Tiroteos, atentados, asesinatos a mansalva ganan portadas y espacios en la prensa nacional. La ferocidad y ensañamiento con los que se comenten estos homicidios nos hacen temer lo peor. Peor aún, los vínculos de la política y el narcotráfico se hacen evidentes.
Además del tema de la droga, siguen prosperando otras actividades mafiosas que van configurando un nuevo mapa del Perú. Un territorio liberado donde no se deja entrar al Estado ni al sector privado con actividades formales.
Cabe preguntarse. ¿Estamos por convertirnos en un narcoestado? ¿Estamos perdiendo el control de nuestro territorio?
Un reciente trabajo publicado por los expertos en esta materia, Jaime García y Gabriela Stöckli: “El Rol de las Instituciones del Estado en la Lucha Contra Las Drogas en los Países Productores de Hoja de Coca” (ver documento en Lampadia), nos ayuda a responder estas acuciantes preguntas.
El narcotráfico no puede entenderse como un fenómeno peruano. Hay que entenderlo en relación a los países productores (Perú, Bolivia y Colombia) y a los consumidores.
“Entre los años 2000 y 2013 la producción potencial de cocaína en la región [Perú, Boliviay Colombia] habría decrecido de 879 a 675 toneladas métricas. Asimismo, el nivel de incautación de drogas, en los tres países, se habría incrementado de 97 a 182 toneladas”, señala el citado estudio.
“Sin duda que el impacto económico del narcotráfico también se ha reducido en la región en los últimos años, de acuerdo a los informes de monitoreo de UNODC. Para el caso de Bolivia, el valor en finca de la producción de hoja de coca en porcentaje de su PBI ha decrecido de 3% en el 2004 a 0.9% en el 2013. Similar situación ocurre con la economía de Colombia, donde ha habido una reducción sustancial de cultivos de coca y un crecimiento económico importante, permitiendo que el valor de coca como porcentaje de su PBI se reduzca de 0.3% en el 2004 a 0.2% en el 2013. En el caso del Perú, el crecimiento económico también ha permitido que se reduzca el impacto de los cultivos de coca en el PBI desde 0.44% en el 2004 a 0.25% en el 2013”.
En el caso del Perú, la reducción se debe a una política antidrogas que está dando resultados en algunas provincias del país. Los sorprendentes resultados de la región San Martín son un claro ejemplo de ello. Los cultivos de coca han sido sustituidos por cacao, café, palma aceitera, plátano y otros productos de exportación. Algo similar se ha producido en la provincia de Leoncio Prado (Huánuco) que abarca a todo el Alto Huallaga (Ver en Lampadia: Cae producción de coca en el Alto Huallaga).
Este éxito en aquellas zonas se basa en una estrategia integral de erradicación de cultivos ilegales y una posterior promoción de cultivos alternativos. El sobrecosto de la erradicación ha obligado a muchos agricultores a cambiar la coca por cultivos alternativos, cuyos precios internacionales aumentaron notoriamente y lograron una gran aceptación en los mercados por su excelente calidad. Asimismo, el incremento de la inversión pública traducida en mejores carreteras, colegios, sanidad, redes eléctricas y de telecomunicaciones, abarató costos y vinculó a estas zonas con mercados. Tambiénha sido clave la entrega de títulos de propiedad.
Sin embargo, el hecho de que su peso en la economía del Perú, haya disminuido de tal manera, no significa que su influencia en la política haya decaído. Por el contrario, podría decirse que en una situación de esta naturaleza, ha hecho necesaria (para los traficantes) una mayor protección “institucional” (política, policial, judicial, etc.) para viabilizar su espacio de operación.
Un riesgo para la penetración del narcotráfico en la política es la grave desinstitucionalización que vivimos. Todos los días aparecen, se crean o forman partidos, movimientos y organizaciones afines. A los narcos les es muy fácil tentar o llegar el poder a través de estos “vehículos”. Como señala Kevin Casas Alzamora, Secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA): “si un mafioso quiere financiar a un candidato presidencial no necesita comprar una organización partidaria, puede montar una maquinaria electoral sorprendentemente frágil y con eso es competitivo electoralmente”.
Esta situación se agrava en las regiones y provincias. Casas indica: ”la descentralización política [proceso que se ha dado de forma acelerada y descuidada], cualesquiera sean sus virtudes, crea un problema complicado… para un mafioso es mucho más barato y menos visible comprar a un alcalde [o Gobernador, Jefe de Ronderos, Jueces y Policías] que comprar a una autoridad nacional”.
Esta debilidad institucional es aprovechada por los propios narcos y las otras organizaciones delictivas dedicadas a la tala y minería ilegales, el contrabando, etc., pues todas ellas requieren de territorios liberados para operar sin contratiempos.
Como señalan García y Stöckli, “el narcotráfico impacta social, ambiental, política y económicamente a la sociedad en la cual se desenvuelve, teniendo como campo de acción territorios en los cuales el alcance y densidad del Estado son mínimos”.
“Según un informe realizado por las Naciones Unidas, en el caso peruano, los distritos en los cuales se cultiva hoja de coca, el Índice de Desarrollo Humano es menor que el promedio nacional (0.312 versus 0.498). (…) a pesar de los altos ingresos monetarios que supone el cultivo de la coca, no se ha acortado la brecha de desarrollo entre los distritos donde existe cultivo de hoja de coca y aquellos en los cuales se encuentra ausente”, sostienen los investigadores.
Es allí donde el narco campea, se desarrolla e influye. Toma el control de las municipalidades, fiscalías, rondas, cortes distritales y provinciales. Cuando los llamados “clanes familiares” progresan van tomando Gobernaciones regionales. Existen varios indicios de ello y algunas acusaciones bien fundamentadas de cómo en distintas regiones (Ucayali, Huánuco, Ancash, Amazonas y otras), personajes vinculados al narcotráfico controlarían el poder. De allí a seguir infiltrando congresistas existe un paso.
Los narcos no solo toman el control de las zonas de producción, sino también de lugares clave por los que embarcan la droga. Los puertos son objetivos clave. Las incautaciones de cocaína en el puerto del Callao, en las que se ha descubierto que algunos estibadores son parte de mafias, constata de que el sistema de “bolsas de trabajo” permite a los remanentes del personal de Enapu controlar quienes cargan y descargan los buques y abrir las puertas al descontrol.
Todavía pareciéramos lejos de ser un narcoestado en el aspecto nacional, pero ya existen lo que podríamos llamar “narco regiones o narco distritos”. El Estado está obligado a investigar con gran dedicación la realidad de cada localidad, a comunicar a los ciudadanos la verdadera situación de cada una, los indicios serios sobre la penetración silenciosa de esta plaga y combatirlos con inteligentemente.Hasta ahora, ni siquiera se ha aprobado en el Congreso la norma que permita derribar las avionetas (20 por día), que entran y salen de nuestro territorio llenas de coca.
Un tema fundamental es el de “seguir el dinero” (follow the money), como nos recomendó el general Óscar Naranjo de Colombia en el último Cade. Ver en Lampadia: Sin buena policía no hay estado de derecho).
Ya tenemos suficientes evidencias, síntomas y presunciones, como para asumirla lucha contra el narcotráfico y las otras actividades ilegales, como una de las mayores prioridades del Estado.
¡Tenemos que recuperar el control de nuestro territorio hasta en el más pequeño espacio de la Nación! Lampadia
