Desde que Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, asumiera la presidencia de México el pasado 1 de diciembre (ver Lampadia: Tropezando con la misma piedra), han transcurrido poco más de 100 días. 100 días en los que su gobierno ha emprendido una serie de políticas que pueden ser divididas en dos grandes grupos, que, como se podrá constatar líneas más abajo, constituyen las mismas estrategias que el populismo latinoamericano ha implementado innumerables veces -desde la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI- para ganar adeptos con el electorado.
Un primer grupo lo constituyen aquellas políticas que se caracterizan por una animadversión hacia lo que se considera como “el enemigo de las grandes mayorías”, en este caso, de la clase trabajadora mexicana: la elite empresarial tanto nacional como extranjera y sus grandes inversiones. Al respecto, un reciente artículo de The Economist (ver artículo líneas abajo) resume muy bien las acciones emprendidas al respecto. Menciona “[AMLO] canceló la construcción de un aeropuerto internacional parcialmente construido, detuvo las nuevas inversiones privadas en la industria petrolera y cerró los ductos de combustible para prevenir el robo, una medida que causó escasez en gran parte del país”.
En línea con lo anterior, el diario británico hace un claro contraste con el gobierno predecesor, liderado por el entonces presidente Peña Nieto, cuya naturaleza fue totalmente distinta. Un estado que no paraba las inversiones extranjeras, que al contrario las promovía e impulsaba, porque sabía que a la larga generaría empleo formal y de calidad. Un estado que fomentaba la competencia de precios en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, en vez de capturarlo a través de estatizaciones o controles de precios. Entre otras acciones. Un liberalismo que le trajo prosperidad al pueblo mexicano pero que ahora es completamente ausente en la mente de su nuevo presidente de corte izquierdista.
Ahora bien, el segundo grupo de políticas emprendidas por AMLO están relacionadas con lo que se conoce en ciencias sociales como “Estado de Bienestar” o “Estado Benefactor”. En palabra simples, este es un tipo de estado que emprende un conjunto de iniciativas cuyo fin último es garantizar el cumplimiento de los derechos “sociales” (pensiones, salud, educación, entre otros) para todos los habitantes de un país, a través de la redistribución de la riqueza.
Al respecto, como señala The Economist en el artículo mencionado anteriormente, AMLO ha duplicado los beneficios de las pensiones y ha reducido los requisitos para que más mexicanos puedan acceder a ellos. Asimismo, también ha empezado a otorgar dinero directamente, por ejemplo, a madres de familia que anteriormente eran benefactoras de cierto beneficio monetario por realizar labores de guardería, pero que ahora, en ausencia de fiscalización, puede terminar desnaturalizando sus incentivos a esforzarse en su trabajo. Y así con otras iniciativas que impulsan el esparcimiento irresponsable de dinero en México y que aparentemente explican la alta aprobación de AMLO en las encuestas.
Sin embargo, ¿Por qué son peligrosas todas estas políticas destinadas a lograr el tan ansiado “Estado de Bienestar”?
En América Latina sabemos que estas políticas de gasto social expansivo no son sostenibles en el tiempo porque se financian con colosales déficits fiscales que no están sustentados en inversiones productivas y que, por ende, solo generan a la larga endeudamiento público y situaciones de default en los países. Ahí están Argentina en el 2018, Brasil en 1998, México en 1994 y Perú en 1990, todos rescatados por el FMI.
En ese sentido, una estrategia de crecimiento que no esté basada en la inversión y por ende en el ahorro no puede durar mucho tiempo. Tal vez las políticas emprendidas por AMLO puedan generar un crecimiento artificial en el corto plazo por el efecto en el consumo privado, pero luego vendrá la deuda y los intereses, que, ante un endurecimiento de las condiciones financieras mundiales – evento altamente probable en los próximos meses- puede terminar quebrando su fisco, por haber gastado de manera irresponsable por largos período de tiempo y sin haber acumulado reservas.
