Jaime de Althaus
Para Lampadia
La captura total o parcial de instituciones del Estado por mafias o sectores vinculados al crimen organizado empieza a ser preocupante.
Ya hemos visto como la minería informal e ilegal han logrado sus objetivos en el Congreso, al derogar primero un decreto legislativo que acotaba el REINFO hace unos meses y al extender la semana pasada este registro por seis meses prorrogables, aunque con la complicidad del MINEM que envió el proyecto de ley MAPE demasiado tarde.
Pero ahora resulta que nada menos que el INGEMMET, una entidad técnica clave en la administración del sistema de concesiones mineras, fundamental para el desarrollo de la minería, estaría también siendo copado por esos sectores.
En un comunicado, COMEX ha expresado su preocupación por unos cambios producidos en el manual del clasificador de cargos de esa entidad que convierten 16 posiciones estructurales en cargos de confianza. Entre ellos, el de director de concesiones mineras, que desde hace más de 30 años ha estado en manos de profesionales de carrera de primer nivel.
“Esta alarmante decisión permitiría que personas sin perfiles idóneos y afines a la minería ilegal estén a cargo de procesos tan importantes como la entrega o extinción de una concesión, beneficiando a una actividad que, según la Fiscalía de la Nación, movería hasta US$ 12 mil millones al año…”, advierte COMEX.
Y, efectivamente, según fuentes informadas, en los últimos tiempos ha ingresado a INGEMMET personal sin reconocida trayectoria en los temas de concesiones y en otras direcciones, por recomendación de asesores o abogados vinculados a federaciones de mineros informales y a la federación de mineros de Madre de Dios.
María Angelica Remuzgo Gamarra, profesional de carrera de alto nivel profesional, que era directora de concesiones, fue retirada en octubre aprovechando que estaba de vacaciones, y ha sido reemplazada por una persona que no cumple los requisitos.
Lo mismo han hecho con los directores de administración y de derechos de vigencia y penalidad, así como con cuadros jóvenes que habían aprendido y se estaban desempeñando muy bien.
Pero la influencia de asesores vinculados a la minería no formal viene, según varias fuentes, desde la época de la Ministra Susana Vilca durante el gobierno de Sagasti.
No es posible que se siga destruyendo a las pocas entidades meritocráticas y técnicas del Estado peruano y, peor aún, a manos de intereses oscuros. El nuevo ministro de energía y minas, Jorge Luis Montero, debe tomar cartas en el asunto y recomponer el personal de la institución, comenzando por designar un directorio, que increíblemente está vacante desde el año 2020 en que era ministra Susana Vilca.
Se viene una etapa muy ardua en la lucha contra la minería ilegal y en la formalización de los artesanales y de pequeña escala. No se puede regalar terreno.
La ley aprobada por el congreso que posterga 6 meses el REINFO, contiene sin embargo un artículo que crea el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal para supervisar la trazabilidad operativa de minerales, explosivos, insumos químicos y productos fiscalizados en la pequeña minería y minería artesanal, y que debe implementarse en 6 meses.
Eso debería llevar a depurar el REINFO, pero requiere fortalecer el MINEM y el INGEMMET y avanzar en la conciencia del problema entre los congresistas en particular, porque la mayor parte de ellos no sabe, por ejemplo, que el informal en proceso de formalización que tiene REINFO, incluso REINFO suspendido, lleva a las plantas de procesamiento no solo su propia producción, si la tiene, sino la de mineros ilegales que usan así el REINFO de terceros para vender oro robado, por ejemplo, o extraído de zonas prohibidas con gran daño ambiental y social. Hay que avanzar en los controles y tecnologías que permitan precisar la trazabilidad y evitar ese contrabando.
Es una tarea que requiere de una gran determinación política y una clara conciencia nacional del problema. Y que supone muchas pequeñas batallas, como esta del INGEMMET, que no se puede perder. Lampadia