Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Ya Lenin, hace cerca de 120 años, acuñó la frase: “Salvo el poder, todo es ilusión” y esta expresión de consigna se ha repetido constantemente en todos los movimientos de izquierda del mundo. Con esa idea fija, los líderes de esos movimientos de izquierda han apelado a todas las estrategias posibles, desde las revoluciones armadas sangrientas con millones de muertos a cuestas, pasando por las acciones terroristas salvajes y cobardes, como las que sufrimos por años en el Perú, hasta la infiltración y captura del Estado, como la que también se está pretendiendo.
Cuando se capturó a Abimael Guzmán, el 12 de setiembre de 1992, este se refirió a que eso era “sólo un recodo en el camino”, pero que seguirían avanzando. Y es cierto, toda la izquierda, desde la extrema hasta la más moderada, cambió su estrategia, crearon organizaciones con nombres diferentes y optaron por capturar al Estado.
La constitución del Foro de São Paulo, fue una reacción inmediata de las fuerzas de izquierda, desde la radical hasta la moderada, ante la caída del Muro de Berlín. Hoy en día esas fuerzas de izquierda gustan decir que, el Foro de São Paulo es un “Think Tank”, pero lo cierto es que en la historia se aprecia que es una organización constituida como instrumento para desestabilizar las democracias de los países de la región, baste observar cómo Lula da Silva la usó para infiltrar, corromper y debilitar las democracias.
El primer paso, fue identificar y captar las fuentes de financiamiento que les permita llevar adelante este proyecto de largo plazo. Para esto, recurrieron a los cocaleros y traficantes de drogas, los que han incrementado en 80% el área cultivada (hoy 72 mil ha) en los últimos 20 años (aunque según DEVIDA son menos de 50 mil ha). Igualmente, la minería ilegal de oro, aquella que, a pesar que destruye el medio ambiente y no cumple con ninguna ley, sea esta laboral, de seguridad, sanitaria o tributaria, exporta de contrabando y genera dinero negro por entre US$800 y US$1,200 millones anuales. La tala ilegal, así como el contrabando ampliamente conocido en las fronteras norte y sur, con la emblemática “culebra” (pero que para algún gobernante sólo era “un poquito de contrabando”). Otra fuente es el tráfico de terrenos, actividad alimentada por un constante movimiento de invasiones, que luego de años de posesión se titulan, pero generan un movimiento ilegal e importante de dinero y un crecimiento desordenado y caótico de las ciudades, causando malestar social. El negocio de las universidades y colegios de ínfima calidad, pero de grandes movimientos de dinero en efectivo, libre de impuestos y sin control. Otro tanto se puede decir de los sindicatos y sus aportaciones forzosas, baste considerar los 548 mil maestros y sus aportes a la Derrama Magisterial. Estos recursos, hasta hoy manejados por el SUTEP de Patria Roja, se han convertido en presa apetitosa para el MOVADEF, quien está pugnando por infiltrarse y controlar.
Este importante flujo de fondos, del orden de los 15 a 20 mil millones de soles anuales (dependiendo de la cotización de la coca, el oro, así como de los riesgos políticos por la tala ilegal e invasión de terrenos), que además recibe “seguridad” para protegerlos de las autoridades, es el detonante de toda una cadena de actividades comerciales, industrial y de transporte, que se maneja al margen de la ley y que sustenta al proyecto antes mencionado.
La captura del Estado, se gesta siguiendo varias líneas de acción y en varios dominios. El primero, es el educativo, en el que una población mayoritaria y dominante de maestros de izquierda, del SUTEP, los conductores de las UGELES, así como con una fuerte penetración en todos los estamentos del ministerio de educación. Esta acción les ha permitido construir todo un esquema, que destruye y ridiculiza los pilares de la educación escolar tradicional, debilita la formación matemática, de lenguaje, de historia y valores, con sentido de pertenencia nacional. A cambio, han incorporado una narrativa con historia reciente sesgada a favor de los terroristas y en contra de las fuerzas del orden que nos defendieron, entre otras. Esa población joven, llega a las universidades y escuelas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional con una debilidad en valores que, no se inculcó en casa por ausencia de los padres (ambos trabajan) y se les adecuó y moldeó de acuerdo a los intereses del proyecto de la izquierda.
