Según hemos ofrecido con la creación de nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo, con la colaboración del Centro Wiñaq, venimos presentando diversos artículos y ensayos para transparentar la grave situación de parálisis de las inversiones mineras y otras, a la que nos ha llevado la práctica anti-minera.
Esta campaña no solo se nutre de recursos financieros externos, también es parte de una praxis global que en el Perú ha asentado sus espacios sin que haya sido contrastada por el gobierno, ni por los gremios empresariales o las propias empresas. Sin lugar a dudas, su prédica ya se instaló en el subconsciente popular y en la gran mayoría de medios de comunicación y periodistas.
Filipinas: Indígenas buscando el cierre de la mina Lepanto
http://www.yestolifenotomining.org/ips-seeking-lepanto-mine-closure/
Con la siguiente contribución de Sebastiao Mendonça Ferreira para Lampadia, iniciamos una serie de seis escritos que presentarán propuestas para combatir la conflictividad anti-minera con un enfoque estratégico y sistemático.
Propuestas para reducir la conflictividad anti-minera (1 de 6)
Sebastiao Mendonça Ferreira
Centro Wiñaq
La Minería tiene un Gran Futuro.
La demanda global de los metales en 2050 va ser cinco veces la demanda actual.
Para algunos metales como el oro, cobre, plata, zinc y plomo la demanda va ser aún mayor (Halada, Shimada, & Ijima, 2008).[1] La aceleración de las tecnologías digitales no va frenar esa demanda, sino aumentarla.[2] El peso del Perú en la oferta global es significativa en varios metales (ver figura más abajo). Ello significa que, si queremos, en el Perú la actividad minera podrá crecer en una proporción similar a la demanda global de esos metales, y podemos ser parte activa en la economía global del futuro.
La idea de que la minería es una actividad pasajera no tiene sustento. Con los avances tecnológicos las reservas minerales pueden ser aprovechadas por siglos. La industrialización de China, de India, y después de África va expandir la demanda de metales. En los próximos 35 años el Perú tendrá una ventana de oportunidad segura para hacer de la minería una palanca de su desarrollo. Si somos suficientemente hábiles, podemos hacer que los recursos poli-metálicos del Perú sirvan para dinamizar las economías regionales, construir infraestructuras, educar a la población y diversificar la economía nacional.
Sin embargo, los actuales niveles de conflictividad minera son suficientes para bloquear varias décadas del desarrollo minero, como ya sucedió con el gas de Camisea en los años 80 y ahora está sucediendo con Conga, Tía María, y varios otros (12) proyectos bloqueados. Usando el ambientalismo como discurso, los anti-mineros han desarrollado, con la ideología del pos-extractivismo, una militancia anti-sistema (anti-empresa y anti-economía de mercado) que está logrando alejar al Perú del radar de los inversionistas mineros modernos, dejando el país en manos de los informales que sí destruyen el ambiente, causan terribles problemas sociales (abuso de menores, corrupción de mujeres, alcoholismo y degradación general), y corrompen la institucionalidad nacional dejando a las poblaciones locales en un fosilizado estado de pobreza rural.[3]
Actores y Dinámicas de la Conflictividad
La viabilidad de los proyectos extractivos, hoy afectada por la conflictividad, depende de cuatro actores centrales: (a) las empresas mineras, (b) las poblaciones de las zonas mineras (c) la institucionalidad pública, y (d) los grupos anti-mineros. Es el accionar de cada uno de esos actores, y de la efectividad de las mismas, lo que determina esta viabilidad, es decir, estos cuatro actores definen si hay o no hay condiciones para que la minería y otros sectores florezcan en Perú. Hay además, otros dos actores que juegan un papel importante, especialmente a escala nacional: los gremios empresariales y los medios de comunicación. Estos actores son relevantes por su capacidad para influir sobre la opinión e institucionalidad públicas, las empresas mineras y las comunidades del entorno.
El actual ambiente de conflictividad evidencia que los grupos anti-mineros están logrando que sus intereses privados predominen sobre los intereses de los otros actores: las sociedades locales/regionales están estancadas y polarizadas, los proyectos mineros están paralizados y la institucionalidad pública se encuentra descalificada e inoperativa, en varias regiones. Los únicos que ganan en ese escenario son los grupos anti-mineros, quienes se presentan como activistas comprometidos con el ambiente y defensores de las comunidades, y obtienen acceso a fondos de la cooperación internacional, presencia en medios y son elegidos a cargos públicos: alcaldes, gobernadores, congresistas, etc.
