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Lima-Perú, 05/11/2015 a las 04:11pm. por Lampadia

Hacia un Estado del Siglo XXI

El Nuevo Código Procesal Penal

El Nuevo Código Procesal Penal es un cambio mayor de los procedimientos de ejecución penal en el país. Éste viene siendo implantado paulatinamente en distintos distritos judiciales y aun no llega a Lima, donde se concentran la mayor parte de los casos.

Hasta ahora, el nuevo código presenta una serie de ventajas procesales, pero también adolece de faltas de coordinación entre las instituciones involucradas, falta de implementación de facilidades operativas y de un fuerte desentendimiento entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, cuyas funciones han sido recortadas de forma importante.

Invitamos a nuestros lectores a adjuntar sus comentarios. Ver nuestro ensayo sobre el código líneas abajo:

Promesa y dificultades del Nuevo Código Procesal Penal

El nuevo Código Procesal Penal, promulgado el 2004 mediante decreto legislativo 957, y puesto en marcha paulatinamente a partir del 2006, es la gran esperanza de una justicia penal pronta y eficiente en el Perú. Pero debe corregir graves defectos. En la actualidad rige ya en todo el país menos en Lima-Callao, es decir, en 27 de los 33 distritos judiciales del Perú. Y a partir del 2016 se comenzará a implementar en Lima-Callao también de manera progresiva: ese año ingresará el distrito judicial de Ventanilla, en el Callao. ´

El nuevo Código Procesal Penal (NCPP) supone un verdadero cambio cultural. Pasar de la escribalidad a la oralidad, de un juicio basado en argumentaciones escritas propenso al secretismo, la dilación y la leguleyada, en el que el mismo juez investiga, a uno basado en argumentaciones orales de contrastación inmediata en el cual el juez escucha a las dos partes –al fiscal acusador y al abogado del acusado- y decide sin dilaciones luego de sopesar los argumentos. Es, por lo tanto, un procedimiento más lógico, simple, rápido y transparente.

Pero, claro, requiere de jueces y fiscales capaces de tipificar los delitos adecuadamente y de sustentar oralmente sus posiciones, lo que no es fácil para jueces acostumbrados a hacer leer sentencias farragosas escritas por auxiliares y que en muchos casos no conocen teoría del delito y no saben fundamentar una tipificación o el tiempo de duración de una sentencia. O por fiscales que tampoco saben hablar y no pueden acusar oralmente. En Chile, el nuevo código procesal penal se implementó cesando a todos los jueces procedentes del código anterior. En el Perú no existe un sistema de evaluación del desempeño que permita reubicar o retirar a un juez o un fiscal que no reúne las condiciones necesarias para desempeñarse bien en el nuevo código.

Pero, además, y este es un segundo cambio cultural, el nuevo código altera las relaciones de poder entre la fiscalía y la policía. Ahora el fiscal “conduce” la investigación del delito (lo dice la propia Constitución del 93). Esto supone fiscales mejor preparados en investigación criminal y fiscales y policías capaces de coordinar eficazmente –es decir, una cultura de colaboración, de trabajo en equipo-, pero esto a su vez depende de definir bien qué significa “conducir” la investigación y cuáles son los roles respectivos entre fiscales y policías, lo que no termina de estar bien establecido. Supone además una policía capaz de aportar las pruebas que sustenten la acusación fiscal, que tampoco existe, pues no hay laboratorios de criminalística suficientes y la propia policía de investigación está muy disminuida.  

Ahora bien, el hecho de que ya no exista un “atestado policial” sino un informe policial que registra los hechos y las evidencias recabadas, pero no establece conclusiones ni califica jurídicamente el hecho ni autoriza a la Policía a presentar cargos legales contra los investigados como sí ocurría con el atestado, es decir, el hecho de que el informe policial tenga menos peso incriminatorio que el antiguo atestado, reduce su fuerza de gravedad como foco de corrupción o su utilización como arma para-extorsiva para conseguir pagos exculpatorios.

La promesa acá es que al no tener el “atestado policial” el poder incriminatorio de antes, deja de ser el foco de corrupción que era. Pero, claro, este foco podría trasladarse a la acusación –o archivo- fiscal en la medida en que la policía pierda toda autonomía de investigación y no sea capaz de balancear el trabajo del fiscal. El problema, como veremos, es que, efectivamente, parece haberse pasado al otro extremo, dejando con muy poca iniciativa a la policía, lo que nos lleva a una de las críticas que se ha formulado al NCPP: que al limitar a la Policía y exigirle a la vez medios de prueba consistentes, habría fomentado la impunidad y la liberación de delincuentes. ¿Es verdad esto último?

¿El NCPP es más eficiente?

Veamos qué dicen los números. La Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, presidida por el Ministro de Justicia, publicó el informe “Reforma Procesal Penal Peruana, II Informe Estadístico Nacional 2006-2013”. Según ese informe, el año 2005, en el que regía el Código de Procedimientos Penales de 1940, del 100% de casos que ingresaron al sistema, solo el 40.9% pudieron ser atendidos. En cambio, el 2012, en los distritos judiciales que habían implementado el nuevo Código Procesal penal, se había resuelto el 70% de los casos ingresados.

En cuanto al tiempo promedio de los procesos ordinarios, este era 44 meses (casi 4 años) en el distrito judicial de Lima el 2005. En cambio, con el NCPP el tiempo de un proceso común se había reducido a 7.8 meses en promedio el 2010 en los 11 distritos judiciales que lo habían implementado, aunque con una tendencia a subir, como veremos.

Asismismo, el porcentaje de presos sin condena en los distritos judiciales de Lima el 2012, donde todavía se aplica el código de 1940, era 69%. En cambio, ese mismo año en los distritos en los que funciona el NCPP, ese porcentaje era menor: 53%, lo que guarda relación con el menor tiempo que duran los procesos con este nuevo código.

