Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia
Los hechos
En pleno domingo, 8 de julio, aprovechando un momento de descanso y de distracción mundialista, un grupo de petistas (un abogado, tres parlamentarios y un juez provisional) armaron una jugada deshonesta para liberar a Lula. Tres diputados del PT elaboraron un pedido de Habeas Corpus para la liberación inmediata de Lula y lo presentaron a su ex-colega de partido el juez provisional, Rogerio Favreto, circunstancialmente responsable del Tribunal Regional Federal 4 (TRF-4), el mismo juzgado que tres meses atrás confirmó por unanimidad la condena de Lula y amplió su sentencia a 12 años de prisión. Los congresistas ya sabían que el juez Favreto estaría “de guardia” el domingo y que sería él quien procesaría el Habeas Corpus y lo presentaron como parte de una maniobra política compleja.
Por una oportuna intervención de Sergio Moro, el juez el Pedro Gebran Neto, vocal del 8º Tribunal del TRF-4, rechazó la orden del juez Favreto por incompetente para cambiar en forma unipersonal lo que había sido una decisión colegiada.
El juez Favreto, emitió una segunda y una tercera orden, exigiendo que la Policía Federal liberara a Lula en forma inmediata, dándole en una hora de plazo, o estaría cometiendo desacato a una orden judicial. La Policía Federal, ponderando lo irregular de la situación, no obedeció al juez Favreto y respondió que esperaría una decisión de los jueces permanentes del TRF-4, antes de tomar cualquier acción para modificar el estatus del prisionero Lula da Silva.
Ese mismo domingo, minutos más tarde, el juez Carlos Flores, el presidente del TRF-4, emitió una sentencia negando la orden del juez provisional Favreto, y declarándolo incompetente para alterar una decisión colegiada.
Dos días después, el 10 de julio, el Superior Tribunal de Justicia, STJ, corte federal de 3ª instancia del país, evaluó la decisión del juez Favreto sobre el pedido de Habeas Corpus y declaró nula su decisión. La presidente del STJ calificó el intento de los abogados petistas y del juez Favreto como una maniobra teratológica, es decir monstruosa, y ha felicitado al juez Sergio Moro por su oportuna intervención cautelar. Con la intervención del STJ se ha confirmado que no existe una controversia entre jueces de 2ª instancia, sino un intento ilegal de anular las tres sentencias de condena de Lula. Con esto se cierra el incidente judicial, pero quedan secuelas y preocupaciones.
Antes de explicar el juego político detrás de todo esto conviene recordar algunos hechos:
- Lula fue condenado por el juez Sergio Moro por corrupción y lavado de activos (el primero de los 8 juicios hoy en proceso).
- La defensa de Lula apeló a la segunda instancia, el TRF-4. Pero los tres jueces del TRF-4 confirmaron la sentencia del juez Moro, por unanimidad, encontraron a Lula culpable además de lavado de activos y ampliaron la sentencia a 12 años de prisión.
- La defensa de Lula apeló al STJ (3º instancia), por medio de un Habeas Corpus, y el STJ decidió, también por unanimidad, confirmar la sentencia del TRF-4.
- La defensa de Lula presentó otro Habeas Corpus al Supremo Tribunal Federal solicitando la liberación de Lula, y el STF decidió, por mayoría, mantener la sentencia del TRF-4 y el encarcelamiento de Lula.
- Un total de 4 juzgados y 15 jueces han respaldado la prisión de Lula.
El supuesto “hecho nuevo” presentado por el juez Favreto para justificar su decisión unipersonal de liberar a Lula era porque Lula ‘es un pre-candidato y como tal necesita estar en libertad para defender plenamente su candidatura’, aunque la ley electoral brasileña prohíbe a los corruptos ser candidatos, y Lula está condenado por corrupto. No le interesó al juez Favreto los sustentos de la sentencia de Lula pues primaron sus intereses políticos. Con este argumento, todos los asesinos, corruptos, traficantes y estupradores pueden declararse pre-candidatos y solicitar su libertad inmediata.
