Continuando con nuestra investigación sobre los conflictos socio-políticos que asecha las inversiones importantes en el Perú, presentamos a continuación un nuevo despacho, esta vez sobre un tema verdaderamente espeluznante, la utilización política de las víctimas de la violencia. Ver los análisis anteriores en Recursos Naturales y Desarrollo.
Si revisamos los conflictos mineros de los últimos 5 años, Tía María, Conga, Majaz, Las Bambas, y otros, encontramos que la violencia ha sido un componente saltante en los noticieros. Presenciamos lamentables pérdidas de vida (activistas, pobladores o policías) y deterioro del Estado de Derecho en las zonas de los conflictos. Los muertos y heridos de los conflictos mineros son de los tres lados, sin embargo, solo un lado busca beneficiarse políticamente de estas tragedias humanas.
El problema para el Perú es que una de las partes gana con la violencia y ha hecho de ella un componente fundamental de sus métodos de lucha.
La violencia utilizada por los anti-mineros en los conflictos puede ser calificada como Violencia Política, es decir violencia utilizada para fines políticos: “Entendemos por Violencia Política a ‘un repertorio de acciones colectivas que involucra gran fuerza física y causa daño a un adversario con la intención de imponer objetivos políticos’” (Della Porta, 1995, p. 2)[1].
¿Como se benefician los anti-mineros con la violencia política?
Asumiendo que los anti-mineros son actores racionales, con objetivos estratégicos de largo plazo, y que la violencia para ellos es un instrumento político, surge la pregunta: ¿Por qué usan la violencia en los conflictos?
Algunos creen que es un problema de nivel educativo o de tradiciones culturales de la población local, pero de acuerdo con las teorías políticas modernas (Besley & Persson, 2011)[2] el uso de la violencia es parte de la racionalidad del conflicto, es decir, la violencia es usada por los anti-mineros porque es útil, y efectiva, y muchas veces, es el método menos ‘costoso’ para lograr sus objetivos políticos.[3]
La observación de los conflictos mineros de los últimos años nos permite constatar que los anti-mineros se ‘benefician’ con la violencia de seis maneras:
1. Empoderar e intimidar: La violencia sirve para empoderar a los manifestantes y para intimidar a la población local. Con la violencia, los manifestantes muestran su fuerza, su capacidad de hacer daño, especialmente a la población local. Con la amenaza implícita de los actos de violencia, los demás pobladores, por temor a represalias, se inhiben de expresar sus opiniones. Con el monopolio de la voz del ‘pueblo’, los manifestantes lanzan sus consignas, y el silencio de la población, de las mayorías silenciosas, da la sensación de unanimidad en la protesta. Ejemplo de esto se dio el 31 de Marzo del 2015 cuando el profesor Robert Vásquez Roncal fue golpeado por las rondas de Celendin por brindar un curso sobre emprendimiento empresarial financiado parcialmente por Minera Yanacocha. El curso no trataba el tema minero, pero su realización enviaba el mensaje tácito de que la minería podría traer beneficios para la población.
2. Control cognitivo: La violencia es utilizada por los anti-mineros para reprimir las voces discrepantes, para evitar que los periodistas locales cuestionen las falacias de sus narrativas, para evitar que ellos u otros pobladores puedan emitir explicaciones alternativas para la población. Ello ocurre especialmente en ciudades pequeñas y zonas rurales del país. Acalladas las voces discrepantes, los anti-mineros consolidan la hegemonía de su narrativa en la mente de la población local.[4] El artículo de Lampadia “Stalinismo en Cajamarca”[5] nos explica como la intimidación y agresión a medios de prensa discordante con la predica anti-minera es una práctica recurrente y efectiva en la generación un espacio mediático monocorde en las inmediaciones de un proyecto minero.[6]
3. Extorsión a empresas: Bloqueos de carreteras junto con secuestros y agresiones a algunas personas, permiten que grupos pequeños de anti-mineros paralicen una operación minera gigante, causando pérdidas de millones de dólares por día. Para desbloquear la pista, los anti-mineros cobran un cupo en contratos, en obras, en financiamiento de sus organizaciones, o en “lentejas” como en el caso de Tía María. Las empresas, que por interés económico de corto plazo ceden a esos chantajes, sin quererlo, estimulan a los grupos aventureros a replicar la práctica de la extorsión. Con el tiempo, se da un proceso de aprendizaje social y la extorción se generaliza.[7]
4. Escalar conflictos: Un grupo pequeño de personas, realizando manifestaciones con diversos niveles de violencia, puede controlar espacios públicos y vías de comunicación, y apropiarse de recursos ajenos. Con esos medios ampliados los anti-mineros pueden realizar acciones más impactantes de lo que serían capaces de hacer utilizando sólo medios pacíficos. La violencia además genera oportunidades de impunidad para que otros se sumen a la violencia. Si un grupo violento está actuando, otros activistas violentos pueden plegarse pues nadie va interferir. La violencia permite escalar el conflicto para que tenga atención nacional y victimizar la causa que buscan mediante la caracterización negativa de las fuerzas del orden.