¿Cómo funciona la conflictividad?
De manera simplificada, los grupos anti-mineros actúan en tres líneas de acción:[4]
- Generar hostilidad hacia la minería en las poblaciones de la zona, especialmente en las comunidades rurales, para hacer del conflicto social el núcleo de su estrategia de acumulación política y financiera.
- Descalificar, fragmentar o usar la institucionalidad pública a su favor para crear espacios de impunidad, y
- Utilizar a los medios de comunicación para promover su agenda conflictiva, difundir su narrativa anti-minera y deslegitimar a las empresas mineras y las instituciones públicas.
Estas tres líneas de acción buscan desencadenar una secuencia de conflictos sociales que escalen e impacten en la opinión pública nacional, para así generar costos políticos a los gobernantes, y llevarlos a claudicar en su apoyo a un proyecto extractivo.
La estrategia conflictiva de los anti-mineros ha demostrado ser efectiva para paralizar varios proyectos mineros e hidroenergéticos en el Perú y en muchos otros países. Sin embargo, ellos tienen una deficiencia fundamental. Los anti-mineros solo ofrecen a las poblaciones locales la continuidad de la pobreza. Ellos son incapaces de rescatar las aspiraciones de progreso de la población y de ofrecerles posibilidades reales en ese campo. Cuando hablan del futuro, lo que proponen son retoques del pasado de pobreza, de un pasado que las poblaciones de las regiones mineras aspiran superar. Tanto sus propuestas como su accionar político evidencian un fracaso patente en ese campo.
La Ventaja Estratégica de la Minería
Las corrientes pro-desarrollo tienen, en relación a ese punto, una importante ventaja estratégica sobre los anti-mineros: Las poblaciones de las zonas mineras aspiran el progreso y con la minería el progreso es posible.
La minería, con un enfoque de sostenibilidad y valor compartido, ofrece oportunidades reales de progreso a las poblaciones y empresas locales. La minería dinamiza las economías regionales de múltiples maneras: genera empleo, genera empresas, mejora las infraestructuras, contrata servicios, compra productos, atrae otras inversiones, implementa proyectos de desarrollo y además financia los gobiernos locales y regionales con el canon. Esto ya sucede en varias regiones del Perú, con impactos positivos, y con algunos ajustes, puede aumentar notablemente. [5]
Sin embargo, en estos momentos hay que revertir una situación negativa para la minería: La conflictividad anti-minera ya está instalada. En muchos sitios ella está en estado latente y en otros está activa. Los grupos anti-mineros tienen estructuras partidarias nacionales, y han logrado considerable influencia en la opinión pública, en los medios de comunicación, en universidades, en organizaciones políticas y en las instituciones del Estado. La imagen de la minería está asociada a la degradación ambiental, y los pasivos mineros la refuerzan todos los días. Los anti-mineros ya tienen desarrollada una narrativa convincente, y existen miles de aventureros que ven en el conflicto minero una oportunidad de beneficio económico y ascenso social o político. Además, los enfoques predominantes en el sector minero sobre-simplifican las causas de la conflictividad social, y usan métodos que a la larga hacen todo más difícil.
En una situación de este tipo, no hay soluciones mágicas como andan pregonando algunos candidatos: propiedad del sub-suelo, mayor reparto de utilidades, reparto de acciones, canon comunal, etc. Es más, las empresas mineras no deben, ni pueden sustituir el Estado, y separadas de otros actores, no son suficientes para resolver el problema de la conflictividad. La conflictividad que hoy afecta a la minería se ha engarzado en profundas raíces sociales, políticas, económicas e institucionales, y su reducción va a requerir abordar esas dimensiones en forma conjunta y por largo tiempo.
El Camino a Seguir en los próximos meses.
Estamos en pleno proceso electoral. El 28 de julio de este año vamos a tener un nuevo gobierno. Aquí tenemos una oportunidad y un riesgo juntos.
Sería muy negativo si ese nuevo gobierno comenzara a experimentar con políticas equivocadas, como sucedió el 2011. Perderíamos otros 5 ó 10 años más con interminables conflictos, y con el crecimiento afectado por la parálisis de proyectos mineros (ambiental, social y técnicamente viables). Si a la caída del precio de los metales sumamos el costo de la conflictividad, muchas empresas, que podrían invertir en Perú, se mueven hacia otros países. Esta tendencia ya la estamos viviendo en estos momentos y no debería seguir así.