Además, Según Carlos Zoe Vásquez, Secretario Técnico de la Comisión de Implementación del NCPP, se produce un 217% más de sentencias donde se aplica el nuevo CPP que donde no se aplica. En los primeros 17 distritos judiciales en los que se implementó la reforma procesal penal, el número de sentencias se incrementó de manera notoria: pasó de 6,903 sentencias el 2006 a 26,076 el 2014. De otro lado, con el nuevo código hay ya 400 condenados a cadena perpetua y 600 a penas no menores de 30 años. En Trujillo se ha capturado 17 bandas que se juzgan en Lima. El juez superior Bonifacio Meneses, por su parte, afirma que con el NCPP solo se apela el 34% de las sentencias mientras que con el código de procedimiento penales del 40 –vigente aun en Lima-Callao-  se apelaba todo

Parece claro,  pues, que el nuevo código es bastante más efectivo que el antiguo: resuelve un porcentaje más alto de casos por año, más rápidamente y sentencia más con menos apelaciones

Pero hay que mirar las cifras con un poco mas de detalle para matizar esa afirmación. En primer lugar, se aprecia una tendencia decreciente en el porcentaje de casos resueltos. Se pasa de porcentajes superiores al 90% hasta el 2010, a un 70% el 2012. Lo mismo estaría pasando con el tiempo promedio de duración de los procesos. Aparentemente esto tendría que ver con el incremento de la carga en circunstancias en las que no existe, como veremos, una buena programación de audiencias ni del tiempo que ellas deben demorar ni un sistema de evaluación de metas de producción.

De otro lado, según el informe mencionado, del 100% de casos que ingresaron al sistema entre junio del 2006 y setiembre del 2013, un 57% fue archivado por los fiscales. Este porcentaje ha venido bajando desde más de un 70% hace unos años en la medida en que la policía ha ido mejorando la calidad de las pruebas que aporta para sustentar las acusaciones. Pero, según Carlos Zoe Vasquez, Secretario Técnico de la Comisión de Implementación del NCPP, en los años 2012 y 2013 el porcentaje de archivamiento en el Ministerio Público en los distritos judiciales en los que no regía el NCPP era bastante mayor, 71%. De modo que en la medida en que dicho porcentaje refleje algún grado de impunidad, ésta sería mayor con el viejo código. Por lo demás, aquel  57% no sería tan alto comparando con Chile, donde la cifra es 50%. Y sería cierto que la mayor parte de ese 57% se explica porque los hechos denunciados no constituyen delito o porque no fue posible identificar al autor (por ejemplo, cuando el asaltante roba desde una moto y se escapa y no ha sido posible ver la placa). En todo caso, no tenemos cómo comparar con el Código de Procedimientos penales anterior, de 1940, porque no existe el dato respectivo.

¿Hay relación entre el NCPP y el aumento o disminución de la delincuencia?

¿Qué nos dicen, de otro lado, las encuestas de victimización por delincuencia? Estas encuestas miden el porcentaje de personas que declaran haber sido víctima de algún hecho delictivo en el último año. Según el Barómetro de las Américas (Lapop), este índice se ha incrementado entre el 2006 y el 2014 (ver gráfico tomado de libro de Gino Costa, “El Delito en Lima”). Pero de esto no se puede inferir que una causa pueda ser la implementación del NCPP, puesto que en Lima, donde no rige aun en NCPP, el incremento de los delitos ha sido mayor entre el 2012 y el 2014 que en el promedio nacional. 

Pero el propio Costa recoge el índice del INEI, que trabaja con un número de encuestados mucho mayor (alrededor de 50 mil), que registra más bien una reducción de la victimización por delincuencia a nivel de Lima y del país. Por lo tanto, tampoco sería posible, inversamente, atribuir esa mejora a la implantación del NCPP, puesto que dicha mejora se dio también en Lima, donde aún no está vigente.  

Por departamentos, lo que vemos es que el porcentaje de población víctima de algún hecho delictivo ha caído, según el INEI, en una proporción algo mayor en departamentos en los que se viene aplicando el NCPP desde el 2007 (La Libertad), 2008 (Arequipa) y 2009 (Lambayeque), que en lima, donde aún no se aplica esté código. Del 2010 al 2014 la caída es de -12.1% en La Libertad, de -7.2 en Arequipa, de -5% en Lambayeque y de -0.5% en Lima (Cuadro 24 del informe “Victimización en el Perú: 2010-2014”, INEI, julio 2015). 

Fuente: INEI, elaboración propia

¿Significa esto que el NCPP ha tenido una influencia en esos mejores resultados? Contradiciendo las encuestas victimización, sin embargo, el INEI ofrece también una estadística de “casos registrados”, cuya fuente es el Ministerio de Interior, que revela más bien un incremento apreciable del número de delitos registrados entre el 2006 y el 2013. Se ha pasado entre esos años de 153,055 a 268,018 delitos en total. Pero no sabemos cuánto de esto expresa un incremento real o solo una mejora en la capacidad de registro de la Policía. En todo caso, tampoco es congruente con el porcentaje de personas que denuncia los delitos que ha sufrido, que mas bien ha bajado entre el 2010 y el 2014 de 15.6% a 13.8% (INEI). En todo caso, lo que llama la atención acá es el porcentaje tan bajo de delitos que son denunciados, lo que habla acerca de una desconfianza muy grande frente a la policía y al sistema de justicia en general.

En suma, pese a los elementos contradictorios, lo que parece estar prevaleciendo, si nos guiamos por la encuesta de victimización del INEI, es que en las ciudades donde se ha aplicado en NCPP desde el 2009 o antes, la delincuencia se habría reducido en alguna mayor proporción que en Lima, donde todavía rige el código del 40. Pero, ¿se puede atribuir eso al NCPP? Parece muy difícil de probar.

En todo caso, lo contrario –parcialmente- es lo que parece observarse si vemos ya no victimización sino la tasa de homicidios por 100 mil habitantes. Según el informe del INEI “Homicidios en el Perú 2011-2014”, lo hay enormes disparidades. La tasa nacional es 6.7, una de las más bajas de América Latina. Pero, como vemos en el gráfico siguiente, hay ciudades en las que es mucho más alta:

Lo que notamos es que la mayor parte de las ciudades que están los diez primeros lugares, con tasas de homicidios bastante por encima del promedio nacional, pertenecen a distritos judiciales que implementaron el NCPP el 2009 o antes (Tumbes, Cañete, Barranca, Pisco, Trujillo, Huacho, Sullana, Juliaca), mientras en Lima Metropolitana, donde no se había implementado dicho código el 2014, la tasa esa inferior al promedio nacional. Sin embargo, también vemos ciudades como Arequipa y Tacna (y Moquegua) que implantaron en NCPP el 2008 y tienen tasas de homicidio bajas. Chiclayo y Piura, que lo adoptaron el 2009, tienen tasas algo más altas que el promedio nacional pero menores a los casos más agudos.  En todo caso, no tenemos la tasa de homicidios anterior a la aplicación del NCPP en todas estas ciudades, de modo que todo este análisis es muy precario, y es obvio que las causas de una tasa muy alta pueden ser múltiples, influidas por fenómenos que desborden la capacidad de cualquier código procesal penal. De todos modos, cabe explorar si hay alguna relación causal entre los hechos de que la mayor parte de las ciudades con muy alta tasa de homicidios tengan el NCPP desde el 2009 o antes.  

