“El Perú ha ido más lejos que cualquier otro lugar, excepto Brasil, en la investigación de la corrupción propagada en América Latina por las empresas de la construcción.
- Un ex presidente, Ollanta Humala, y su esposa pasaron nueve meses en «detención preventiva».
- Dos días después de la muerte del señor García, un juez ordenó el encarcelamiento preventivo de otro, Pedro Pablo Kuczynski, de 80 años y en el hospital, durante 36 meses.
- Un tercero, Alejandro Toledo, quien supuestamente recibió US$ 20 millones en sobornos, se resiste a la extradición de los EEUU.
- Keiko Fujimori, una líder de la oposición, ha estado en la cárcel durante seis meses por obstruir una investigación sobre la financiación de su partido.
Todos los sospechosos niegan haber cometido algún delito.
Estas investigaciones son un intento atrasado de responsabilizar a los poderosos. Por trágico que sea, el suicidio de García no es una razón para detenerlas. Pero debería provocar un cambio de métodos.
Lanzar a la gente a la cárcel sin cargos, juicio o sentencia es la práctica de los dictadores, no de las democracias. (El hecho de que unos 35,000 peruanos ordinarios se encuentren en prisión preventiva es un escándalo, no una justificación). El desfile de ex presidentes con esposas ante los medios de comunicación, que fue el destino del Sr. García, viola la presunción de inocencia, una distinción crucial entre el Estado de Derecho y la Inquisición. Solo en ese sentido, la muerte de una figura política gigante por su propia mano debería provocar un replanteamiento por parte del poder judicial peruano”.
The Economist, 27 de abril, 2019
Hay tres figuras de la justicia peruana que caen en excesos: la prisión preliminar, la prisión preventiva y la imputación de organizaciones criminales. Ver en Lampadia ‘Prisión Preventiva’, donde detallamos que este mecanismo abarca a muchos ciudadanos.
Prisión preliminar
Bajo este entendido se ha llegado a encarcelar a sujetos que no habían sido siquiera notificados de la apertura de investigaciones.
Prisión preventiva
El mecanismo por el cual ‘primero te encarcelo y después te investigo’, que, como dice The Economist viola la presunción de inocencia, una distinción crucial entre el Estado de Derecho y la Inquisición.
Bajo esta modalidad persecutoria se han afectado los derechos de Ollanta Humala y su esposa, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, y varios otros personajes. En el caso de los Humala, pasaron nueve meses en la cárcel y hasta ahora no se les ha abierto la acusación.
Al respecto se han pronunciado el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Corte Suprema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo así como el presidente Vizcarra, el premier y los analistas que no adolecen de compromisos políticos extremos.
Las organizaciones criminales
Un mecanismo judicial diseñado para perseguir actividades criminales de mafias, que viene siendo forzado como instrumento de persecución al ámbito de la política peruana, lo que permite procesos severos y hoy, abusivos.
Por ejemplo, en el caso del fujimorismo, se ha acusado al partido de Fuerza Popular de organización criminal por el feble caso llamado ‘cocteles’. De igual manera, para complicar el caso de PPK, se ha imputado una organización criminal a la supuestamente formada por el propio PPK, su secretaria, la señora Gloria Jesús Kisic, y su chofer, el señor José Luis Bernaola.
Como dice The Economist, “la muerte de una figura política gigante [Alan García] por su propia mano debería provocar un replanteamiento por parte del poder judicial peruano”.
Pero los líderes de las persecuciones se resisten a enmendar los excesos judiciales. El fiscal Domingo Pérez le respondió al presidente Vizcarra exigiendo que se respete la independencia de la administración de justicia desde el Ejecutivo, declaraciones por demás exageradas puesto que nunca se pretendió entrar en conflicto con la autonomía de poderes, sino hacer énfasis en seguir el debido proceso.
El absurdo al que se ha llegado, ha permitido que en el caso del ex presidente Kuczynski, después de haber pretendido enmarrocarlo dentro de la UCI, se le conceda prisión domiciliaria.
Perseverar en estos errores no hará más que desprestigiar el accionar de la justicia, que necesitamos que avance a paso firme para castigar a quienes resulten culpables de los horrorosos delitos de corrupción. Lampadia
