Jefe de la ONDS y ministro del MINEM no la ven

¿Renuncia el gobierno a reactivar la minería?

Según las declaraciones de PPK a Oppenheimer, su popularidad depende de las expectativas de la prosperidad futura de la población. Asumiendo esto como un factor de base, tendríamos que decir que el crecimiento de la economía puede representar la base de las expectativas y, por lo tanto, tendríamos que esperar que los distintos funcionarios del régimen privilegien el crecimiento o, por lo menos, que no lo debiliten.

Si además tomamos en cuenta que el mediocre crecimiento actual está soportado en un 50% por el sector minero, por la entrada en producción de los últimos proyectos que lograron evitar su paralización por el apronte anti-minero que paralizó a los demás, tendríamos que concluir que para lograr un mayor impulso del crecimiento, tendríamos que reactivar el sector minero y poner en camino los grandes proyectos, actualmente paralizados.

Pues contrariamente al enfoque de gestión gubernamental que se necesita para crecer, el Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo y el nuevo jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la PCM, Rolando Luque, estarían jugando otro partido. Resulta que el primero ha declarado que la inversión minera “empezará a reactivarse paulatinamente a partir de mediados de 2018”. Y el segundo considera que en el Perú “en general hay razones para protestar”; “no comparte la tesis de la conspiración política como explicación de la conflictividad social”; relativiza la solidez de los EIA y las audiencias públicas y; plantea que la policía haga un uso proporcional de la fuerza para enfrentar los actos de violencia (pedrada con pedrada). Veamos en profundidad el caso del jefe de la ONDS:

Sobre el nombramiento del Rolando Luque

Rolando Luque ha sido recientemente nombrado Jefe de la ONDS.  Este puesto es crítico para el futuro de la conflictividad social en el Perú y para la viabilidad de múltiples inversiones de las que depende el futuro económico del país.

La ONDS es el cargo con mayor influencia sobre la estrategia general del gobierno nacional a la hora de enfrentar un conflicto social. Por ello la designación de su Jefe tiene importantes consecuencias sobre la conflictividad social y sus dinámicas. Con el fin de tener indicios respecto a que se puede esperar a partir de su nombramiento hemos analizado sus presentaciones, documentos y declaraciones desde su pasado puesto en la Defensoría del Pueblo como Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y sus declaraciones una vez nombrado en el cargo de la ONDS. Presentaremos un análisis de las afirmaciones de Luque en diversos aspectos.

Significado Social de los Conflictos

Rolando Luque en “Conflictos Sociales y Respuestas Sociales: Del Orden Interno a la Protección de Derechos”[1] afirma:

“Pero, además de romper la insularidad, el conflicto revela un desequilibrio previo, una asimetría perjudicial reñida con el principio de igualdad sobre el que se erige el Estado Democrático.  Entonces el conflicto, de ser visto como algo condenable pasa a transformarse en una oportunidad …”

En la visión del Rolando Luque los conflictos de originan en una “asimetría” entre actores sociales y por ello se constituyen en una “oportunidad” para cerrar esta brecha. Más adelante Luque elabora aún más esta visión:

“El conflicto puede convertirse en el momento propicio para dar saltos hacia situaciones nuevas que mejoren las relaciones entre unos y otros, siempre que sea adecuadamente manejado”

Si bien es emocionalmente reconfortante el ver como “oportunidad” a los conflictos; la verdad es que en general estos no llevan a “situaciones nuevas” en el que hayan mejorado las relaciones entre actores sociales. En los conflictos más emblemáticos, lo que se ha visto es que los conflictos llevan a dinámicas de violencia y radicalización que vuelven más difícil  llegar a acuerdos futuros. La romántica visión del Rolando Luque no encuentra asidero en ningún ejemplo que pueda observarse en la historia reciente del Perú, sea Conga, Tía María o Las Bambas. Esta visión puede sonar agradable al oído pero es una mala guía para la acción.

Para Rolando Luque los conflictos podrían servir para visibilizar la problemática social de los sectores olvidados ante el resto de la sociedad.  Para Rolando Luque las asimetrías entre los actores sociales atenta contra la democracia. Creemos que es positivo reducir las asimetrías sociales, pero ésta es una interpretación con indiscutible carga ideológica puesto que la democracia es un régimen político que puede y debe darse independientemente de la desigualdad al interior de la sociedad.

