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Lima-Perú, 08/02/2016 a las 04:02pm. por Lampadia

Tarea impostergable para la seguridad ciudadana

La Reforma Policial (II)

La lucha contra la corrupción

Como parte del desarrollo de nuestra biblioteca virtual sobre: Estado del Siglo XXI, presentamos nuestro segundo despacho sobre la reforma de la policía nacional. (Ver en Lampadia Reforma Policial (I)). Este ensayo incide en la descripción de los mayores vicios practicados en la institución y la legislación necesaria para enfrentarlos. Muchas de las normas requeridas ya están diseñadas, pero no han sido implantadas por diversas causas. Lo que determina parte de las primeras acciones del próximo gobierno en la agenda de lucha contra la corrupción, la mejora de la seguridad ciudadana y el avance en la calidad de nuestros servidores públicos.

Resumen ejecutivo

Los niveles de corrupción en la policía son muy altos. No sólo hay un conjunto de prácticas corruptas institucionalizadas, que deben ser erradicadas con sanciones y sistemas tecnológicos e institucionales que prevengan su comisión, sino que hay un cierto número de policías que integra bandas vinculadas al crimen organizado en sus diversas formas (narcotráfico, extorsión, etc.). Se ha avanzado creando una Inspectoría General en el Ministerio del Interior que supervisa a las inspectorías policiales e impulsa investigaciones y tecnologías disuasivas, y que incorpora a un Tribunal de Disciplina Policial integrado por abogados civiles para evitar que el “espíritu de cuerpo” proteja a quienes han cometido faltas o delitos. Pero se necesita fortalecer la capacidad de investigación de esta Inspectoría y aumentar el número de salas. Y, sobre todo, es indispensable diseñar y aplicar un plan de depuración profunda de la Policía Nacional, para lo cual ya existe un proyecto de ley que, de aprobarse, permitiría retirar personal por falta de idoneidad para el cumplimiento de la función policial sin necesidad de adjuntar pruebas pero si con indicios respecto de ciertas causales. Ese proyecto de ley debe ser consensuado políticamente y aprobado al comienzo del gobierno entrante. Al mismo tiempo, debe profesionalizarse al cuerpo policial estableciendo la meritocracia en los ascensos y fusionando y mejorando radicalmente las escuelas de policías, que dan una pésima formación y han relajado excesivamente los estándares para el ingreso de postulantes.

Introducción

“La corrupción en la Policía es espantosa”, nos dijo un alto funcionario del ministerio del Interior. No solo por las prácticas corruptas institucionalizadas tales como el robo de la gasolina de los patrulleros, la venta de cupos en los patrulleros, las coimas a los policías de tránsito, la falsificación de licencias de lunas polarizadas, las compras amañadas, etc., sino porque un cierto porcentaje de policías integra bandas del crimen organizado. Muchos jóvenes ingresan a la Policía con la idea de agenciarse de recursos y se ha llegado a la situación en la que algunos criminales destinan a miembros de su familia a infiltrarse en la Policía a fin de que éstos los protejan desde dentro. El fundador de “Los Destructores”, Víctor Pampañaupa, hizo que un hijo o sobrino ingresara a la Policía, por ejemplo. Esto, como veremos, se ha visto facilitado por la manera como se han relajado los requisitos de ingreso a las hoy pésimas escuelas de la policía.

Prácticas corruptas institucionalizadas

El robo del combustible de los patrulleros es un asunto de vieja data. Por eso, el ministerio decidió implantar un sistema de tarjetas de crédito llamado “multiflota” para neutralizar los intentos de robo. Consiste en asignarle a cada responsable de patrullero una tarjeta con la que paga la gasolina por medio de un POS, y que permite conocer en tiempo real cuánto se está comprando para qué patrullero.

El sistema ha ayudado a prevenir, pero no ha impedido que los policías encuentran la manera de sacarle la vuelta. La modalidad más sencilla y pobre es el llamado “vampireo” de la gasolina. Es decir, llenar el tanque y luego absorber parte del contenido con una manguera y venderlo. Más organizada y frecuente es la modalidad que se desarrolla en connivencia con el grifo que consiste, por ejemplo, en cargar 8 galones en la tarjeta pero solo 4 -digamos- en el tanque y los otros 4 quedan en poder del grifero que los vende repartiendo los ingresos con los policías. En los últimos meses se ha descubierto varios de estos casos: el de las comisarías de San Isidro y Surquillo con el grifo Rigal de Domingo Orué, donde estuvieron comprometidos 41 suboficiales y algunos oficiales, y otros casos en Huaraz y Tingo María.

