La lucha contra la corrupción en América Latina, potenciada en el último quinquenio por el escándalo Lava Jato suscitado en el 2014, se encuentra en crisis no solo por la presencia de nuevos y excesivos mecanismos legales de represión que atentan contra la presunción de inocencia y las libertades individuales, como la prisión preventiva (ver Lampadia: Prisión preventiva), sino porque además es llevada a cabo, muchas veces por jueces y fiscales que buscan silenciar enemigos políticos de las actuales administraciones.
En el Perú, es clarísima esta observación, en tanto, la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori fue condenada a 36 meses de prisión preventiva el presente año, sin acusación ni cargo alguno, con el evidente objetivo de destrozar las bases de un partido que exhibía y denunciaba constantemente todo el historial de corrupción del presente gobierno y que además aceleraba las investigaciones relacionadas a ello. Afortunadamente y producto de tales excesos, el Tribunal Constitucional ya se encuentra evaluando el caso para emitir un dictamen que podría beneficiar a la líder fujimorista en los próximos días.
Pero el Perú es sólo un caso más de esta amplia problemática que ocupa prácticamente a todos los países de nuestra región, salvo raras excepciones. Un reciente artículo escrito por The Economist, que compartimos líneas abajo, explaya un análisis al respecto, con ejemplos muy ilustrativos, además del ocurrido en nuestro país.
Asimismo, sugiere profundizar las reformas institucionales en torno a los partidos políticos y el mismo poder judicial, para evitar que estas luchas anticorrupción terminen siendo aprovechadas por políticos populistas con el fin de ganar adeptos en el electorado, y descuidando lo que debiera ser su función principal: la de gobernar.
Sin duda, un tema urgente a tratar en nuestro país, por la coyuntura política que actualmente inyecta incertidumbre en nuestro día a día y que nos tiene hasta el hartazgo por sus persistentes impactos negativos en las inversiones y en el desempeño de la economía. Lampadia
Corrupción persistente
La guerra contra la corrupción en América Latina está en problemas
Los errores fiscales no son la única razón
The Economist
28 de setiembre, 2019
Traducido y glosado por Lampadia
Sigue y sigue y sigue. En México, Rosario Robles, una ex ministra, fue encarcelada el mes pasado mientras se encontraba bajo investigación sobre el desvío de unos US$ 250 millones. Emilio Lozoya, el ex jefe de Pemex, la compañía petrolera estatal, está huyendo a Europa por cargos de corrupción. En Perú, Susana Villarán, quien era alcalde de Lima, está acusada de tomar dinero ilícito de campaña de Odebrecht, una empresa de construcción brasileña. Sus compañeros de cárcel incluyen a Keiko Fujimori, la líder de la oposición, quien enfrenta una acusación similar. Todos niegan haber actuado mal.
La corrupción rara vez ha sido antes un tema de tanta preocupación pública en América Latina. En una encuesta a más de 17,000 personas en 18 de los países de la región publicada esta semana por Transparencia Internacional (TI), un organismo de control con sede en Berlín, el 85% dijo que la corrupción gubernamental era «un gran problema» en su país, el 53% piensa que está empeorando y el 57% dijo que no se está abordando bien. Al ampliar el alcance de la pregunta para incluir a las legislaturas, la policía, los poderes judiciales y las empresas, así como a los ejecutivos, más latinoamericanos ven la corrupción general que en una encuesta equivalente de África.
Eso es sorprendente, porque la corrupción tiende a disminuir a medida que aumentan los ingresos y América Latina está mejor que África. Hay dos advertencias. La percepción no siempre es realidad: los medios libres en América Latina han publicitado implacablemente los casos de corrupción desde que el escándalo de Lava Jato en Brasil, centrado en Odebrecht, estalló en 2014. Y algunos países son más limpios que otros. Uruguay y Chile, por ejemplo, son vistos como menos corruptos que muchos países europeos.
Sin embargo, en otros lugares, la corrupción es sistémica y de varias cabezas. Implica no solo robar dinero público, sino distorsionar el gasto público y las prioridades políticas al tomar dinero ilícito de empresas privadas. Una vez visto como grasa política necesaria, ahora se reconoce como una carga. Las estimaciones de su costo anual en México varían del 2% al 10% del PBI. En una historia pionera de corrupción en Perú, Alfonso Quiroz estimó que entre 1820 y 2000 redujo hasta el 40% del gasto público y el 3-4% del crecimiento del PBI por año.
La ira pública ha ido de la mano con una ofensiva sin precedentes contra la corrupción en la región, que se fortaleció con Lava Jato. La represión ha sido dirigida por determinados fiscales y jueces. Se han implementado nuevas herramientas legales, como investigadores especializados en anticorrupción, negociación de acuerdos, prisión preventiva y acuerdos internacionales para compartir información financiera. Esto ha dado resultados. En Brasil, decenas de políticos y empresarios están en la cárcel. En Perú, cuatro ex presidentes están bajo investigación (uno, Alan García, se suicidó en abril). En Guatemala, un ex presidente y su vicepresidente están en prisión.
Pero ha habido excesos. Algunos cuestionan si se ha abusado de la prisión preventiva. El tribunal constitucional de Perú escuchó esta semana una petición para liberar a Fujimori, quien ha estado en la cárcel durante 11 meses sin cargos. La credibilidad de Lava Jato se ha visto socavada por las revelaciones, obtenidas por piratería, de que Sergio Moro, su juez principal, trabajó en una complicidad poco ética con los fiscales.
Solo en parte debido a tales excesos, la represión está en un punto de inflexión. Una reacción violenta ha comenzado. «La lucha anticorrupción … es un tablero de ajedrez en el que también juegan las piezas negras», señala Delia Ferreira, una abogada argentina que es presidenta de TI. La corte suprema de Brasil anuló recientemente una condena por corrupción debido a un error de procedimiento y está revisando otras. El presidente de Guatemala rechazó una comisión anticorrupción sin respaldo (aunque el nuevo líder de El Salvador está creando un organismo similar). Después de que una elección primaria señaló el regreso al poder de Cristina Fernández en Argentina, los tribunales comenzaron a detener los casos de corrupción en su contra.
Pero los errores sugieren que la campaña debería agudizarse, no abandonarse. La impunidad de la que disfrutan los poderosos en América Latina ha sido al menos controlada en algunos países. La tarea ahora es ampliar y perfeccionar el uso de las nuevas herramientas legales, y complementarlas con otras reformas: el financiamiento de campañas y el propio poder judicial. A corto plazo, existe el riesgo de que la ira pública genere un estado de ánimo antipolítico. Eso ayudó a los populistas contrastantes, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador, al poder en Brasil y México. Pero como señaló Quiroz, la corrupción es una causa y una consecuencia de las instituciones débiles. Intentar acabarla es un deber que no se puede esquivar. Lampadia