Violencia y Fuerzas del Orden

En  “Memoria, Posconflictos y Nuevos Conflictos Socio-ambientales”[2] Rolando Luque afirma:

“…los civiles que no son parte de una organización criminal, no son una banda de secuestradores, tampoco es el narcotráfico ni el terrorismo, estamos hablando de ciudadanos que un buen día salieron a las calles a protestar porque consideraban que había algo injusto que los perjudicaba. En esa condición podemos estar cualquiera de nosotros, desde luego las trasgresiones a la ley tendrán que ser investigadas y sancionadas en su momento, pero el trato que se espera se dé a estas personas no puede ser el de un delincuente. En ese sentido la Policía Nacional tiene que experimentar un cambio muy fuerte”.

En entrevista en Radio San Borja se reafirma en estas ideas[3] dejando en claro que considera que quienes participan en protestas deben enfrentar consecuencias disímiles a las que enfrentan otros ciudadanos frente al mismo accionar. Para el Rolando Luque la motivación que tenga una persona detrás de los actos ilícitos que pudiera cometer debería afectar el actuar de las fuerzas del orden. Según ese pensamiento, un acto de violencia con una motivación política, como protestar, debería recibir un trato distinto a un acto de violencia con un propósito privado. Nos preguntamos si para Rolando Luque ¿los “Espartambos” que asesinaron a cadenazos al Sub Oficial Alberto Vásquez Durand,  eran personas como “nosotros” que un buen día decidieron ejercer su derecho de protesta (violenta) frente a la injusticia de la sociedad peruana?

En entrevista a Perú21[4] durante el apogeo del conflicto en Islay Rolando Luque afirmó:

«los pobladores de Islay no son delincuentes, pueden cometer algunos delitos, pero serán identificados«

«Sí se puede identificar a unas minorías muy violentas, que son las que están atacando a la población civil, ese es un grupo cuyo objetivo no parece ser el diálogo”

La simpatía del Rolando Luque por los manifestantes, incluidos los manifestantes violentos, y sus esfuerzos por defender la reputación de los mismos se hace patente con estas declaraciones. Al parecer no hay nivel de violencia que pueda llevarlo a condenar a un movimiento social. Considerar que los “Espartambos” son personas que “al parecer” tienen por objetivo el diálogo hace patente una interpretación con alta simpatía política hacia ellos. Obviamente ninguno de los delincuentes entre los manifestantes en Tía María afronta una condena penal hasta ahora, y no hemos encontrado registro que muestre su indignación o preocupación por esta impunidad. En ese entendimiento, la muerte de los policías no constituye crimen, son solo costos colaterales de una justa protesta en una sociedad desigual. Una filosofía bastante desigual respecto a los derechos de los ciudadanos en una sociedad.

Según el Código Penal, quien comete un delito, ya sea por bloquear una carretera, destruir propiedad privada o atacar a la policía pasa a ser un delincuente en ese momento. Pero para Rolando Luque no debería ser tratado así pues podría estar cerrando “asimetrías” entre actores sociales por lo que por cometer delitos no implica que sean tratados como delincuentes. ¿Entonces, es la intencionalidad política lo que determina si un acto de violencia es un crimen? Ya hemos vivido este debate en los años 80s. Justificar actos de violencia porque pueden estar cerrando brechas sociales es una postura ética discutible, por lo menos.

Fuente: Diario Correo.  http://cdne.diariocorreo.pe/thumbs/uploads/articles/images/s-30-diarios-recibian-espartam-JPG_604x0.jpg

Su Posición frente a los anti-mineros

Rolando Luque ha considerado en reiterados momentos como “Teoría de la Conspiración” el señalar el rol protagónico de fuerzas políticas anti-mineras detrás de gran parte de la conflictividad ligada a los grandes proyectos extractivos. En Lampadia (ver “Lentejas, Votos y Donaciones”) hemos analizado en reiteradas ocasiones como los grupos que promueven los conflictos tienen objetivos políticos. Lo afirmamos basándonos en sus declaraciones, en sus publicaciones y en sus acciones. Es preocupante que el Jefe de la ONDS no visualice a estos actores claves en el conflicto.  Pero, aún más preocupante y llamativo es que los líderes de esos grupos hayan saludado su designación en la jefatura de la ONDS como si se tratara de una victoria política para ellos. Ingenuos ellos no son, entonces ¿porqué lo celebran?

