Fundación para el Progreso – Chile
Pablo Paniagua
Publicado en Individuo, 11.05.2021
Glosado por Lampadia
Líneas abajo compartimos el análisis de Pablo Paniagua (Chile) sobre la democracia directa y sus falencias, aún mayores que los problemas de la democracia representativa que pretenden corregir.
La efervescencia producida por la marea de elecciones políticas que se avecinan en Chile, sumado a la próxima instalación de la Convención Constitucional (CC), han provocado el resurgimiento de múltiples voces que reclaman por una democracia más representativa o más “directa”, en donde la supuesta “voz del pueblo” pueda ser finalmente escuchada a través de cabildos comunales o asambleas varias.
Estos reclamos de crear una democracia directa o “popular” van de la mano de un fuerte —pero válido— diagnóstico crítico del estado actual de nuestra política y de nuestra democracia representativa. No cabe duda de que la existencia de múltiples mecanismos democráticos y de participación que recojan información y las inquietudes de la ciudadanía serán insumos valiosos para la legitimidad y el buen funcionamiento de la CC y de nuestra hoy tan debilitada democracia.
No obstante, como ya lo advertía lúcidamente John Stuart Mill (2001), estos mecanismos radicales o “populares” de deliberación no son una panacea, y presentan serias limitaciones, por lo que deben utilizarse como mecanismos adjuntos (no vinculantes) y no para reemplazar o torcer a los mecanismos tradicionales de la democracia representativa.
Esta ola de nuevos cuestionamientos a la democracia liberal plantea que los procesos democráticos y tradicionales que tenemos serían “elitistas”, ya que defienden los intereses de la oligarquía económica y que, por lo tanto, generarían desigualdad. Se argumenta así que debemos transformarlos de forma radical para que sean más directos o populares, creando entonces un proceso constituyente “popular”. Esta forma asambleísta o “plebeya” de ver la política, que tiene el supuesto propósito de representar la verdadera “voz del pueblo” y defender los intereses de toda la sociedad, ha sido encapsulada de forma bastante nítida a nivel nacional por los trabajos de Carlos Ruiz Encina (2015, 2019) y de Camila Vergara (2020a, 2020b). Veremos a continuación un análisis crítico de dichas ideas.
LA UTOPÍA DE LA DELIBERACIÓN Y UNA NUEVA REPÚBLICA PLEBEYA
Intelectuales nacionales como Carlos Ruiz Encina, presidente de Fundación Nodo XXI, arguyen, por ejemplo, que debemos “democratizar” instituciones clave como el Banco Central —que es una institución de esencia técnica y alto grado de complejidad— y abrirlas a procesos deliberativos en los que se escuche la verdadera voz del pueblo.
Con todo, para instaurar una verdadera “transformación política”, arguye Encina (2015), es necesaria la “democratización” de las instituciones fundamentales que dirigen el proceso socioeconómico. Por “democratizar”, Encina (2015) entiende el abrir a la deliberación política y procesos asambleístas deliberativos, en donde algunos grupos de presión de la sociedad civil u organizaciones colectivas puedan influir en la política pública o en instituciones claves, como ya hemos visto con el Banco Central.
En síntesis, como lo reconoce Ruiz en una entrevista, “lo que deberíamos entender”, señala, es “cómo organizarnos para ejecutar la lucha contra los cerrojos constitucionales que impiden el desarrollo de las temáticas específicas que distintos grupos de interés tienen”. De esta forma, transitaríamos desde una democracia representativa liberal, hacia una democracia deliberativa posiblemente coaptada por la presión de ciertos grupos de interés bien organizados y vociferantes, que deliberarían posiblemente en desmedro del bien común y de las minorías.
Las democracias representativas entonces, enarbola Vergara, generarían una “corrupción sistémica, en el que la estructura legal e institucional trabaja constantemente para enriquecer a unos pocos y oprimir a la mayoría” (Vergara 2020a, p. 25). Ante un análisis dicotómico semejante y tan profundamente crítico de la democracia representativa, no es de extrañarse que la autora vea, como única salida, una profunda “reforma estructural” a través de una “intervención política, abogando por la acción colectiva y la institucionalización del poder popular como la única solución” (ibídem, p. 17).
