Pero no se aprobó reelección y eliminación de movimientos regionales
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Es lamentable que el Congreso no haya alcanzado los votos para restablecer la reelección de alcaldes y gobernadores regionales y eliminar los movimientos regionales.
Es un derecho de los ciudadanos reelegir a quien haya gobernado bien, y los movimientos regionales en general solo han servido para canalizar grupos de asalto a las arcas regionales o municipales, depredando a los partidos políticos que necesitan afirmar su presencia nacional.
Esperemos que en la reconsideración se alcance los 87 votos necesarios. Tenemos que avanzar en recuperar niveles mínimos de funcionalidad democrática.
La buena noticia, sin embargo, es que la comisión de Constitución ha aprobado dos dictámenes sobre reglas electorales que introducen cambios positivos, salvo una o dos disposiciones cuestionables.
El primero restablece la posibilidad del financiamiento de los partidos por parte de empresas formales, algo fundamental para recuperar la conexión del empresariado con la política y con los problemas nacionales y para reducir el espacio de las economías ilegales en el financiamiento de la política.
Y el segundo incentiva en alguna medida las alianzas y restablece la proporcionalidad entre el número de representantes y el tamaño de la población electoral, por lo menos para diputados, aunque, no sabemos por qué no divide Lima en varias circunscripciones electorales para mejorar la relación de representación.
En cuanto a lo primero destaquemos que el dictamen mejora el anterior en el sentido de que eleva a de 120 a 200 UIT el monto que una persona natural o jurídica puede aportar, y a 500 UIT si dona a varios partidos. Este aumento era necesario porque se trata de ampliar lo más posible la participación del sector privado formal en el financiamiento de la política, hasta ahora casi monopolizado por las economías ilegales.
Además, se ha incorporado el mecanismo de una cuenta en el Banco de la Nación en la que las personas naturales o jurídicas puedan aportar indicando a qué partido donan, sin que el partido sepa quién es el donante. Esto debe facilitar las aportaciones. Lo que no se entiende es por qué se ha puesto, aquí sí, un límite del 40% de las 200 UIT. Absurdo. Ese límite debería ser retirado.
Y no se ha incluido un control que figuraba en el proyecto original de Alejandro Muñante, que establecía que el aporte no debía superar el 10% de los ingresos de la empresa en el año.
Esto para evitar que algún ilegal conformara una empresa durante la campaña electoral solo para donar a algún partido. Esa empresa no podría demostrar ingresos suficientes. Ese requisito debe ser repuesto.
Y lo que podría ser peligroso y contraproducente es la disposición que establece que “Los aportes no declarados o que sobrepasen los límites permitidos, no constituyen ni se presumen de fuente prohibida; su infracción genera responsabilidad administrativa…”.
Esto, combinado con la ausencia señalada en el párrafo anterior, facilita los aportes de fuentes ilegales, les da carta blanca, justamente lo que se quiere evitar al restablecer el financiamiento privado formal. Estos son contrasentidos que deben eliminarse.
En cuanto al segundo dictamen, es positivo que se haya puesto la barrera para ingresar al Congreso en el 6% de los votos, pero sin agregar un punto porcentual por cada partido que integra la alianza. Esto incentiva la formación de alianzas, aunque no se ha recogido la sugerencia de que pueda haberlas para la plancha presidencial pero no para las listas congresales, de modo que cada partido integrante de la alianza pueda ir con su propia lista congresal. Esto reduciría significativamente la resistencia a formar coaliciones.
Es positivo que se disponga, para diputados, la proporcionalidad entre número de escaños y población por circunscripción, porque esto corrige la subrepresentación que sufrían Lima y otras regiones.
Pero hay que lamentar que no se haya acogido -no sabemos por qué- la propuesta de dividir Lima en un mínimo de 5 circunscripciones, para mejorar la relación de representación entre electores y elegidos. Esto también debería corregirse en el pleno.
Y es positivo que se haya subido a un 30% la libre designación de candidatos a las elecciones subnacionales, incluyendo alcaldes y gobernadores, para incorporar ciudadanos no inscritos en los partidos, que es lo propio de las elecciones vecinales.
En suma, hay avances importantes en estos dictámenes ya aprobados, pero hay que corregir los elementos contradictorios que hemos señalado. Y aprobar la reforma constitucional que restablece la reelección de autoridades subnacionales y elimina los movimientos regionales. Lampadia
