Jaime de Althaus
Para Lampadia
La presidenta del consejo de ministros consolidó en unos tuits los mensajes que dio sobre la minería en la entrevista que concedió a Enrique Castillo el domingo pasado. Su tono razonado deja traslucir claramente su visión y su posición frente a las empresas mineras.
“Lamento que los conflictos hayan escalado tanto, sin embargo, las demandas que la población está planteando tienen muchos años y tenemos que entender el hartazgo por la desatención del Estado”, afirma. Se refiere, por supuesto, al incendio del campamento y la planta de la mina Apumayo y a los bloqueos y ataques a Antamina. Y, claramente, los justifica. Los lamenta, pero los justifica: “tenemos que entender”. Se lo dijo aun mas claramente a Enrique Castillo: “En los conflictos se pueden presentar factores que distorsionan la protesta. No podemos por estos factores descalificar de plano estas legítimas demandas”. La violencia no descalifica.
Esto es grave. Si la segunda máxima autoridad gubernamental justifica la violencia, los violentistas se sentirán autorizados a actuar y los actos destructivos se van a generalizar. La Premier convertida implícitamente en la primera agitadora nacional. ¿La violencia como partera de la historia? ¿Ese es su credo? Sólo un marxista leninista justifica la destrucción de la propiedad pública y privada. Pero es un delito que tiene que ser condenado y sus autores juzgados y castigados. Estamos en un estado de derecho. La primera obligación del Ejecutivo es establecer el imperio de la ley.
Argumenta la primera ministra que “Una protesta siempre tiene una serie de demandas que para la población son justas”. En muchos casos sí. Pero en algunos otros son pura extorsión. Que también es un delito. Tenemos el caso de Antamina, donde una comunidad bloqueó la carretera protestando por el mineroducto, denunciando que la empresa había usurpado los terrenos comunales. Pero la empresa había comprado las tierras para construir esas infraestructuras 20 años atrás, y optó por el mineroducto precisamente para que no hubiese impactos de ningún tipo.
En el corredor minero la extorsión se ha convertido en un negocio. Las Bambas ha entregado 2,500 millones de soles en obras, compensaciones y regalías, el nivel de vida ha mejorado según demuestra un informe de Macroconsult, pero se bloquea sistemáticamente exigiendo más beneficios. Y eso ocurre debido a la ausencia e inoperancia del Estado en todo sentido. Es la ley de la selva. Por un lado, el Estado no impone la ley cuando se extorsiona a las empresas o se bloquea carreteras. Por otro lado, no cumple sus compromisos de inversión, lo que irrita con justicia a la población. El canon, diseñado para que los pueblos se beneficien con las rentas de la minería, no funciona: se gasta poco, mal y con mucha corrupción.
En suma, no hay gobernanza minera. Entonces la Premier ofrece un nuevo enfoque: “En esta nueva etapa, estaremos llegando con nuestros equipos a los lugares donde están los conflictos, con una estrategia multidisciplinaria, acompañados de los ministerios que tengan que ver con el tema del conflicto”. Pero así se ha hecho siempre y no ha funcionado. Se firman compromisos y luego se pierden en el pantano burocrático.
Se requiere de las siguientes medidas:
- Crear un vicepremierato en las regiones mineras, que coordine a todo el Estado, asegure que los compromisos se cumplan y se adelante a los conflictos. O adaptar para esos efectos esas Oficinas de Desarrollo Regional que se han creado en algunas regiones.
- Luego, reformar el uso del canon. Milton Von Hesse tiene una propuesta: que el 70% del canon pueda ser entregado voluntariamente por las autoridades regionales y locales a Proyectos Especiales de Inversión Pública que puedan ejecutar un plan integral. Las autoridades tendrían el incentivo de adicionar una cantidad similar a la transferida a cuenta del adelanto del canon futuro. Esta unidad ejecutora puede:
- Contratar personal altamente calificado, con mayor sueldo,
- Usar modelos contractuales modernos y contratar asistencia técnica o PMO.
Pero la Premier no está planteando nada de esto. Para ella la solución se reduce a un diálogo en el que el Estado balancee las “asimetrías”. Dice: “estamos decididos a retomar los procesos de diálogo, pero de manera adecuada, respetando los actores, con los enfoques pertinentes, ayudando a que las asimetrías se reduzcan y que dialoguemos genuinamente para buscar salidas”.
Pero las mesas de diálogo se abren cuando el conflicto ya está instalado. Y son un círculo vicioso porque producen compromisos que luego no se cumplen, lo que lleva a mas conflictos. Entonces es necesario crear una institucionalidad como la mencionada que permita la gobernanza minera, prevenir los conflictos y conseguir el desarrollo integral.
Por lo demás, la visión de la primera ministra acerca de las asimetrías es parcial. Existe efectivamente una asimetría tecnológica y de poder económico entre las empresas mineras y las comunidades, en favor de las empresas mineras. Pero hay también una asimetría de narrativas, en contra de las empresas y de la minería. Es muy difícil que argumentos técnicos cambien creencias y mitos que en algunos casos se fundan en el historial pasado de la minería, que era muy contaminante. Es muy fácil atribuirle a la mina la mineralización natural de un río, por ejemplo. Los temores son muy fáciles de infundir. Y entonces allí la labor del Estado es explicar, no alimentar o atizar los mitos.
La Premier afirma que no es antiminera. Pero ella ha sido directora ejecutiva de Grufides, la ONG de Marco Arana responsable de que Conga no se pudiera ejecutar, con argumentos falaces y con violencia. Esos son sus antecedentes. Lampadia
