El 7 de abril último, Fiorella Nolasco, hija del asesinado ex consejero regional Ezequiel Nolasco, protegida por un chaleco antibalas se presentó en una audiencia especial de la Comisión de Fiscalización del Congreso llevada acabo en Chimbote. Mostrando la determinación que otorga el convivir con la barbarie culpó al presidente regional de Ancash, César Álvarez de la muerte de su padre. «La justicia acá ha estado comprada», denunció ante la mirada desconcertada del entonces Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, y varios congresistas.
Que una joven que apenas supera los veinte años esté desengañada así de la Justicia peruana, es más que sintomático. Lamentablemente, a Fiorella Nolasco, el comportamiento de jueces y fiscales le dan la razón. Su padre, denunció durante casi cinco años los latrocinios, corruptelas y sanguinarios procedimientos de César Álvarez, sin que nadie le hiciera caso. El día que fue asesinado en un restaurante de Huacho regresaba a Chimbote tras presentarse en el Tribunal Constitucional al que solicitaba que reabriera una denuncia contra el ahora reo presidente regional de Ancash, la cual había sido archivada por el Poder Judicial. Una horrorosa paradoja, que ha marcado trágicamente la vida de esta joven.
Presionados por la indignación ciudadana, las autoridades judiciales parecen haber reaccionado. Hoy estarían tratando de evitar que la muerte de Ezequiel Nolasco no quede impune y, sobre todo, no sean en vano.
En poco tiempo, han surgido equipos que han mostrado una eficiencia inédita. Como ha mencionado, Jaime de Althaus (Ver: Nace otro país ). “El caso más notorio es la reacción contra el avance incontenible de las mafias. Es una corriente nacional donde se juntan la valentía de víctimas, magistrados, dos o tres congresistas y el papel de la prensa, pero en la que confluye el hecho sin precedentes de que, como ha resaltado César Azabache, la fiscalía, la policía y la contraloría hayan logrado construir, trabajando conjuntamente, unos casos sólidos y bien fundamentados que han permitido detener preventivamente a los presidentes regionales César Álvarez, Kléver Meléndez y Gregorio Santos, y ordenar la detención de Rodolfo Orellana, presunto líder de una megamafia que posee tentáculos en todas las instituciones”.
Hace unos días, habría que agregar el PJ dictó 18 meses de prisión preventiva contra el presidente regional de Loreto, Yván Vásquez Valera, al encontrar indicios de malos manejos y corrupción en su gestión. Con dicha resolución, Vásquez se sumó a los otros cuatro presidentes regionales con orden de prisión preventiva.
“No son palos de ciego. Los casos efectivamente están bien construidos. Lo que está naciendo es una nueva institucionalidad, un nuevo nivel de calidad, en la administración de justicia y la investigación policial. El avance de las mafias de todo orden está obligando a la institucionalidad judicial y policial a transformarse para hacerle frente. La reforma judicial se está dando a la fuerza, como respuesta a las amenazas crecientes, aunque también como cristalización de algunas reformas anteriores”, como señala Althaus.
Aunque, todavía parece temprano para saber si este proceso termina en una real institucionalización de la justicia, si es un paso adelante que hay que saludar, a pesar de que todavía hay tropiezos que desalientan o desaniman (como la forma en que se arrastran los pies para investigar una serie de casos más peliagudos).
Tal vez esta sea la gran oportunidad que necesitábamos, para dar un salto cualitativo en la calidad de la justicia. Es evidente que la ciudadanía está muy atenta a este proceso. Su satisfacción debe ser el mejor aliciente para consolidar un mejor nivel de justicia, pero su frustración sería sin dudas, insoportable a la sociedad y tendría consecuencias sociales que podrían ir más allá de una descalificación en las encuestas. Por ejemplo, más justicia por mano propia, lo cuál sería la antesala de una debacle social.
El Poder Judicial es autónomo, solo puede reformarse desde adentro. Esta es su última oportunidad para recuperar un prestigio esencial. Solo así, una joven como Fiorella Nolasco podrá concentrarse por completo en sus estudios de ingeniería y no tener que enfundarse en un chaleco antibalas para denunciar el asesinato de su padre, permitido en parte, por la incompetencia y corrupción del sistema. Lampadia
