Un proyecto necesario
Jaime de Althaus
Para Lampadia
El proyecto de ley aprobado en la comisión de relaciones exteriores que busca registrar y transparentar las actividades y fondos de origen externo de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) plantea lo mínimo que un Estado debe exigir, pero ya ha recibido la crítica y rechazo de las propias ONG e incluso de 16 embajadas que representan a países donantes.
Y no es de extrañar. De aprobarse, se pondría en evidencia la agenda política e ideológica que muchos países desarrollados y organizaciones extranjeras activistas tienen para naciones como las nuestras. En muchos casos, esa agenda es positiva, constructiva, pero en otros casos atenta directamente contra el desarrollo nacional al socavar la inversión en sectores clave del país.
El proyecto dispone registrar el nombre de los representantes legales y el monto de las donaciones y las fuentes de financiamiento, y que las ONGs en cuestión realicen un informe semestral sobre ejecución de los programas, proyectos y actividades.
Y establece sanciones si esta información no se da o se falsea. Además, considera una infracción muy grave, por ejemplo, que se destine “recursos de la cooperación técnica internacional o de las donaciones provenientes del exterior hacia actividades que hayan sido declaradas administrativa o judicialmente como actos que afectan el orden público, la propiedad pública o privada, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y el orden interno”.
Crea un registro de organizaciones dedicadas al activismo político que, sin embargo, está mal redactado, porque en su segundo párrafo señala: “Para efectos de la presente ley, se considera toda organización o entidad que desarrolla activismo político a aquel que busca modificar las políticas públicas nacionales o resultados electorales en favor de los intereses de entidades extranjeras privadas con recursos de la Cooperación Técnica Internacional, en evidente contravención con la Constitución Política del Perú y la Ley de Organizaciones Políticas Ley N.º 28094”.
Aquí hay algo que no funciona: según este artículo todas las ONG que desarrollan activismo político están contra la Constitución y la ley. Para qué crear ese registro entonces. Ese artículo debe ser corregido. Obviamente las ONG que realicen actos ilegales deben ser sancionadas o canceladas. No las que difundan determinadas ideas o políticas -por más dañinas o insidiosas que sean (ver anexo), si lo son-, salvo que promuevan acciones ilegales contra la inversión privada en minería, desarrollo forestal, agricultura o agroexportación, como ocurre con frecuencia. Es decir, no se puede perseguir las ideas, sí las acciones si son delictivas.
Si se aclara ese artículo, carece de fundamento el comunicado de 16 embajadas de los países desarrollados que señala que este proyecto restringiría la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio, a fin de proteger y responder a las necesidades de los ciudadanos”.
Para comenzar, esos mismos países tienen legislaciones similares. Exigen estándares de transparencia y control de la influencia política extranjera, y aplican sanciones duras cuando hay incumplimientos.
Como revela el Centro Wiñaq, en Estados Unidos existe el Foreign Agents Registration Act (FARA), que obliga a transparentar los donantes y las actividades que realizan en el país, incluyendo a las organizaciones que realizan alguna actividad que intenta influenciar la política local. Y establece castigos duros por no cumplir la ley: hasta USD 250,000 de multa o 5 años de cárcel.
En Australia existe el Esquema de Transparencia de Influencia Extranjera (FITS), de similares características, y
En el Reino Unido, el Foreign Influence Registration Scheme (FIRS), que obliga a informar sobre las actividades motivadas por otros gobiernos o partidos políticos extranjeros. Considera actividades políticas la comunicación con funcionarios públicos, la entrega de beneficios de cualquier tipo a personas del Reino Unido, entre otras. Si todo ello no se registra en un plazo menor a un mes, se aplican multas o inclusive de penas de prisión de hasta dos años.
O sea que esos países no le pueden exigir al Perú que no haga lo que ellos sí hacen. Por lo demás, así como hay ONG que realizan una labor muy positiva en favor de los sectores más necesitados o del desarrollo productivo y ambiental, las hay que orientan su acción a impedir o atacar la inversión privada en sectores clave para el desarrollo nacional.
Y para ello no paran de inventar agravios y formular denuncias falsas a fin de levantar fondos en el extranjero.
En Lampadia hemos documentado los casos de ONGs como Kena, IDL y otras contra empresas como Tamshi, Ochosur en la Amazonía, y los de ONG que acusan a empresas mineras de contaminar ríos naturalmente mineralizados, o los manuales de formación de líderes de la ONG Cooperacción que pintan a la gran minería como destructora de la Mamapacha.
Se trata de organizaciones que tienen una agenda ideológica específica o que sencillamente han encontrado en la denuncia de agravios ambientales o sociales atribuidos falazmente a empresas privadas -en connivencia con fiscales y jueces reclutados para sus fines-, un negocio lucrativo de agencia de fondos del exterior.
La naturaleza ideológica, anticapitalista, de algunas de esas ONG se manifiesta en el clásico patrón de denuncia a empresas mineras formales que cumplen altos estándares, mientras se soslaya la minería ilegal que sí es social y ambientalmente nefasta.
O cuando se ataca a empresas palmicultoras o cacaoteras, que finalmente conservan el suelo y equilibrio ambiental y son una forma de reconvertir una deforestación ya producida por la agricultura migrante, y se hacen de la vista gorda con la siembra de coca que deforesta, y destruye el suelo y contamina los ríos.
El economista Jaime García acaba de publicar un estudio que demuestra como la deforestación causada por los cultivos de hoja de coca en el Perú, entre los años 2011-2021 fue de 385,122 hectáreas, lo que representa el 22.4% de la deforestación total en la Amazonía de Perú.
Y así sucesivamente. La hipocresía y el negocio deben estar a la vista de todos. La honestidad también. Transparencia es lo que necesitamos.
ANEXO: IDEA, que promueve la democracia, recibe más de 7 millones de dólares de USAID en algo más de un año. Aquí se puede ver a qué y a quiénes se destina parte de esos fondos:
Lampadia