Las actividades económicas mencionadas, con gran manejo de recursos ilegales y en efectivo, para no dejar rastro, han permitido penetrar al Estado, mediante elecciones financiadas por esa actividad ilegal, en los 1870 municipios provinciales y distritales, así como en los 25 gobiernos regionales. Estos gobiernos locales han forjado su propio “reino” y fuente de ingresos, cuando cobran los impuestos y contribuciones municipales, pues la mayoría no lo hace mediante cuentas del Banco de la Nación, sino en ventanilla de la municipalidad. Manipulan y distorsionan a su antojo, la determinación de los impuestos prediales y arbitrios municipales y extorsionan con aplicación de multas bajo pena de clausura de locales. Tienen un poder casi omnímodo para la extorsión a individuos y empresas y con esa fuente corrupta de ingresos, fortalecen su poder político local y su propio patrimonio.
Bajo el argumento de la regionalización y descentralización, el gobierno central se ha desentendido de la gestión eficiente de recursos, compras centralizadas y desarrollo de proyectos de inversión pública. Efectúa una constante transferencia de fondos para diferentes fines, pero que al final se han traducido en un robo permanente de recursos, evidenciada en malas compras, malas inversiones y hasta robo de alimentos que debieron canalizar a las poblaciones más necesitadas. El Estado ha atomizado el manejo administrativo y logístico, incrementando las ineficiencias y ampliando las oportunidades y facilidades de robo.
Las “fuerzas económicas descentralizadas”, generadas como producto de esta actividad económica ilegal, han sido capaces de pagar campañas electorales locales que, durante los últimos procesos electorales, ha llevado al congreso una multitud de individuos conectados a esas fuerzas ilegales y delictivas, que vienen destruyendo la seriedad e imagen del Congreso de la República. Y lejos de velar por la legalidad y constitucionalidad de las propuestas de ley, imponen proyectos que conducen al mayor debilitamiento del Estado.
Las ONGs de izquierda, en particular aquellas con conexiones internacionales, son una fuerza interesada en la captura del Estado. Aprovechan el tremendo poder económico que hay tras ellas para imponerse. Estas hacen grandes inversiones para capturar al poder ejecutivo, al sistema judicial (jueces, fiscales, academia de la magistratura, Tribunal Constitucional y Junta Nacional de Justicia), infiltran el poder legislativo y siempre logran estar muy convocados por la prensa. Estas ONGs internacionales, actúan con sus asociadas locales con una gran opacidad, pero con gran poder. Inyectan recursos a ONGs locales, libres de impuestos, los registros de APCI, entidad que debiera monitorear y ofrecer información transparente de; los ingresos, sus fuentes y usos, los proyectos en que se aplicarán los recursos y el cierre contable financiero de los dineros recibidos, cómo se gastaron, a quién se pagó y en qué se gastó finalmente, son información casi imposible de acceder.
Es claro que los grandes intereses económicos internacionales, que invierten en ellas, están protegiendo sus inversiones ya establecidas alrededor del mundo y eventualmente algunas insospechadas a nivel nacional. Propugnan normas de aparente “protección social y ambiental”, para constituir barreras al desarrollo de ciertos proyectos.
Las acciones más usadas por las ONGs son; el financiamiento de actividades de movilización y protesta popular en los lugares donde se pueda desarrollar proyectos, normalmente ligados a la industria extractiva, para así proteger sus intereses de la misma actividad en otros países, donde han realizado inversión previa o de productos sustitutos. Una forma muy usada, es infiltrar el sistema judicial, mediante el otorgamiento de becas de estudios superiores o de posgrado a jueces y fiscales en formación, con lo que “adquieren” jueces y fiscales incondicionales, que más adelante les “filtrarán” información reservada. Establecerán también vínculos de doble vía, que les permite consultas directas de; cómo conducir un proceso y cómo incorporar teorías o doctrinas conducentes a lograr una sentencia predefinida, incluso antes del proceso.
Otro tanto ocurre en el poder ejecutivo, donde infiltran funcionarios de segundo nivel; directores o directores generales de ministerios o incluso viceministros y ministros. Un mecanismo utilizado por las ONGs, sin ninguna vergüenza es el de puertas giratorias, pasando funcionarios de las ONGs a algún ministerio, para que luego vuelvan a su ONG de origen y más tarde recalar en otro ministerio. Tenemos múltiples ejemplos de funcionarios de ONGs que fueron incorporados al Estado para endurecer la aplicación de ciertas reglas y entorpecer ciertas actividades. Esta es una actividad muy frecuente en el Perú, agregando que estas ONGs tienen una importante relación, influencia y fuente de ingresos en la contratación de consultorías con estos ministerios. Es por eso que, en el Presupuesto de la República, la partida más creciente y difícil de reducir, es el de las consultorías.
