Jaime de Althaus
Para Lampadia
Se ha suscitado un conflicto entre la coordinadora del grupo que elaboró el proyecto de ley electoral y el presidente de la Comisión de Constitución. Aparentemente esta última decidió avanzar por medio de leyes parciales en lugar de revisar capítulo por capítulo el proyecto elaborado por el grupo de reforma electoral, desechando en ese sentido el proyecto en su integralidad.
Fuente: cronicaviva.com
En realidad, no sabemos bien qué intenciones hay detrás de todo esto. El proyecto de ley contiene avances importantes pero también defectos y vacíos que debían ser revisados en la Comisión de Constitución. Parte de estos defectos y vacíos, sin embargo, devienen del hecho de que la propia Comisión de Constitución no hizo lo que debió hacer desde el principio: una discusión acerca de qué objetivos perseguimos con la reforma electoral y política y cuáles son las reformas que habría que hacer en el marco legal y constitucional para alcanzar esos objetivos. En esas condiciones el proyecto actual debió simplemente legislar lo indispensable para regular las elecciones sub nacionales del 2018, y no pretenderlo todo.
El hecho es que, como consecuencia, el proyecto no propone la eliminación del voto preferencial, ni la reducción del tamaño de los distritos electorales y menos aun la bicameralidad, por ejemplo. Y si uno de los objetivos de la reforma es reconstruir un sistema de partidos institucionalizados y abiertos a fin de reducir la fragmentación política y la pérdida de la autoridad central del Estado unitario, un tema que entra en discusión, por ejemplo, es si debemos permitir la existencia o bajo qué condiciones de los movimientos regionales. Como es obvio, si los alcaldes y gobernadores tuvieran que pertenecer a un partido o a un movimiento regional asociado a un partido, la instancia nacional del partido, o el congresista respectivo, o el gobernante, podrían llamar a orden a un alcalde o gobernador del propio partido que estuviera desarrollando acciones disruptivas o deficientes. En la actualidad, la mayor parte de alcaldes y gobernadores no le rinde cuenta a nadie y tampoco tienen balance de poderes en sus gobiernos.
En realidad, es hora de tomar nota de la extrema fragmentación política y administrativa del Estado peruano, que atenta contra su carácter unitario y contra toda eficiencia en la gestión de los recursos y fomenta el asalto de los recursos públicos. Un reciente estudio sobre “la calidad de la inversión pública sin planificación territorial” de Alvaro Espinoza y Ricardo Fort, de Grade, identifica que en los barrios vulnerables de distritos periféricos de Lima como San Juan de Lurigancho, Villa El salvador y Villa María del Triunfo, no solo hay menos inversión pública proporcionalmente que en el resto de distritos sino que ésta es extremadamente atomizada y carente de integralidad, de modo que no resuelve los problemas que ataca. Las obras son pequeñas e incompletas: muros de contención y pistas que se quedan a la mitad, por ejemplo, o pistas sin veredas, o pistas pavimentadas sin que la troncal lo haya sido, etc. No hay planificación alguna.
Y la razón estriba en la manera como se deciden las obras. La gran mayoría son construidas por la municipalidad, pero la demanda viene de abajo, lo que no está mal, pero el problema no viene de los barrios que forman el distrito, sino de los llamados “asentamientos humanos” que forman los barrios. Dichos asentamientos humanos tienen apenas entre 50 y 150 familias, y cada uno tiene su propia dirigencia, sus propios problemas y prioridades. Si la dirigencia es activa y persistente, consigue finalmente que la municipalidad priorice su proyecto, que nunca supera los linderos del asentamiento. Por eso las pistas o los muros de contención terminan donde termina el asentamiento, y si el asentamiento vecino no ha programado la continuidad de la misma obra, esta se interrumpe. Pero como no hay planificación alguna, muchas veces se hacen pistas en áreas periféricas sin que esté construida la pista articuladora del barrio o distrito.
Resolver este problema forma parte de la reforma del SNIP. Se supone que Invierte.pe es una mejor solución, pero no se avanzará si no se prohíbe obras menores a cierto tamaño o no se establece un sistema de planificación que asegura integralidad y enfoque territorial en la obra pública. Quizá haya que poner el CEPLAN dentro del Ministerio de Economía para que esto funcione.
Lo que nos lleva a la conclusión de que ni siquiera la reforma política como tal es suficiente para resolver el problema de la micro feudalización extrema del Estado peruano. De allí la importancia de plantear los grandes objetivos para derivar de ellos el conjunto de reformas necesarias para alcanzarlos, en todos los órdenes pertinentes. Lampadia