Las críticas de la Policía

Lo que si constatamos es que la Policía no está contenta con el NCPP. Por supuesto, parte de su desazón obedece a que dentro del nuevo esquema tiene menos poder. Está sujeta al fiscal, y su atestado ya no incrimina ni sirve para presentar cargos legales, lo que le quita de las manos un instrumento que eventualmente fue usado para canjear impunidad por pagos.    

Pero es posible que el rebalanceo de atribuciones entre la policía y el Ministerio Público, propio del nuevo esquema, haya trasladado el centro de gravedad excesivamente hacia los fiscales, dejando a la Policía casi atada de manos por un lado, y con el riesgo de que el foco de corrupción haya pasado ahora a las fiscalías en la medida en que no tienen un contrapeso en la policía que pueda llevar a cabo un control horizontal.

Veamos. La primera queja de la Policía Nacional es que no participó en la elaboración del proyecto del Nuevo Código Procesal Penal, de modo que este no tomó en cuenta el conocimiento y la experiencia profesional de la Policía  en los temas de prevención e investigación. “Nosotros somos los profesionales de la investigación; por lo tanto, debió convocársenos”, afirman.

La segunda queja, derivada de la anterior, se refiere precisamente al tema del atestado. En el NCPP ya no hay atestado, sino “informe policial”. Según Cesar Azabache, conforme al código de 1940 el “atestado” establece  conclusiones que autorizan a la policía a cargos legales contra los investigados. En el NCPP el “informe policial” no formula cargos legales, sino solo resultados de investigación. Efectivamente, el artículo 332 del NCPP establece que el informe policial contendrá los antecedentes, la relación de las diligencias efectuadas y el análisis de los hechos investigados, “absteniéndose de calificarlos jurídicamente y de imputar responsabilidades”.

Pero el general Fernando Aliaga, autor de un libro sobre el NCPP, sostiene que es un error que el “informe policial” no pueda calificar jurídicamente los hechos investigados ni imputar responsabilidades, porque el policía “debe estar en condiciones de reconocer si el hecho denunciado o que conoce de manera directa es un delito, una falta, una infracción o una contravención administrativa”, precisamente para orientar su investigación, realizar sus notificaciones e interrogatorios, pues no se investiga a ciegas (p. 40). Por lo tanto, el Código debe permitir al policía realizar calificaciones e imputaciones jurídicas que sirvan para orientar su actuación policial, pero –en esto sí concede- “que tengan naturaleza preliminar, que no sean vinculantes para otros actores del proceso que tienen la responsabilidad directa de realizar la calificación e imputación jurídica definitiva”. Quizá allí esté el término medio adecuado.

Carlos Zoe  Vásquez aclara que la policía si puede formular “hipótesis” en su informe, que sirvan para guiar su trabajo, pero no debe calificar jurídicamente los hechos. La hipótesis se refiere a los elementos fácticos, no a los jurídicos. El fiscal Jorge Rosas Yataco, encargado de coordinar la implementación del NCPP en el Ministerio Público, reconoce que hay países, como España, en los que se mantiene el “atestado” policial con sus características propias, pese al cambio de modelo procesal, pero advierte que en el Perú el problema es que hay corrupción en la Policía y que ésta tampoco es especializada, y por lo tanto es arriesgado darle poder jurídico conclusivo al atestado policial.

Ambigüedad en definición de la “conducción de la investigación” por parte del Fiscal

Pero un problema más de fondo tiene que ver con la delimitación de roles entre los fiscales y policías, derivado de una cierta ambigüedad acerca de lo que significa que sea el fiscal quien “conduce” la investigación del delito. Al respecto, la Constitución Política del Perú establece lo siguiente:

Artículo 159°.- Corresponde al Ministerio Público:

4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.

Artículo 166°.- La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.

Según Jorge Rosas Yataco, el fiscal conduce la investigación desde el punto de vista de su arreglo a derecho. Su conducción es jurídica, no criminalística. Carlos Zoe Vasquez explica que le corresponde al Ministerio Público dirigir la investigación de cara al proceso penal, no para prevenir o enfrentarse al delincuente, sino para lograr la respuesta del Estado en un proceso penal. Es decir, determinar qué pericias o pruebas necesita para probar, por ejemplo un homicidio. “Conducir la investigación no significa que el fiscal le diga al policía cómo se hace una pericia balística, una necropsia, una prueba de absorción atómica, o una pericia química de drogas, etc.”, sino cuales son los elementos necesarios que debe recabarse para que se pruebe su hipótesis jurídica.

Pero el asunto no es tan claro. El NCPP establece, sí, que el Ministerio Público (MP) “conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional” (Art. IV, 2), pero el inciso 4 del art. 65 estipula que “El fiscal decide la estrategia de la investigación adecuada al caso”, lo que va más allá del control jurídico e incursiona en el terreno de la investigación criminal y la criminalística, algo para lo cual, dicho sea de paso,  los fiscales no están preparados según Jorge Rosas Yataco.

Pero la confusión va más allá, porque en el mismo artículo en el que se establece que el MP conduce y controla jurídicamente los actos de investigación, se indica que los fiscales también pueden realizar actos de investigación por sí mismos, al mismo nivel que la Policía. Lo que queda consagrado en el artículo 61, que establece las atribuciones y obligaciones del Ministerio Público, cuyo inciso 2 precisa que el MP “Conduce la investigación Preparatoria. Practicará u ordenará practicar los actos de investigación que correspondan…”. Es decir, el fiscal también puede investigar por su cuenta (ver además el art. 65, inc. 2 y 4; 68, 330 inc. 1; 331 inc. 2 y otros).

Así, un informe de la Policía del año 2008 sobre los “nudos críticos en la relación Policía Nacional y Ministerio Público”, señalaba que los fiscales confunden la conducción jurídica con la conducción operativa de la investigación del delito. “Ello origina que algunos fiscales dispongan, sin conocerlos, sobre los métodos, las técnicas y los procedimientos policiales que el personal PNP debe desarrollar en sus investigaciones”.   

