Jaime de Althaus
Para Lampadia
Este congreso ha resultado mucho más peligroso que el vilipendiado y disuelto Congreso anterior. Este último era ruidoso, belicoso y se oponía básicamente al enfoque de género y a propuestas de reforma política planteadas por el Ejecutivo. Para lograr que se aprueben, el gobierno hacía cuestión de confianza, lo que a la postre derivó en la disolución del Parlamento.
Pero ese detestado Congreso no aprobaba leyes que rompen contratos, afectan el estado de derecho, desalientan inversión futura y comprometen el desarrollo nacional. La más nociva y demagógica ley de los últimos años, la del retiro del 95.5% de los fondos en las AFP, por ejemplo, fue obra del congreso 2011-2016, no del disuelto.
El Congreso actual no es verbalmente agresivo contra el gobierno, pero no le hace caso y aprueba leyes que no solo horadan el financiamiento de la lucha contra el coronavirus, como la del retiro de 25% de los fondos previsionales -que linda con la traición a la patria-, sino una que golpea las bases mismas del desarrollo nacional, como la que elimina los peajes que cobran las concesionarias privadas.
Los congresistas no saben que según el artículo 62 de la Constitución los contratos no pueden ser modificados por leyes. O saben y no les importa. La ley tampoco establece compensación por la eliminación del peaje. Es, entonces, confiscatoria: destruye el principio de la propiedad privada, que es la base del desarrollo de cualquier sociedad. Con tamaño hachazo, ninguna empresa de nivel global querrá venir al Perú a invertir en obras de infraestructura y, de seguir así, pocos querrán invertir en general.
Pero la preocupación no cesa con esta ley. Hay decenas de proyectos sobre control de precios, de tasas de interés, pensiones, impuestos, etc., cada uno más populista que el otro. Mientras tanto, el Ejecutivo casi no discute, no ejerce contrapeso. Vergonzosamente no observó la ley del 25% de las AFP, pese a que el MEF tenía lista la observación. Quizá el presidente, goloso, no quiera arriesgar un punto de popularidad. Sí observó la ley de peajes, pero en el Perú el Congreso puede insistir solo con la mitad de congresistas, de modo que el presidente carece de poder de veto. Podría hacer cuestión de confianza, pero eso se vería ridículo en plena batalla contra el coronavirus. O la aprobación de la que goza es tan alta que no necesita confrontar al Congreso, algo por lo demás quizá poco efectivo desde que el demonio fujimorista es casi invisible. Las bancadas se aprovechan y hacen lo que quieren.
¿Qué está pasando?
¿A qué se debe que este Congreso tenga una conducta más populista que el anterior? Hay varias causas. La más estructural tiene que ver con el excesivo número de bancadas o partidos. Esto está acreditado en la ciencia política. En un sistema bipartidista, por ejemplo, el partido que está en la oposición sabe que tiene altas probabilidades de ser gobierno en el próximo periodo, entonces no aprueba leyes que socaven el futuro. Piensa no solo en el aplauso inmediato, sino en el mediano y largo plazo. Y se preocupa de tener un plan de gobierno listo para ser aplicado al momento de asumir el poder.
Por el contrario, a mayor número de bancadas o partidos, menos responsabilidad. Los grupos, para sobresalir de alguna manera, solo se interesan en lo que puede darles rédito inmediato. Y se vuelven altamente sensibles a la presión de grupos de interés (sindicatos, gremios, etc.) vistos como bolsones electorales, lo que lleva al clientelismo rentista, cuando no a la corrupción. En la ley de peajes, por ejemplo, el único beneficiario ha sido el poderoso sector de camioneros y transportistas. Un indicador de por qué aprobaron la ley que les exime del marco actual sobre declaración de intereses, algo que habla por sí solo.
En el Congreso disuelto, en cambio, había una bancada fuerte, que tenía pretensiones de llegar al poder. Desarrolló una oposición vocinglera y antipática, que le resultó fatal, pero no afectó las bases del modelo de crecimiento, aunque también hubiera intereses creados y aprobara algunos proyectos clientelistas.
Ese populismo cortoplacista de un congreso con 9 bancadas pequeñas se potencia aún más con la cercanía del proceso electoral. Hay que posicionarse a como dé lugar. A nivel individual ocurre lo propio, porque los congresistas actuales, por lo general la segunda fila en sus partidos, sienten que tienen poco tiempo para destacar si pretenden postular a gobernaciones regionales y alcaldías.
También ha fallado la institución de la disolución del Congreso. Su objeto es romper un entrampamiento para buscar mayoría propia. Pero el presidente ni siquiera tenía partido.
Lecciones y recomendaciones
- Tener mayoría propia en el Congreso -y un número pequeño de bancadas– será fundamental para el próximo gobierno, cuya tarea primordial será la reconstrucción económica del país. Necesitará tener gobernabilidad. Si este Congreso va a dejar en suspenso reformas orientadas a reducir el número de partidos que participen en las elecciones, lo que sí debe aprobar es la elección del Congreso junto con la segunda vuelta presidencial, para que el próximo Ejecutivo tenga más probabilidades de tener mayoría y existan menos bancadas. Y que la insistencia en una ley observada se apruebe con los 2/3 de los votos.
- Lo mínimo que deberían tener los proyectos en una democracia racional y respetuosa del ciudadano, es un análisis de costo-beneficio real, serio. Debe crearse en el Congreso una Oficina de Análisis Económico e Impacto Regulatorio de los proyectos de ley, aunque suene ingenuo pedirlo.
Lampadia
