La pandemia dejó al descubierto las brechas estructurales del Perú y de muchos otros países latinoamericanos. Por un lado, nuestro precario sistema de salud pública, junto a la terrible gestión de Vizcarra y de sus ministros de salud Víctor Zamora y Pilar Mazzetti – que subsiste en el gabinete Sagasti – no solo no permitieron una adecuada respuesta a la crisis sanitaria, sino que nos posicionó como el peor país en muertos por la covid-19 (ver Lampadia: Perú encabeza exceso de muertes por millón).
La debilidad de la salud pública en el Perú, se presenta a pesar que durante los últimos 20 años, el presupuesto público de salud creció un 7% anual en términos reales.
Asimismo, la destructiva cuarentena que impuso el gobierno en marzo del año pasado – que además no tomó en cuenta las altas tasas de informalidad y la baja bancarización de la población – nos sometió a la peor crisis económica de nuestra historia republicana y la peor caída económica del mundo, a pesar de los subsidios al ingreso dirigidos a los hogares más vulnerables.
En este contexto diversas voces se han alzado desde el ámbito político – no solo en nuestro país sino en toda nuestra región – sobre la necesidad de un “nuevo contrato social” que permita generar las condiciones para que más personas puedan acceder a servicios públicos de calidad y cuenten con un mínimo nivel adecuado de vida (ver artículo de The Economist a continuación).
Al respecto, si bien coincidimos con que deben realizarse reformas, consideramos que estas no deben pasar por retroceder en lo avanzado. Los pedidos de la izquierda en nuestro país por ejemplo se empecinan en forjar desde cero una nueva Constitución que le otorgue mayores funciones al Estado. Pero es justamente el Estado, como ya explicamos, el que no ha estado a la altura de las necesidades de gestión. Su incapacidad generó una calamidad con la pandemia, exacerbando la crisis con su mal manejo y generando la tragedia de la que aún somos parte. Además ha sido su complejo de “Superman”, lo que ha hecho nula su cooperación con el sector privado, no solo en el tema sanitario, sino también en otros ámbitos que hubieran gestado mejores servicios públicos desde antes de la pandemia, como son los mecanismos de inversión de cofinanciamiento privado (ver Lampadia: Lecciones para impulsar la inversión pública). El impulso de estos esquemas de inversión, que se han venido menguando con el tiempo como porcentaje de la inversión pública (ver gráfico líneas abajo), no sólo hubieran generado mejores hospitales y postas médicas con mejor equipamiento, sino mayor empleo de calidad.
Fuente: SIAF-MEF,BCRP y Proinversión, 2020. Elaboración CPC
Como dice Carlos Oliva, el tema es mejorar la eficiencia del Estado. No es darle más responsabilidades. Ni siquiera con lo que está en la Constitución puede, entonces como le quieres dar una mayor preponderancia en el capítulo económico. Donde miremos, lo que es responsabilidad del Estado, no lo estamos cumpliendo. Por lo tanto, el análisis para mejorar tendría que ser al revés. Pásale a otros lo que no puedes hacer. Ver en Lampadia: Cambiar la Constitución no resuelve nada.
Es necesario pues que ad portas de las elecciones reflexionemos sobre las propuestas de los candidatos cuya bandera se alza en agigantar el Estado, pues ya sabemos de qué pie cojean. No volvamos a caer en esta trampa populista de nuevo, como caímos en los años 70-80, la cual nos estancó por 30 años. Será, por el contrario, el camino de la reducción y la racionalización del Estado, así como la cooperación con los privados y la sociedad civil, lo que realmente nos hará tener mejores prospectos en los años venideros. Lampadia
América Latina necesita un nuevo contrato social
Pero debe ser realista
The Economist
6 de febrero, 2021
Traducida y comentada por Lampadia
En la ciudad de México y Lima, los pacientes con covid-19 vuelven a ser rechazados en hospitales sin camas de sobra, mientras que en Manaus, en el norte de Brasil, una nueva variante del virus está matando a cien personas al día. La recesión de la pandemia empujó a 33 millones de latinoamericanos por debajo de la línea de pobreza de 5,50 dólares al día el año pasado, según el Banco Mundial. Los gobiernos de la región están luchando por alinear las vacunas. Por tanto, puede parecer un momento extraño hablar de un nuevo contrato social: una abstracción.