Pero el caso más sonado fue el que reportó el programa Cuarto Poder, un robo masivo en un grifo de Independencia que se descubrió en parte porque se detectó que el tiempo de carga de la gasolina para cada patrullero no superaba los 40 segundos. El sub oficial Pedro Urbina llevaba 22 tarjetas multiflota correspondientes a 22 patrulleros del escuadrón Verde, y simulaba llenar 22 tanques de gasolina, pero llenaba cada tanque en menos de 40 segundos cada uno. La gasolina no ingresaba a ningún tanque, por supuesto, sino que era vendida después por el dueño del grifo en complicidad con los policías y a un precio mayor que el precio especial de 8 soles que pagaba la policía. Esto ocurrió todos los días durante ocho meses, por un monto total de 400 mil soles. El general a cargo y dos coroneles fueron relevados de sus cargos, pero al momento de escribir esto no se había establecido aún su responsabilidad.  

De todas maneras el sistema de tarjetas multiflota ha servido para reducir el gasto en combustible y aumentar el nivel de devolución de combustible no usado. Porque, además, se dispuso que el vehículo que malograse el odómetro (que registra la cantidad de kilómetros recorridos), no recibiría gasolina. Lo que hacían los policías era manipular el odómetro con una varilla para aumentar el número de kilómetros como si se hubiesen recorrido. Pero, al hacerlo, terminaban malográndolo.  

En todo caso, la División de Combustibles de la PNP está experimentando un piloto con un dispositivo de monitoreo satelital que se acopla al vehículo y que permite rastrear en tiempo real rutas, tiempos, paradas, visitas, entradas, salidas, kilómetros recorridos, manejo en áreas no permitidas, localización las 24 horas (GPS/GPRS). También permite conocer precisamente el consumo real  de gasolina, fallas del motor, robo de gasolina, huella de carbono, etc. Este sistema todavía estaba en prueba al momento de redactar este informe.

Hay otras prácticas corruptas institucionalizadas. La venta de cupos en los patrulleros, por ejemplo. Consiste en que el Comisario o el jefe de la unidad de patrulleros le cobra al suboficial que quiere formar parte de la dotación del vehículo policial una cantidad de dinero. Por supuesto, el suboficial debe obtenerla por medio de las coimas que recibe gracias a su participación en la operación del patrullero, que se convierte así en un caza coimas que en ocasiones ingresa francamente en el terreno de la extorsión a los ciudadanos. Esta práctica no tiene control alguno.

Está también la venta de autorizaciones para lunas polarizadas. En muchos casos policías organizados para este fin falsifican las autorizaciones o festinan trámites y pagos para obtenerlas y venderlas a tramitadores vinculados a los concesionarios de empresas automotrices de la ciudad de Lima o a las empresas dedicadas a la instalación de láminas para el polarizado de lunas de vehículos. En Huánuco se comprobó que el 70% de los expedientes de otorgamiento de licencias no contaba con todos los requisitos establecidos en esa región policial. Estas mafias internas aprovechan que el trámite es sumamente complicado y costoso y que ni siquiera existe claridad respecto de cuáles son los documentos que hay que presentar porque hay hasta tres normas que especifican requisitos diferentes. Según Susana Silva, con el nuevo Tupa que saldrá el primer trimestre del 2016, se pretende simplificar el procedimiento. Por ejemplo, no exigir certificado de antecedentes policiales cuando es la propia policía la que lo emite. También debería eliminarse la obligación de renovar la licencia cada dos años, que multiplica la trampa. Hace falta, asimismo, elaborar una base de datos única de autorizaciones válidamente emitidas de lunas polarizadas, a fin de que los agentes puedan determinar, cuando intervienen un vehículo con tales lunas, si la licencia es auténtica o no.

Otra práctica institucionalizada ha sido el desvío de recursos del ex FOSPOLI, ahora SALUDPOL, en la medida en que estaba encargado de las compras de medicinas y otros insumos y bienes. En teoría SALUDPOL, creado el 7 de diciembre de 2013 en el marco de la reforma del sector salud, ya no compra bienes sino que es una IAFA, un fondo que brinda cobertura financiera a la familia policial (miembros de la PNP y familiares derechohabientes), a través de los establecimientos de salud de la Policía Nacional y complementariamente por medio de otras instituciones de salud, públicas y privadas. Por tanto, no brinda prestaciones de salud.

