Comunidad nativa denuncia a ONGs IDL y FPP
Jaime de Althaus
Para Lampadia
La ofensiva desatada contra la empresa palmicultora Ocho Sur en la región Ucayali podría ser un caso de estudio del modus operandi de algunas ONG – Instituto de Defensa Legal (IDL), Forest People Program (FPP), entre otras- contra las inversiones privadas formales y responsables. Contra la inversión capitalista en última instancia.
Ese modus operandi consiste básicamente en fraguar denuncias fiscales falsas para armar un litigio judicial que pueda ser informado a Naciones Unidas para que el Grupo de Trabajo en Derechos Humanos y Empresas Transnacionales de la ONU le emita un requerimiento a la empresa de modo que tanto la denuncia como el requerimiento sean profusamente difundidos por esas ONG y rebotados en medios en todo el mundo, forzando a compradores internacionales de Ocho Sur a dejar de comprar los productos de esta empresa por razones reputacionales.
El objetivo es quebrar la empresa, al mismo tiempo que las ONG aprovechan para levantar recursos en el exterior de fuentes que financian causas ambientales. Un negocio, en suma, a costa de inversiones serias, productivas y sostenibles.
Dolosamente estas ONG comunican las acusaciones fiscales a Naciones Unidas y a la prensa internacional pese a que la propia comunidad Shipibo Coniba de Santa Clara de Uchunya, supuestamente agraviada, desmiente categóricamente haberlo sido y, consecuentemente, los procesos son sobreseídos o archivados. La comunidad no solo desmiente: acude a la Defensoría del Pueblo para denunciar a esas ONG por violentar sus derechos al utilizar su nombre sin autorización para formular acusaciones falsas contra empresas y contra miembros de la propia comunidad (ver en Lampadia: Comunidad nativa denuncia abusos y agresiones.
Pero allí no queda la cosa. Paralelamente estas ONG plantean una demanda para que la empresa pase a administración judicial, fundada precisamente en falsas alegaciones de deforestación. Es decir, ataque económico, por un lado, y ataque directo a la propiedad misma de la empresa vía la estatización de su gestión, por otro.
Podemos resumir apretadamente la secuencia de esta manera:
El 3 de diciembre de 2020, supuestos representantes de la Comunidad Nativa denunciaron la construcción de una trocha en un área que se encuentra ubicada dentro de la ampliación del territorio de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya, en Ucayali, sin indicar la fecha probable o posible en de tal actividad. El mismo hecho ya había sido denunciado en otras dos fiscalías y archivado por carecer de todo sustento.
Los mismos supuestos agraviados, la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, declararon que Ocho Sur no tenía que ver con estos hechos denunciados. Esta investigación también fue archivada inicialmente por la misma fiscalía a cargo, pero el caso fue reabierto luego de aparentes maniobras y presiones al Poder judicial y al fiscal superior -donde estas ONG tiene influencia-, con el resultado de una acusación arbitraria sobre un hecho ya investigado.
Esta es la acusación que se difunde para perjudicar a la empresa.
No obstante, luego de diversas peripecias legales, el 14 de junio de 2024 el Juzgado Penal de Campo Verde dispuso el sobreseimiento del caso por haberse acreditado que los hechos no les pueden ser atribuidos a la empresa.
Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Lograron bloquear ventas al exterior. La ONU escribió a seis compradores internacionales del aceite de palma de Ocho Sur sin verificar la información, en aparente complicidad con estas maniobras.
Como resultado, Bunge Loders Croklaan, Nisshin Oilio, Louis Greyffus, y clientes finales como Nestlé y PepsiCo, dejaron de comprarle. Pero como el aceite de palma al final es un commodity, logran colocar el producto, pero a menor precio. La pérdida anual sería alrededor de 3 millones de dólares, calcula un alto ejecutivo de la empresa.
En todo esto hay que resaltar el hecho increíble de que la comunidad que supuestamente denunciaba no tenía conocimiento de la mencionada denuncia. La asamblea de la Comunidad no ha reconocido como válida ni legítima la denuncia y eso es lo que le manifestaron al Juez. Más bien, han solicitado en varias oportunidades que se archive el caso por ser falso y que Ocho Sur no ha usurpado su tierra y no construyó la trocha materia de investigación. Por eso la Fiscalía Penal de Campo Verde solicitó el sobreseimiento de la investigación.
Y por eso la Comunidad no solo formuló la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, sino que el 28 de febrero del 2024 presentó denuncia en contra las ONG’S IDL, FPP y FECONAU por la vulneración sus derechos constitucionales y humanos, ante la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Ucayali.
Luego la Fiscalía dispuso aclarar que el proceso se sigue contra la doctora Linda Carol Vigo Escalante (IDL), Luis Álvaro Masquez Salvador (IDL), Glatzer Lloy Tuesta Altamirano del Instituto de Defensa legal (IDL), Thomas Aidan Younger de FPP y Graciela Karina Reátegui Morí de la Federación de Comunidades Nativas y Afluentes de Ucayali (FECONAU), por la presunta comisión del delito contra la libertad personal – COACCIÓN, en agravio de Wilson Barbarán Soria y los comuneros de la comunidad nativa “Santa Clara de Uchunya”. También la Fiscalía dispuso incorporar al programa de protección de testigos al señor Barbarán y otros como medida de protección ante las amenazas y abusos del IDL y el FPP.
APCI debería informar a Naciones Unidas y a las fuentes de financiamiento acerca del modus operandi doloso de estas ONG. Lampadia