DOS PROBLEMAS PRÁCTICOS DEL ASAMBLEÍSMO Y DE LA DELIBERACIÓN POPULAR
El problema fundamental de tales ilusiones deliberativas o asambleístas de Vergara y de Ruiz es que pretenden implementar una forma alternativa de democracia para hacer oír la voz del pueblo –para solucionar así los problemas de representación, legitimidad y corrupción—, pero, como veremos a continuación, dichas propuestas de cabildos y asambleas en realidad no resuelven en lo absoluto las limitaciones inherentes de la democracia. Dicho de otra forma, estas propuestas asambleístas que buscan subsanar los problemas de la democracia liberal son igual de deficientes e imperfectos, y están propensos a generar los mismos —o incluso hasta mayores— problemas relacionados con la falta de legitimidad y de representación, como también a generar dinámicas elitistas y de corrupción. Más trascendental aún, dichos sistemas de “democracia popular” son realmente incapaces de representar a la supuesta “voz del pueblo”, ya que, como lo ha evidenciado de manera categórica la teoría económica y la teoría de la elección social (Social Choice Theory), la verdadera voz del pueblo o la voluntad general de la sociedad no existen (Arrow, 1951; Plott, 1976; Riker, 1982). Esta voluntad colectiva coherente y unitaria es así un espejismo retórico incapaz de poder ser discernido por cualquier sistema de elección colectiva, sea democracia representativa o asambleísmo (Munger y Munger, 2015).
Así las cosas, el supuesto “pueblo organizado en cabildos comunales” (Vergara 2020a) no resolvería en la práctica ninguno de los problemas inherentes a la deliberación política anteriormente mencionados por dos grandes motivos; a saber:
1) sesgos de autoselección, con la posible captura de los grupos de interés, y
2) la baja representación y participación, y la escasa legitimidad que generarían dichos procesos.
En lo que resta de este artículo exploraremos dos problemas prácticos en detalle.
A) SESGOS DE AUTOSELECCIÓN CON LA CAPTURA DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Primero, debemos reconocer que aquellos supuestos mecanismos participativos o “cabildos populares” no son realmente ni muy populares ni tampoco muy participativos. En dichas propuestas, se omite sistemáticamente reconocer que dichos cabildos involucran universos extremadamente acotados de la población y que, generalmente, estos están vinculados a movimientos ideológicos o políticos organizados, cuya participación se vincula mucho más a formas para ejercer presión política y obtener ciertas rentas, que a verdaderos mecanismos neutrales de participación “popular”.
De hecho, se ha evidenciado que, en las asambleas convocadas y autoconvocadas ocurridas después del 18-O, existía la presencia de militantes políticos en ellas. CIPER, en su análisis de las asambleas post-estallido, evidenció que “aparecieron miembros de colectivos de la izquierda extraparlamentaria (Convergencia 2 de abril, Partido Igualdad, Movimiento Internacional de Trabajadores) y dirigentes que forman parte de colectivos estudiantiles y otros de sensibilidad anarquista” dentro de las asambleas. Dicho de otra forma, los supuestos neutrales “cabildos populares”, por lo general o responden a grupos ya organizados en torno a ciertos grupos de interés pre-existentes, movimientos de presión política, o responden a sesgos de autoselección (self-selection bias), en donde los individuos se seleccionan a sí mismos dentro de un grupo afín, lo que generaría una muestra sesgada. Así, el asambleísmo deja de ser neutral, describiendo una autoselección que se retroalimenta hacia el resto de la sociedad: se describen situaciones en las que las características políticas de las personas hacen que se seleccionen a sí mismas dentro del grupo, creando condiciones anormales dentro del mismo, como la sobrerrepresentación ideológica, las “cámaras de eco” y el pensamiento de grupo (groupthink).
En una situación de groupthink, los miembros del grupo intentan conformar sus opiniones hacia aquella que es el consenso de la mayoría o hacia aquella opinión que resulta más popular o vociferante. Es evidente entonces que dichos sistemas asambleístas pueden ser rápidamente cooptados por los grupos más vociferantes o violentos o por aquellos grupos organizados detrás de ciertos intereses específicos (los cazadores de renta) en desmedro del bien general y de las minorías (Lewis, 2013).
De esta manera, la utopía de una república plebeya podría ser un remedio peor incluso que la misma enfermedad.
B) BAJA REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN: ¿DÓNDE ESTÁ LA LEGITIMIDAD?
Segundo, debemos recordar que, incluso durante el impulso del “estallido social” y en pleno apogeo de la crítica a nuestra forma tradicional de gobierno y a los partidos políticos post 18-O, la participación espontánea de la gente en dichos sistemas asambleístas y de cabildos autoconvocados no fue generalizada. De hecho, CIPER realizó un muestreo para poder contabilizar a todas las agrupaciones y asambleas que surgieron tras el estallido social y sus números no eran demasiado categóricos. De los espacios consultados por CIPER, estos agrupaban a sólo unas 2.000 personas organizadas en 17 asambleas y tres coordinadoras territoriales. Es más, la organización que más asambleas reunía era la Coordinadora de Asambleas Territoriales (CAT) de la Región Metropolitana. El 18 de enero del 2020 juntaron a 1.200 personas en la Escuela de Artes y Oficios de la USACh.