Por ejemplo, la coordinadora de ONGs post extractivistas, Red Muqui, afirma en su cuenta de Facebook:

“Desde Red Muqui saludamos la designación del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Reconocemos la experiencia y conocimiento de Rolando Luque en la gestión y políticas de prevención de Conflictos Sociales”

 Fuente: Cuenta de Facebook de Red Muqui.

Gregorio Santos en su cuenta de Twitter celebra su nombramiento pero se lamenta que Rolando Luque no tenga un mayor poder de decisión:

“Conozco al señor Luque su capacidad para poner sobre la mesa temas complejos de un conflicto. El fondo es que no tiene decisión política.”

Para el Rolando Luque, considerar que Gregorio Santos ha tenido un rol importante en los conflictos mineros de Cajamarca es teoría de la conspiración. ¿Sería bueno entonces que alguien nos explique por qué Gregorio Santos celebra el nombramiento del Rolando Luque?

Fuente: Cuenta de Facebook de Gregorio Santos

Como se visualiza en la respuesta de CooperAcción, ellos también saludan la designación de Rolando Luque.  Sin embargo, llama la atención que el Twitter ha sido borrado de su cuenta. Aunque en cambio, en su cuenta de Facebook sí saludan el nombramiento de Rolando Luque:

Fuente: Cuenta de Facebook de CooperAcción

En el portal Noticias SER de claro sesgo anti-minero proclama en su editorial[5]:

“Aunque queda poco espacio queda para el optimismo, la designación de Luque, ex Adjunto de la Defensoría del Pueblo en el tema de conflictos, es una de las pocas buenas noticias de las últimas semanas.”

Es decir, aquellos que obtienen réditos políticos y económicos de la conflictividad social con objetivos post-extractivistas saludan el nombramiento de Rolando Luque como una buena noticia. ¿Por qué será? ¿Será que lo que es bueno para los anti-mineros es bueno para el Perú?

La afinidad con algunas de las ideas post-extractivistas se puede apreciar en la siguiente frase:[6]

“Los teóricos de la modernidad sostienen que la visión unilineal del desarrollo surgida del siglo XVIII europeo ha entrado hace tiempo en crisis. La reacción contra la minería tiene que ver con ese cuestionamiento a una modernidad excluyente y altamente costosa para los pueblos. La fascinación por la máquina y el cálculo ya no tiene el efecto de antes.”

Estas ideas que podrían ser expresadas por Marco Arana, por Eduardo Gudynas, o por Boaventura de Souza Santos, son opiniones de la persona en la cual el gobierno de PPK colocó su confianza para lograr “destrabar” los grandes proyectos mineros que enfrentan resistencia social. La estrategia de reactivación minera de este gobierno es demasiado sutil, pues no se hace visible para los ojos de los humanos comunes.

Manejo de los Conflictos

En declaraciones a Peru21[7], cuando la entrevistadora afirma que “del manejo de los conflictos económicos depende mucho la gobernabilidad del país y la marcha de la economía, sobre todo en el campo minero”, la respuesta de Rolando Luque carece del elemento económico. “La gestión de los conflictos sociales tiene como consecuencia preservar a las personas que participan en escenarios de riesgo.  La vida, la integridad física, la tranquilidad social son valores superiores que deben ser protegidos”. Es decir, gestionar los conflictos para él no tiene ninguna relación con desarrollar los proyectos mineros.   No menciona que los proyectos mineros pueden desarrollarse cumpliendo esos valores superiores y que además es la propuesta de diversas empresas mineras ligadas a conflictos.  Dada su visión irreal de cómo gestionar los conflictos, una solución post-extractivista en la que todos los proyectos mineros son bloqueados cumpliría completamente con sus objetivos. Si ya no hay empresas mineras funcionando, ya no habrían conflictos y todo sería paz.