Peor aún si las proyecciones para el crecimiento de la economía mexicana para este año, situadas en torno al 1.6%, no son muy auspiciosas. Una mirada a la experiencia del populismo en América Latina no le haría mal ni a AMLO ni a sus asesores económicos y políticos. Lampadia
AMLO esparce dinero en sus primeros 100 días
Pesos a la gente
Cómo Andrés Manuel López Obrador está reformando el estado mexicano.
The Economist
7 de marzo, 2019
Traducido y glosado por Lampadia
CIUDAD DE MÉXICO. «El poder aturde a los inteligentes y vuelve locos a los tontos». Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, repite este adagio a menudo, como un reproche a los políticos que prometen mucho y logran poco. El 4 de marzo, el día 94 de su mandato presidencial, volvió a twittear la frase para demostrar que el poder no lo ha sorprendido ni enloquecido, y que mantendrá su promesa de transformar México.
López Obrador, o AMLO, como se le conoce, ya ha traído cambios considerables.
- Canceló la construcción de un aeropuerto internacional parcialmente construido
- Detuvo las nuevas inversiones privadas en la industria petrolera y cerró los ductos de combustible para prevenir el robo, una medida que causó escasez en gran parte del país.
- Ha revivido la política de no injerencia de México en los asuntos de otros países al reconocer al dictador de izquierda de Venezuela, Nicolás Maduro, en lugar del jefe de su legislatura, Juan Guaidó, como el presidente del país. La mayoría de las grandes democracias reconocen a Guaidó.
- AMLO ha recortado los sueldos de altos funcionarios y burócratas, incluido el suyo, y ha subastado sus autos.
- Viaja por avión comercial.
A más de tres cuartos de los mexicanos les gusta lo que ven. Casi 100 días en el cargo, AMLO es más popular que cualquier presidente en esa etapa, excepto Vicente Fox, el primer presidente de la era democrática, en 2001. Aunque AMLO está restringido a un mandato de seis años, espera que su Movimiento Para la Regeneración Nacional (Morena) de corte izquierdista esté en el poder durante mucho más tiempo.
Su plan para lograr esto implica restaurar al estado a su posición anterior como principal asegurador del bienestar de los mexicanos. Los presidentes más recientes pensaron que una de sus funciones principales era crear condiciones para que las empresas y los grupos de la sociedad civil brinden prosperidad y bienestar. Enrique Peña Nieto, el predecesor de AMLO, invitó a los extranjeros a invertir en petróleo e introdujo la competencia en las telecomunicaciones, lo que redujo los precios. Pero el crimen y la corrupción durante su presidencia eclipsaron esos logros. Dejó el cargo como el presidente menos popular de México. Bajo AMLO, el estado tomará la iniciativa y el crédito. Sin embargo, debe conciliar esa ambición con la necesidad de contener el gasto y evitar los déficits presupuestarios.
El estatismo de AMLO no excluye la cooperación con el sector privado. Como alcalde de la Ciudad de México a principios de la década de 2000, trabajó estrechamente con empresas, por ejemplo, para reconstruir el centro de la ciudad. Muchos de los proyectos de infraestructura que planea, como el «tren Maya» a través del sur, necesitarán financiamiento privado o extranjero. Pero nadie dudará que el tren viene de él.
AMLO ha comenzado por dar más dinero directamente a las personas.
- Su gobierno ha duplicado los beneficios de pensión y ha hecho que más personas sean elegibles para ellos.
- Estableció un precio mínimo para los frijoles cultivados en el estado de Zacatecas. Eventualmente, la mayoría de los cultivos principales en México tendrán precios de apoyo.
- El gobierno otorgará becas y subsidios a 2,3 millones de jóvenes adultos.
- Para mantener un superávit presupuestario, AMLO ha ralentizado la introducción de estos programas, por ejemplo, elevando las pensiones para los habitantes de la ciudad mayores de 68 años, no 65 como él esperaba.