1. Sería bueno que el próximo gobierno, en vez de operar como aprendices de hechicero, pueda contar con una serie de orientaciones sobre qué hacer y qué no hacer para reactivar el sector y abrir una perspectiva de sostenibilidad para las próximas décadas. Y que esas orientaciones rescaten lo que el sector ya ha aprendido sobre como reducir la conflictividad. El gremio del sector tiene unos pocos meses para preparar una propuesta de ese tipo.
2. Sería bueno si se incrementara cualitativamente el impacto del canon en el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida las regiones y que las poblaciones locales estén conscientes de que la minería es la fuente de esa riqueza que está siendo distribuida vía los gobiernos locales, regionales y universidades, y que entiendan que defendiendo a la minería de las acciones de los anti-mineros es que ellos pueden proteger la continuidad del flujo de ese recurso para su desarrollo.
3. Sería bueno si las empresas mineras tuvieran un claro diagnóstico de las potencialidades y cadenas de valor en sus zonas y a nivel nacional, y adecuaran sus modelos de negocio para maximizar su rol dinamizador en las economías regionales, aumentando las sinergias con los otros sectores económicos, especialmente con los servicios y la agricultura, haciendo realidad el concepto de desarrollo compartido, y que ese rol dinamizador de la minería estuviera socializado y reconocido por las poblaciones locales. Para ellos, hay que invertir y visibilizar el proceso de construcción de capacidades locales pró-desarrollo.
4. Sería bueno si se hiciera visible un plan nacional de recuperación de pasivos ambientales para que las poblaciones locales puedan tener la tranquilidad de que la minería moderna no crea nuevos pasivos ambientales y es dramáticamente diferente a la minería ilegal e informal, y que no sea presa de las campañas de rumores promovidas por las organizaciones anti-mineras. Del mismo modo, que las poblaciones de zonas que sufren la consecuencia de la antigua minería pueda ver sus antiguos pasivos mineros recuperados y liberarse de la narrativa anti-minera que hoy confunde y estresa a amplios sectores de esas poblaciones.
5. Sería bueno si las empresas mineras contribuyeran para la identificación de las restricciones críticas de los recursos naturales en cada zona en que operan y para la elaboración de propuestas de expansión de los activos ambientales de las zonas. La construcción de esos activos ambientales debería ser uno de los usos prioritarios del canon o realizarse vía obras por impuestos.
6. Sería bueno que el gremio minero impulse estudios académicos que evidencien la falacia de algunas afirmaciones “técnicas” de los anti-mineros, y que permitan al periodismo, a los profesionales y estudiantes de las regiones mineras desarmar la narrativa anti-minera y neutralizar las campañas de rumores con que atizan la conflictividad.
7. Seria bueno si las empresas mineras generaran espacios de inter-aprendizaje sobre los temas de la conflictividad para superar una importante desventaja cognitiva en relación a los grupos anti-mineros, quienes tienen una diversidad de métodos de aprendizaje compartido sobre como paralizar los proyectos mineros. Lampadia
[1] Halada, K., Shimada, S., & Ijima, K. (2008). Forecasting the consumption of metals up to 2050. Materials Transactions, 49(3), 402-410 (The Japan Institute of Metals)
[2] Las estimaciones de Halada et al corresponden a un crecimiento anual de 5% de la demanda global de metales. Podrían haber variaciones en esa demanda por un menor crecimiento de los países emergentes. Sin embargo, si no ocurre ninguna tragedia económica global, no hay razones para creer que la demanda de algunos metales como oro, plata, y cobre, donde el Perú es fuerte, no creciera al menos 400% en el 2050 respecto a la demanda del 2007.
[3] De acuerdo con Davis y Franks (2014) los costos que genera la conflictividad social para las empresa mineras es suficiente para que se muden a otros países donde la conflictividad es menor (Costs of Company-Community Conflict in the Extractive Sector, CRS Initiative, Harvard Kennedy School).
[4] El accionar de los anti-mineros incluye el desarrollo de una concepción contraria al progreso económico (alternativas al desarrollo), la elaboración de una narrativa hostil a la minería y la construcción de organizaciones sociales y políticas que la difunda.
[5] El Banco Interamericano ha realizado un estudio en que muestra los beneficios de la minería:
