Jaime de Althaus
Para Lampadia
El gobierno creó la Comisión Consultiva denominada “Comisión de Reforma del Sistema de Justicia”, presidida por Allan Wagner e integrada por Delia Revoredo, Hugo Sivina, Samuel Abad Yupanqui, Eduardo Vega Luna, Ana Teresa Revilla y Walter Albán Peralta.
Notemos, primero, que ha sido creada haciéndola depender directamente de la Presidencia de la República y con una Secretaría Técnica que estará a cargo del Despacho Presidencial. Esto es novedoso. Significa que el Presidente Martín Vizcarra ha decidido liderar personalmente este tema. Lo que está muy bien. Significa que tiene la más alta prioridad política.
Ahora, no deja de llamar la atención el contraste entre esa prioridad y el hecho de que la Comisión tenga solo 12 días para presentar “un primer informe con recomendaciones de medidas urgentes y concretas para la reforma del sistema de justicia. Dicho informe incluirá la propuesta de creación de un mecanismo de coordinación y articulación de los diversos actores del sistema de justicia, que garantice la sostenibilidad de una reforma integral”.
Claro, se trata solo de un primer informe. Probablemente tendrá recomendaciones generales. Todavía no proyectos de ley o de modificación constitucional, sino la indicación de formularlos con determinado contenido. De hecho, luego se dispone que la Comisión continuará funcionando hasta la instalación del mecanismo de coordinación y articulación de los diversos actores del sistema de justicia, oportunidad en la hará entrega de sus recomendaciones finales al Señor presidente de la República, en sesión del Consejo de Ministros.
Sería importante que la Comisión convoque a juristas de pensamiento liberal y a administradores o personas de otras profesiones que puedan ofrecer una visión diferente a la común orientación que parecen tener los comisionados, así como a gremios y a facultades de administración y gestión pública.
Es probable que la comisión tome como referencia dos documentos: uno, el plan propuesto por la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justica (CERIAJUS) el año 2004. Este es un documento muy amplio y muy detallado, que llega incluso a calcular el costo presupuestal de los cambios planteados, que en ese momento estaba alrededor de los 3 mil millones de soles. (ver: Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia). El resumen de las propuestas puede encontrarse entre las páginas 29 y 56 de ese plan. Queda claro, de su revisión, que algunas de ellas han perdido vigencia y otras son discutibles. Pero hay otras tantas que pueden ser recogidas. La más interesante es la propuesta de una Corte Suprema integrada solo por 11 miembros dedicados a establecer jurisprudencia. Un cambio como ese es fundamental.
Un aporte mucho más sintético pero con ideas claras, que seguramente será tomado en cuenta dado que el presidente de la Comisión es, a su vez, presidente de la Asociación Transparencia, es la propuesta de reforma institucional formulada por esta institución (ver: Propuestas de reforma institucional para el fortalecimiento democrático).
En ella no se acoge la idea propuesta por la CERIAJUS de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se haga cargo no sólo de la selección, nombramiento y promoción de los magistrados, sino también del control y régimen disciplinario de todos los jueces y fiscales, eliminando el sistema de control interno que está en manos del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y propone suprimir las ratificaciones de jueces y fiscales cada siete años, pues en la práctica se han convertido en un poder discrecional, absoluto, secreto e incuestionable.
Transparencia plantea también la eliminación de la ratificación cada 7 años, pero no el control externo total. En realidad, dicha ratificación debería ser reemplazada por un sistema de evaluación de desempeño permanente en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, que sea base de los ascensos y del retiro de los magistrados en los casos de incompetencia.
A nuestro juicio, el elemento clave en todo esto es la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros hemos propuesto que se haga mediante un concurso público organizado por una junta de personalidades intachables o alguna otra fórmula que dé garantías de idoneidad. Los consejeros designados por el sistema judicial, universidades y colegios profesionales han demostrado carecer del nivel profesional y ético necesario en una institución tan decisiva como esta.
Es evidente que una reforma del sistema judicial bien hecha tendrá un costo presupuestal. De hecho, la CERIAJUS plantea que el presupuesto formulado por el Poder Judicial no podrá ser observado por el Ejecutivo, salvo que exceda el 4% del monto total del presupuesto general de la República. Si bien 4% parece mucho, sobre todo considerando que hay mucho por ganar en eficiencia de los despachos y en reducción de personal excedentario –¡hay más de 8 administrativos por juez! – y también en el impulso a fórmulas tales como el arbitraje civil y penal que descarguen procesos en el sistema judicial, de todos modos quizá se requiera más jueces en algunas áreas e invertir en diversas mejoras, de modo que la reforma sin duda tendrá un costo.