Sin embargo, el término se ha convertido en un mantra en América Latina. Tanto el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como la OCDE, un grupo de países principalmente ricos, están trabajando en importantes informes relacionados con el tema. Esto se debe a que la pandemia ha dejado al descubierto fragilidades de larga data. Los planes de salud y protección social de la región están fragmentados y son desiguales. Sus economías se han estancado durante los últimos seis años, en gran parte debido a la baja productividad. Los sistemas políticos están desacreditados. Los ciudadanos están enojados. La gente siente que las democracias latinoamericanas no pueden seguir así. La pregunta es cuánto y con qué rapidez pueden cambiar.
Para algunos de la izquierda, un nuevo contrato social ofrece un espejismo de convertir América Latina en Escandinavia con un chasquido de dedos de un burócrata internacional. Otros piensan en una nueva constitución. En Chile, en abril se elegirá una asamblea para redactar una; es probable que exija más prestaciones sociales estatales. La izquierda en Perú también quiere una nueva constitución, para darle un mayor papel económico al estado. Algunas personas de la derecha temen un deslizamiento hacia el socialismo.
Algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, tienen estados de bienestar de base amplia. En otros, se han superado los regímenes de seguridad social contributiva de Bismarck, establecidos a mediados del siglo XX. En promedio, la mitad de la población trabaja en la economía informal y está fuera de estos esquemas. Los gobiernos han ofrecido algunos beneficios no contributivos a estas personas, creando incentivos para permanecer informales. Las ideas más sensatas para un nuevo contrato social enfatizan tres cosas: crear un piso de protección social universal; aumentar los impuestos para pagar esto; y aumentar la participación de los ciudadanos en la política de manera que fortalezca la democracia representativa.
La pandemia ha puesto de relieve el problema de la informalidad, con trabajadores que violan los cierres para ganarse la vida diaria. Los reformadores sostienen que todos los latinoamericanos, cualquiera que sea su situación en el mercado laboral, deberían ser elegibles para el seguro de desempleo financiado por los contribuyentes y las pensiones básicas de jubilación e invalidez. Eso significaría reservar financiación contributiva para seguros complementarios y planes de pensiones. Esto alentaría el empleo formal con menores costos de nómina. Los planes de transferencias de efectivo condicionadas pueden ofrecer un ingreso mínimo para los ciudadanos más pobres.
Estos cambios costarían anualmente alrededor del 3% del PBI, estima Luis Felipe López-Calva, jefe del PNUD para América Latina. Cree que esto podría pagarse en parte aumentando los impuestos a la propiedad, que recaudan solo alrededor del 0.5% del PBI en América Latina, en comparación con alrededor del 3% en Europa.
El dinero será especialmente escaso durante los próximos años y hay muchas necesidades urgentes. Estos incluyen, inmediatamente, implementar programas de vacunación y hacer que las escuelas vuelvan a funcionar. Muchos países necesitan gastar más en infraestructura de transporte y educación. Los gobiernos están acumulando deudas que tendrán que pagar. Los reformadores proponen un plan mediante el cual nuevas medidas de protección social e impuestos y otras reformas entran en vigor, digamos, en tres años.
Habrá resistencia. Tomemos a Colombia. “La clase media alta dice ‘basta’”, dice Sergio Clavijo, un economista colombiano. Señala que la tasa máxima del impuesto sobre la renta ha aumentado constantemente (hasta el 39%) y que los colombianos acomodados pagan un impuesto sobre el patrimonio. Aboga por cerrar las lagunas a través de las cuales los ricos evitan impuestos y ampliar la base impositiva (solo 1 millón de colombianos paga impuestos sobre la renta). Ambos pasos tomarán tiempo.
Con legislaturas y partidos políticos en descrédito en muchos países, se necesita un debate público más amplio para establecer prioridades, que reúna a políticos, empresarios, sindicatos y otros grupos sociales y cívicos. Uno de esos ejercicios comenzará pronto en Panamá. “Si no reunimos a la gente para discutir el camino a seguir, la alternativa es muy caótica, probablemente con mucho descontento”, dice López-Calva. «Esto no es fácil. Pero es la mejor manera de capear la tormenta». Lampadia