Sin embargo, su gerente general, César Amaro Suárez, nos explica que a pesar de ser un Fondo, “temporalmente se nos asigna la función de actuar como operador logístico de los establecimientos de salud de la PNP. Esto incluye al propio Hospital Central de la PNP con sede en Lima. Para cumplir con ese rol, la dirección correspondiente de la Policía elabora su Cuadro Anual de Necesidades (CAN) y debe emitir un requerimiento con la debida oportunidad a SALUDPOL, quien se encarga de los procesos logísticos de adquisición, almacenamiento y entrega a los establecimientos de salud”. De modo que sigue haciendo compras.

Participación en bandas

Por supuesto, la práctica más preocupante y peligrosa para la sociedad es la conformación de bandas criminales dentro de la policía o su participación en organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión u otros delitos. En los últimos meses la Inspectoría de la PNP o la del Ministerio de Interior junto con la Dirandro o con inteligencia, han descubierto y denunciado varios casos. Por ejemplo, a dos oficiales y 8 suboficiales dedicados al encubrimiento del tráfico ilícito en Piura, a dos oficiales y 12 oficiales que formaban parte de una organización de crimen organizado también en Piura, 3 suboficiales dedicados a lo mismo en Trujillo, un total de 9 oficiales y 20 oficiales dedicados a encubrir narcotráfico en Tacna, Puno y Surco, y así sucesivamente.

Sin embargo, la tarea de identificar estas bandas policiales y denunciarlas públicamente no es fácil, porque la corriente prevaleciente dentro de la policía es la de no dar a conocer estos casos para no dañar la imagen de la policía, como si esa imagen no estuviese ya muy averiada y más bien una manera de ir recomponiéndola es mostrando un firme compromiso de la institución en la lucha contra la corrupción interna, y cuando no hay mejor manera de combatir el crimen organizado dentro de la policía que denunciando los casos y aplicando castigos ejemplarizadores. Fortalecer la unidad de investigación de la Inspectoría General del Ministerio del Interior resultaría vital para descubrir estas bandas.

Depuración de la Policía

En realidad, la corrupción y las mafias internas han llegado a un punto tal que se puede decir que, con excepciones y pese a mejoras en algunas áreas en los últimos años, hace un buen tiempo que la policía forma parte del problema y no la solución al grave problema de inseguridad ciudadana. Por eso, ya desde la gestión del ministro Walter Albán se planteó la necesidad de llevar a cabo un proceso serio de depuración interna, retirando de la institución a los elementos comprometidos con organizaciones mafiosas internas y externas y a aquellos que participan de las diversas corruptelas institucionalizadas por lo menos en los puestos de mando. Una medida como esta, sin embargo, requiere de un fuerte consenso político y de una estrategia bien diseñada y mejor ejecutada, y debe venir acompañada de un conjunto de cambios tales como el establecimiento de sistemas de inspectoría efectivos, fórmulas institucionales transparentes, profesionalización de la policía y reforma completa de las escuelas de la policía,  tecnologías que permitan prevenir prácticas corruptas -como hemos visto en el caso del robo de la gasolina de los patrulleros-, y la reinserción de la policía en la comunidad para darse un sentido de propósito al mismo tiempo que se establecen formas de control social y municipal del desempeño policial.

La idea de depurar la policía de sus malos elementos fue planteada por el ex ministro de Interior Fernando Rospigliosi, habiendo dado los primeros pasos para ello, Walter Albán, ministro de Interior entre noviembre del 2013 y junio del 2014, ya durante el gobierno de Ollanta Humala. Albán encargó la redacción de un proyecto de ley que permitiera retirar policías de la institución sin que necesariamente se tuviese que probar la comisión de delitos o faltas, sino por medio de indicios que demostraran que no se trataba de personal idóneo para el desempeño adecuado de la función policial. Se trataba de conseguir un instrumento legal que no fuera objetado en los tribunales cuando un policía fuera dado de baja sin pruebas de haber cometido algún delito o alguna falta grave. Porque la realidad es que se sabe o no es difícil saber quiénes son los elementos perniciosos pero no siempre es posible probarles nada. Se necesitaba entonces dotar al Estado de cierta capacidad discrecional para llevar a cabo ese proceso, pero sin caer en la arbitrariedad.

Albán conocía el caso colombiano, donde se retiró alrededor del 12% de los policías entre los años 1995 y 2000. El resultado fue que la policía de ese país recuperó la confianza perdida de la población. Su aprobación ciudadana pasó de un 21% al 72% el diez años.