En ese sentido, la Comisión debería pedir a expertos formulen una propuesta de reducción o eliminación de dependencias y programas inútiles o contraproducentes en el conjunto del Estado, que se han multiplicado en los últimos 20 años. Y el gobierno debería retirar de la administración pública a todos aquellos funcionarios que ingresaron con certificados de estudios y de trabajo falsos, que serían una cantidad apreciable. Y también a todos aquellos que resulten excedentarios luego de los Análisis de Calidad Regulatoria y de Impacto Regulatorio y de la simplificación administrativa en general que está llevando a cabo la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Pues la primera prioridad en un Estado de Derecho es la seguridad física y jurídica, el imperio de la ley.
A lo largo de estos últimos años Lampadia ha venido formulando propuestas de reforma institucional, particularmente en lo relativo al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Policía. Queremos aportarlas a la Comisión.
En relación al Poder Judicial recomendamos ver las siguientes propuestas:
La impostergable reforma del Poder Judicial
¿Es posible una reforma judicial desde adentro?
En relación al Ministerio Público:
La reforma del Sistema Judicial
Y en relación al Consejo Nacional de la Magistratura:
Reforma del CNM y de la administración de justicia
Aportamos estos escritos a los trabajos de reforma que próximamente se emprenderán.
Nuestra propuesta se puede resumir así:
- Elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura mediante concurso público organizado por una junta de personas intachables (como, por ejemplo, Allan Wagner, Fernando de Trazegniez, Felipe Ortiz de Zevallos, Eduardo Vega, Beatriz Boza, Richard Webb entre otros) o por un organismo o junta de instituciones que ofrezca garantías.
- Eliminar la ratificación de los jueces cada 7 años por parte del CNM pero reemplazarla por un sistema de evaluación de desempeño de jueces y fiscales aplicado por las propias instituciones que sirva tanto para el ascenso como para retirar de la función jurisdiccional al magistrado incompetente.
- Pasar a una Corte Suprema pequeña y de muy alto nivel dedicada a establecer jurisprudencia a partir de casos emblemáticos.
- Alargar el periodo del presidente del Poder Judicial de dos a cuatro años, empoderándolo tanto a él como al gerente general.
- Implantación de expediente digital, incluyendo en área penal
- ‘Oralización’ en todas las ramas judiciales
- Impulsar el arbitraje civil y penal
- Llevar a cabo talleres con jueces en todo el país para discutir una versión resumida del libro de Jaris Mujica “Micropolíticas de la corrupción. Redes de Poder y Corrupción en el Palacio de Justicia”, 2011. Lima, Asociación nacional de Rectores, y elaborar cursos de acción y cambio a partir de esa discusión.
- Que la Corte Suprema empodere a un equipo o misión extranjera para llevar a cabo la modernización interna del Poder Judicial.
- Fortalecer la OCMA y a la Fiscalía Superior de Control Interno para que puedan efectuar labores de inteligencia en las Cortes Superiores a fin de identificar nidos de corrupción y de vinculación de jueces con organización criminales, y darles la facultad de firmar convenios con unidades de inteligencia de la Policía Nacional con el mismo objetivo.
- Exhortar a los estudios de abogados a firmar un código de buenas prácticas que contenga un pacto para no sobornar.
- Distritalizar (en Lima) la justicia penal, juntando en un solo local distrital a un juez, un fiscal y una carceleta para penas cortas a delincuentes menores, a fin de acabar con la impunidad y cortar de raíz el crimen que luego se vuelve organizado.
- Aprobar una ley de carrera del trabajador judicial que tenga carácter meritocrático, y racionalizar el servicio administrativo del Poder Judicial, donde hay la excesiva cantidad de 8 administrativos por juez.
- Reducir o eliminar dependencias y programas inútiles o contraproducentes en el conjunto del Estado y retirar del aparato público a todos aquellos que ingresaron con certificados de estudios y de trabajo falsos, así como a aquellos que resulten excedentarios luego de los procesos de simplificación administrativa, desregulación y reingeniería, a fin de reorientar esos recursos al fortalecimiento del sistema de justicia.
Lampadia