Según Jorge Rosas Yataco, los fiscales saben que son los policías los que deben investigar, pero hay ciertos casos simples en los que lo lógico y natural es que el fiscal investigue directamente: por ejemplo, el giro de un cheque sin fondos. Allí basta con la declaración de afectado y con llamar al denunciado para procurar un acuerdo reparatorio. En un caso como ese no se necesita mayor investigación. O cuando una mujer denuncia por acoso a su expareja, que la persigue, la amenaza, no la deja tranquila, etc. Allí basta con que el fiscal cite al denunciado, por ejemplo. Lo que el fiscal no puede investigar es, por ejemplo, para ir al otro extremo, un homicidio. Es un asunto de sentido común.

Pero ya sabemos que el sentido común es el menos común de los sentidos. El art. 65, inc. 1, establece que “…el Ministerio Público y la Policía Nacional deben cooperar y actuar de forma conjunta y coordinada, debiendo diseñar protocolos de actuación…”. Lo que ocurre, en la práctica, es que por lo general no hay un trabajo coordinado entre policías y fiscales, o este depende de la capacidad de los actores de tener una actitud horizontal, cooperativa, desprendida, desprovista de celos. La policía se ha quejado de que muchos fiscales actúan con prepotencia o soberbia o que no respetan el orden jerárquico de la PNP pasando por encima del  comisario para dar órdenes directamente al subalterno, o que simplemente no compartan información, por ejemplo.

Policía con poca autonomía

Pero lo más grave, desde el punto de vista de la policía, es que el NCPP ata de manos a la policía. El general Fernando Aliaga lo pone así: la policía con frecuencia debe actuar de manera inmediata sin esperar la orden del fiscal y sin consideración de horarios o feriados, para evitar la fuga del delincuente o la desaparición de pruebas, por ejemplo. En ese sentido, afirma, la investigación criminal “no puede estar limitada por una formalidad absurda de no poder actuar por propia iniciativa y tener que esperar la orden del fiscal para que pueda hacer lo que es propio de su función” (p. 34).

Pero la Policía sí tiene cierta iniciativa propia. El art. 67 de NCPP establece que “la Policía Nacional en cumplimiento de sus funciones debe, por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal”.

Pero, según el general Aliaga, el problema de este artículo es que limita la iniciativa propia de la policía a las diligencias de “urgencia e imprescindibles”, cuando el 99% no son ni urgentes ni imprescindibles pero sí son necesarias y se pierde mucho tiempo esperando la orden del fiscal. Por ejemplo, si una vivienda es robada y el propietario se percata recién por la mañana y llama a la policía, esta ya no puede practicar en la casa ninguna diligencia porque ello no es urgente ni imprescindible, y debe esperar a que llegue el fiscal.

El informe policial sobre los nudos críticos arriba citado señala, por ejemplo, que los fiscales que son informados por el personal PNP de la intervención o detención de personas implicadas en hechos dolosos, dan la orden de no tomar las declaraciones hasta que se apersonen, lo que puede demorar hasta 8 horas, limitando la investigación que pueda practicar la PNP dentro de las 24 horas antes de entregar al detenido. Algo absurdo.

En otros casos los Fiscales disponen que los intervenidos sean trasladados a las dependencias de las Fiscalías “para que allí los fiscales procedan a la toma de manifestaciones, incluso al personal policial interviniente, haciéndolos esperar durante largas horas en similares condiciones que los detenidos…”. Todo esto es muy ineficiente y afecta la disponibilidad de efectivos policiales para otras tareas.

Con frecuencia ocurre que puede ser necesaria una intervención a las 2 o 3 de la mañana y el fiscal tiene el celular apagado. Se pierden oportunidades. En Huaraz, por ejemplo, se ha dispuesto que fiscales pernocten en local del MP para estar siempre listos (Rosas Yataco). O es de día y el fiscal no responde porque –dice- está en una diligencia.  Los fiscales tienen la queja recíproca. Algo similar ocurre con los jueces.

Pero ese no es el único problema. Según el general Aliaga, algo aun más grave ocurre cuando el fiscal le pide al policía que le pase “todo lo actuado”, ya a partir de ese momento el policía en la práctica no puede seguir investigando, porque ya no dispone de las pericias, documentos, escuchas, etc., que le permitan buscar más información o guiar un interrogatorio. Y con frecuencia ocurre que el fiscal, ya dueño de “todo lo actuado”, no sigue investigando, se pasa el tiempo y al final todo queda en nada o sencillamente el caso se archiva. Al parecer, un cierto porcentaje de archivos obedecería a pagos efectuados por los denunciados, y dado que la policía carece de autonomía para investigar, no tiene cómo contrapesar eventuales actos de corrupción que puedan estar detrás de los archivamientos. En otras palabras, el foco de la corrupción se ha trasladado del “atestado policial” a la acusación (o archivo) fiscal, sin que haya los contrapesos necesarios entre el MP y la PNP.

También ocurre que los fiscales no comparten información. Por ejemplo, cuando la policía pide una interceptación telefónica que es tramitada por la fiscalía, el resultado de esa interceptación es enviado al fiscal pero éste no lo comparte. Y por lo tanto la policía no puede seguir investigando.  

Por su parte, el informe policial sobre los nudos críticos concluye que el NCPP reduce la labor de investigación de la PNP “a solo realizar diligencias preliminares y actos de investigación, más no a la investigación del delito, que es un proceso metodológico técnico-científico para el cual está formado, capacitado y especializado”.

Dicho informe cuestiona también el hecho de que las admisiones de culpabilidad de los intervenidos dadas ante la Policía Nacional no tengan valor si no se han dado ante un Fiscal, pues –explica- “el mejor momento para obtener la confesión verdadera de un intervenido es en los instantes siguientes a su intervención y no después de un tiempo, en que ya puede generar una coartada para salvar sus responsabilidades”. En este caso –agrega el informe- bastaría con exigir a la Policía que garantice la idoneidad del acto mediante una filmación, testigos o la presencia del abogado defensor, que resultaría dando más garantías al detenido que el propio Fiscal.

Otra queja policial tiene que ver con la “flagrancia de las 24 horas” o llamada también “flagrancia presunta”. Como sabemos, la policía solo puede detener a alguien con orden del juez, salvo que sea en flagrancia. El problema se plantea con la flagrancia de 24 horas, en la que el ladrón no es sorprendido cometiendo el robo sino que es capturado dentro de las 24 horas. Ocurre, según el art. 259, inc. 4, cuando “el agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso”. El informe policial arriba mencionado se queja de que la Policía captura al supuesto delincuente y el fiscal dispone su libertad inmediata, antes del plazo de detención preliminar de 24 horas. Según Rosas Yataco el fiscal obra así cuando no hay prueba de que el detenido sea quien cometió el delito. Tiene que haber testigos o cámaras de vigilancia o alguna clase de evidencia, porque puede ocurrir, como ocurre con frecuencia según Carlos Zoe Vasquez, que la policía atrapa al supuesto ladrón con los efectos robados (televisores, máquinas, equipos, etc.) pero resulta que el atrapado no es el ladrón sino el receptador o reducidor.

En lo que si parecería haber más acuerdo es que el periodo de detención de 24 horas para investigación, luego de capturado el delincuente, antes de entregarlo al juez, es demasiado corto para los delitos de robo agravado, cometidos por bandas. Se pide 36 horas, como es en Colombia o España por ejemplo, a fin de poder armar un informe policial suficiente.

Mala coordinación y protocolos

Ahora bien, algunas de estas deficiencias podrían subsanarse si hubiese una buena coordinación, un genuino trabajo en equipo entre fiscales y policías. Pero esto no suele ocurrir, aunque ya se ha avanzado en la elaboración de algunos protocolos de actuación conjunta.

Una evaluación de la implementación del NCPP realizada por el Ministerio de Economía –a fin de saber si tenía sentido seguir asignando fondos a ese programa-, publicada el 2013 en la página web del MEF, concluía que “La actuación conjunta en investigación del delito entre fiscales y policías es deficiente y arroja resultados limitados. No se ha llevado a cabo el suficiente desarrollo organizacional y operativo en el Ministerio Público y PNP (p. ej. no se ha implementado la instancia de coordinación prevista en el art. 333° del NCPP)”. Hasta el momento de escribir esto (fines de octubre 2015), la Policía Nacional no había implementado una Secretaría Técnica de Implementación del NCPP, cosa que si habían hecho el Ministerio Público y el Poder Judicial.

No obstante, luego de aquella evaluación, la Secretaría Técnica de la Comisión de Implementación del NCPP armó unos equipos interinstitucionales que elaboraron 16 protocoles, aprobados mediante DS 003-2014-jus, siete de los cuales se refieren a las relaciones de trabajo entre Policía y el Ministerio Público: protocolo general de trabajo y coordinación entre Ministerio Público y Policía; protocolo de control de identidad policial; de intervención en flagrancia y garantía de derechos; de protección, aislamiento, procesamiento y cierre de la escena del delito; de registro personal e incautación: de reconocimiento de personas, fotografías y cosas; de inspección judicial y reconstrucción; y un Manual para el desarrollo del plan de investigación.

Pero según el ex fiscal Jorge Rosas estos protocolos son aun algo generales o de principios más que realmente operativos, y por eso en el Ministerio Público  están trabajando en propuestas de protocolos más aterrizados para coordinarlas con la Policía. Refiere que en Trujillo la Policía y el Ministerio Público sí  trabajaron unos protocolos prácticos: qué diligencias realizar para el caso de robo agravado, etc., pero acá en Lima formaron una comisión sin que se estuviera aplicando el NCPP, integrada por gente que no lo estaba aplicando. Carlos Zoe Vasquez replica, sin embargo, que los policías, fiscales,  jueces y defensores públicos que trabajaron en dichos protocolos en Trujillo si participaron en la redacción del manual de coordinación interinstitucional que hoy existe. Lo que se necesita –agrega- es mayor capacitación en ese manual.

Por lo demás, a juicio de Rosas Yataco aquí el problema principal es uno de personas. “Yo, cuando era fiscal,  nunca he tenido problema con la Policía. Pero hay fiscales que actúan con cierta prepotencia o son arbitrarios. Es un asunto de formas: hay que saludar, ser respetuoso”.

Los juzgados de flagrancia

En estos días (fines de octubre 2015) se está reuniendo una comisión interinstitucional con la misión de elaborar los protocolos para poner en marcha el “proceso inmediato” que debe aplicarse en todo el país hacia finales del 2015 en los “juzgados de flagrancia”, que deberán sentenciar en menos de 15 días los casos de delitos flagrantes (en el marco del NCPP). La promesa de este sistema es que permitirá juzgar mucho más rápidamente estos casos. Procesos que tomaban hasta un año, se resolverán en 15 días. La idea es reducir la sensación de impunidad y disminuir los linchamientos. “Chapa tu choro y llévalo al juzgado de flagracia”, grafica el juez superior Bonifacio Meneses.

Estos juzgados de flagrancia fueron establecidos por el Decreto Legislativo N° 1194 publicado el 30 de agosto de 2015, elaborado a partir de una experiencia piloto en el distrito judicial de Tumbes, donde los primeros cuatro casos se resolvieron en menos de 24 horas según el Dr. Victor Ticona, presidente del Poder Judicial, y donde su aplicación ha tenido un carácter disuasivo porque desde que se implementó bajó el número de detenidos. Es decir, apenas se sabe que puede haber castigo inmediato y no impunidad, baja el número de delitos. Es el caso, por ejemplo, de los conductores en estado de ebriedad, los micro-comercializadores de droga, los raqueteros y ladrones entre otros.

El problema es que para que el “proceso inmediato” funcione y sentencie en segunda instancia en menos de 15 días, se requiere, en los casos de ebriedad y droga, por ejemplo, que haya laboratorios que permitan aplicar exámenes de alcoholemia o reactivos químicos para ver si la sustancia incautada es droga o no. Y en la mayor parte de las ciudades no los hay. Según Rosas, en provincias se cometen muchos delitos por conducir en estado ebriedad y por violación sexual. Pero en Huancavelica, por ejemplo, el dosaje etílico se demora como mínimo tres días, porque se hace en Huancayo. En Piura una pericia química de drogas de demora un mes porque tiene que hacerse en Lima.