“En Colombia -nos dijo Albán- hubo un acuerdo nacional para aprobar una ley que le diera al gobierno una discrecionalidad muy grande para depurar la policía sin fundamentos mayores. La norma fue objetada ante el Tribunal Constitucional, pero éste la legitimó”. Albán nos adelantó, cuando fue ministro, que se propondría un proyecto de ley que con menos discrecionalidad que el colombiano, considere elementos objetivos que hagan menos vulnerables los ceses. Se desarrollaría el concepto de “falta de idoneidad” en lugar de uno de “corrupción”. “El Proyecto no diría: voy a botar a los corruptos, sino a quienes no son idóneos. También se invitaría al retiro del grado de mayor para arriba a quienes no tengan posibilidad de seguir ascendiendo por ostentar un elevado número de medidas disciplinarias en sus fojas de servicio, por ejemplo”.

Esta iniciativa no tuvo continuidad durante el ministerio de Daniel Urresti pero fue retomada luego durante la gestión de José Luis Pérez Guadalupe y de la Inspectora General del Ministerio del Interior, Susana Silva Hasembank. El hecho es que ya se tiene un proyecto de ley aunque no se intentaría consensuarlo ni se enviaría al Congreso durante los últimos meses del gobierno del presidente Humala, sino que se lo dejará listo para que pueda ser adoptado por el próximo gobierno, como una de sus primeras medidas. Una proceso de purga como este solo puede ser ejecutado a inicios de una nueva administración y previo consenso político, porque seguramente  engendrará resistencias y convulsiones.

El Proyecto de ley falta de idoneidad PNP establece temporalmente “la falta de idoneidad para el cumplimiento del servicio policial, como causal de pase a la situación de retiro del personal policial”, y señala como condiciones para establecer la falta de idoneidad las siguientes:

a) Haber participado de cualquier modo en acciones orientadas al quebrantamiento del Estado constitucional y el régimen democrático de gobierno.

b) Haber incurrido en conductas contrarias a normas de orden público, sobre todo aquellas relacionadas con la organización y el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales asignadas a la Policía Nacional del  Perú.

c) Haber mostrado ineficiencia reiterada o grave en el desempeño de las funciones constitucionales y legales asignadas a la Policía Nacional del Perú.

d)  Haber incurrido en conductas contrarias a los principios y valores que rigen la organización y funcionamiento de la institución policial.

e) Haber incurrido en conductas notorias que afecten directamente la legitimidad y confianza que la Policía Nacional del Perú debe proyectar en la ciudadanía.

f)  No haber cumplido con las exigencias y requisitos inherentes al grado que ostenta, conforme a la normatividad vigente.

g) Haber incurrido en delitos o faltas, en particular los que afecten los bienes jurídicos tutelados por la Policía Nacional del Perú.

h) Estar inscrito en el Registro de Deudores Alimenticios Morosos del Poder Judicial (REDAM).

i) Haber sido sancionado disciplinariamente de manera reiterada.

El proyecto crea una comisión especial, integrada por personas con reconocido prestigio personal y profesional, encargada de elaborar la propuesta de pase a la situación de retiro por la causal de falta de idoneidad para el cumplimiento del servicio policial. Esta propuesta es elevada al Ministro del Interior y aprobada por el Presidente de la República, en su calidad de Jefe Supremo de la Policía Nacional del Perú.

El proyecto establece que la causal de retiro por falta de idoneidad “no tiene naturaleza de sanción administrativa y su aplicación es de naturaleza discrecional y motivada”. Esto en razón de que cualquier sanción administrativa o penal requiere adjuntar las pruebas de los hechos imputados, y de no hacerlo puede ser revocada en el fuero judicial. En cambio, en una resolución de este tipo, discrecional, puede no haber pruebas y no ser objetable, aunque, tal como ha sido diseñada la facultad en el proyecto, la discrecionalidad no es tampoco absoluta porque de todos modos la resolución debe estar debidamente motivada según las condiciones de falta de idoneidad arriba referidas.

