Y la propuesta de la Defensoría es buena pero parcial
Institucionalidad para prevenir los conflictos
Jaime de Althaus
Para Lampadia
El desarrollo de la minería en el Perú requiere de una institucionalidad que permita convertir los recursos que genera la minería en desarrollo local y regional y prevenir los conflictos sociales que en ocasiones toman la forma de una extorsión que puede hacer inviable la inversión minera.
Al respecto, la Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo acaba de publicar un buen documento de análisis y propuestas sobre los procesos de diálogo y, de otra parte, la PCM emitió el domingo en El Peruano una resolución ministerial que crea la “Zona de Atención Especial” en la provincia de Chumbivilcas, para dar respuesta a los bloqueos allí generados.
El informe de la Defensoría señala que “Los procesos de diálogo para resolver conflictos sociales se han constituido con los años en un mecanismo legitimado por las partes…”, pero el problema es que “…el incumplimiento de acuerdos debilita los espacios de diálogo, afecta la legitimidad de las entidades estatales, deteriora las relaciones de confianza entre Estado y ciudadanos o profundiza la desconfianza, y abre las puertas al reinicio de acciones colectivas de protesta que podrían intensificarse a partir de la frustración experimentada (p.79). De hecho, al 2019 había 2,050 compromisos pendientes de cumplimiento, lo que representaba el 54.5% de los acuerdos firmados.
El informe constata que no hay en los ministerios ni en los gobiernos regionales procedimientos establecidos para asegurar el monitoreo y cumplimiento de los compromisos, y entonces formula recomendaciones precisas al respecto. Muy bien. Es interesante y alentador que en una entidad pública se analice un problema y se formule propuestas de solución. Deberían implementarse.
Pero el documento tiene una debilidad: da por supuesto que el mecanismo de las mesas de diálogo es el correcto, cuando sabemos que la gran cantidad de las mesas de diálogo generadas, que han producido miles de compromisos que no se cumplen, fueron el último recurso ante conflictos que ya habían escalado, y que justamente por eso producen compromisos muchas veces incumplibles porque las autoridades firman para salir del paso o porque tienen la pistola de la medida de fuerza en la cabeza. Y de allí el círculo vicioso: mesas de diálogo que producen acuerdos que no se pueden cumplir y que, por lo tanto, generan más conflicto. Por supuesto, también hay falta de procedimientos para el seguimiento y cumplimiento de compromisos.
El asunto, entonces, está en establecer una institucionalidad, una gobernanza, que permita prevenir los conflictos. Porque se da el absurdo que, en las zonas mineras, que son las más pobres y ricas a la vez, el Estado nacional está ausente. Entonces en un lugar como el corredor minero del sur, por ejemplo, debería haber un vice premier encargado de coordinar al Estado en todos sus sectores y niveles para llevar a cabo un plan de desarrollo integral que permita, por ejemplo, convertir los recursos del canon y las regalías en desarrollo. Esto requeriría, de paso, reformar el canon, de modo que pudiera ser ejecutado en parte por un proyecto especial en el cual los alcaldes tengan asiento. Y gestionar el cumplimiento de la ley cuando se cometan delitos.
En lugar de algo como eso, el gobierno ha lanzado, para prevenir mas bloqueos y extorsiones en el corredor minero, la “Zona de Atención Especial Chumbivilcas”, “para efecto de la planificación” de las acciones de desarrollo sostenible que propondrá un Grupo de Trabajo integrado por ¡32 personas!, que en 90 días debe producir una propuesta de desarrollo territorial, intercultural y multisectorial.
En esa comisión están representantes de 14 ministerios, 14 comunidades, uno del Frente de Defensa, uno del alcalde provincial (no de los distritales), uno del gobierno regional y uno de la empresa. Además, otras comunidades del corredor que lo soliciten podrán ser incluidas. Como son 71 comunidades adyacentes a la carretera, pronto tendremos a una comisión multitudinaria. Eso sin contar, como apunta Raúl Molina, las comunidades de segunda fila, las que están detrás de las ribereñas a la carretera, que también querrán incorporarse.
Tamaña comisión no puede formular un plan de desarrollo integral en 90 días. Quizá pueda funcionar como un mecanismo de consulta y participación, pero la secretaria ejecutiva, que sería la oficina de gestión de conflictos de la PCM, tendría que tener una formidable capacidad de integración de demandas en una propuesta coherente y viable. Y definitivamente no es el caso.
La “Zona de Atención Especial”, además, no cuenta con una instancia ejecutiva, y tampoco con una autoridad coordinadora o directiva en el terreno. Esto no va a funcionar. Solo va a despertar expectativas que luego van a generar frustración y más conflicto. Quizá lo que se busca es darles protagonismo a dirigentes locales con vistas a las elecciones. Ojalá nos equivoquemos. Lampadia
