Jaime de Althaus
Para Lampadia
La ofensiva insurreccional parece haberse agotado. Solo en Puno se mantienen bloqueos y cierres de negocios y oficinas, dictados por dirigencias radicales que lograron imponer una verdadera dictadura local que, sin embargo, también viene perdiendo fuerza. El número de puntos de bloqueo en esa región ha bajado de 36 en promedio la semana pasada a 17 esta semana, y ante los acuerdos de dirigentes aymaras y radicales de seguir obligando a los mercados a cerrar a las 8 de la mañana, un grupo de dirigentes de ocho mercados de Juliaca acordaron unilateralmente una tregua absoluta los días sábado, domingo y lunes pasados. La gente está cansada.
Fuera de Puno, queda el remanente de que todavía las empresas mineras Las Bambas, Hudbay y Antapaccay casi no pueden sacar su mineral porque, si bien el corredor minero ya no está bloqueado, sí hay piquetes que amenazan con no dejar pasar los camiones. Son bloqueos fantasmales, pero efectivos.
En Puno, el Comando Unificado de las fuerzas armadas y policiales aplica una estrategia no confrontacional que tiene dos componentes:
Operación desgaste, que consiste en desbloquear en la madrugada las piedras que los piquetes han puesto durante el día, llevándose las piedras grandes lejos de modo que al día siguiente vuelven a bloquear, pero con piedras más pequeñas y con menos gente. Es una estrategia lenta pero efectiva porque de hecho los puntos de bloqueo se han reducido.
El otro componente consiste en tratar de ganarse el favor de la población mediante acciones de apoyo cívico tales como retirar la basura acumulada en las ciudades, traer medicinas para los hospitales, vuelos humanitarios, y desfiles los días domingo como aquel en que soldados bailaron con algunas mamachas.
Esta estrategia consigue algunos avances, pero no logra aun el control del orden interno, que sigue en manos de las dirigencias radicales.
Necesita ser complementada por una intervención político-administrativa que identifique interlocutores y desarrolle acciones de impacto, tales como el anuncio de la culminación de obras largamente paralizadas por la corrupción, introducción de tecnologías de sierra productiva en el campo, formalización de la minería informal con la instalación de bancos y plantas de procesamiento en la Rinconada, etc. Ismael Benavides ha sugerido nombrar un Zar para Puno para esos efectos.
José Figueroa, periodista del canal CNA de Juliaca, señala algunas de esas obras:
- Culminar el hospital materno infantil de Juliaca, que por corrupción los gobiernos regionales llevan 15 años sin poder terminarlo.
- “El sueño juliaqueño que les cambiaria la vida es la segunda circunvalación, y terminar la primera”.
- Para los aimaras: la autopista Puno-Desaguadero-Yunguyo
Pero se debe detener y procesar a los líderes de las acciones violentas, y no solo en Puno. Esto requiere que la fiscal de la Nación y la Corte Suprema se decidan a crear una jurisdicción nacional, porque los magistrados locales están amenazados. ¿Qué esperan? De lo contrario, esos extremistas aprovecharán la primera oportunidad para organizar ataques a objetivos emblemáticos.
En cuanto al corredor minero del sur, los bloqueos no se iniciaron con estas revueltas. Vienen de años atrás y se agravaron con Castillo. Se requiere resolver el problema actual y encontrar una solución permanente. Una salida inmediata que se estaría evaluando es trasladar batallones de ingeniería del Ejército con la misión de asfaltar la carretera del corredor. Eso resolvería una fuente de conflictos porque eliminaría el polvo que levantan los camiones, y en lo inmediato permitiría instalar bases de ingeniería militar que ayudan a prevenir bloqueos.
También se estaría reactivando el proyecto que fuera planteado por el ex gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón, de mejorar carretera alterna que sale de Cotabambas hacia Aymaraes y llega a Nazca-Marcona. Costaría alrededor de 320 millones de soles. Varios proyectos mineros podrían salir por allí.
Pero se requiere resolver el problema de fondo, que es el desarrollo y el cierre de brechas, el buen uso de los recursos del canon y las regalías. Al respecto, la flamante secretaria de Diálogo Social de la PCM, Alexandra Ames, está evaluando la posibilidad de alentar la creación de una mancomunidad que integre a las municipalidades provinciales y quizá a los gobiernos regionales del corredor minero a fin de que pueda ejecutar obras de carácter multiprovincial, o paquetes de obras. Esa mancomunidad tendría una unidad ejecutora. Con asistencia técnica del MEF a los gobiernos locales.
Quedaría por atender el problema directo de estos abogados y dirigentes que se han especializado en la industria de la extorsión. Al respecto, urge recomponer equipos de inteligencia policial que trabajen con la fiscalía para denunciar estos delitos. Hay que restablecer el imperio de la ley. Lampadia
