir más allá del negocio e involucrarnos en la conducción y gestión de los proyectos que les resuelvan las necesidades básicas y mejoren sus índices de desarrollo humano, tal como se ha trabajado en el sector minero-energético desde el 2001.
Probablemente pocos saben (o no se quieren enterar), que Sociedad Minera Cerro Verde, con una inversión de US$640 millones, se encargó de la construcción de las represas de Bamputañe y Pillones, que incrementaron los caudales de los ríos Chili y San José de Uzuña para beneficio de la ciudad de Arequipa. La construcción de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) más moderna de Sudamérica y el mejoramiento de las líneas de agua potable a los conos de esa ciudad. La construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de La Enlozada, que transformó la cloaca del río Chili (más de 200 veces los límites máximos de coliformes fecales), con la que se regaba el agro arequipeño, en un río limpio y vivo, permitiendo una agricultura saludable.
O del desarrollo del bosque de Huarmey, que ha transformado un desierto de 177 ha, en un bosque con 200 mil árboles y 50 especies de aves, mamíferos y reptiles, creando un Activo Ambiental desarrollado por Antamina, la misma que además ha ejecutado 56 proyectos por más de 1 mil millones de soles, para construir los hospitales de Huari, Huamalíes y Huarmey, así como los centros de salud de Palmira y de Ticllos, además de 18 proyectos de riego con 180 km de canales y 23 reservorios.
Los ejemplos mencionados, son sólo una muestra de cómo el sector privado puede trabajar en apoyo del Estado y cubrir las ineficiencias propias de ese monstruo burocrático de más de 1.5 millones de empleados, mayoritariamente improductivos.
Ahora, debemos diseñar, junto a la nueva administración del Estado, los mecanismos que, tal como en el pasado, permitan a las empresas más grandes poner a disposición de las comunidades más alejadas de las ciudades; sus capacidades técnicas, logísticas y gerenciales. En algunos casos, mediante obras por impuestos, en otros, mediante algo que reemplace al Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP) y en otros casos, únicamente por compromiso social de las empresas, pero que, en todos los casos, resultaron esfuerzos exitosos que debemos replicar. Lamentablemente, la miopía de un político (Humala) [y su primer ministro Siomi Lerner] interrumpió en el 2011 la continuidad del PMSP, lo que destruyó un esquema de trabajo formidable e inclusivo, que creaba vínculos entre las comunidades, las empresas y el Estado, atendiendo los siguientes aspectos:
- Identificar las necesidades básicas insatisfechas.
- Priorizar y consensuar proyectos, con activa participación de la comunidad y la autoridad local.
- Que la obra sea gestionada por la empresa, poniendo la ingeniería requerida, la logística, la gestión y supervisión técnica de la misma.
- Finalmente, que una firma auditora calificada, certifique el cumplimiento del compromiso, su oportunidad, calidad y precio.
Con lo anterior, los proyectos realmente necesarios, aquellos que cierran brechas y traen beneficio a la población, se irán ejecutando. Esta es la única forma de realizar los proyectos que contribuyen a nuestro objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, en los plazos y presupuestos establecidos, erradicando la corrupción y generando unión entre peruanos, al trabajar juntos por un objetivo común.
Ciertamente, debemos de cambiar los paradigmas, pues con estos mecanismos, las autoridades locales no manejan esos recursos, nadie les deberá favores políticos y perderán las oportunidades de enriquecerse indebidamente.
Por supuesto que, más de uno se preguntará “¿y entonces, cuál es el beneficio de ser alcalde o gobernador regional? Y la respuesta debe ser: ¡Servir a mi Patria! Lampadia