Si bien es muy probable que dicha estimación de CIPER pueda estar subestimada, quedándose corta respecto a la real participación ciudadana en los cabildos (i.e., el movimiento Unidad Social, estima que más de 10 mil personas participaron en los cabildos), el hecho de que no hablemos ni siquiera de un 1% de nuestra población en el territorio nacional evidencia que dichos mecanismos “populares” son bastante menos populares y masivos de lo que se les quiere hacer ver. Es decir, incluso después del empujón emocional que recibieron dichas formas de democracia directa, debido al estallido social y el descalabro de los partidos políticos, el número de estas asambleas y la participación ciudadana no superó el 1 o 2% de la población. Difícilmente entonces podríamos decir que dichas formas de asambleísmo pueden reflejar la “voz del pueblo” o una forma popular de representar las inquietudes de todo el país. Las asambleas de deliberación parecieran ser capaces de movilizar solo a algunos ciudadanos bastante entusiastas a través de sesgos de selección, pero que –como ya se vio en el proceso impulsado por la Presidenta Bachelet— apenas constituyen una parte muy reducida de la población.
En suma, en las dos experiencias recientes y más intensas de participación ciudadana en asambleas y cabildos de la última década, ninguna de las dos instancias —ni la de la Presidenta Bachelet, ni aquella post-18-O— lograron convocar a más de un 2% de la ciudadanía.
CONCLUSIONES
A la luz de estos magros números, y dado las deficiencias de protección para con las capturas locales y los sesgos de autoselección señalados, resulta evidente que estos mecanismos de asamblea popular no resultan ser ni muy populares ni demasiado neutrales; así como tampoco resultan ser mecanismos que realmente puedan otorgar un mayor sentido de “legitimación popular”. Resulta azaroso asegurar que la “voz del pueblo” y el “poder popular” que legitimaría a la democracia se encuentren en estos mecanismos en los que participa un escaso número del electorado nacional.
De esta forma podemos reconocer en la crisis de la democracia liberal una demanda de profundización por la deliberación democrática, pero —como hemos advertido— dicha quimera se obtendría en desmedro de principios liberales fundamentales para una sociedad abierta y tolerante con las minorías. La mejor manera de interpretar estas propuestas “populares”, sería entonces como una deficiente respuesta “democrática antiliberal” ante las fallas de la democracia contemporánea (Mudde, 2019). Lo que sí está claro, advierte Mudde (2019), es que “ni copiando a la democracia antiliberal, ni aumentando el liberalismo antidemocrático, salvaremos a la democracia liberal”. Esta es una conclusión que los intelectuales no deberían desestimar a la hora de promover dichas frágiles utopías populares en nuestro país.
Con todo, estos mecanismos asambleístas no presentan una solución efectiva para poder escapar de las capturas de grupos de interés, de los manejos de las élites locales y de los mismos problemas elitistas que Camila Vergara y Carlos Ruiz le atribuyen a la democracia representativa liberal, ya que estos procesos presentan las mismas (o peores) dinámicas de sesgos de autoselección, groupthink y la captura o dominación por parte de grupos rentistas o ideológicos vociferantes, haciéndolas bastante menos ideales de lo que la autora de la República plebeya cree.
Este análisis sirve para entender que la crisis de la democracia liberal no puede ser superado a través de utopías asambleístas o deliberativas como las expuestas por estos autores. Como lúcidamente lo ha señalado la Premio Nacional de Historia Sol Serrano en una entrevista: “Por cierto que la democracia representativa vive una crisis, pero denigrarla no parece ser la forma más segura de mejorarla”.
En conclusión, el hacer política en un sistema democrático y el elaborar una Constitución requieren de un ejercicio intelectual, una profesionalidad y una racionalidad enormes, que han de sustentarse en un concienzudo análisis y una redacción basada en la experticia técnica. Sin duda esto debe ir de la mano con recoger insumos locales, datos estadísticos e información clave proveniente de distintos actores sociales y de distintos organismos de la sociedad civil que ayuden a enriquecer el debate profesional que se realiza —a pesar de todo— dentro de un grupo de personas electas que posee cierta experticia técnica-política. Lampadia