Hay sin duda una discusión constitucional al respecto. Pero, como señala la exposición de motivos del mencionado proyecto de ley, el Tribunal Constitucional peruano (STC, Exp. N° 0090-2004-AA/TC, asunto Callegari Herazo, fj. 8) ha establecido que “...en la actividad estatal del Estado de Derecho se admiten los denominados actos no reglados o discrecionales, que consisten en decisiones en las que la ley otorga a las autoridades o funcionarios del Estado, amplios márgenes de valoración decisoria…”. Pero, “...para que la discrecionalidad no se convierta en arbitrariedad, se deben verificar determinados requisitos. En primer lugar, la posibilidad del ejercicio de potestades discrecionales debe estar prevista en la ley. En segundo lugar, se debe tratar necesariamente de una decisión motivada. En tercer lugar, dicha motivación debe estar basada en criterios de razonabilidad y proporcionalidad de la decisión y en cuarto lugar, la razonabilidad y proporcionalidad deben evaluarse respecto de los fines legítimos (institucionales) que la decisión pretende alcanzar o servir”.

En ese sentido, por ejemplo,  “....el Tribunal Constitucional (STC, Exp. N° 2180-2012-PA/TC) ha calificado a la causal de pase a la situación de retiro por renovación de cuadros como una potestad discrecional en los siguientes términos:

“Conforme a la jurisprudencia de este Tribunal sobre la materia, el pase a retiro por causal de renovación en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional es una facultad discrecional del Presidente de la República, conforme lo disponen los artículos 167° y 168° de la Constitución, concordantes con los artículos 32° de la Ley N.º 27238, 48° y 49° de la Ley N.° 28857, y 30º del Decreto Supremo N.º 012-2006-IN, Reglamento de la citada norma legal.”

Debe notarse que en Colombia ni siquiera se pide motivar las resoluciones de pase al retiro. En ese país “dicha potestad no fue limitada normativamente por concepto jurídico alguno”, de modo que la fórmula de discrecionalidad allí fue mucho mayor que lo que se pretende en el proyecto de ley peruano. Por supuesto, la norma fue impugnada ante la Corte Constitucional de Colombia, pero ésta desestimó la demanda. La discrecionalidad absoluta quedó, así, legitimada.  

Por supuesto, un proceso de depuración a fondo de la Policía Nacional requiere, además, de un fuerte trabajo de inteligencia interna a partir de un grupo de élite incuestionable, y de fondos presupuestales suficientes porque se requeriría pagar indemnizaciones a los policías cesados o pasados al retiro. Aspectos que tendrían que ser bien planificados antes de comenzar la operación.

Creación de la Inspectoría General del Ministerio del Interior y del Tribunal de Disciplina Policial

Ahora bien, un aspecto en el que el gobierno de Humala avanzó en lo relativo a la lucha contra la corrupción, fue en la creación, a partir del 2013, de la Inspectoría General del Ministerio del Interior. La idea fue crear una instancia que exigiera y supervisara la labor de la Inspectoría General de la Policía, ante la posibilidad de que ésta dejara sin investigar y sancionar faltas y delitos cometidos por subalternos y sobre todo por oficiales dentro del conocido cuadro del “espíritu de cuerpo”. Y que también tuviera capacidad de investigación propia y, además, impulsara, de manera proactiva, instrumentos, tecnologías y fórmulas institucionales destinadas a prevenir las prácticas corruptas institucionalizadas.

En efecto, el decreto Legislativo 1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, crea el Órgano de Inspectoría General como aquel encargado de las funciones de supervisión, investigación y control previo de los asuntos disciplinarios policiales y de los organismos del sector Interior, y, algo muy importante, crea también, como parte de él, un Tribunal de Disciplina Policial integrado por civiles como última instancia administrativa en el procedimiento administrativo disciplinario policial por infracciones graves o muy graves.

El propio Plan Nacional de Seguridad Ciudadana destaca el hecho de que este Tribunal, al estar conformado por civiles no vinculados a la institución, “podrá realizar un análisis objetivo de los casos de corrupción policial”. Y relieva la capacidad de la Inspectoría general del Ministerio “para disponer investigaciones extraordinarias a nivel del sector, imponer sanciones y proponer políticas y estrategias orientadas al fomento de la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción”.

Esta Inspectoría está dirigida, desde marzo del 2015, por Susana Silva Hasembank, ex coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Y posee una pequeña unidad de investigación compuesta por cuatro policías investigadores. Y el presidente de una de salas del Tribunal de Disciplina Policial ha sido hasta hace poco, durante dos años, el ex procurador anti corrupción Luis Vargas Valdivia.