5. Fabricar noticias: La violencia puede ser un recurso mediático muy económico, una forma poco costosa de hacer que una manifestación local se transforme en una noticia nacional. Con una 4X4, un tractor o un local incendiado se hace noticia y se genera una plataforma mediática instantánea y casi gratis para los manifestantes. Con actos de violencia llamativos, los anti-mineros manipulan a los periodistas, haciendo que ellos los entrevisten, permitiéndoles dar su versión de los hechos y lanzar su mensaje hostil a la minería. Cuando los anti-mineros logran que los medios hagan resonar sus versiones a nivel nacional un conflicto local adquiere significado nacional incrementando su potencial de daño a las empresas mineras y autoridades de gobierno.[8] Tras actos de violencia las figuras anti-mineras nacionales son entrevistadas en diversos medios nacionales para que brinden explicaciones respecto al conflicto desde la posición de “expertos” en el tema. Los minutos ganados por los anti-mineros en los medios de difusión nacional les hubieran costado muchos miles de soles. Con la realización de actos de violencia ellos se ahorran grandes gastos de publicidad, y se victimizan.
6. Colapso del gobierno y/o de la empresa: Introduciendo violencia en los conflictos, los anti-mineros logran que los intentos del gobierno por hacer cumplir la ley sean vistos como actos abusivos de la Policía y de las autoridades. Cada muerto en un conflicto minero es una victoria para los anti-mineros, especialmente para sus alas más radicales. Es con las imágenes que generan los muertos y con la visualización de las respuestas policiales que los anti-mineros se victimizan.[9] Es por esto que estas imágenes son usadas sistemáticamente en los productos multimedia que realizan y difunden en las redes sociales a nivel nacional y global. Una escena de violencia policial o el entierro de algún poblador muerto, mostrados en los medios de comunicación, activa los estereotipos de “gobierno represivo” y ello tiene un costo político alto para el gobierno. Si el costo político es demasiado alto, los gobernantes renuncian a su responsabilidad de hacer cumplir la ley y los tratados internacionales, y brindan importantes victorias a los anti-mineros. Si el costo reputacional es muy alto para las empresas, ellas prefieren renunciar a las inversiones ya realizadas e irse a otros países.[10] La lista de los proyectos mineros paralizados ilustra la efectividad de la violencia para los fines políticos de los anti-mineros.
La violencia ocurre entonces por su utilidad en los conflictos y por sus bajos costos. Mientras la violencia genere resultados positivos para los anti-mineros y tenga bajos costos para sus promotores, ellos no dejarán de utilizarla en sus acciones.
El discurso de la Impunidad
Los grupos anti-mineros son todos ‘formalmente’ contrarios al uso de la violencia. Los pos-extractivistas incluso lo dicen en sus talleres de capacitación. Sucede que después de la experiencia trágica del terrorismo de Sendero Luminoso, nadie puede proponer públicamente el uso de la violencia. Además, los financiadores internacionales no pueden financiar actos de violencia.[11]
Leyendo sus documentos jamás vamos encontrar un manual de cómo incendiar una instalación minera, como masacrar a un periodista independiente, o como secuestrar a un trabajador minero. Además, sus manifestaciones, con claros contenidos de violencia, son todas nombradas ante la prensa como “manifestaciones pacíficas.” En su narrativa, los actos de violencia no existen, lo que ocurren son formas legítimas de defensa ante las acciones represivas de la Policía Nacional, o son provocaciones de “infiltrados.”[12] En realidad, la violencia es algo que los anti-mineros aplican en forma sistemática, pero que se oculta o se justifica.
