Juan de Althaus Guarderas
Desde Ecuador
Psicoanalista practicante e Historiador
Asociado a la NELcf. Sección Guayaquil
Para Lampadia
Buena parte de la ciudadanía ecuatoriana y sectores de opinión internacional han experimentado una mezcla de indignación y temor ante el asesinato cobarde y cruel del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Este magnicidio constituye en Ecuador el nivel más crítico alcanzado por la violencia del crimen organizado, en sus diferentes modalidades y articulaciones, lo cual ha generado opiniones de si se trata de un punto de inflexión para enfrentar decididamente este flagelo o tocar retirada ante el crecimiento de su poder.
Hay que decir también que este crimen horrendo constituye un ataque feroz al estado de derecho democrático en Ecuador y en la región.
Desde enero de 2022, con el inicio de las campañas políticas para elección de autoridades locales hubo 61 atentados contra políticos, sobre todo en la costa ecuatoriana, de los cuales 22 fueron asesinatos. El último más significativo fue el crimen del alcalde relegido del puerto de Manta Agustín Intriago, el 23 de julio de 2023, muy apreciado por los mantenses, y que había ofrecido su apoyo a Villavicencio.
Estos atentados se realizan, sobre todo, en zonas urbanas de la costa ecuatoriana, ya que el narcotráfico busca controlar los puertos y zonas estratégicas para el acopio y exportación de cocaína hacia Europa y los EE.UU. Paralelamente buscan controlar los gobiernos locales para el lavado de activos mediante empresas que son contratadas por estas entidades.
Los tentáculos del crimen organizado alcanzan a millonarias inversiones en minería ilegal, coyoterismo, tráfico de armas, proyectándose a realizar alianzas con sectores corruptos de la clase política y de funcionarios públicos, incluyendo la penetración en la Justicia, las Fuerzas Armadas y la Policía.
Todo esto es parte de la poderosa trasnacional del crimen organizado.
Según la organización Global Financial Integrity (GFI), “el narcotráfico genera entre 80,000 y 90,000 millones de dólares anuales en el continente americano”. La revista digital ethic señala: “El informe del Foro Económico Mundial (FEM) del año 2015 sobre el estado de la economía ilegal a nivel global (indicaba que) … las principales actividades ilícitas significaban entre el 8% y el 15% del PIB mundial. Entre los negocios ilegales más lucrativos estaban el tráfico de drogas (750 mil millones de dólares al año) …” Añaden los analistas que esta situación creciente desestabiliza la economía mundial y la democracia.
Entonces, Fernando Villavicencio desafiaba valientemente, como lo anunciaba en su campaña, una parte de este poderoso conglomerado mundial.
Trayectoria
El nació en el cantón Alausí en la provincia de Chimborazo, en una familia que poseía una pequeña propiedad agrícola. Hasta su juventud experimentó penurias económicas. Estudió en colegios fiscales y su familia migró a Quito cuando tenía 13 años. Luego se graduó en la Universidad Central de Quito como comunicador social. Al inicio abrazó la ideología de izquierda no radical, y en 1995 fue uno de los fundadores del movimiento Pachakutic de inspiración indígena. Luego fue dirigente sindicalista en Petroecuador hasta 1999, cuando fue despedido irregularmente.
Posteriormente trabajó en el diario El Universo de Guayaquil y en la revista Vanguardia, en PlanV y en Periodismo de investigación. Fue dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales. Acusó al gobierno de Gustavo Noboa de entregar el campo petrolero Palo azul a los banqueros Isaías. Villavicencio declaró que había realizado alrededor de 260 investigaciones y publicó 10 libros sobre corrupción.
El Universo menciona los casos que investigó:
“Refinería de Esmeraldas, Petrochina, Julian Assange y Arroz Verde (caso de sobornos por el que se sentenció a Correa a ocho años de prisión por cohecho). Sus revelaciones le hicieron ganar concursos periodísticos –Arroz Verde ganó el Premio Nacional Jorge Mantilla Ortega y una mención internacional en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación Colpin 2018–, pero también le costaron lo que considera la ‘peor persecución que un periodista haya sufrido en este país’, en el régimen de Rafael Correa (2007-2017)”.
En una entrevista que le hizo El Universo se lee: “Su ‘calvario’ empezó, recuerda, a los cuatro meses de su primer gobierno (de Correa), luego que una comisión de expertos petroleros, que él integraba, le sugirió a Correa terminar el contrato con la brasileña Petrobras, en el campo Palo Azul, debido a un “perjuicio de $ 2.000 millones al Estado”.
Pero, Rafael Correa dijo: ‘Aquí puede haber un perjuicio, pero tengo que honrar el acuerdo con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva’(…), ese rato entendí que Correa había traicionado a este país”, asegura sobre este caso, que luego denunció a Fiscalía y lo publicó en Vanguardia”.
Inició, entonces, su fiscalización al régimen de Correa, el cual lo denunció por injurias –junto al entonces asambleísta Cléver Jiménez y Carlos Figueroa, asesor parlamentario– tras haberlo acusado del delito de lesa humanidad, por la revuelta del 30 de septiembre del 2010.
Villavicencio, Jiménez y Figueroa fueron sentenciados a 18 meses de cárcel. Los siguientes cuatros años, ‘Don Villa’ se ocultó en Estados Unidos, Perú y en la comunidad de Sarayaku (Pastaza), con Figueroa y Jiménez, y salvaron la vida.
Sus investigaciones como Arroz verde, INA papers, Coca-codo Sinclair, caso Singe, Petrochina, Petrotailandia y otros fueron indagados por la Fiscal de la Nación Diana Salazar, que condujeron a juicios donde fueron condenados a prisión Rafael Correa y muchos de sus allegados. Actualmente está en proceso el juicio contra el expresidente Lenin Moreno y varios acusados más. Casi todos estos casos también los presentó al presidente Iván Duque de Colombia y a la Fiscalía de Nueva York y de Miami, por lo cual son varios los funcionarios y empresarios ecuatorianos que han sido enjuiciados y condenados en EEUU (donde la Justicia sí funciona) con muchos años de prisión.
Villavicencio fue elegido legislador para la Asamblea Nacional en el 2021, en un acuerdo parcial con Guillermo Lasso, donde presidió la Comisión de fiscalización, presentando nuevas investigaciones que se debatieron y entregaron a la Fiscalía para su indagación previa.
Su campaña para ser presidente de la república se centró en aglutinar a la “gente buena” para “someter” a las mafias y corruptos. Su plan de gobierno fue de carácter liberal, de centro. La reactivación económica pasaba por obtener los recursos arrebatados a la corrupción (ya tenía identificados los grupos), la seguridad jurídica y ciudadana de tal manera que se facilite la inversión nacional y extranjera legal.
Fernando Villavicencio, a diferencia de otros candidatos, estuvo en su trinchera de combate por sus objetivos desde hace tres décadas de manera sistemática. Su valentía es memorable, aunque es conveniente combinarla con cierta prudencia. Definitivamente, fue una excepción en el campo de la política. La declinación de los valores cívicos, articulado a la promoción del “consumir por consumir”, crean el caldo de cultivo de las adicciones y la violencia en los sectores más excluidos, degradándose los vínculos sociales, donde comienza a reinar la pulsión de muerte, en oposición a la circulación libre de la palabra hablada y escrita, que la democracia aloja.
Se espera que la vida productiva de Fernando Villavicencio no haya sido en vano. Lampadia
