Perdiendo el paso
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Las estadísticas muestran que el número de movilizaciones y puntos de bloqueo viene disminuyendo, pero para realmente derrotar o aplacar esta insurrección violenta y destructiva se requiere resolver las fallas estratégicas existentes y dejar de cometer errores.
Lo primero es tener claridad y convicción. Saber que las demandas de los insurrectos movilizan sentimientos de agravio ciertos, pero no son legales y lo que buscan es llevar adelante por la fuerza un proyecto político radical de izquierda y consolidar las economías ilegales, al estilo de los desastrosos regímenes bolivarianos. En una democracia no caben esta clase de ataques y la propia demanda de una asamblea constituyente, caballo de troya del quiebre democrático y económico, no es constitucional.
Pero lo que vemos es que, en este punto, la presidenta Dina Boluarte flaquea y pierde el norte. No se le ha ocurrido mejor idea para calmar ilusamente a las izquierdas radicales, y quizá a su propia conciencia ideológica, que darle vuelo a la demanda de una asamblea constituyente con la peregrina propuesta de que este congreso le encargue al siguiente que su comisión de constitución discuta una reforma total de la constitución. Un saludo a la bandera de la constituyente sin ninguna capacidad de ejecutarse.
Pero eso juega con otra idea improcedente planteada por algunos congresistas para tratar de persuadir a las bancadas de izquierda de votar a favor del adelanto: que se incluya en la cédula de votación una pregunta no vinculante sobre la asamblea constituyente. Tal cosa sencillamente no es constitucional. Un referéndum no es una encuesta. En el referéndum se consulta leyes o reformas constitucionales, siguiendo el artículo 206 de la Carta Magna.
Pero lo más grave es que estos señuelos aparecen para conseguir votos luego de que la bancada de Fuerza Popular dinamitara la primera votación por el adelanto de elecciones que había superado largamente los 87 votos. Una movida altamente irresponsable que ha generado una crisis dentro de la crisis cerrando caminos y llevando a Boluarte y a otras bancadas a levantar la asamblea constituyente para conseguir los votos que se perdieron. Con esta clase de errores es que se pierden los países.
El único avance notorio que hemos tenido en la estrategia contra la insurrección ha sido la decisión, por demás obvia, de que los desbloqueos de carreteras los ejecute la policía con el apoyo del Ejército. Hasta hace pocos días la policía era enviada a hacer el trabajo sin logística y con la orden de no defenderse. En Ica fue masacrada. Eso ya se superó. La policía junto a la población y al Ejército han desbloqueado la carretera central, la salida de Arequipa hacia la Panamericana y los ingresos a Ica.
Pero hay cuando menos tres vacíos importantes en la estrategia del Estado peruano.
Uno es la renuencia a detener y acusar a los violentistas, a los dirigentes que alientan no solo los ataques, sino los bloqueos, que son criminales porque causan muertes y tremendas pérdidas económicas a las personas y a las empresas. Evidentemente, si los líderes de estas acciones saben que pueden actuar con toda impunidad, seguirán haciéndolo cada vez con mayor resolución.
Para resolver esto es indispensable traer los casos a Lima, creando una jurisdicción nacional en la Fiscalía de la Nación y en el Poder Judicial. Hay que reclamarle a la Fiscal de la Nación más decisión y proactividad en este asunto. Pues aquí se da el caso paradójico y absurdo de que los jefes militares y policiales se inhiben de actuar por temor a los juicios, mientras los delincuentes y violentistas actúan sin temor alguno porque no se les denuncia.
El segundo vacío es la ausencia de una campaña comunicacional efectiva. Esa campaña debería desarrollar cuando menos tres temas. El primero es desmontar la posverdad de que el golpe lo dio el congreso aliado con los poderes limeños contra Castillo, y no al revés. Esa narrativa es la que mueve las protestas, y es falsa.
El segundo tema se refiere a mostrar con testimoniales los perjuicios que la violencia y los bloqueos ejercen sobre las economías de las personas y las mypes. Ya es hora de que los afectados se organicen y hagan valer sus derechos contra esas micro dictaduras que gobiernan las localidades. Y el tercero consiste en mostrar la violencia de los ataques a la policía y a las instituciones del Estado, como algo inaceptable en una democracia y en un Estado de Derecho.
El tercer vacío es la ausencia de una estrategia para cortar el financiamiento procedente de la minería ilegal, particularmente de las plantas procesadoras, que explotan a los mineros informales. Se trata de llevar a los mineros informales una propuesta de formalización sería, efectiva, que los vuelque a favor del sistema y del orden constitucional.
Lampadia