No se puede dejar de mencionar que, los organismos multilaterales tienen como costumbre recompensar a los ex ministros que les aceptaron contratos de consultoría, la mayoría de estas financiadas por los propios organismos multilaterales, mediante su posterior contratación como burócratas internacionales. Esto, además de generarles un beneficio económico, acrecienta su prestigio y amplía sus hojas de vida. Algo similar ocurre con los catedráticos universitarios, quienes bajo el nombre de la entidad correspondiente de la casa de estudios, efectúan consultorías conducentes a justificar algunos proyectos de inversión pública. En muchos casos, se ha producido el mecanismo de las puertas giratorias, pues conducen el estudio, luego se incorporan a los más altos niveles del ejecutivo, para después volver a la academia.
Independientemente del creciente número de burócratas en el aparato del Estado, el que se ha multiplicado por 10 durante los últimos 20 años, impresiona que el robo a nuestro aparato estatal, detectado por la Contraloría General de la República para el año 2019, alcance a más de 23 mil millones de soles y aquí no pase nada. El Sr. Vizcarra solo sigue alimentando el robo, transfiriendo más y más fondos. Por su lado, la prensa parece adormecida y no investiga, no denuncia y silencia lo que resulta incómodo al gobierno, mientras resalta aquello que sirva de cortina de humo a tanta ineficiencia y robo.
Lo cierto es que, la izquierda está trabajando intensamente en debilitar al Perú, sus instituciones y valores. Tienen una altísima tolerancia a toda actividad informal, pues eso les permite una alta aceptación popular. Detestan y combaten por todos los medios a su alcance la universalización de las reglas económicas, empresariales y tributarias, al igual que la estabilidad de las mismas, lo que maximizaría la transparencia en la aplicación de esas reglas, así como la confianza de los inversionistas en nuestro país.
Esos movimientos de izquierda, se juntan con los movimientos populistas de cualquier vertiente para tratar por todos los medios de modificar inopinadamente, la legislación y las reglas empresariales. Por eso buscan cambiar la Constitución, en particular el capítulo económico. Si pudieran eliminar los tratados de libre comercio, no dudarían en desaparecerlos. “No entienden” que los reglas comerciales y tributarias en el siglo XXI, son básicamente universales, tanto la carga tributaria, como la interpretación y aplicación de las normas. Claro que, si lo aceptaran, destruirían su narrativa respecto a las “empresas corruptas” y la elusión de impuestos, entre otras.
En esencia, ¿qué mejor transparencia en el manejo de las reglas económicas, que la que se ha universalizado entre los países y economías más destacadas del mundo, donde se ha generado amplia jurisprudencia?
El sueño dorado de la izquierda, es emular lo que Lula da Silva y Dilma Rouseff fueron capaces de ejecutar con el “Partido de los Trabajadores” (PT), controlar importantes y millonarias empresas públicas, organizar y controlar una “red de corrupción empresarial”, que buscaba infiltrar a todos los gobiernos latinoamericanos (y lo logró), financiando a los candidatos de su preferencia, para establecer y extender una red política muy corrupta, bajo un ropaje “empresarial”. Por esta razón, la izquierda evita por todos los medios a su alcance, la constitución de una burocracia fuerte y consolidada, sustentada en una carrera pública meritocrática y transparente (como el BCRP).
Ciertamente, la izquierda ha desarrollado la narrativa adecuada desde la academia, se ha mostrado como impoluta, dicen que son “la reserva moral de la sociedad” (veamos si no los casos de corrupción de funcionarios que siguen en investigación) y pretenden que pueden juzgar a “todas y todos”, porque nunca se han mezclado con la corrupción empresarial.
Pero lo descrito, muestra a las claras que sus intereses ideológicos, están íntimamente ligados a los intereses crematísticos y quieren tener un poder hegemónico universal.
Por eso, la izquierda grita o murmura que: ¡Salvo el poder, todo es ilusión! Lampadia