El mencionado Tribunal posee dos salas y una adicional para investigar a generales. Según los asesores Jaime Reyes y Javier Llaque, un primer efecto del funcionamiento de este Tribunal, compuesto por abogados civiles como hemos dicho, ha sido que el Poder Judicial ya casi no reponga a los efectivos policiales dados de baja, pues ahora las resoluciones en tal sentido están bien fundamentadas y no hay resquicio para que sean cuestionadas, como ocurría cuando eran elaboradas por la inspectoría de la Policía, integrada por oficiales no abogados. Esto es clave porque, según algunos oficiales de altos rangos, un problema que debilitaba la disciplina interna era la judicialización de los procesos disciplinarios, habiendo llegado a suceder que efectivos retirados de la institución por faltas graves eran repuestos por el Poder Judicial. Luis Vargas Valdivia añade que el Tribunal ha servido no solo para darle mayor contenido de juridicidad a los procedimientos, sino para garantizar a los efectivos policiales que un ente distinto a la Policía revisa las sanciones.

También, por supuesto, permite evitar el encubrimiento y la protección de cuerpo. Por ejemplo, un general jefe de Región fue pasado al retiro en un caso de robo de combustible sin que se haya demostrado su participación, solo por no haber controlado al personal y no haber tomado medidas para proteger el patrimonio de la institución.

Susana Silva explica que solo los casos que reciben sanciones graves o muy graves llegan a tribunales civiles. Se trata de casos tales como consumo de alcohol, violencia familiar, participar en actividades delictivas, robo de combustible, atentados contra el equipamiento, solicitar coimas o faltar al servicio. Luis Vargas Valdivia revela que un caso muy frecuente es el de policías conduciendo vehículos en estado de ebriedad: “salen de franco y se dedican a tomar”. La sanción es pase al retiro.

Según información brindada por la Inspectoría General del Ministerio, las infracciones ‘muy graves’ más recurrentes el 2015 resueltas por el Tribunal de Disciplina Policial con la sanción de pase a la situación de retiro, fueron, en primer lugar,  "faltar por más de 5 días calendario en forma consecutiva a su Unidad, sin causa justificada" (104 casos); en segundo lugar, "participar, favorecer o facilitar actividades ilícitas relacionadas a tráfico ilícito de drogas, terrorismo, lavado de activos, secuestro, trata de personas, espionaje, robos, violación, extorsión y otros delitos graves" (62 casos); en tercer lugar, "solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de beneficio proveniente directa o indirectamente de usuario del servicio o de cualquier persona que tenga interés en el resultado de su gestión" (32 casos); en cuarto lugar, "pertenecer a una organización criminal o cometer delito flagrante" (23 casos).

En cuanto a las infracciones ‘graves’ más recurrentes, estas fueron, en primer lugar, "fracasar en el cumplimiento de la misión o incumplir la responsabilidad funcional asignada, por desidia, imprevisión o carencia de iniciativa." (de 2 a 6 días de sanción de rigor para 351 efectivos); en segundo lugar, "faltar entre 2 y 5 días consecutivos a su Unidad o no presentarse por igual plazo al término de sus vacaciones, permisos, comisiones, licencias, sin causa justificada" (de 6 a 10 días de sanción de rigor para 184 policías); en tercer lugar, "contravenir los procedimientos operativos o administrativos establecidos en la normatividad interna de la PNP" (de 11 a 15 días de sanción de rigor para 169 efectivos); en cuarto lugar, "maltratar física o psicológicamente a los padres, cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex conviviente, hijos o personas a su cargo" (de 6 a 10 días de sanción de rigor para 164 efectivos): en quinto lugar, "realizar o participar en actividades que denigren la autoridad del policía o imagen institucional" (de 2 a 6 días de sanción de rigor para 137 policías).

Ahora bien, según Luis Vargas Valdivia, se necesita más salas pues los casos se acumulan. El y los otros dos miembros de su sala, Ángel Delgado, especialista en derecho administrativo, y Luis Yshi, profesor de La Católica, tuvieron que renunciar luego de dos años de dedicación debido a que no tenían tiempo. En teoría, son cuatro sesiones al mes, pues se paga una dieta de 1,500 soles con un tope de 6 mil soles al mes. Pero ellos sesionaban ocho veces al mes y además, en realidad debían llevar el trabajo a casa para desarrollarlo por las noches y los sábados y domingos no solo por la cantidad de casos sino porque algunos de ellos son complejos de modo que las resoluciones requieren un trabajo fino, so pena de ser declaradas nulas por el Poder Judicial con el riesgo consecuente de ser demandado por daños y perjuicios. Además, Vargas Valdivia dictaba, motu proprio, conferencias a los oficiales de las inspectorías regionales de la Policía para que no cometan errores. En suma, “quien llega a integrar una Sala  no llega por la remuneración. Es un acto de servicio”. En realidad, opina, “esa función debería ser a dedicación exclusiva y con una mejor remuneración. Mientras tanto se trata de que el ministro llame a gente de valía que pueda dedicarle algo de tiempo a esto”.

