Jaime de Althaus
Para Lampadia
El congresista de Fuerza Popular Miguel Ángel Torres publicó un artículo en El Comercio señalando la necesidad de legislar precisando en qué casos procede el pedido de cuestión de confianza. Esto a partir de la reciente cuestión de confianza que, según él, habría sido planteada indebidamente para prevenir la censura de una ministra, cuando según la Constitución sólo procedería en defensa de una política del gobierno.
En realidad, el gobierno justificó la cuestión de confianza porque se estaba afectando la continuidad de la reforma educativa, a consecuencia de la eventual censura a dos ministros de educación en el plazo de meses. Hay quienes argumentan que la censura a uno o dos ministros no tiene porqué alterar una política fijada, pero otros señalan que no se puede desarrollar una política si se está cambiando de ministros y equipos a cada rato.
Fuente: blogspot.com
En la medida en que ambos argumentos tienen algo de razón, y en que la interpretación constitucional de qué es o no es válido es abierta y discutible, vale la pena preguntarse si tiene sentido introducir parámetros precisos que limiten el ejercicio de la cuestión de confianza.
En realidad, si el Congreso está en manos de una mayoría opositora al Gobierno, y la gobernabilidad es complicada, la Constitución debería facilitar mecanismos de salida. En esto, los regímenes parlamentarios son perfectos, pues la mayoría congresal tiene por definición el Ejecutivo: no puede haber enfrentamiento de poderes. Aquí hemos intentado traer una institución parlamentarista, pero complicándola de manera tal que puede terminar generando más incertidumbre.
La cohabitación
En un régimen presidencialista, una opción mucho más clara es que el Presidente de la República, ante una situación de entrampamiento, pueda disolver el Congreso a la primera y sin expresión de causa, llamando a elecciones parlamentarias, pero con la consecuencia de que, si la oposición gana esas elecciones, allí sí ella –la mayoría- pone al Premier (a quién solo el Parlamento podría retirar y cambiar, quedando el Presidente como una figura de segundo orden). Es decir, la cohabitación. Eso volvería más cautos tanto al Presidente como al Congreso. Pero sería una salida más expeditiva y limpia que la posibilidad de que en una nueva elección congresal gane la mayoría opositora y continúe haciendo una oposición eventualmente obstruccionista o destructiva. No se habría resuelto nada.
La prueba es lo que puede ocurrir ahora. Sin duda la denegación de la cuestión de confianza ha generado un nuevo equilibrio en la medida en que será ya mucho más difícil que el Congreso censure a un ministro. Es un avance. Pero el hecho de que se haya pasado a una relación no destructiva no implica que se haya pasado a una colaborativa. Un acuerdo político en torno a las grandes reformas, que es lo que el país necesita, sigue sin asomar por ningún lado.
Mientras Fuerza Popular considere que para ganar las elecciones del 2021 no debe asociarse a un gobierno percibido como devaluado y debe ser y parecer oposición dura, esa actitud, aunque más moderada, se mantendrá. La prueba es lo que ocurrió luego de la promisoria reunión entre el presidente Kuczynski y Keiko Fujimori. El clima político cambió y prendió la ilusión de que podía ser el primer paso para un acuerdo de fondo. Pero la decepción no tardó en llegar. La decisión de censurar a la ex ministra Martens fue el puntillazo final. Es posible que Keiko Fujimori solicitara aquella reunión a PPK motivada no por un deseo genuino de concertar, sino para prevenir la insurgencia de su hermano Kenji dentro de Fuerza Popular.
El mecanismo Zavala – Chlimper no funcionó
Por eso no funcionó tampoco el mecanismo de coordinación que se montó después de esa reunión, pensado para concretar los temas conversados entre PPK y Keiko Fujimori. Fernando Zavala y José Chlimper fueron los encargados. Se reunieron varias veces, pero ninguno de los acuerdos se cumplió. Carlos Bruce ha explicado que cuando llegó a la comisión de Economía el proyecto de ley para recuperar la creación de una unidad en Proinversión que permitiera expropiar y sanear terrenos para acelerar las APPs, cuyo decreto legislativo había sido derogado, Fuerza Popular se opuso o exigió una serie de requisitos, contraviniendo lo conversado en la reunión PPK-KF. Allí quedó por el momento el proyecto (no sabemos si Mercedes Araoz se lo ha planteado a Luis Galarreta nuevamente). Peor suerte aun corrió el proyecto de ley remitido para moderar los efectos fiscales de la ley de pensiones militares y policiales, que en buena cuenta restablecía la cédula viva. Dicho proyecto de ley, que también fue conversado en la famosa reunión, sencillamente fue archivado en la Comisión de Defensa.
Es posible que en esto haya jugado el hecho de que José Chlimper no es congresista y por lo tanto carece del suficiente ascendiente entre los parlamentarios y su correa de transmisión es lenta. O, como se comenta en FP, que algunos acuerdos hayan sido contradichos luego por el propio PPK. Igualmente, Keiko Fujimori tendría más autoridad si fuera Congresista. El corolario es que la reforma política debe considerar que el candidato presidencial sea a la vez candidato al Congreso, para que los acuerdos políticos entre partidos y con el gobierno sean más factibles.
El hecho es que ni las reuniones Zavala – Chlimper, ni las que tuvo Zavala con el presidente del Congreso, Luis Galarreta, para acordar una agenda legislativa, sirvieron tampoco para prevenir la decisión de Fuerza Popular de censurar a Marilú Martens, es decir, para conversar la manera en que la ex ministra pudiera salir del ministerio sin necesidad de llegar a la censura.
Elección del Congreso luego de segunda vuelta
Ahora bien, los franceses probaron la cohabitación, que fue una solución incómoda, y por eso fueron incluso más allá: cambiaron la fecha de la elección de los congresistas de modo que esta se realice apenas después de la elección presidencial. De esa manera los ciudadanos deciden conscientemente si le quieren dar mayoría al Presidente en aras de la gobernabilidad, o más bien quieren controlarlo con un congreso opositor. Es decir, la posibilidad de un congreso opositor que complique la gobernabilidad no queda librada al azar y las posibilidades de que el Ejecutivo tenga mayoría son mucho mayores.
Si completamos esto canjeando el voto preferencial por un sistema de distritos uni o bi nominales para elegir congresistas, que tiende a reducir el número de partidos y mejora los canales de representación, pues habremos terminado de darle gobernabilidad en el largo plazo al país. Son las reformas que necesitamos.