Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia
Todos los días, todas las semanas, se repite el mismo libreto: Pedro Castillo, Aníbal Torres y otros funcionarios recorren el país incitando al odio, atacando a la fiscalía y la prensa independiente, y amenazando cada vez más claramente con cerrar el Congreso.
Palacio de Gobierno también se ha convertido en una tribuna para difundir esos discursos de odio.
Constantemente Castillo convoca a sujetos carentes de toda representatividad, a los que invita como supuestos dirigentes de organizaciones en realidad inexistentes, que vierten diatribas llenas de rencor e inquina contra los adversarios y críticos del gobierno, y advierten igualmente que van a acabar con lo que queda de democracia.
El efecto de esas enloquecidas arengas, desde la cúspide del poder, tiene impactos devastadores. Muchas personas las toman en cuenta por venir de dónde vienen, de lo más alto de la estructura del Estado. Y ahora han empezado a focalizar sus invectivas en los niños, inoculando su veneno a quienes carecen de antídotos, a quienes todavía no tienen ninguna defensa racional ni emocional para rechazar las barbaridades que profieren Castillo y sus secuaces.
Otro socio de Castillo, el ilegalmente liberado, Antauro Humala, contribuye entusiastamente a esa campaña con discursos similares o peores, paseándose por todo el país con un portentoso despliegue de recursos.
Entretanto, el Congreso sigue entrampado. Los avances -si pueden llamarse tales- son lentísimos y a veces inconducentes. La denuncia por traición a la patria que había sido aprobada por la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, fue liquidada por el Tribunal Constitucional.
Como es obvio, la gran cantidad de “niños” comprados por el gobierno, son un obstáculo que se ha demostrado, por lo menos hasta ahora, insalvable. Pero también hay otro factor que sin duda también incide en esa lenidad, y es la inexperiencia y escasa calidad de la mayoría de congresistas. Esto se debe, en parte, a la nefasta “reforma política” que el Lagarto y sus socios caviares impusieron, incluyendo la no reelección. Y de otro lado, a la funesta labor del Jurado Nacional de Elecciones que sacó de la competencia, con pretextos burocráticos, a partidos como el Apra y el PPC, cuya presencia en Parlamento hubiera podido aportar algo de la experiencia necesaria para un mejor desempeño.
El año va a terminar y no parece que habrá resultado alguno en el Congreso que pueda alentar la expectativa de que esto va a cambiar.
Además, la acusación contra Dina Boluarte, más antigua que las de Castillo, sigue también paralizada. Y, como se había advertido desde el principio, si no se destituye a Boluarte, sacar a Castillo de Palacio sería pasar de lo malo a lo pésimo.
En síntesis, los mecanismos de la democracia fallida no sirven para resolver la crisis. El país se sigue hundiendo en un abismo sin fondo, mientras que el gobierno avanza inexorablemente en su propósito de liquidar lo queda de oposición y libertades.
Es cada vez más obvio que se requieren soluciones radicales. Lampadia