Cuando se le preguntó a Rolando Luque si el conflicto de Tía María fue muy politizado, él responsabilizó a la empresa minera por no haber propuesto la desalinización del agua desde el principio (aunque luego fue propuesta por Southern) y por su mal manejo con las comunidades. Según él la politización del conflicto es consecuencia exclusiva de esos errores de la empresa. Sin embargo, el conflicto llegó a su apogeo aún después que quedaba bien claro que el proyecto usaría agua de mar. ¿Si el problema era sólo el agua, porqué entonces continuó escalando el conflicto? Rolando Luque evita hablar de personajes locales con claro interés político en el conflicto, como Tierra y Libertad, o las “lentejas” de Pepe Julio Gutiérrez como causa de la politización. Es como si no se hubiera enterado por los medios, o que en su forma de pensar los anti-mineros y los intereses políticos no existen, o son productos de teorías conspirativas. El actuar de Tierra y Libertad, donde militaba Pepe Julio Gutiérrez, ni el protagonismo de Gregorio Santos en Conga, no existen. Son solo teorías de conspiraciones.

Según Rolando Luque los radicales extremos no tienen una presencia orgánica en las movilizaciones anti-mineras. En una entrevista a El Comercio[8], Rolando Luque afirma:

“En lo que respecta a que habría radicales extremos que están parando los proyectos mineros, esto no es más que una conjetura, siempre válida y previsora en un país que padeció el delirio terrorista y que aún no consolida su democracia. Sabemos que merodean los conflictos y hasta logran infiltrarse en organizaciones sociales, pero de una presencia orgánica no hay rastro. En estos conflictos como en otros, lo que sí tenemos plenamente identificados son a las comunidades campesinas, pueblos indígenas, frentes de defensa, federaciones, asociaciones, rondas campesinas, etc. y mucha población no organizada”.

No estamos afirmando que la oposición a la minería está formada por terroristas anti-mineros, sin embargo el terrorismo no es la única manifestación posible del extremismo ni de la violencia. Como se sabe gran parte de los frentes de defensa están controlados por organizaciones políticas radicales tales como Patria Roja o Tierra y Libertad, mientras que muchas federaciones de rondas campesinas están bajo la influencia del movimiento MAS Democracia que promueve la candidatura presidencial de Gregorio Santos. Y sabemos que entre los anti-mineros hay otras corrientes políticas aún más radicales y más inclinadas a la violencia que estas dos.

Interlocutores legítimos y procesos de consulta

En la última entrevista con Perú21 parecería que Rolando Luque no tiene claro quiénes son los interlocutores válidos en casos de conflicto.  Él considera que no es suficiente hablar con las dirigencias (“en muchos casos estas monopolizan el discurso”).  Sin embargo, tampoco cree que los métodos actuales de consulta masiva como las Audiencias Públicas sean un buen sistema (“Nunca se llegó a discutir las observaciones del impacto ambiental [en Tía María].  Hubo una audiencia pública, pero ese modelo no permite llegar a profundidad”).  Y en otra parte, ante la pregunta si los Frentes de Defensa (creadas ad hoc en coyunturas de conflicto) tienen representatividad para dialogar, Luque responde “Hay frentes que son representativos, y otros que no lo son”.  Según su experiencia “En la mayoría de los casos he encontrado dirigencias racionales dispuestas a resolver los problemas sin querer estirar el conflicto por un interés político”.  En cambio, según nuestra experiencia, gran parte de los frentes de defensa quieren estirar al máximo el conflicto y lo hacen por algún interés político o económico de sus dirigentes.

El Debate Técnico

En otra parte de la entrevista afirma “En términos técnicos no hay nada que no pueda superar, y si hay algo que no es posible, el Estado debe pronunciarse y decir esto afecta al ambiente, etc. El Estado tiene que actuar con franqueza frente a las comunidades y decir si hay problemas presupuestales o imposibilidad de acceder a una demanda.  De mi experiencia, cuando las cosas se explican, la gente acepta”. Es preocupante que esta misma persona haya estado como Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo mientras ocurrían conflictos emblemáticos como Conga y Tía María, diga que no haya visto como la población puede ser manipulada por rumores falsos.  ¿Acaso los permanentes acciones de monitoreo participativo del agua emanada de las operaciones de Yanacocha, firmadas mensualmente por el mismo Gobierno Regional de Cajamarca hacen varios años, han podido superar los temores de la población? ¿Acaso en Cajamarca la población le creyó en el Estado como garante de que el agua no estaba contaminada?