Y, en general, se requiere capacitación, más personal porque hay que atender las 24 horas, y más computadoras (aunque podría haber fiscales disponibles si es que hubiese un sistema de evaluación de metas de producción). Todo esto cuesta alrededor de 30 millones de soles según el juez superior Meneses, nombrado coordinador nacional de los juzgados de flagrancia por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, pero el  MEF no los ha dado. De modo que lo único que se está avanzando son los protocolos de actuación y habrá algo de capacitación. En esas condiciones, los Juzgados de flagrancia funcionarán para los casos que no requieran una pericia: alimentos, lesiones, hurtos y robos incluso agravados si es que no se necesita comprobar huellas, por ejemplo. Lo demás queda en veremos. Una lástima, porque esta es una medida que podría generar un cambio de impacto en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

En Lima, esto debería implementarse junto con una distritalización de la justicia penal, trasladando a las municipalidades o comisarías fiscales y jueces y habilitando pequeñas carceletas para hacer posible penas de cárcel cortas, de días o semanas, para los delitos menores o flagrantes. El Ministerio Público ha comenzado a hacerlo en Miraflores, cuya municipalidad ha donado el local al que se han trasladado ya dos fiscales. Faltaría un juez y una carceleta. La idea es que otras municipalidades hagan lo mismo. Hay seis de ellas que están en conversaciones con el MP.  

En Puerto Rico, por ejemplo, los procesos de flagrancia se desarrollan en la propia comisaría, donde hay un ambiente especial para ello. Allí están el fiscal y el juez. El Fiscal le pregunta primero a la víctima, luego al policía y luego a los demás. Una cámara graba todo. Al final levanta un acta. A partir de allí el Fiscal tiene 15 días para acusar y llevar al acusado a juicio oral. En menos de un mes el caso está resuelto. De esa manera se redujeron apreciablemente los delitos comunes. 

Falta de laboratorios

Una de las razones que estarían detrás del porcentaje relativamente alto de archivamiento (57%), es la falta de laboratorios, pese a la disponibilidad de recursos. Según Carlos Zoe Vasquez, en el Ministerio del Interior hay, desde el 2009, 17 proyectos de inversión pública con SNIP, declarados viables, para adquirir e instalar laboratorios de criminalística a nivel nacional,  pero el nivel de ejecución ha sido nulo hasta la fecha.

Quizá algo que haya contribuido a tamaña negligencia haya sido el poder jurídico que tenían los atestados policiales: evidentemente, la disponibilidad de laboratorios para reunir pruebas, reduce la discrecionalidad corruptible. Fue un gran acontecimiento que hace un par de años se instalaran por fin, en Lima, gracias a un convenio con Canadá, dos laboratorios importantes, uno para identificación de huellas digitales (AFIS) y otro de identificación balística (IBIS). Hay, además, un laboratorio en Arequipa.

Ahora, sin embargo, existe un clamor por instalar laboratorios en todo el país y por recuperar la capacidad de investigación de la policía nacional. La ausencia de laboratorios lleva a la ausencia de pruebas, y esta ha sido una de las causas por las que los fiscales no acusan o archivan los casos, lo que ha dado pie a la crítica en el sentido de que con el nuevo código procesal penal la impunidad se ha incrementado. De todas maneras, la falta de laboratorios es suplida parcialmente con la contratación de laboratorios privados.

Limitada capacidad de investigación de la policía

Otra causa del nivel relativamente alto de archivamiento, es la falta de policías de investigación. La evaluación de la implementación del NCPP contratada por el MEF, arriba citada, establece que “el problema principal radica en la limitada capacidad para la investigación del delito relacionada a la insuficiencia de recursos materiales y de grupos operativos especializados y permanentes. Además, en cada Distrito Judicial, las unidades especializadas de investigación (DIVINCRI, DIVICAJ) dependen del comando territorial (DIRTEPOL), por lo cual sus delicadas y complejas tareas se ven constantemente afectadas por la priorización de labores de prevención y orden público (P. 14).

Política de Estado gestionada-coordinada desde el Ejecutivo

Ahora bien, no podemos dejar de resaltar la importancia que tiene el hecho de que el complejo proceso de implementación del NCPP haya sido conducido desde su inicio por una Comisión de Implementación integrada por el presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el ministro del Interior, el de Justicia y el de Economía y Finanzas (el 2015, por ejemplo, esta alta comisión se reunió en dos ocasiones). Y que esa Comisión tiene una Secretaría Técnica asentada en el Ministerio de Justicia, que es la que prepara directivas y normas y lleva a cabo el seguimiento del proceso. La importancia de esto radica en que, más allá de las deficiencias y demoras,  por primera vez vemos el desarrollo de una reforma del sistema judicial monitoreada y en alguna medida impulsada desde el Poder Ejecutivo, lo que revela que es posible contribuir a generar un cambio en el sistema judicial desde el gobierno. Por de pronto, podríamos pensar en ampliar el ámbito de esta Comisión para que se encargue de promover el cambio hacia la oralización de los procesos ya no solo en lo relativo a lo penal, como está ocurriendo, sino a lo civil, comercial, familiar, laboral y contencioso administrativo. Es decir, una reforma integral del Poder Judicial.  

La implementación del NCPP se convirtió, así, en una política de Estado que ha merecido una cierta dedicación presupuestal específica: desde el 2006 hasta el 2014 recibió 1,500 millones de soles. Es un Presupuesto por Resultados. Por eso el 2012 el MEF pidió una evaluación del programa para ver si valía la pena seguir invirtiendo en él. Ya hemos recogido algunas de sus conclusiones en las páginas anteriores. En lo esencial condicionó la entrega de más dinero en el presupuesto nacional a que se corrigieran 17 procesos deficientes identificados. Frente a eso, explica Carlos Zoe Vasquez, secretario técnico de la Comisión, la Comisión elaboró un “plan de consolidación” que se ha venido aplicando y que ha permitido levantar las recomendaciones del MEF.  En ese sentido, por ejemplo, los últimos cuatro distritos judiciales que adoptaron el NCPP, Junín, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, lo hicieron elaborando, entre todos los actores locales (MP, PJ, PNP, MINJUS) planes estratégicos multisectoriales de implementación, con metas de liquidación de los juicios remanentes del código del 40, etc. (porque lo que ocurría es que esos juicios no terminaban nunca distrayendo muchos fiscales). Y ya todos los distritos judiciales de Lima han hecho sus planes estratégicos y de descarga previa para que los fiscales y jueces pasen al NCPP, pero lamentablemente el MEF solo ha podido asignar recursos en el presupuesto del 2016 para el DJ de Ventanilla.

