Armas de legitimación

Las Ordenanzas Sub-nacionales anti minería

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

En Neuquén Argentina, la Municipalidad de Vista Alegre emitió la Ordenanza 783/16[i] la cual prohibía el uso del fracking(gas esquisto) en dicho territorio. En esta zona se encuentra el yacimiento de hidrocarburos de Vaca Muerta cuyo aprovechamiento implicaría una inversión cercana a los 4,000 millones de dólares para el 2018 y podría inclusive llegar a 20,000 millones hacia el 2019.[ii] EL frackingsería la principal modalidad de acceso para estos recursos.

Fuente: YouTube

En Cajamarca, Perú, el Gobierno Regional emitió la Ordenanza Nº 036-2011 la cual declaraba inviable la realización del proyecto minero Conga. Esta ordenanza fue útil para paralizar un proyecto que implicaría una inversión de 4,800 millones de dólares.

Ambas ordenanzas fueron declaradas improcedentes, en el caso argentino, por el Tribunal Supremo de Justicia,y en el peruano por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, sus efectos jurídicos de largo plazo fueron nulos, ello no implica que estas medidas hayan tenido resultados irrelevantes desde el punto de vista político. En ambos casos, las ordenanzas sirvieron para confundir a la población acerca del marco normativo válido y para dar legitimidad institucional a una iniciativa contraria a la legislación del país.

CARACTERÍSTICAS Y USO

Los antimineros concentran su activismo en aquellas zonas en la que existe el potencial de una profunda conflictividad ligada a proyectos extractivos. Para generar un consenso local hostil al sector extractivo, ellos buscan combinar la concentración de recursos políticos por parte de los activistas antimineros y condiciones sociales proclives a la conflictividad.

Este consenso se traduce en efectos sobre el sistema político particular de un determinado territorio. Los antimineros son capaces de ser políticamente fuertes en algunos sectores subnacionales de un país, ya sea un municipio argentino, una región peruana, un cantón ecuatoriano o un departamento en el Salvador. Ello permite o bien, la elección de autoridades hostiles a la minería, o que las autoridades locales se encuentren sumamente condicionadas por los activistas antimineros.

Esta hegemonía política local se traduce en la instrumentalización de las autoridades locales y de las instituciones que controlan a favor de los objetivos políticos de los antimineros. Estas autoridades emiten ordenanzas o resoluciones que inviabilizan proyectos mineros específicos o, si es posible, de la totalidad del sector como lo hicieron en El Salvador. Estas ordenanzas pueden declarar intangible para las operaciones mineras determinadas áreas (cabeceras de cuenca), prohibir el uso de ciertos insumos críticos (como lo sería el cianuro), o la aplicación de determinada tecnología minera (por ejemplo, el tajo abierto o el fracking). Estas ordenanzas pueden darse a pesar de que seancontrariasal orden jurídico y que impliquen el ejercicio de facultades no existentes.

En muchos casos, estas ordenanzas se encuentran tan lejos del rol de estas autoridades, que han sido emitidas sin ninguna expectativa racional de que las mismas puedan ser aceptadas por los poderes del Estado en el nivel nacional. Los autores de esas ordenanzas saben muy bien que, en el marco jurídico del país, estas son inválidas, pero ello no les preocupa. Los efectos de estas ordenanzas permiten arribar a la conclusión de que no se trata de medidas infructuosas para ilegalizar operaciones mineras, estas ordenanzas son actos de comunicación política que forman parte de la lucha de largo plazo, de los antimineros, por deslegitimar las operaciones mineras y cuestionar al marco institucional nacional que norma al sector.

IMPLICANCIAS ESTRATÉGICAS

La emisión de estas ordenanzas tiene un conjunto de efectos sobre el proceso de conflicto político prolongado que caracteriza la resistencia a las actividades extractivas. Entre ellos se encuentran:

• Envío de mensajes antimineros: Al momento de la emisión de la ordenanza las autoridades antimineras obtienen espacio mediático local y nacional. Brindan entrevistas en los medios, se publican artículos, etc. Este espacio mediático es ocasión para que los defensores de la ordenanza puedan justificar esta medida emitiendo un discurso hostil a la minería.

La emisión de estos mensajes no se da únicamente durante la emisión de la ordenanza, el proceso judicial que se genera a partir de la misma, ante instancias superiores de justicia. Cada audiencia y emisión de fallos se transforma en un evento con relevancia noticiosa lleva a los voceros antimineros a obtener espacio gratis en losmedios de comunicación.

• Deslegitimación de la Institucionalidad: Uno de los anillos de protección de la legitimidad de un proyecto minero consiste en la legitimidad y credibilidad social de las instituciones que la fiscalizan. Instituciones creíbles tienen un fuerte impacto sobre el potencial de credibilidad de las causas del conflicto.

La falta de credibilidad de las instituciones públicas ante la población local en hacen más creíbles las acusaciones de los antimineros respecto a impactos nocivos de las actividades mineras. Por ejemplo, un EIA pasa a ser menos creíble si se considera que los poderes del gobierno central están cooptados por las empresas mineras. A los ojos de un amplio segmento de la población local, el pronunciamiento del poder judicial o del ejecutivo, considerado como ampliamente corrupto, en contra de sus ordenanzas y favorable a la actividad minera es la comprobación de la cooptación de los poderes del Estado por las empresas mineras.

Las ordenanzas locales también permiten a los antimineros afirmar que las operaciones de un proyecto extractivo son ilegales y que el respaldo de otras ramas del Estado es ilegal, producto de la corrupción o expresión del centralismo.

Con base en las ordenanzas locales se atribuye ilegalidad a las operaciones de las empresas mineras y a las instituciones públicas que las respaldan, se consideraran como ilegitimas las acciones de la empresa, y se justifica el apoyo a la realización de acciones violentas en su contra. Se denuncia que las acciones de la Empresa se hacen en desacato a las ordenanzas locales, que devienen en ilegales. Los actos violentos se vuelven socialmente más legítimos si se realizan contra de una Empresa que ha subvertido el orden legal local, y se argumenta que fuerzas del orden que buscan hacer que se cumplan las leyes son mercenarias al servicio de las empresas mineras.

RECURSO DISCURSIVO

La conflictividad asociada al sector extractivo tiende a ser una lucha política prolongada en la que las coaliciones enfrentadas van construyendo narrativas en procesos de acumulación graduales. Cada lado va acumulando argumentos que vuelven sus posturas más sólidas y creíbles a los ojos de la población.

Las ordenanzas referidas, permiten que los antimineros hagan afirmaciones tales como: “Este proyecto se asienta sobre un ecosistema frágil como lo declara la ordenanza X” o “Se van a usar sustancias que implican un riesgo para la salud de acuerdo a la ordenanza Y”. Las ordenanzas brindan un soporte de institucionalidad pública a componentes de la narrativa antiminera. Las ordenanzas son presentadas como prueba de que sus posturas hostiles se sustentan en hechos científicamente verificados por autoridades legítimamente elegidas.

En conclusión, estas ordenanzas no son únicamente esfuerzos para prohibir la minera; son instrumentos de lucha política. Los sectores preocupados por el futuro del sector extractivo deben tomar en consideración los efectos políticos de estas medidas y no solo sus consecuencias legales. Lampadia

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