Los dirigentes anti-mineros han obtenido prestigio político y recursos económicos desplegando un discurso en el que oponerse a un proyecto de inversión implica “defender la vida y el medio ambiente.” Explicarle técnicamente que este discurso es falso no cambia en nada sus incentivos políticos, y los seres humanos reaccionan a los incentivos.

Por ejemplo: Si Marco Arana se dejara convencer técnicamente que el Proyecto Conga es positivo para el desarrollo de Cajamarca, que con un buen manejo del agua este recurso podría conservar y aumentar su disponibilidad para la población, y proclamara abiertamente su apoyo a este proyecto, ¿qué le pasaría a su carrera política basada en la hostilización de la minería? El Sr. Arana tiene muy clara la respuesta a esta pregunta.

La postura de Rolando Luque requiere, para ser correcta, que los dirigentes opositores a los proyectos de inversión estén dispuestos a cometer suicidio político, puesto que tendrían que aceptar frente a su potencial electorado que durante todos años se han dedicado a mentirles. Rolando Luque ignora que más allá de lo que realmente crean estos dirigentes, la naturaleza maximalista y polarizadora del discurso con el cual crecieron hace que tengan pocos márgenes de maniobra para la sensatez política.

Rolando Luque cree que se encuentra en otro país para declarar esto, o simplemente no se ha interesado en aprender de los golpes que el Estado recibió mientras él era representante de la Defensoría del Pueblo. Las declaraciones de Rolando Luque al respecto demuestran una amplia ignorancia respecto a la naturaleza del accionar anti-minero. Una importante línea de acción de los post-extractivistas consiste en demoler la credibilidad del Estado y de cualquier fuente que brinde análisis técnicos que contradigan sus rumores y versiones alarmistas respecto a las consecuencias de los grandes proyectos de inversión.

Las declaraciones de Luque en su última entrevista a Perú 21 son sintomáticas de esta postura, en las que considera que los representantes de las organizaciones opuestas al Proyecto Conga estuvieron a un día de suscribir el acta para iniciar un proceso de diálogo.  Según él, a pesar del clima social hostil al que se había llegado en el momento que se suspendió el proyecto, los alcaldes iban a consultar con sus bases y luego regresar con una propuesta para el diálogo.  En el conflicto más fuerte que ha sufrido nuestro país en los últimos años, él imagina que estuvo a un día de entrar en proceso de diálogo, que la población, las organizaciones sociales y sus dirigencias iban a cambiar su posición de un día para el otro, sin ninguna evidencia que los sustente. La falta de conocimiento de cómo funciona la política en las provincias y pueblos del Perú es sorprendente. En la mente de Rolando Luque, un proceso de diálogo podría contrarrestar los efectos de décadas de trabajo político y construcción de narrativa de los anti-mineros en Cajamarca, el cual ya había calado profundamente en el sistema de creencias de la población.

Ante la pregunta “¿Le interesará destrabar Tía María?”, Rolando Luque no fue capaz de responder sí.  Todas las preguntas de la entrevista que buscaban obtener una muestra de interés del nuevo Jefe de la ONDS por destrabar proyectos mineros, fracasaron.  Todas sus respuestas fueron ambiguas e indirectas. Él no ha tenido ninguna expresión que evidencie un compromiso, aunque fuera moderado, con la reactivación minera.

La “Ingenuidad” de Rolando Luque

En entrevista a Nicolás Lúcar, con motivo de las protestas en Tía María, Rolando Luque afirma:

«En el 90% de los casos hay razones para protestar. No se trata de razones políticas o ideológicas o de que detrás hay un proyecto o un líder que está manipulando»

En los conflictos ligados a los grandes proyectos de inversión es clarísima la agenda ideológica y política detrás de los mismos. En Tía María, Espinar y Conga el rol de organizaciones políticas radicales tales como Tierra y Libertad y Patria Roja, hoy MAS Democracia, ha sido protagónico. Negarlo es un ejercicio de fantasía política.