La importancia que los anti-mineros asigna a la violencia no se observa en sus textos sino en la defensa que hacen de las condiciones para su aplicación. La defensa de la violencia asume la forma de defensa de la impunidad.[13] Observando las campañas jurídicas promovidas por los anti-mineros encontramos que uno de sus temas recurrentes es la defensa de la impunidad.
El uso de la violencia, en las modalidades que aplican los anti-mineros, está penado en Perú. Nadie puede legalmente golpear a un vecino que discrepa sobre el potencial económico de la minería, no se puede agredir físicamente, ni menos secuestrar o masacrar, a periodistas, ingenieros, Policías, etc. Ante esta realidad jurídica, los anti-mineros organizan campañas frecuentes a favor de la impunidad de quienes han cometido esos delitos. Sin dudas, ellos han sido exitosos en esas campañas, la lista de autores de actos de violencia que no son sancionados se incrementa todos los meses. Es más, esas personas violentas son presentados como héroes, como personas cuya conducta merece ser imitada.
Todas las organizaciones anti-mineras, aún aquellas que en sus talleres de capacitación hablan en contra del uso de la violencia, se alían cuando el tema es la lucha por la impunidad. Ellos apoyan el uso de la violencia bloqueando que la justicia sancione a quienes han cometido crímenes en contra de sus vecinos, de la Policía o de las empresas mineras. Si revisamos la Web vamos encontrar múltiples declaraciones de los principales líderes anti-mineros del país promoviendo la impunidad bajo las consignas de luchar contra la “criminalización de la protesta social” y por la generalización de la justicia Intercultural. Sus argumentos pueden ser bastante enredados, hablan de indigenismo, colonialismo, Euro centrismo e interculturalidad, pero cuando exploramos las consecuencias prácticas de lo que proponen, encontramos que la quiebra de la unidad jurídica del país y la creación de áreas de impunidad para aplicar la violencia están en el centro de lo que buscan con sus propuestas.[14] Además, el Estado no ha sido capaz de desarraigar a los acusados de actos criminales a circunscripciones judiciales alejadas de la presión ‘popular’ manipulada por los anti-mineros.
El Aprendizaje
Los pequeños conflictos para extorsionar a las empresas resultan como escuelas en el uso de violencia: bloqueos de pista, cobro de “peaje,” ocupación de instalaciones, etc. Lamentablemente, muchas empresas contribuyen a un proceso de aprendizaje social en el cual esos pequeños grupos se ejercitan en esas formas de acción colectiva violenta. Ese entrenamiento facilita mucho el pasar a formas más destructivas en una situación en que el conflicto se escala.
Las rondas campesinas constituyen otra escuela de violencia para los anti-mineros. En las rondas grupos de campesinos se entrenan en hacer uso de la violencia en contra de individuos y pequeños grupos. Las rondas en la práctica hacen un manejo grupal de funciones públicas: policial y juez de paz. Las rondas se legitiman por la incapacidad del Estado para brindar esos servicios a las poblaciones rurales de Cajamarca. El problema es que, la capacidad de hacer uso de la violencia adquirida por las Rondas Campesinas puede ser utilizada más allá de los motivos que la originaron, la lucha contra el abigeato y solución de conflictos entre vecinos. La Rondas pueden ser usadas con propósitos de intolerancia, abusos, coerción, impunidad, conflictos, etc. La existencia de Rondas Campesinas organizadas contribuye en forma significativa al uso de la violencia en los conflictos mineros. Donde sea posible, los anti-mineros buscan crear rondas campesinas, existan o no su necesidad.[15] Ver en Lampadia: Las rondas se pasaron al ‘lado oscuro de la fuerza’.
