Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia
Si la obra pública en general puede ser una maldición para los ciudadanos (Ver en Lampadia: Maldición para el ciudadano), las Obras por Administración Directa (OAD) son la madre de todos los vicios.
Comienzan con banda, pasacalle, picapica, discursos y mucho ruido, pero no se sabe cuanto cuestan ( normalmente tres o cinco veces lo que se estimó), no se sabe qué calidad tienen y, lo peor de todo, no se sabe cuando terminan. Durarán todo lo que haga falta para ser la “caja chica” de alcaldes, regidores, gobernadores y autoridades.
La Contraloría General de la República informó el año 2021[1] que en el período del 2018 al 2021 se ejecutaron 58,212 proyectos, de los cuales 24,145 (42%) se efectuaron por Administración Directa. La Contraloría advirtió en ese momento que “…esta modalidad no cuenta con un marco regulatorio de adecuaciones técnicas institucionales, análisis de costo beneficio, así como de responsabilidades, que garanticen la calidad, oportunidad y costos óptimos en la gestión de las inversiones”. Informó también que el 27% de las obras ejecutadas por Administración Directa tiene más de 3 años de ejecución :
“Superando en la mayoría de los casos el periodo previsto en el expediente técnico; esta situación pone en riesgo la calidad del proyecto, y en la mayoría de los casos conlleva incrementos de manera significativa en los costos de la inversión, generando perjuicios económicos para el Estado” Esta situación llevó a la Contraloría a proponer un Proyecto de Ley para regular las OAD.
Juan Carlos Moron Urbina[2] explicó el año 2017 que “la administración directa de obras públicas tiene condiciones negativas para la eficacia de la gestión que deben evitarse:
(i) la asunción íntegra de los riesgos de la construcción por parte de la administración;
(ii) El uso fraudulento para evadir el proceso de selección necesario;
(iii) la restricción al acceso y crecimiento del mercado de proveedores,
(iv) la falta de transparencia en la concertación y ejecución de la administración directa; y,
(v) La distorsión en la formación del precio que impide contar con un precio suficiente desde el inicio y su contención posterior.”
Por estas razones, la Ley 31876 que Regula el Proceso de Ejecución de Obras por Administración Directa a Nivel Nacional, es un buen paso para corregir esta situación. No es casual que la reacción ha sido más que obvia: alcaldes, regidores y cúpulas sindicales, acostumbradas a convertir las OAD en su caja chica y en el espacio local del clientelaje político, ya han salido a protestar en varias partes del país y amenazan, cuando no, con paros, movilizaciones y protestas para que se derogue esta Ley.
Esta Ley no hace otra cosa que poner requisitos, límites y topes a las OAD, reservándola para las obras menores, en la línea de lo propuesto por la Contraloría desde años atrás. Lo hace para beneficio de nuestros recursos públicos y para bien del ciudadano, que no tiene por qué esperar que una calle de tres cuadras ejecutada por OAD se demore todo un período de gestión municipal y cueste el triple o más veces de lo proyectado.
La Ley 31876 no tiene como finalidad paralizar la obra pública, como algunos alegan. La obra pública se debe seguir ejecutando y debe seguir generando empleo, sin embargo, debe hacerse a través de licitaciones y contratos que las autoridades ya no podrán hacer caer para luego hacerlas por OAD.
Desde el punto de vista Constitucional además, las OAD son la excepción, no la regla como ha venido sucediendo. Tanto el artículo 76° de la Constitución vigente, como el artículo 143 de la Constitución de 1979, establecieron el principio de que la provisión de bienes y servicios para el estado y la obra pública se efectúan por licitación y contrato, para que la determinación del precio de la obra surja de procesos competitivos y su ejecución esté a cargo del mejor postor.
Toca ahora que Contraloría, Congreso, Fiscalía, Defensoría, Juntas Vecinales, los medios de comunicación y las organizaciones sociales fiscalicen con mayor empeño la asignación de la obra pública en procesos transparentes y competitivos, abiertos a todos y los mejores postores y no en licitaciones digitadas para amigos o allegados políticos, como ya nos sucedió con las empresas brasileñas, recomendadas por Lula Da Silva y el Foro de Sao Paulo, que prostituyeron la obra pública, descompusieron toda una generación política y devaluaron las licitaciones y concursos públicos, justificando en muchos casos las OAD, que son un remedio igual o peor. Lampadia
[1] https://peruconstruye.net/2021/12/01/contraloria-regulacion-obras-administracion-directa/
[2] https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/16546/16892
