Jaime de Althaus
Para Lampadia
No es populismo exactamente sino clientelismo desvergonzado lo que ha hecho el Congreso con la ley de reposición de maestros que no pasaron evaluación y con el proyecto de extender licencias de rutas por 10 años. Con ello, el Congreso perjudica a los sectores populares que asisten a colegios públicos o usan transporte público, solo para beneficiar a intereses particulares.
Lo mismo ocurrió, aunque en una magnitud aun mayor, con la ley que regaló nombramientos y ascensos automáticos en Salud y Essalud. En los tres casos se otorga beneficios estatales a particulares a costa de los usuarios y a costa de las reformas respectivas. Una forma de corrupción. Peculado en buena cuenta, en la medida en que entraña ingente gasto público que se desvía a los favorecidos. ¿Qué diferencia esencial hay entre regalarle un contrato a Richard Cisneros y distribuir puestos a profesores que no califican para la función?
Si la pandemia hizo ver más que nunca la necesidad de una reforma profunda del sistema de salud, ella se torna casi imposible cuando se suprime el principio meritocrático en los nombramientos y ascensos y se pasa al personal a la ley 728 en lugar de implantar el régimen de la ley de servicio civil. Lo mismo ocurre con la reciente ley que beneficia a maestros no evaluados saboteando la meritocrática ley de carrera magisterial, que tanto trabajo costó aprobar en su momento y cuya aplicación es una lucha diaria debido a las resistencias que mantienen los sindicatos magisteriales, que han logrado hasta ahora postergar las evaluaciones de desempeño –requisito para los ascensos en la carrera- de modo que luego de muchos años solo se ha podido realizar una a alrededor de apenas 5 mil profesores de inicial.
El ministro de Educación nos explica que la evaluación de desempeño se iba a implementar por fin este año, pero se pasó para el próximo debido a la emergencia. Ojalá la pandemia no haya sido una coartada para postergarla. Y aunque el ministro nos informa que los concursos de nombramiento tienen ahora una etapa descentralizada en la que se evalúan competencias pedagógicas del docente mediante la observación de aula y entrevista, ¿cómo exigir luego evaluación de desempeño para ascender si se puede nombrar sin examen de ningún tipo? El Sutep no dejará pasar esa pica en Flandes para ir degradando cada vez más la meritocracia.
Habría que investigar cuales son esos grupos de interés que obtienen estas granjerías. Según Cecilia Valenzuela, en el caso de la reciente ley de los 14 mil maestros, se trata del lobby de Patria Roja que necesita los votos de estos 14 mil maestros en su disputa por el control del Sutep y de los millones de la Derrama Magisterial con facciones como el Conare del Movadef.
¿Cómo detener este saqueo sistemático del erario público y del futuro del país, impedido de profundizar las reformas necesarias para mejorar los servicios en beneficio de los ciudadanos? ¿Cómo contener a estos enemigos del Perú?
En lo inmediato, observar esta ley. El Ministro de Educación ya anunció que lo hará. Pero, como en el caso de Salud y Essalud, el Congreso posiblemente la apruebe por insistencia. Entonces no queda sino la segunda línea de contención, que es el Tribunal Constitucional, que no sabemos cómo se pronunciará.
En el caso –suponemos improbable- de que el TC le diera la razón al Congreso, no quedaría más qué hacer. Solo aguzar la conciencia de las reformas que tenemos que introducir para neutralizar estos impulsos destructivos en el futuro. Aquí aparecen en toda su necesidad dos reformas políticas clave. La primera es que el Congreso solo pueda aprobar por insistencia una ley observada por el Ejecutivo, con los 2/3 del número legal de congresistas, como en todas partes, y no con la mitad como es ahora. Más aún si no tenemos Senado. La segunda es precisamente el restablecimiento de la bicameralidad. Es menos probable que leyes predatorias como estas salgan del Congreso si el Senado las revisa.
Necesitamos que ingresen a la política ciudadanos más calificados y más comprometidos con el país. Pero es difícil si no es posible hacer carrera política porque se ha eliminado la reelección –acaso el mayor daño ocasionado a la institucionalidad política-, si el financiamiento por parte de las empresas formales está prohibido y si sigue siendo relativamente difícil formar un partido. El país tiene que abrir un foro permanente de discusión de la reforma política para que se apruebe durante el próximo periodo gubernamental de modo que podamos recomponer el timón del país. Lampadia
