Jaime de Althaus
Para Lampadia
El caso de Ricardo Briceño, ex presidente de la CONFIEP, acusado por José Domingo Pérez de haber de haber cometido fraude contra la propia CONFIEP al haber desviado a la campaña de Keiko Fujimori dos millones de soles donados por empresas para una campaña en defensa de la inversión, es increíble. Al punto que ha tenido que interponer un hábeas Corpus, según ha revelado su abogado, el constitucionalista Luciano López.
De acuerdo con lo explicado en el programa Punto Final, el tema es delirante.
Según la acusación fiscal, Briceño (que ya ni siquiera era presidente de CONFIEP, porque su periodo había terminado) convocó a una reunión a varios empresarios para que donaran un aporte a una campaña comunicacional en defensa de la inversión. Las donaciones se produjeron y acto seguido -según el fiscal- Briceño destinó ese dinero no a la campaña mencionada sino al financiamiento de la campaña electoral de Keiko Fujimori, para lo cual falsificó los balances y estados financieros del gremio omitiendo que la finalidad de esos ingresos era solventar la campaña política de dicha candidata. ¡Como si la campaña de defensa de la inversión no hubiera existido! Todo el mundo vio la campaña por televisión y allí están las facturas.
Es decir, Briceño, según esta fabulación, habría engañado y cometido fraude contra la propia CONFIEP. Por supuesto, la CONFIEP desmintió en un comunicado que haya sido agraviada por su expresidente. Incluso aclaró que Briceño ni siquiera manejó esos fondos. Y que estos se destinaron, efectivamente, como todo el mundo sabe, a la campaña televisiva por la inversión.
Y, naturalmente, la fiscal María León Pizarro, de la segunda Fiscalía Corporativa de la Victoria, a la que el propio José Domingo Pérez le había encargado que investigara y fundamentara esta acusación, archivó el caso declarando que no procede formalizar la investigación preparatoria contra Ricardo Briceño porque no se encontró evidencia alguna de fraude contra la persona jurídica mencionada.
Pese a que el caso ya había sido archivado por la propia fiscal a quien él encargó el tema, José Domingo Pérez insistió en la acusación y el juez Zúñiga no archivó el caso.
Por eso, explicó Feliciano López, Briceño ha interpuesto un hábeas Corpus, porque acá se está violando el principio de la cosa decidida y el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Por tanto, se viola su derecho a la libertad personal porque se le lleva indebidamente a un juicio cuestionando su inocencia con una absurda acusación.
Lo que hay acá es un abuso, una voluntad ofuscada de acusar a como dé lugar, no solo inventando hipótesis delictivas que solo pueden provenir de una intención persecutoria irrefrenable que busca obsesivamente su propósito sin mirar los hechos, sino pasando por alto la resolución de una fiscal que, por supuesto, no encontró nada delictivo.
En realidad, la principal imputación del fiscal a Briceño es, cuando no, lavado de activos, que es la figura que usó, también de manera forzada e impropia, para otorgarle carácter delictivo a las donaciones de campaña a Keiko Fujimori y a Ollanta Humala, entre otros. Las donaciones de campaña no eran delito, y como se trataba de criminalizar a los políticos y a sus partidos, sobre todo si eran de oposición al régimen de entonces, se usó indebidamente la figura del lavado de activos. La consecuencia fue la destrucción de parte importante de la clase política.
Y la destrucción de las personas. En este caso, como no tenía cómo convertir en lavado de activos la actuación -por demás inexistente- de Briceño en este asunto, se le ocurrió la fantasía del fraude a la persona jurídica como delito fuente. Pero esto fue archivado por la fiscal León Pizarro. Pese a ello, sigue acusando a Briceño de lavado de activos. A una persona que ni siquiera era ya presidente de CONFIEP, que no pidió ni manejó los fondos, los cuales se usaron efectiva y probadamente en una campaña de comunicación en defensa de la inversión, y no para financiar la campaña política de Keiko Fujimori.
Hay 54 imputados o acusados en el caso cócteles. ¿En cuántos de ellos se habrá inventado historias imaginarias como esta para mantener a los imputados con la espada de Damocles por algo que ni siquiera fue delito? Es hora de detener estos abusos. Lampadia