Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Es común que cuando en el Perú hay una catástrofe por lluvias, terremotos, inundaciones, pandemias o de cualquier otro tipo, el Estado se encuentra inerme y sin equipos para reaccionar en defensa de los pobladores. La consecuencia inmediata es la indignación de estos pobladores y de las autoridades locales y regionales.
Es tragicómico ver un INDECI promoviendo simulacros de terremoto, tsunami, incendio y de todo lo que se le pueda ocurrir a la burocracia, la que se da por satisfecha, congratula y se entregan “chapitas” por haber hecho determinado número de simulacros. No niego que eso tenga su importancia, pero lo grave es que, ninguno de ellos le pone el énfasis debido al equipamiento necesario para atender las emergencias.
- En el año 2020 que tuvimos la pandemia de COVID-19, los hospitales no tenían el suministro de oxígeno necesario, ni las plantas de oxígeno requeridas para atender las necesidades inminentes. Por supuesto que, como ya se ha hecho costumbre, ante la incapacidad del sector público, el sector privado, consciente de su rol en la sociedad peruana, se vio precisado a donar miles de metros cúbicos de oxígeno o plantas de oxígeno para uso de esos hospitales.
La tragedia es que, tras un par de años de uso intensivo, nadie consideró el mantenimiento correctivo o preventivo requerido de esas plantas, muchos hospitales no formalizaron la propiedad de las plantas recibidas en donación y, consecuentemente, no pueden presupuestar partida alguna para dicho mantenimiento. Como consecuencia, ahora tenemos más de una docena de plantas de oxígeno inoperativas (aquí no más, solo en el Callao hay seis plantas adquiridas en los años 2020 y 2021 que se encuentran inoperativas), en franco proceso de deterioro, bajo responsabilidad de nadie y en camino de convertirse en chatarra. Ya sabemos que, para la próxima vez, tendremos que esperar nuevas donaciones.
2. De igual manera, para el fenómeno del niño costero del 2017, el Estado, los batallones de ingeniería del Ejército, ni el INDECI, contaban con las motobombas requeridas para desaguar, ni con las retroexcavadoras y cargadores frontales suficientes para atender la emergencia. Ciertamente, la empresa privada tuvo que comprar, importar y poner a disposición de los equipos de trabajo creados para la emergencia, el equipamiento requerido.
Este año que comenzamos con el efecto ciclónico de Yaku, nadie contaba con ese equipamiento, ni el ministerio de vivienda, ni el de transportes, ni las unidades militares antes mencionadas.
3. Pero la cosa no queda ahí. En 1997, el gobierno de ese entonces, trabajó en la construcción de obras de ampliación de cauces de ríos y defensas ribereñas, pero desde ese entonces y hasta la fecha, ningún gobierno regional ni municipal se ha ocupado de hacer la limpieza de canales, cauces de ríos o, cuando menos, impedir que gente irresponsable eche desmonte y basura al lecho de esos ríos y canales. Sólo recordar que, en 1997, con un caudal de 4,400 m3/s en el río Piura, no se produjeron desastres por inundación y hoy, con menos de 1,600 m3/s, se ha producido tremendo desastre.
Más grave aún. Las autoridades locales y regionales, tal como corresponde, solicitan la “declaración de emergencia” de sus localidades y demandan dinero al gobierno central. Lo que resulta curioso, es que, al margen de esas exigencias, no he visto hasta la fecha, a la presidente, a ningún ministro -premier incluido- ni autoridad local o regional, que haya sido capaz de decir pública y transparentemente, que acciones van a ejecutar, qué obras de infraestructura o reparación de estas realizarán, ni por supuesto, cuánto cuesta cada una de ellas, ni cómo arribaron a los montos que demandan al gobierno central para sus correspondientes localidades.
Por otro lado, como en el Perú nadie confía en nadie (ni entre las autoridades de distinto nivel), ahora todos los gobernadores regionales quieren que los fondos exigidos, les sean entregados de inmediato y puestos en un Fideicomiso, de tal manera que esas autoridades puedan usarlas a su aire y sin tener angustias sobre el manejo presupuestal. Ciertamente, nadie se ha puesto a pensar que esa acción le quita al MEF el control de los flujos de caja, que es una responsabilidad de la hacienda y tesorería nacionales.
Lo que debemos resaltar, es que el Estado peruano se ha convertido en un perro sin dueño. Nadie planea la infraestructura para el largo plazo, nadie mantiene la infraestructura existente, nadie tiene o controla el equipamiento requerido para emergencias, nadie es responsable de su mantenimiento, ni siquiera lo presupuesta y un largo etc.
Esto que comento para el manejo de emergencias en grandes infraestructuras, se da de idéntica forma en los colegios, postas médicas y hospitales. No existe la disciplina del mantenimiento preventivo permanente de las instalaciones. Todo es comprar y botar, o construir y dejar que se deteriore hasta el límite de la vergüenza. ¿A nadie en el Estado se le ha ocurrido un diseño único y estándar de carpetas escolares y hacer una compra masiva, con programas de entrega mensuales? Estas pudieran ser una fuente de trabajo formidable y permanente para pequeñas empresas, debidamente agrupadas por sus asociaciones gremiales, poniéndolas en competencia, lo mismo con el mobiliario estándar de postas médicas y hospitales, camas, camillas, escritorios y sillas, entre otros. ¿Tan difícil es?
Lo más grave es que, en todos los niveles de gobierno, hay un profundo desinterés por concluir o mantener la obra ejecutada por el gobernante anterior. Pareciera una consigna política, dejar que no se concluya la obra, para mostrar ineficiencia de la gestión anterior. No mantener la infraestructura o el equipamiento ejecutados por el anterior, para que se perciba mala compra o construcción. Nadie considera que los bienes públicos son propiedad de todos, y que debemos mantenerlos operativos y en buen estado, para que nos ayuden a resolver problemas, minimizar daños o rehabilitar rápidamente las zonas afectadas por catástrofes.
¿A nadie se le ha ocurrido cuantificar la magnitud de las deseconomías en que incurrimos por esta dejadez, abandono, actitud mezquina, corrupción o simplemente, cálculo (odio) político? Por varias de estas razones, hemos tirado al desagüe 15.1 mil millones de soles, en 2,346 obras paralizadas, de las cuales el 85.4%, corresponden a proyectos regionales y municipales (datos de la Contraloría General de la República al año 2022). Señal inequívoca que debemos refundar la regionalización y gestión del aparato estatal.
Por todo, esto creo que todos vemos al Estado peruano, como un perro sin dueño. Lampadia