Declaración  jurada

Un instrumento que ayuda en la lucha contra la corrupción son las declaraciones juradas de bienes y rentas, porque permiten identificar casos de posible desbalance patrimonial, enriquecimiento ilícito o lavado de activos. La Ley 27482 que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios públicos, establece que los oficiales generales, así como aquellos oficiales que laboran en unidades operativas encargadas de la lucha contra las drogas, o unidades grandes que manejan recursos, tienen la obligación de presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas. Esta obligación es supervisada por la Contraloría y Susana Silva nos informa que, de acuerdo a información de la PNP, el nivel de cumplimiento de la Ley sería bastante alto, es decir, que las declaraciones juradas se efectivamente se presentan.

Sin embargo, ante diversas deficiencias en el mecanismo de supervisión que tiene la Contraloría para asegurar cumplimiento de entrega, en el  proceso de verificación de información, en el software, en la base de datos que maneja la propia Contraloría y en los criterios de transparencia que aseguren una mayor vigilancia y seguimiento para detectar casos de enriquecimiento ilícito, en enero del 2014 se expidió una nueva ley que regula la presentación de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas (Ley 30161). El problema es que esta ley no ha sido reglamentada a pesar de que la Comisión encargada por Decreto Supremo  de elaborar la propuesta, presidida por la propia Susana Silva, remitió oportunamente el proyecto respectivo a la Presidencia del Consejo de Ministros. Un proyecto, dicho sea de paso, que precisaba aspectos de la ley mal redactados que podían llevar a interpretaciones que hubiesen favorecido la poca transparencia. Quizá por eso no ha sido aprobado aun, pese al largo tiempo transcurrido.

Silva agrega que, de otro lado, mediante el Decreto Supremo 011-2013-IN que reglamenta el Régimen Disciplinario Policial (Decreto Legislativo 1150), se estableció la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas para todos los efectivos policiales, sean oficiales o suboficiales, manejen presupuesto o no.

“Sin embargo, el cumplimiento de dicha norma sí ha presentado problemas debido, esencialmente, al cuestionamiento de su legalidad. Lo que ocurre es que un reglamento aprobado por decreto supremo no puede excederse del marco de la ley que lo regula. En tal sentido, estando a que el decreto legislativo 1150 no ha establecido la obligación para el 100% del personal policial, esta disposición (en el reglamento), resultaría ilegal. Este argumento ha sido contrapuesto por algunos suboficiales a quienes se les exigió la presentación de su DDJJ. Actualmente, el gabinete de asesores (Jaime Reyes), la Oficina de Asuntos Jurídicos  y la Inspectoría General estamos trabajando una salida legal”, señala Silva.

Esto es importante porque la disponibilidad de las declaraciones juradas debería servir para empezar a investigar a los que realizan viajes con frecuencia o poseen varios automóviles e inmuebles, como un camino para identificar casos de enriquecimiento ilícito o lavado de activos.

Debe precisarse, sin embargo, que el tema no está funcionando ni siquiera a nivel de oficiales generales, pues la Contraloría General de la República,  encargada de revisar las declaraciones juradas para cruzar y cotejar de la información declarada, no estaría haciendo su tarea puesto que, según Silva, “desde hace mucho tiempo no se conoce de ninguna denuncia por enriquecimiento ilícito ante el Ministerio Público por parte de la Contraloría”.

Profesionalización y escuelas de la policía

La depuración de la policía debe venir de la mano con la profesionalización de los efectivos. Esto significa terminar con los favores personales y las relaciones de compadrazgo en los ascensos, como veremos en el informe sobre gestión policial, y mejorar sustancialmente la calidad de las escuelas policiales, cuyo número ha proliferado al calor de las demandas de los gobiernos regionales por instalar una escuela en cada región, con el resultado de que los niveles de exigencia para el ingreso a ellas se ha relajado mucho según Susana Silva. Se ha querido incrementar el número de policías a como diera lugar sacrificando la calidad por la cantidad. Entran postulantes carentes de cualidades éticas y preparación. Ni siquiera tienen la talla suficiente.

