Jaime de Althaus
Para Lampadia
Ha llamado a preocupación nacional la debilidad extrema del gobierno en sendos acuerdos firmados con los transportistas y con la comunidad nativa de Mayuriaga.
- Los transportistas que cometieron el delito de bloquear carreteras, fueron premiados con una reducción en el precio del diésel que llevará a todos los peruanos, según Elmer Cuba, a subsidiar a los transportistas con nuestros impuestos, fuera de permitirles no pagar algunos peajes durante cinco meses.
- Y la comunidad nativa que había cometido el gravísimo delito de sabotear el oleoducto, ha sido recompensada con una serie de beneficios, obras y promesas de servicios, a muchos de los cuales tendrían derecho, pero no luego de haber obturado el oleoducto.
Preocupación similar causan también algunas de las explicaciones del viceministro de Gobernanza, Raúl Molina, dadas el sábado pasado en El Comercio. Estrenó sus respuestas con una gran contradicción, muy elocuente: “Se les ha dicho (a las comunidades) que, si queremos desarrollo, debemos respetar la ley. Las comunidades amazónicas tienen innumerables brechas por atender, pero la forma de obtener atención del Estado no es vulnerando la ley o atentando contra la propiedad ajena”. Muy bien, pero acto seguido, en la misma oración, agrega: “Tampoco vamos a desatender a una comunidad porque realizaron una mala acción para obtener atención”. Es el reflejo exacto de lo que ha ocurrido.
Fiscalía y corte supra-provincial
Su justificación es que no han cedido al pedido de la comunidad de retirar las denuncias, que están en manos de la Fiscalía. “La fiscalía es independiente y el Ejecutivo no hará nada por vulnerar sus competencias. Tienen que hacer su trabajo”. Bueno, pero ya sabemos de sobra que no hacen su trabajo. Las fiscalías locales no acusan a los locales. Allí está el caso del bloqueo de la carretera en Fuerabamba, Apurímac, con estado de emergencia y todo. Los conocidos abogados que reinan en el corredor minero, profesionales de la extorsión, se han auto-incriminado varias veces, y ni la Policía ni el Ministerio Público son capaces de armarles un caso. Menos a los dirigentes.
¿Qué se espera para crear una fiscalía y una corte supra-provincial con sede en Lima para acusar y procesar en estos casos que no solo constituyen delito flagrante, sino que comprometen el desarrollo del país al bloquear la salida de mineral y de petróleo? El imperio de la ley es fundamental si queremos tener los recursos justamente para cerrar las brechas históricas en nuestro país. Alentar los actos de violencia como método para atender brechas lleva a la destrucción de toda posibilidad de resolverlas en el mediano y largo plazo.
Sí hay lesionados, y muchos
Molina defiende el diálogo aun en condiciones de extorsión con el siguiente argumento: “La prueba es que tengo poco más de 10 meses en el cargo y no ha habido ningún lesionado en conflictos. Nuestra premisa es buscar soluciones dialogadas hasta el final”. Por supuesto que hay que buscar siempre el diálogo, pero también la aplicación de la ley. Uno no puede ir sin la otra.
Pero aquí hay dos atingencias importantes. La primera es que no es cierto que no haya habido lesionados. Hace solo algo más de un mes, en Fuerabamba precisamente, los medios informaron que 12 policías fueron heridos y dos de ellos de gravedad, y el campamento policial incendiado. Y no se conoce de ningún procesado por esos hechos. No solo eso: según la Defensoría del Pueblo, el 2018 hubo 134 heridos y 5 muertos en los conflictos.
De acuerdo a estos cuadros, en los últimos diez meses de gestión del señor Molina hubo 84 heridos y 2 muertos en conflictos sociales. Pareciera que el problema de los conflictos no está en su radar ni en su escala de prioridades. De lo contrario habría notado el número de víctimas que producen.
Las mesas de diálogo producen más conflictos
La segunda atingencia es que la creación de mesas de diálogo para resolver conflictos, solo ha producido más conflictos. Por la sencilla razón de que el Estado peruano no ha sido capaz de cumplir con los compromisos adquiridos en esas mesas. Según el reporte Willaqniki N°01-2019 de la Secretaría de Gestión y Diálogo Social (SGDS), que pertenece justamente al viceministerio de Gobernanza, hay en la actualidad 112 mesas de diálogo en curso. Pero, como podemos ver, esas mesas y otras anteriores han producido 1,462 compromisos pendientes de cumplimiento, de los cuales 1,118 corresponden al Estado, principalmente a los distintos sectores del Ejecutivo.
Lo que ocurre es sencillamente que las mesas de diálogo se resuelven con compromisos que después el Estado no puede cumplir o se olvida de cumplir. Los sectores, por ejemplo, no colocan en el presupuesto del siguiente año los compromisos adquiridos, y el sistema de seguimiento de los compromisos, a cargo de la mencionada Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, no ha funcionado para asegurar su cumplimiento. El propio Molina lo reconoce en alguna medida: “Hay que firmar actas en procesos complejos como el de Mayuriaga, pero trabajamos para no firmar compromisos fuera de nuestro alcance. Las actas hoy son menos ambiciosas. Es mejor firmar varias actas progresivas que una enorme que no podamos cumplir”.
