En Lampadia cuestionamos el nombramiento del defenestrado contralor desde el mismo momento de su nombramiento. Un regalito, sin papel celofán, del Congreso anterior, que sorprendentemente recibió también, una suerte de bendición de PPK como Presidente Electo, luego de una conversación de media hora en su casa. Ver: Para un Estado efectivo y probo, requerimos otro Contralor y El primer escándalo mediático del nuevo Contralor
Para analizar el problema de la Contraloría, debemos recordar que desde sus primeros días, el nuevo gobierno, en el Ejecutivo y el Legislativo, fomentó el fortalecimiento y multiplicación de funcionarios con capacidades inapropiadas, otorgando autonomías peligrosas. Estos errores se hicieron evidentes muy pronto, tanto en relación al Contralor como a los Procuradores. Se les advirtió, pero la soberbia de los primeros días había cerrado los oídos de los gobernantes. Ver en Lampadia: La ‘balcanización’ del Estado, Diálogo sobre el Procurador, el Contralor y el Defensor y Un Sistema de Control va más allá de la Contraloría
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Después de muchos problemas con los Procuradores (guardados por ahora debajo de la alfombra), y de situaciones dramáticas con el Contralor, absurdamente empoderado por el vicepresidente Martín Vizcarra al más alto nivel de decisión en el gobierno (Chinchero), y ahora adecuadamente cesado por el Congreso de la República, debemos reflexionar sobre la naturaleza de la Controlaría que necesita el país.
Antes de anunciar al nuevo Contralor, el gobierno debería anunciar algunas ideas fuerza que definan lo que esperamos lograr en el futuro. Este anuncio a los ciudadanos y medios de comunicación, se constituiría en una suerte de ‘contrato social’ del nuevo Contralor con la ciudadanía. Así no nos pasaría que el nuevo funcionario, que cuenta con autonomía constitucional, se vaya por la libre, como ha pasado tantas veces.
Se necesita comprometer públicamente al nuevo Contralor con una agenda de reforma de la institución, traer e incorporar desde el exterior, las mejores prácticas de control, y revisar el Sistema de Control desde las regulaciones a las que están sometidas las entidades del Estado sujetas a los procesos de control, por ejemplo, implantando mecanismos sólidos que aseguren la transparencia de los procesos de adquisiciones y contratación. Esta reforma requiere normas de excepción para poder dotar a la Contraloría del personal adecuado para una tarea tan importante, como instalar en la vida del Estado, procesos limpios de gestión.
La nueva Contraloría debe dejar de ser una suerte de inquisición abusiva que pueda repartir acusaciones, hasta de carácter penal, sin probarlas. Los funcionarios del Estado, que en su gran mayoría son gente proba, y deben estar debidamente protegidos de los abusos que hemos visto en muchos casos, lo que ha devenido en una nefasta parálisis de decisiones al interior del Estado.
La primera acción de control debe plantearse en la vía administrativa. Una vez probada la responsabilidad individual del funcionario, al que debe darse la capacidad de defenderse, se puede proceder a la vía penal.
Algo que el país debe rechazar con mucha fuerza es el enfermizo Proyecto de Ley, promovido por la propia Contraloría, que impediría que los funcionarios del Estado cuenten con respaldo legal para los procesos de control que tengan que enfrentar. Más bien se debe establecer por ley lo contrario, la obligación de las entidades del Estado, de prestar apoyo legal a sus funcionarios.
El mejor Sistema de Control es aquel que se basa en propiciar en todas las entidades estatales, procesos que lleven al auto control con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y no pretender que los representantes de la Contraloría se repartan por todas partes, como se ha estado haciendo desde una visión de control muy pobre, inhibidora y finalmente inefectiva.
Otro tema muy importante es el referido a la capacidad de decisión de los funcionarios del Estado. En la vida de las personas e instituciones, en el sector privado y público, se deben tomar decisiones con criterio, en función de los elementos que se tienen disponibles. Estas decisiones pueden resultar adecuadas o no, dependiendo de muchas circunstancias. Si una decisión en particular deviene en un resultado negativo, no necesariamente se configura un delito. No se puede juzgar una decisión sobre la base de los elementos disponibles después de ‘terminada la guerra’. Estas deben juzgarse en su espacio y tiempo, evaluando la transparencia con la que se dieron y los elementos que la sustentaron.
De la experiencia reciente con el nefasto contralor Alarcón, también debemos evitar que el Contralor pueda opinar sobre cualquier tema, como asuntos especializados y técnicos. Su labor debe ceñirse a los elementos de probidad y cumplimiento de las normas.
En cuanto a las características del Contralor, además de las capacidades profesionales y cívicas adecuadas, debe buscarse a alguien que tenga independencia de criterio y carácter para ejercer sus funciones sin caer en marcos de acción políticos ni presiones mediáticas.
Lamentablemente, el gobierno ya anunció su candidato para el cargo sin dar el marco de referencia para la gestión futura de la Contraloría. Siendo así, por lo menos pedimos que el gobierno lo defina en las líneas comentadas más arriba antes de la eventual juramentación del nuevo Contralor. Lampadia
