Este importante análisis de Carlos Zoe Vásquez sobre el hacinamiento carcelario nos muestra una situación insostenible sobre la que hay que actuar con sentido práctico. Por ejemplo: distinguiendo con claridad los espacios carcelarios y manejo de los reos no primarios que solo llegan al 5% del total, sin que afecten las políticas de reinserción social adecuadas a los reos primarios; o planteando la ampliación de los actuales penales como una medida que puede responder con mayor facilidad y oportunidad al déficit de oferta carcelario actual. Este artículo es parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI, que recomendamos revisar como un espacio donde compilamos los distintos aspectos de las imperiosas reformas del Estado.
EL HACINAMIENTO PENITENCIARIO: QUÉ POLÍTICAS NECESITA EL ESTADO
Por Carlos Zoe Vásquez
Director General de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia
Para diseñar e implementar políticas públicas, cualquiera sea el objetivo que se plantee, hay que conocer la población a la que se dirige. Y aunque suene algo básico, las propuestas electorales nos muestran que poco o nada se conoce de la población a la que se va a enfrentar el próximo gobierno.
¿Cuál es la población objetiva del sistema penitenciario nacional?
La población del Sistema Nacional Penitenciario, para diciembre de 2015, asciende a 93,112. De estos, el 83% corresponde a la población intramuros (medio cerrado), esto es, 77,242 personas que se encuentran privadas de su libertad en los 67 Establecimientos Penitenciarios con los que cuenta el Estado. Al 17% restante se le denomina población extramuros, esto es, 15,870 personas cumplen sus penas fuera de los Establecimientos Penitenciarios (56% por haber egresado por beneficios penitenciarios; y, 44% por haber sido condenados a prestación de servicios a la comunidad).
Esta primera premisa nos debería llevar a preguntarnos no solo qué hacer con aquellos que están o ingresarán a los establecimientos penitenciarios por los próximos cinco años, sino también qué vamos a hacer con aquellos que han egresado de los penales y siguen con su tratamiento post penitenciario, así como aquellos que han sido condenados a penas de prestación de servicios a la comunidad y deben redimir su pena cumpliendo trabajos en favor del vecino.
¿Quiénes van a los penales?
El 95% de la población reclusa son primarios. Esto quiere decir que ingresan por primera vez a un Establecimiento Penitenciario. Si aplicásemos este porcentaje a las cifras del año 2015, tendríamos que estos son 73,379 internos. Solo un 5% pertenecen al régimen especial o, en términos simples, a organizaciones criminales o de difícil readaptación social. Para diciembre de 2015, esta población ascendía a 3,863 internos.
Esta segunda premisa nos debería llevar a plantearnos políticas diferenciadas frente a dos poblaciones totalmente distintas: por un lado aquellos internos primarios, que pueden ingresar a programas de reinserción social (penales productivos, educación, etc.); y de otro lado, aquellos que, por su peligrosidad, forman parte de organizaciones criminales o de difícil reinserción social (establecimientos penitenciarios especiales; separarlos de los primarios; etc.)
¿Cómo ha crecido la población penitenciaria?
En los últimos veinte años, la población penitenciaria ha crecido vertiginosamente. Así, por ejemplo, entre el periodo 1995-2001, la población penitenciaria creció en promedio a 4.3% anualmente; en el periodo 2001-2006, a 5.9% anual; en el periodo 2006-2011, a 8.0%; y en los últimos cuatro años, 2011-2015, a 10%.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria (DGPCP).
Este crecimiento poblacional se debe en gran medida a las políticas punitivas de los gobiernos. Cada vez que se incrementan las penas o se eliminan beneficios penitenciarios, habrá más gente que se quede por más tiempo y no pueda egresar hasta el cumplimiento total de su condena, a lo que se suman los nuevos ingresos.
Junto al crecimiento poblacional penitenciario hay que analizar la capacidad de los establecimientos penitenciarios. Mientras la población crece al 10% anual, la construcción de nueva infraestructura penitenciaria y, con ello, nuevas unidades de albergue solo lo hace a 4.9%.
Esta tercera premisa nos muestra que, mientras las políticas populistas y punitivas no generan gastos y si réditos políticos, la construcción de nuevas unidades de albergue si generan costos y, de allí que su crecimiento no sea igual al poblacional.
¿Cómo crecerá en los próximos cinco años?
Un estudio recientemente publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos[1] nos muestra cómo se comportará la población penitenciaria a veinte años. El estudio prospectivo, a través del modelo de regresión lineal, determina que la población penitenciaria ascendería a 114,761 internos en el próximo quinquenio, esto es, 44.5% más de lo que actualmente se tiene a nivel nacional. Ni que decir de la prospección a veinte años, aquí la población llegaría a 222,487 internos, 180% más que la población actual.
El impacto principal que traerá el crecimiento poblacional será una vez más el hacinamiento. Se estima que, aun soportando un 20% de sobrepoblación, 68,617 internos no tendrán albergue alguno en los próximos cinco años, y 152,662 en los próximos veinte años.
Esta cuarta premisa nos permite determinar que para atender dicha población se requerirán unos 32 nuevos establecimientos penitenciarios de unas 2,200 unidades de albergue cada uno, conforme lo establece el estudio en mención, lo cual constituiría un inversión del 1.4% del PBI, algo realmente incumplible, por cuanto el Estado tiene prioridades sociales como la educación, salud, etc.
¿Qué hacer entonces?
Algo más realista y concreto. Se trata de la ampliación de los penales donde se cuenta con espacios libres. En la actualidad, 26 establecimientos penitenciarios cuentan con áreas libres que, en suma, permiten conocer la existencia de 124 hectáreas donde se puede analizar la ampliación o no de nuevos pabellones y, con ello, de nuevas unidades de albergue. Esto puede lograrse con menos inversión, en menor tiempo y sin trámites tan rigurosos como sería iniciar un nuevo proyecto de inversión pública por cada nuevo penal. La ruta está dada, veremos quien la transita. (Ver estimado de áreas disponibles).
Lampadia