El problema es, efectivamente, que el incumplimiento por parte del Estado desata a su vez más conflictos, en un círculo vicioso:
Las mesas de diálogo se convierten en un recurso de última instancia cuando el conflicto ya ha estallado. Pero la cosa es aún más compleja. Muchas comunidades y dirigencias provocan conflictos para generar precisamente mesas de diálogo, porque se espera obtener a través de ellas de manera rápida lo que de otra manera tomaría todo el proceso presupuestal normal que tarda mucho tiempo. La mesa de diálogo es una suerte de fast track para obtener obras o servicios. Pero lo que ocurre es que para salir del problema el gobierno ofrece proyectos que luego no se ejecutan. Lo que a su vez provoca más conflictos.
De lo que se trata es de impedir que el conflicto estalle. Para eso se necesitaría no solo una SGDS capaz de montar un oportuno sistema de alerta temprana (tarea que el ministerio de Energía y Minas cumple mejor, dicho sea de paso), sino sobre todo un Estado capaz de estar presente para resolver los problemas y ofrecer servicios eficientes y desarrollo integral e integrado al mercado, de manera de prevenir que se gesten situaciones conflictivas. Es decir, no diálogos para resolver conflictos, sino una comunicación estructural permanente, un Estado internamente comunicado y conectado con la población.
Si las minas y el Estado se preocuparan por infundir tecnologías que aumenten la productividad rural, los campesinos no estarían golpeando a la mina para obtener beneficios, sino que estarían produciendo para el mercado y para la propia mina, convertidos en empresarios integrados a cadenas productivas dentro del mercado nacional.
No hay un alto funcionario coordinador
Y eso, un Estado presente y articulado, responsabilidad del propio viceministerio de Gobernanza de la PCM, no lo tenemos. Por ejemplo, en cada región minera debería haber un alto funcionario de la PCM asegurando la coordinación y la sinergia entre los sectores y entre los tres niveles de gobierno, con una visión territorial, para asegurar una acción coherente y oportuna del Estado en su conjunto. No existe tal cosa, como si la inversión minera no fuera vital para el crecimiento nacional.
No solo eso, resulta que la PCM efectivamente está creando este año 5 Agencias Regionales de Desarrollo para asegurar articulación intersectorial e intergubernamental, pero ¡en regiones no mineras!: La Libertad, Ayacucho, Tacna, San Martín y Piura. Como si no tuviera conciencia de la importancia estratégica de la minería para el desarrollo nacional.
El único que intenta jugar un papel coordinador en el terreno es el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que está creando unos llamados “Comités de Gestión e Información Minero Energético” en las regiones mineras para seguimiento de compromisos, información, buenas prácticas e impulsar proyectos de desarrollo y bienestar. Pero no tienen el empoderamiento de la PCM y carecen de capacidad de convocatoria.
El canon minero no funciona
Ahora bien, se extrañaría menos un Estado articulado y presente, si funcionara el canon minero. Pero no funciona. El canon no sólo no sirve para producir desarrollo integral en las zonas mineras, sino que genera gran corrupción y conflictos. Este es un caso de desperdicio absoluto de cuantiosos recursos. Mediante el canon minero el presupuesto nacional –el país- renuncia a disponer del 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras, para que sea invertido en el desarrollo de las comunidades y regiones donde están las minas. Esto, de paso, para que la población cercana a las explotaciones mineras perciba los beneficios que trae la minería. Pero eso no ha ocurrido.
El canon minero ha aportado a las regiones casi S/.40 mil millones entre 2000 y 2015, pero no ha producido desarrollo integral y, como podemos ver en los siguientes cuadros, la conflictividad ha subido junto con él.
Fuente: Sebastiao Mendonca Ferreira: Para reducir la Conflictividad Minera.
Publicación de Lampadia 2017
El problema está en el manejo de los recursos del Canon, a cargo principalmente de los alcaldes distritales cercanos a la mina y también, en segundo término, de los alcaldes provinciales del departamento y del gobierno regional. Los alcaldes distritales carecen de capacidad de ejecución y la gestión de esos recursos se vuelve muy corrupta. Muchos alcaldes distritales usufructuarios del canon están hoy en la cárcel.
Es hora entonces de sincerar esta situación y avanzar hacia una reforma seria del manejo de los recursos del canon. Este debe hacerse dentro de fórmulas institucionales que aseguren la ejecución de un plan serio de desarrollo rural y urbano integral que conecte eficientemente y de manera sostenible a los campesinos y pobladores urbanos con el mercado.
En ese sentido, el canon que produce cada empresa debería ser manejado por un organismo micro-regional o por un fideicomiso o por un PMO o por un esquema similar al que se aplicó para manejar las contribuciones voluntarias de la época de Alan García que luego Humala convirtió en gravámenes y derechos mineros que son captados a nivel central. Los alcaldes podrían integrar un directorio. Pero no se puede seguir soslayando irresponsablemente este tema.
Conclusión
En resumen, si queremos realmente prevenir los conflictos y lograr que la minería produzca el desarrollo de las regiones mineras y provea los recursos para el desarrollo nacional, necesitamos un Estado que coordine en el territorio, de servicios eficientes, use el canon para producir desarrollo integral, a la OEFA para garantizar equilibrio ambiental, y sea capaz de imponer la ley cuando hay delito.
Por supuesto, también necesitamos empresas mineras que expliquen bien sus procesos tecnológicos y fomentan integración de campesinos y economías locales al mercado aumentando su productividad. Es decir, que hagan desarrollo compartido. No es tan difícil.
Mientras nada de esto ocurra, seguiremos asistiendo a vergonzosas actas de solución de conflictos que premian la comisión de delitos, estimulando la violencia en el país. Lampadia