El MEF evaluó el funcionamiento de la propia Comisión de Implementación (CEICPP) misma y su Secretaría Técnica, y concluyó que poseía  “insuficiente capacidad organizacional… para ejercer la función de dirección y rectoría de la IPE (Intervención Pública Evaluada). En algunos casos, el NCPP establece qué hacer pero no precisa cómo, por lo cual cada institución aborda algunos aspectos con su propio criterio afectando a las demás. Tampoco están explícitos los procesos y mecanismos a través de los cuales la CEICPP, los ETI y los CDI (Comisión Distrital de Implementación) ejercen sus funciones y se interrelacionan entre sí”. Recomienda, por supuesto, fortalecer la Comisión y establecer los órganos y canales de coordinación.

Frente a eso, “se elaboró y aprobó un nuevo reglamento de la Comisión Especial de Implementación (Decreto Supremo N° 003-2014-JUS), dotándole de mayores facultades y capacidad de articulación a la Comisión, asignándole mayores funciones a la Secretaría Técnica de la Comisión, y empoderando a las Comisiones Distritales de Implementación, quienes trabajan articuladamente con la Secretaría Técnica y Equipos Técnicos Institucionales” (Carlos Zoe Vasquez).

Pero un instrumento indispensable para el seguimiento y conducción del proceso, es la información. Y lo que el informe encuentra es que “La IPE no cuenta con un sistema de información integrado”.  No obstante, en el año 2011, la Secretaría Técnica publicó “Informe Estadístico Nacional 2006-2010”, y luego, el 2014, el “II Informe estadístico Nacional”, algunos de cuyos datos hemos usado en este trabajo. Sin embargo, la evaluación del MEF registra como problema la “Insuficiente información que permita a la CEICPP realizar adecuadamente las labores de seguimiento y evaluación”, y recomienda “Desarrollar un sistema de información integrado para la gestión por resultados, que sea usado para tomar decisiones de gestión institucional y sistémica en todos los Distritos Judiciales. Permitirá cuantificar el número de personas atendidas, además de los casos ingresados al SJP, y estimar indicadores de cobertura”

Problemas de gestión, información, estándares y metas

Porque lo que no hay es información suficiente para medir estándares de producción y fijar metas. No se sabe, por lo tanto, cuán ociosos puedan estar los recursos humanos. Al comienzo habíamos anotado que existe una tendencia decreciente en el porcentaje de casos resueltos cada año (de más de 90% a un 70%) y un incremento del tiempo promedio de duración de los procesos. Aparentemente esto tendría que ver con el incremento de la carga en circunstancias en las que no existe una buena programación de audiencias ni del tiempo que ellas deben demorar ni un sistema de evaluación de metas de producción.

En efecto, no existen metas de producción en términos del número de audiencias que cada juez o fiscal debería llevar a cabo por día o por mes. En el caso de los fiscales lo que hay es un registro no de la cantidad de audiencias, sino del número de casos que resuelven, pero esto, según la evaluación contratada por el MEF,  “promueve que aquellos prioricen la “atención” de casos simples o leves en detrimento de los casos graves o complejos” para así aparecer con un número alto de casos resueltos. La evaluación recomienda, como en el caso del “Expediente equivalente” que discutimos a propósito del Poder Judicial, “incorporar elementos cualitativos al seguimiento del desempeño de los fiscales y promocionar la especialización de fiscales según la naturaleza del delito”.

Otro tema, vinculado al anterior, es el manejo de las audiencias. Estas no tienen límite de tiempo y tampoco existen protocolos para que el juez corte una intervención cuando se extiende demasiado o repite los argumentos solo para dilatar.

Ocurre también que muchas audiencias se suspenden por ausencia del fiscal o del abogado (por errores en las notificaciones, por ejemplo), y deben ser reprogramadas, porque la agenda del Poder Judicial no está coordinada con la de la fiscalía y se producen cruces. No hay interoperabilidad entre los sistemas. Lo dice la propia evaluación contratada por el MEF: “Las audiencias presentan significativas demoras para su realización y altos niveles de frustración, aunque en grados variables según el Distrito Judicial”. Y recomienda “promover la definición e implementación de un sistema de gestión de audiencias estandarizado en las Cortes Superiores de Justicia”.

Según Jorge Rosas Yataco, hay audiencias que se  programan para dentro de 8 meses. El NCPP no les fija plazo. Cuando pasa tanto tiempo, ocurre que los testigos ya no quieren acudir o la propia víctima pierde eventualmente interés.

Se dice que faltan fiscales y jueces, pero primero habría que arreglar los problemas de programación y reprogramación de audiencias, los tiempos que insumen y el cumplimiento de metas de producción de audiencias por juez y fiscal, para ver si realmente existe un déficit del número de magistrados.  

Escribalidad y capacitación

Por último, está el problema de la calidad de los magistrados, de su capacidad de moverse en un sistema oral. Ya lo hemos visto en el capítulo dedicado al Poder Judicial: muchos jueces y fiscales tienen problemas para tipificar los delitos adecuadamente y sustentar, por ejemplo, la duración de una pena. Pero, además, les cuesta sustentar oralmente sus posiciones. Muchos fiscales tienen serias dificultades para acusar oralmente y los jueces están acostumbrados a hacer leer sentencias farragosas escritas por auxiliares y no pueden escuchar a las partes y luego pronunciarse oralmente. Según Carlos Zoe Vasquez, en los casos sencillos, lo normal es que los jueces resuelvan de manera oral e inmediata, pero es frecuente que no puedan hacerlo y entonces se reserven para formular luego una sentencia por escrito. En los casos más complejos, que requieren más dogmática jurídica, los resuelven siempre por escrito, pero ateniéndose, se supone, a determinados plazos.

Como decíamos al principio, en Chile, el nuevo código procesal penal se implementó cesando a todos los jueces procedentes del código anterior reemplazándoles por jueces nuevos, jóvenes, más adaptables. En el Perú, como hemos visto en el acápite anterior, ni siquiera existe un sistema de evaluación del desempeño que permita reubicar o retirar a un juez o un fiscal que no reúne las condiciones necesarias para desempeñarse bien en el nuevo código. En esto el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no ayuda. Según Jorge Rosas Yataco, el CNM, al evaluar y ratificar o no a los magistrados cada siete años, no toma examen de oratoria ni observa el desempeño del magistrado en una audiencia. Le pregunta sobre teoría constitucional, legal, etc., pero no sobre su desempeño práctico, sobre la estrategia del manejo de audiencia, por ejemplo.