La defensa de Lula es muy sofisticada y extraordinariamente activa. Ya ha presentado cerca de 80 apelaciones intentando liberar a su defendido o bloquear los otros 7 juicios. Adicionalmente el PT ha presentado 143 Habeas Corpus adicionales. Hasta el momento Lula ha perdido todas las apelaciones, pues carecen de sustento y son, muchas veces, son simplemente ilegales. Esta maniobra dominical, calificada por la presidente del STJ como teratológica (monstruosa) es la más grave de todas, pero no será la última, pues conociendo al PT, podemos decir que muchas otras vendrán en los próximos meses.
El plan A del PT
Fue armado para liberar a Lula, montar una manifestación en su respaldo y crear un incidente político por su nuevo encarcelamiento. La presidente del PT, Gleisi Hoffman, estaba en el Sindicato de los Metalúrgicos en Sao Paulo, esperando la noticia de su liberación. Los líderes del PT lo planificaron con su militancia en función de la presencia del juez Favreto como juez provisional a cargo del TRF-4. El PT sabía que la anulación de una sentencia colegiada, confirmada por la 3ª instancia (STJ y TRF) era ilegal, y que muy probablemente sería anulada en pocas horas. Por ello, la gestión fue hecha el domingo para aprovechar que las instancias judiciales no estarían en sesión.
Para la sorpresa del juez Favreto, la Policía Federal no obedeció sus órdenes en forma inmediata, esperando por una decisión del presidente del TRF-4, el juez Carlos Flores. Como comenté antes, el juez Flores declaró que el juez Favreto era incompetente para la decisión, que la pre-candidatura de Lula era conocida a meses y que no había ningún hecho jurídico nuevo que justificara su liberación.
El juez provisional Favreto fue militante del Partido de los Trabajadores, PT, de 1991 hasta 2011, es decir, veinte años. Favreto no ingresó al TRF-4 por concurso público, sino que fue nombrado por Dilma Rousseff. A pesar de que esos hechos son de conocimiento público, el juez Favreto no se inhibió de pronunciarse respecto a su líder político, sino que se dedicó a forzar la ley y manipular las instituciones.
El plan B del PT
Consistía en generar una controversia judicial entre dos jueces de 2ª instancia (Favreto y Gebran) que justificara una intervención de los jueces de 3ª instancia, más politizados, donde el PT tiene mayor influencia, especialmente en el Supremo Tribunal Federal. Sucede que el juez Dias Tóffoli, ex-abogado del PT y nombrado por Dilma Rousseff, va asumir la presidencia del STF. Hombre de confianza del PT, Dias Tóffoli acaba de liberar al importante líder petista José Dirceu (el probable artífice de toda esta maniobra por la liberación de Lula). El PT quería aprovechar el ingreso de Dias Tóffoli al STF para “resolver” la discrepancia. Lo que cortó ese plan ha sido la decisión del presidente del TRF-4 declarando incompetente a Favreto y la sub-siguiente decisión del STJ anulando la tesis de la controversia jurídica. El STJ fue enfático diciendo que no había controversia jurídica y que el tema de la prisión de Lula ya estaba resuelto. Ahora, el PT va tener que montar otro plan para liberar a Lula y viabilizar su candidatura.
El plan C del PT
Consistía en buscar pretextos para atacar al juez Sergio Moro y a los jueces del TRF-4 que condenaron a Lula. En los tres días siguientes al incidente, Moro ha recibido decenas de amenazas de muerte, y varios pedidos de juicio administrativo, por haber alertado al TRF-4 de la maniobra del juez Favreto. Además, el STJ ha abierto una investigación a Rogerio Favreto, Pedro Gebran Neto y Sergio Moro, para ver si alguno de ellos ha cometido actos ilegales en los hechos recientes.