Los anti-mineros llegaron a desarrollar un portafolio de usos de la violencia como resultado de un proceso gradual de aprendizaje. A lo largo de décadas, los grupos anti-sistema en el Perú ha ido acumulando conocimientos en el uso de la violencia en los conflictos sociales. El resultado es que hoy, en cualquier región del país, existen decenas de activistas anti-sistema que manejan un portafolio amplio de modalidades de violencia política.[16] Ellos están organizados en partidos políticos (Patria Roja, Tierra y Libertad, etc.), en ONG’s (Grufides, Cooperación, etc), en otras organizaciones, y en redes sociales globales. Ellos han escrito artículos, manuales y libros sobre conflictividad. Muchos de ellos están publicados y disponibles en la Web. Además, realizan seminarios y talleres de intercambio de experiencias con bastante frecuencia y documentan las lecciones aprendidas. En realidad, en materia de aprendizaje e intercambio de experiencias, los anti-mineros están mejor organizados que las empresas mineras y sus gremios.
Cómo Avanzar
Los temas sobre la minería, sus riesgos, responsabilidades y aportes al desarrollo, serán discutidos y resueltos en forma no-violenta cuando los costos de usar la violencia excedan sus beneficios. Para ello, la libertad de opinión y expresión en las zonas rurales, las manifestaciones realmente pacíficas y los espacios públicos de diálogo para tratar el desarrollo regional deben ser protegidos. Simultáneamente, la impunidad de las acciones de violencia política debe disminuir cualitativamente. Lampadia
[1] Della Porta, D. (1995). Social movements, political violence, and the state: A comparative analysis of Italy and Germany. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
[2] Besley,T & Persson, T. (2011). The logic of political violence, The Quarterly Journal of Economics, 126(6), http://qje.oxfordjournals.org/content/126/3/1411
[3] En este artículo trataremos sobre los beneficios que los anti-mineros obtienen usando la violencia. En un artículo posterior, explicaremos porqué la violencia política es viable en Perú.
[4] Los anti-mineros (marxistas y post-extractivistas) son seguidores del teórico marxista Gramsci que planteaba la necesidad de la hegemonía política y cultural. Para ello es necesaria la represión sistemática a las voces discordantes.
[5] Disponible en: http://www.lampadia.com/analisis/politica/stalinismo-en-cajamarca
[6] Más información en: http://peru.com/actualidad/nacionales/cajamarca-ronderos-golpean-maestro-ir-curso-yanacocha-noticia-341325
[8] Para los grupos anti-mineros, la fabricación de noticias es una de las principales formas de acción, pues les permite utilizar los medios de comunicación para sus objetivos.
[9] Todos los grupos violentos desarrollan una narrativa de victimización. Según ellos el Estado, las empresas mineras y los sectores independientes los están agrediendo, y sus actos de violencia son solo para defenderse. Ellos siempre pintan la figura de que están bajo la acción represiva de un Estado opresor al servicio del poder económico prepotente y destructivo, y esto venden a sus financiadores.
[10] Los anti-mineros combinan la generación de conflictos violentos en las zonas de los proyectos con campañas jurídicas y de victimización en Europa y EEUU.
[11] El Partido Comunista Patria Roja, una de las principales organizaciones anti-mineras del país, en los últimos años ha retirado el lema central de su periódico: “El Poder Nace del Fusil.” Pero sus líderes y militantes, como Gregorio Santos, Breña Pantoja y Alberto Moreno fueron todos educados en la línea de la violencia. Ahora, ya no pregonan la lucha armada ni hablan de fusiles, pero nunca renunciaron a los usos menos intensos de la violencia.
[12] No por coincidencia, algunos líderes anti-mineros son ex-militantes de organizaciones terroristas.
[13] Los temas de la “criminalización de la protesta social” y de la generalización de la “Justicia Intercultural” merecen, cada uno de ellos, ser tratados en artículos aparte.
[15] La violencia aplicada por las rondas campesinas es referida con el eufemismo de “usos y costumbres,” y según los anti-mineros los abusos cometidos por ellos deben estar al margen de la legislación nacional.
[16] Algunos de esos líderes son ex-miembros de grupos de izquierda radical, hoy semi-desocupados. Para ese ejército de semi-desocupados los conflictos mineros constituyen la mejor ruta de ascenso social.