El hecho es que existen 25 escuelas para suboficiales todas de pésima calidad, con muy malos docentes. La solución está planteada en el decreto legislativo Nº 1151, ley del Régimen Educativo de la Policía Nacional del Perú, que dispuso el 2012 la fusión de las 25 escuelas en un plazo no mayor de 5 años a un número total de siete, adecuándose a la estructura regional de la Policía Nacional del Perú. La verdad, sin embargo, es que hasta ahora no se ha podido avanzar en esto en parte debido a la oposición de los gobernadores regionales. Como señalamos en el informe anterior, el reglamento del mencionado decreto legislativo recién fue aprobado en septiembre del 2014 y la comisión multisectorial encargada de elaborar un plan de modernización del sistema educativo policial, dispuesta por dicho reglamento, nunca se instauró. Esta tendrá que ser una tarea del próximo gobierno.

Recomendaciones

  1. Implementar dispositivos de monitoreo satelital de los patrulleros (actualmente en experimentación), a fin de impedir el robo de combustible y controlar el servicio de patrullaje
  2. Establecer mecanismos que permitan controlar la venta de cupos en los patrulleros
  3. Simplificar el procedimiento para la licencia de lunas polarizadas, eliminar la exigencia de su renovación cada dos años, y crear una base de datos única de las licencias válidamente otorgadas
  4. Culminar la conversión de SALUDPOL en un Fondo, de modo que no efectúe compras
  5. Fortalecer la unidad de investigación de la Inspectoría General del Ministerio del Interior a fin de identificar bandas de policías vinculadas al crimen organizado y publicitar su captura y castigo
  6. El gobierno entrante debe consensuar y aprobar una ley que permita la depuración profunda de la policía, estableciendo una cierta discrecionalidad a fin de poder pasar al retiro por faltas de idoneidad para el servicio
  7. Depurar la policía requerirá preparar una estrategia bien diseñada y respaldada presupuestalmente, y ejecutada con el concurso de una élite policial intachable
  8. Paralelamente deberá establecerse un sistema de ascensos meritocrático y reformarse y fusionar las escuelas de la policía para elevar los niveles profesionales de la policía e impedir el ingreso de elementos inconvenientes  
  9. Evaluar la necesidad de convertir la función de miembro del Tribunal de Disciplina Policial en un cargo a dedicación exclusiva con una remuneración mayor, y aumentar el número de salas.

Entrevistas

Albán, Walter, Ministro del Interior (12-02-14)

Amaro Suárez, César, Gerente General de SALUDPOL, vía correo electrónico, (11-1-16)

Reyes, Jaime (Jefe del Gabinete de Asesores del Ministro) y Javier Llaque (Asesor), (16-10-15)

Silva Hasembank, Susana, Inspectora General del Ministerio del Interior (23-12-15)

Vargas Valdivia, Luis, ex presidente de una sala del Tribunal de Disciplina Policial (22-12-15)

Bibliografía

Avances en el Sistema Disciplinario Policial, Inspectoría General del Ministerio del Interior, 22 de diciembre 2015

Cuarto Poder, Reportaje de  sobre el robo de combustible denunciado por la Inspectoría del Ministerio del Interior. http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/queda-al-descubierto-nueva-modalidad-robo-gasolina-pnp-noticia-24710

Decreto Legislativo 1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior

INFORME N°042-2015-DIRLOG-PNP/DIVCOM-SEC sobre pruebas efectuadas del Sistema de Monitoreo vehicular mediante el empleo de  un (01) dispositivo de Conectividad OBDII de Telemetría avanzada para el control de combustible en vehículos de la PNP. 07 de octubre de 2015

Informe preliminar n° 001-2015-in/ig-uae, caso “Lunas Oscurecidas - Huánuco”

Infracciones más recurrentes (Información del Tribunal de Disciplina Policial y de la Inspectoría General de la PNP)

Llorente, María Victoria. “Desmilitarización en tiempos de guerra: la reforma policial en Colombia”. En: Lucía Dammert y John Bailey (coord.). Seguridad y reforma policial en las Américas. Editorial S.XXI. México. Citada por Elizondo, Carlos y Ana Laura Magaloni. La depuración de las corporaciones policiacas y el juicio de amparo. Documentos de Trabajo N° 32. CIDE. 2008. México).

Ley nº 27482 ley que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado

Proyecto de ley que establece medidas extraordinarias y temporales para el pase a la situación de retiro del personal policial por falta de idoneidad para el cumplimiento del servicio policial

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