Esa maniobra por liberar a Lula en base a una decisión unipersonal, en un fin de semana, con un “hecho nuevo” inventado, fue la agresión más seria que el sistema judicial brasileño ha recibido en años. La jueza Laurita Vaz, presidenta del Superior Tribunal de Justicia, STF, expresó su profunda extrañeza por la decisión del juez provisional y la calificó de teratológica, es decir, monstruosa. En la sentencia de anulación de la decisión del juez Favreto, la juez Vaz sostuvo: Reafirmo la absoluta incompetencia del juez provisional para deliberar sobre una cuestión que ya fue decidida por este Superior Tribunal de Justicia y por el Supremo Tribunal Federal… Ella también calificó la intervención del juez Sergio Moro como oportuna y precautoria. Además, ha ordenado a Lula que, en un plazo de cinco días, comunique al poder judicial si él, de alguna manera, ha participado de la maniobra, pues si él ha participado en esa maniobra, va estar sujeto a nuevas sanciones.
Esta maniobra fue preparada por el PT sin acuerdo con los abogados de defensa de Lula, quienes la consideraban inconveniente, dentro de su estrategia jurídica. Sin embargo, predominaron los intentos de los líderes del PT de crear un hecho político. La preocupación de los abogados era que un incidente de ese tipo podría dificultar nuevas apelaciones. Sin embargo, el PT confía que, cuando Dias Tóffoli asuma la presidencia del STF, en setiembre y tal vez en julio, ellos podrán reabrir el juicio a Lula y anular su sentencia para que él pueda salir libre y ser candidato.
Como lo expresó la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, STJ, la jueza Laurita Vaz, esa maniobra del PT representó una agresión seria a la institucionalidad jurídica del país e intento de manipulación de la Policía Federal. La maniobra ha servido para evidenciar a todos los líderes políticos e instituciones del país hasta donde el PT está dispuesto a violentar la institucionalidad para lograr sus objetivos políticos. Es decir, ya saben que están en una guerra avisada.
La sensación que esta maniobra ha dejado en la sociedad brasileña es que el PT tiene importantes mecanismos para romper la institucionalidad jurídica del país, y que apuesta todo en la candidatura de Lula. Con casi 30% de la población dependiente de la Bolsa Familia y con la imagen generalizada de corrupción de la clase política, Lula tiene buenas posibilidades en un proceso electoral. Con 62% de anti-voto, él difícilmente ganaría una segunda vuelta, pero el nivel de polarización que producirá va a ser muy perjudicial.
Por ahora el PT ha perdido una batalla, pero una batalla no es la guerra, y el sistema judicial brasileño tiene muchas vulnerabilidades: no es una estructura sólida ni transparente, las doctrinas que orientan a los jueces son contradictorias y se prestan a múltiples interpretaciones y maniobras. En la 2ª instancia, los jueces federales tienen tradiciones meritocráticas, pero en el STF los nombramientos son politizados y ocurren por los intereses de los presidentes de turno. Los 13 años de gobierno del PT han llevado a que una fracción muy significativa de la composición del STF sean jueces con inclinación política e ideológica hacia el PT.
Los próximos 5 meses de enfrentamiento jurídico y electoral van a tener un impacto de largo plazo sobre la sociedad brasileña. El PT va jugar todas sus cartas para fracturar el sistema y permitir la candidatura de Lula.
La barrera para la candidatura de Lula es que los abogados y jueces petistas, hasta ahora, no logran romper el sistema jurídico del país, ni logran el control del STF. Si lograran el control del STF, con la presidencia de Dias Tóffoli, Lula logrará postular. Si fuera así, las elecciones brasileñas se darían en un ambiente de inseguridad jurídica excepcional.
Con un PT radicalizado por su sentimiento de revancha y amplios sectores de la clase media decididos a evitar que la tragedia venezolana se repita en el Brasil, la polarización política es lo único previsible en estos momentos. Son 33 años de democracia continuada que ha permitido el desarrollo de elementos de expresión política. ¿cuanto capital institucional ha logrado la sociedad en ese período?
¿Logrará la lucha contra la corrupción, desencadenada por Lava Jato, producir un cambio positivo en el sistema político del país, o la alianza entre el populismo y la corrupción logrará revertir el proceso y bloquear las posibilidades de progreso del país? Los próximos meses van dar elementos para responder a esa pregunta. Lampadia