Donde los grupos no estatales gastan el dinero del gobierno para promover sus objetivos, AMLO quiere recortar al intermediario. Los ministros tienen prohibido canalizar dinero a través de «intermediarios», como contratistas, sindicatos u ONG. Bajo Peña, unos 10,000 grupos de la sociedad civil obtuvieron 30 mil millones de pesos ($ 1,6 mil millones) en seis años; más fue a contratistas, proveedores de cuidado infantil y otras «estructuras paralelas», como los llama AMLO. Gran parte de su dinero terminó en los bolsillos de los amigos de los políticos, sostiene. Ahora todo el apoyo gubernamental «será entregado directamente a los beneficiarios». Esto tiene una recompensa política. «Los votantes dirán: ‘AMLO me dio este dinero'», señala Luis de la Calle, un economista.
El cambio viene al cuidado de los niños. El programa «habitación de los niños» creado por Felipe Calderón, presidente de 2006 a 2012, paga 950 pesos mensuales por niño a las mujeres que brindan servicios de guardería en sus vecindarios, a menudo en sus hogares. Unas 300.000 madres utilizan el programa. Muchos no se dan cuenta de que el estado está subsidiando el proyecto de ley. AMLO planea corregir esto (y ahorrar algo de dinero) pagando directamente a las madres 800 pesos mensuales.
El enfoque de pesos-para-la-gente no siempre puede ayudar a los beneficiarios previstos. AMLO dijo que pondría fin a los subsidios para los refugios para mujeres, pero no explicó cómo daría dinero a las víctimas de abuso doméstico. Después de una protesta, se retiró.
Parecer generoso mantendrá su popularidad solo si mantiene otras promesas, especialmente el reducir el crimen y la corrupción, y mantener la economía fuerte. Su dirigismo, y su sospecha de instituciones independientes, pueden hacerlo más difícil.
Todavía no hay señales de que la tasa de homicidios, que el año pasado fue más alta que en Colombia y Brasil por primera vez, esté en descenso. La gran idea de AMLO para reducirla es establecer una guardia nacional, que deba tener 150,000 miembros para el 2024. Esto puede ayudar, pero no compensará las fallas de la policía estatal y local. AMLO se ha resistido al nombramiento de un fiscal independiente contra la corrupción. Cualquier escándalo socavaría su afirmación de que solo su honestidad inspirará probidad en otros.
La mayor amenaza para su popularidad es la economía. El banco central ha revisado su proyección de crecimiento del PBI para este año, del 2,2% al 1,6%. La inversión extranjera directa en el último trimestre de 2018 estuvo un 15% por debajo de su nivel del año anterior, en parte porque los inversionistas desconfían de AMLO y porque los recortes de impuestos en los Estados Unidos hacen que las inversiones estadounidenses sean más atractivas para las empresas estadounidenses.
AMLO no logró convencer a los inversionistas de que resolverá los problemas de Pemex, el gigante petrolero estatal, que proporciona una quinta parte de los ingresos del gobierno pero tiene una deuda alarmantemente alta. Eso pone en riesgo la calificación crediticia de grado de inversión de México. El 2 de marzo, S&P Global, una agencia de calificación, rebajó la perspectiva de la deuda soberana de México de estable a negativa. Una recesión en los Estados Unidos el próximo año, que algunos analistas consideran probable, podría causar una en México. Eso supondría problemas para un presidente que necesita crecimiento para pagar sus programas sociales.
Pero por ahora, millones de mexicanos aplauden un golpe de suerte, y al presidente, como él espera. Marcos Velázquez, un reparador en la Ciudad de México, dice que su madre acaba de ver el doble de su pensión. Ambos votaron por AMLO, y no se arrepienten. A diferencia de los políticos del pasado, dice Velázquez, AMLO ha traído «un cambio real». Lampadia