Posteriormente afirma:

 «en el caso de las dirigencias hay progresos, tenemos ahora dirigencias mucho más pragmáticas y menos ideologizadas, más enteradas de los problemas que del ataque, de la visión amigo/enemigo o de ir directamente a la medida de fuerza, hay una cierta pausa reflexiva, se quiere resolver el problema»

Esto lo dijo el 2014, en la actualidad las autoridades locales y dirigentes de organizaciones sociales opuestas a Tía María mantienen su postura respecto a que todo diálogo pasa por aceptar la inviabilidad del Proyecto Tía María. Al parecer este mayor pragmatismo y menor ideologización no ha cambiado en un ápice la postura de estos dirigentes. La pausa reflexiva podrá existir en la mente de Rolando Luque, pero no en pensamiento de los grupos anti-mineros radicales, invisibles para él.

Más adelante Rolando Luque afirma:

«los dirigentes están siendo observados por la comunidad  y la única manera que mantengan su prestigio es si consiguen logros”

Personajes como Gregorio Santos, Marco Arana, Oscar Mollohuanca o Edy Benavides han obtenido logros electorales gracias a su protagonismo en la oposición a la minería. Gracias a ello han llegado a la Gobernación de Cajamarca, al Congreso de la República, la Alcaldía de Espinar y la Alcaldía de Bambamarca. Ello ocurrió a pesar de que con los conflictos no han obtenido ninguna mejora en el bienestar de la población de sus localidades, sino lo contrario. Rolando Luque no entiende que, una vez que la narrativa anti-minera se implanta en una zona, la “defensa del agua y la vida” pasa a ser suficiente requisito para recibir el reconocimiento de la población. Ya no es necesaria la obtención de “logros,” que pudieran abrir espacio para un acuerdo.

Implicancias de su Nombramiento

Rolando Luque ha manifestado ciertas propuestas positivas tales como hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos y fortalecer el seguimiento preventivo de los mismos. Ello puede resultar útil en aquellos conflictos en los que no se esté dando una accionar político sistemático de los post-extractivistas.

En aquellos casos en los que el conflicto es permanentemente alimentado por el accionar anti-minero el enfoque de Rolando Luque colapsaría. Él no entiende los motivos reales detrás de las movilizaciones ni los incentivos del accionar de los dirigentes anti-mineros (en su opinión los anti-mineros ni siquiera existen). Sin entender el fenómeno y sus orígenes, es muy difícil tener ideas efectivas para reducir las movilizaciones ni evitar la ocurrencia de eventos violentos.

Para Rolando Luque los dirigentes “anti-mineros” son personas confundidas a las que simplemente hay que explicarles las cosas. También cree que los manifestantes violentos, por que tienen motivos políticos, merecen un trato especial por parte de la policía y a ley. Además, los conflictos son oportunidades para que la sociedad cierre las asimetrías entre sus ciudadanos. No por nada lo anti-mineros están tan contentos con su nombramiento.

 Si los conflictos son oportunidades, no hay porque preocuparse de ellos, sino que hay que  aprovecharlos para generar las transformaciones que, en su opinión, necesita el Perú. ¿Quién pagará los costos de los conflictos y de esas transformaciones? Seguramente, Rolando Luque no está pensando en asumir esos costos. Para esto están las empresas mineras que en su opinión son la parte privilegiada en las asimetrías sociales. Ellas deberán pagar los costos. Además del costo social de un menor crecimiento, menor recaudación fiscal y menor tasa de reducción de la pobreza y la desigualdad.

Dada esta doctrina esperaríamos que en el caso de los conflictos sociales ligados a la gran inversión extractiva el accionar de Rolando Luque sea en el mejor de los casos inefectivo, cuando no directamente favorable a los anti-mineros que saludaron su nombramiento. En el peor de los casos el nombramiento de Rolando Luque por PPK podría ser semejante al nombramiento de De Echave por Humala como vice-ministro de Gestión Ambiental el 2011, el cual se dedicó, desde el interior del Estado, a propiciar mayores niveles de conflictividad en Conga. ¿Cuál será el conflicto Conga de Rolando Luque? Es muy probable que sea en la provincia de Cotabambas.

El nombramiento de Rolando Luque reduce significativamente la posibilidad de que este gobierno aproveche la oportunidad brindada por la alta aprobación de la que actualmente dispone para impulsar la gran inversión extractiva en el Perú. Para cuando las consecuencias de este error sean evidentes, el gobierno ya no dispondrá del capital político del que hoy dispone, y la correlación de fuerzas será más favorable a los anti-mineros y sus intereses. ¿Será que el gobierno está claro para quién está trabajando en este caso?

Lampadia