Y los nuevos jueces o fiscales que se ha incorporado para atender la mayor demanda del NCPP son abogados jóvenes preparados en derecho civil más que penal, de modo que desconocen teoría del delito. Tienen que ser capacitados.

No obstante, el secretario técnico de la Comisión de Implementación del NCPP, Carlos Zoe Vasquez, afirma que en los últimos 3 años se ha capacitado a 15 mil operadores del nuevo sistema. Es decir, que sí se ha dado suficiente capacitación, aunque no existen cursos de manejo de audiencias, por ejemplo. El problema está en las deficiencias originarias de formación y en la escribalidad ya mencionada de los antiguos fiscales y jueces. El ex presidente de la Corte Suprema, Enrique Mendoza, sostiene, sin embargo, que se va avanzando y ya hay distritos judiciales en los que los fiscales han aprendido a acusar mejor.

Conclusión

Lo interesante y novedoso desde el punto de vista de los procesos de reforma institucional en el Perú, es que la aplicación del NCPP es monitoreada con relativo éxito desde una Secretaría en el Ministerio de Justicia (que tiene réplicas en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, aunque no en la Policía Nacional), que lleva a cabo un seguimiento de los avances y problemas en la implementación y propone soluciones a un proceso es complejo y que entraña un verdadero cambio cultural en varios sentidos. Lo que sugiere que una Secretaría de este tipo, más fortalecida y con un ámbito más amplio, podría impulsar la reforma del sistema judicial en su conjunto. Esta es una buena noticia.

Esta Secretaría de la Comisión de Implementación de NCPP, sin embargo, todavía no logra que las instituciones componentes del sistema establezcan estándares de producción de audiencias, sistemas de evaluación y cumplimiento de metas que permitan optimizar los recursos humanos, retirar a los magistrados no aptos y allanar las dificultades de coordinación.

Tampoco parece consciente de la necesidad de encontrar un mejor balance entre las atribuciones de la policía y las de los fiscales a fin de aprovechar el potencial del aporte policial en las investigaciones y neutralizar el hecho de que el centro de gravedad de la acusación, y por lo tanto de corrupción, se haya trasladado casi íntegramente a la fiscalía.

Recomendaciones:

  1. Rebalancear las atribuciones de la policía en relación a las de los fiscales. El Nuevo Código Procesal Penal debe permitir al policía realizar calificaciones jurídicas que sirvan para orientar su actuación policial, pero que no sean vinculantes para los fiscales.
  2. El Código debería dar más flexibilidad a la policía para poder actuar sin esperar la orden del fiscal cuando este no está disponible, dándole cuenta.
  3. La Policía también debería poder interrogar al detenido apenas es intervenido aunque el fiscal no esté presente, siempre y cuando esté el abogado defensor o haya testigos o el interrogatorio sea filmado.
  4. Extender a 36 el periodo de investigación policial para los casos de robo agravado cometidos por bandas. 
  5. Capacitar a los fiscales en investigación criminal y criminalística.
  6. Culminar la elaboración de protocolos más prácticos y específicos para mejorar la coordinación entre policías y fiscales.
  7. Financiar la instalación de laboratorios en todos los distritos judiciales cuando menos para las pruebas de alcoholemia y reactivos de drogas, para el cabal funcionamiento de los juzgados de flagrancia.
  8. La Policía Nacional debe crear un órgano de Implementación del NCPP.
  9. El Ministerio Público y el Poder Judicial deben establecer estándares y metas de producción en términos del número de audiencias que cada juez o fiscal debería llevar a cabo por día o por mes, y construir un sistema de “casos equivalentes” para evaluar su producción a fin de optimizar el uso de los recursos humanos y retirar o reubicar a los magistrados no aptos.
  10. El CNM debe tomar examen de oratoria y evaluar el desempeño de fiscales y jueces en las audiencias, a fin de ratificarlos o no.
  11. Normar los tiempos en las audiencias, capacitar a los jueces en su conducción e integrar las agendas del Poder Judicial y del Ministerio Público a fin de evitar la reprogramación de audiencias. Interoperabilidad de sistemas.
  12. Fortalecer y ampliar el ámbito de la Secretaría Técnica de la Comisión de Implementación del NCPP para impulsar la oralización del conjunto de especialidades del sistema de justicia y la reforma integral del Poder Judicial.

Bibliografía

  • Aliaga Lodtmann, Fernando: Nuevo Código Procesal penal, Estudio Preliminar, 2014
  • Costa, Gino y Carlos Romero: “Lima: ¿cómo hacerla más Segura”, Ciudad Nuestra, 2015
  • Decreto Legislativo Nº 957. “Nuevo Código Procesal Penal”
  • INEI: “Victimización en el Perú: 2010-2014”, 2015 en:

 http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1255/index.html

  • INEI: “Homicidios en el Perú 2011-2014, contándolos uno a uno”, 2015, en: 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1289/index.html

  • Ministerio de Economía y Finanzas: “Evaluación de Diseño y Ejecución Presupuestal – EDEP Implementación del Nuevo Código Procesal Penal”, 2013, en http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/eval_indep/2013_codigo_ procesal.pdf
  • Ministerio de Justicia: “Plan para la Consolidación de la Reforma Procesal penal y Protocolos de Actuación Interinstitucional”, en http://www.minjus.gob.pe/reforma-procesal-penal-documentos/
  • Ministerio de Justicia: “Protocolos de Trabajo Conjunto entre el Ministerio Público y Policía”, 2015.
  • Ministerio de Justicia: “Reforma Procesal Penal Peruana, II Informe Estadístico Nacional 2006-2013”, diciembre 2013
  • Policía Nacional del Perú:  “Nudos críticos en la relación Policía Nacional y Ministerio Público”, Informe, 2008

Entrevistas:

  • Aliaga, Fernando (General de la PNP)
  • Azabache, Cesar: abogado penalista
  • Mendoza, Enrique, ex presidente de la Corte Suprema
  • Meneses, Bonifacio, Fiscal Superior encargado de los juzgados de flagrancia
  • Rosas Yataco, Jorge, Secretario Técnico del Equipo Técnico de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal del Ministerio Público
  • Vasquez,  Carlos Zoe (Secretario Técnico  de la implementación del CODIGO procesal Penal, Política criminal y gracias presidenciales) L

 

 



 

 

 

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