Jaime de Althaus
Para Lampadia
El Perú no solo tiene la obligación de solidaridad con los venezolanos que ingresan a nuestro territorio, sabiendo por lo demás que su aporte es positivo en términos de actividad económica y empleo, sino que debería aprovechar inteligentemente para nuestro desarrollo y para mejorar los servicios del Estado, las capacidades profesionales de los venezolanos que tenemos en nuestro país, descongestionando de paso la presión que ejercen sobre los mercados laborales de bajos ingresos.
Resulta que, como podemos ver en el siguiente cuadro elaborado con información vigente al 3 de setiembre, el 80% de los venezolanos que han tramitado o están tramitando el Permiso Temporal de Trabajo (PTP) son profesionales, incluyendo un 8.7% de técnicos y los que se autodenominan “comerciantes”. Y, según información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Migraciones, muchos de esos profesionales lo son en ramas en las que suele haber escasez de talento en nuestro país. Hay ingenieros petroleros, industriales, civiles, ambientales; médicos con diversas especialidades, nutricionistas, profesoras de inicial con doctorados o maestrías, jefes de proyecto, etc.
El problema es que esos profesionales no pueden ser contratados formalmente como tales, ni en el sector privado ni en el público, mientras no convaliden en el Perú sus títulos profesionales o no reciban la colegiatura, sobre todo en el caso de los ingenieros y médicos. Y eso puede ser una odisea que, si alcanza la meta, dura muchos meses. Lo primero, entonces, es montar un procedimiento de validación mucho más sencillo y rápido.
Política migratoria y de trabajo
Pero hay que ir mucho más allá. Se necesita una política migratoria y de trabajo específicas que permita ubicar a estos profesionales y técnicos en los puntos del territorio nacional y en los sectores del Estado y del sector privado que más los necesiten. Es conocida la falta de médicos –y, aún más, de especialistas- en varias regiones del país. También faltan profesores de matemáticas, ciencias e inglés, y especialistas en educación inicial. Para no hablar de las necesidades de la industria de hidrocarburos en cuanto a exploración petrolera y masificación del gas en nuestro país.
Si tal hiciéramos, reduciríamos significativamente la presión que los inmigrantes venezolanos ejercen en el mercado de trabajo de bajos ingresos, desplazando eventualmente de sus empleos a algunos peruanos. Los venezolanos están sobre-calificados para esas labores. En cambio, si se desempeñaran en aquello para lo que tienen competencias, estarían llenando un vacío en lugar de ocupar un espacio ya tomado.
El gobierno acaba de publicar el Decreto Supremo Nº 008-2018-tr que simplifica la contratación por las empresas de extranjeros disponiendo que “Los contratos de trabajo de personal extranjero se consideran aprobados desde su presentación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo a través del sistema virtual de contratos de extranjeros”.
Eso está bien. Pero subsiste una limitación absurda, supérstite de las épocas del proteccionismo, que establece que las empresas nacionales o extranjeras sólo podrán contratar personal extranjero en una proporción de hasta del 20% del número total de sus servidores, y sus remuneraciones no podrán exceder del 30% del total de la planilla de sueldos y salarios (Artículo 4 del decreto legislativo n° 689, ley para la contratación de trabajadores extranjeros). La misma ley establece, sin embargo, que esa disposición no se aplica, por ejemplo, “Al extranjero con visa de inmigrante”. Debió darse un decreto legislativo o debería darse una ley que extienda esa excepción a quienes tiene Permiso Temporal de Trabajo (PTP)
La Superintendencia Nacional de Migraciones está elaborando un proyecto de plan de trabajo multisectorial con el fin de colocar en el mercado laboral especializado a los inmigrantes, pero el gobierno no ha formado un equipo de trabajo precisamente multisectorial para avanzar rápidamente en este tema a fin de capitalizar el aporte profesional venezolano. No se ha percatado aun de la importancia del tema.
Y el problema es que el flujo inmigratorio continúa, y quizá se agrave. El 3 de setiembre Migraciones tenía contabilizados 416,386 ciudadanos venezolanos en nuestro país. Al 15 de setiembre ya eran 446,072. Es decir, habían ingresado 29,686 en 12 días, a razón de 2,474 por día. A ese ritmo, tendremos alrededor de 240 mil venezolanos más a fines de año.
Urgen, entonces, las medidas y la política para colocar a los inmigrantes en los puestos en los que pueden ser más útiles para el país, donde pueden aportar al desarrollo de sectores, empresas y servicios en los que somos deficitarios o tenemos potencial.
No hay apoyo a Migraciones e Interpol demora y no se integra
Pero, además, urge dar apoyo presupuestal a Migraciones a fin de que pueda ponerse al día. Como podemos ver en el siguiente cuadro, de los 446,072 ciudadanos venezolanos presentes en el territorio nacional, solo un 21% tiene el Permiso Temporal de Trabajo (PTP) entregado,
Migraciones no ha recibido un centavo adicional a su presupuesto para manejar esta caudalosa corriente de inmigrantes que saturan sus instalaciones y su capacidad de atención. Su plataforma informática, por ejemplo, ya se encuentra colapsada. Necesitaban alquilar locales para recibir estos contingentes, pero se les recortó el presupuesto. Han tenido que desalojar oficinas del primer piso para destinarlas a recibir a los inmigrantes y atender las 24 horas del día.
Pero el problema principal es Interpol. El asunto es aún más crítico en la Interpol. Pues resulta que para obtener el Permiso Temporal de Trabajo (PTP) se requiere de un certificado negativo de antecedentes penales otorgado por la Interpol. Migraciones, que es muy eficiente considerando los escasos recursos con los que cuenta, otorga el PTP sin demora, pero la certificación de Interpol toma alrededor de 6 meses porque las oficinas locales de la Interpol están absolutamente desbordadas. Evidentemente hay que reforzarlas con más personal. Porque mientras tanto, por supuesto, ya se formaron mafias de policías que estafan a los venezolanos cobrándoles por conseguirles citas que no existen.
El hecho es que mientras Migraciones atiende 2,500 personas por día, La Interpol apenas puede con 800. Lo increíble es que Migraciones le ha ofrecido a Interpol que se instale en las oficinas de Migraciones y se coloque en la línea de los trámites, para avanzar mucho más rápidamente, para que no tenga que recoger nuevamente la misma información que se da a migraciones -datos biográficos, fotografía, huellas digitales y firma- y les tomen el odontograma allí mismo, pero los policías de Interpol no han querido. Es posible que la razón de la negativa esté en las oportunidades de corrupción que abre el largo tiempo de demora.
La solución provisional que ha encontrado Migraciones a las demoras de Interpol, es otorgar un “acta de trabajo extraordinario”, que permite trabajar y abrir cuenta bancaria, pero que se convierte en PTP recién luego de que Interpol ha verificado antecedentes y ha dado su visto bueno.
Migraciones, que está haciendo un trabajo muy esforzado, creativo y bien estructurado, necesita apoyo del Estado y de la cooperación internacional. Y se requiere una política que permita aprovechar de manera efectiva para el desarrollo del país el capital humano venezolano. Lampadia
