Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Para quienes no están relacionados con la actividad minera, el hecho de que exista un plazo perentorio para dejar sin efecto el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), pareciera ser algo intrascendente. Lo lamentable es, que desde el Estado, no se ha hecho el esfuerzo de comunicación y concientización a la población, de lo que realmente significa esta actividad para el Perú y la seguridad de nuestros ciudadanos.
Hay muchos interesados en su permanencia y que no se combata esta actividad ilegal, pasando por algunos congresistas y autoridades descentralizadas. Estos aprovechan de la existencia de un “poder ejecutivo” débil, sin liderazgo e incapaz de plantear un proceso claro, firme y que permita una solución permanente a este fenómeno.
A la luz de una encuesta elaborada por IPSOS para Perú21, vale preguntarse ¿Cómo es posible, que sólo el 29% de la población a nivel nacional y, el 35% a nivel de Lima, conozca del problema que vivimos los peruanos por la existencia del REINFO?
También sabemos, que de los más de 86 mil REINFOS otorgados, sólo 2 mil se formalizaron tras 22 años de facilidades y que, en el mejor de los casos, sólo unos 20 mil estarían realmente interesados en completar su proceso de formalización.
Si no se formalizaron en tantos años, incluyendo varias prórrogas y cambio de nombre, no lo harán en unos cuantos meses.
La respuesta es, que el Estado ha abandonado la responsabilidad de informar de forma adecuada, lo negativa que resulta la minería ilegal para el país. Que debemos tener una clara distinción entre la MAPE (Pequeña Minería y la Minería Artesanal), respecto de la minería ilegal, y que no debemos permitir denominaciones inexistentes, como la que ahora quieren acuñar de “Minería Ancestral”.
Si la población estuviera debidamente informada de que esa actividad ilegal es el núcleo del lavado de dinero, requerido por el narcotráfico para incorporar su dinero mal habido a la economía y, que éstas actividades ilegales juntas, incentivan toda la criminalidad homicida, el sicariato, la extorsión, la trata de personas.
Si supieran quienes están destruyendo las justas aspiraciones de nuestra población abnegada y trabajadora: bodegueros, taxistas, choferes de transporte público, trabajadores de construcción civil, etc., otra sería la actitud.
La misma encuesta indica que, 62% de los que están informados, entienden que destruyen el medio ambiente, 60% que este es el gatillo del crecimiento de la criminalidad, 32% son conscientes de las pérdidas económicas que generan al Estado y 26% del robo que hacen a las empresas. Por eso, el 79% a nivel de Lima y 74% a nivel nacional de los que están informados, reclaman que se elimine el REINFO, meta que se podría lograr informando debidamente. Lo que ocurre, es que no hay el genuino interés de las autoridades, de explicar a los ciudadanos las causas y efectos de este delito, y la forma como impacta al ciudadano de a pie y a sus familias en sus actividades cotidianas.
La encuesta mencionada hace ver, que la ciudadanía se inclina a que el gobierno adopte medidas más estrictas, aumentando la presencia de las fuerzas de seguridad (42%), reemplazar el REINFO por un mecanismo más estricto y restrictivo (40%), mientras que un 29% se inclina a crear más oportunidades económicas para la población, lo que pasa por promover mayor inversión privada y de infraestructura.
Si tenemos claro lo que piensa la gente bien informada, debemos lograr que ese 68% de la población que no conoce el origen de sus problemas de inseguridad, lo sepan y, a partir de esa realidad, desarrollar la estrategia y las acciones más adecuadas:
- Distinguir y fomentar la minería artesanal y pequeña minería, bajo el estricto cumplimiento de las normas legales de tenencia de concesiones mineras o contratos de cesión, seguridad en el trabajo y cumplimiento de procedimientos mineros y actividad de riesgo, cuidado del medio ambiente y del agua.
- Canalizar la producción a las plantas debidamente autorizadas, controlar la trazabilidad de los suministros y de la producción minera y el pago formal y bancarizado correspondiente, así como el seguimiento y control tributario.
- Eliminación focalizada de la delincuencia que acecha a los pequeños mineros y mineros artesanales, proporcionándoles un ambiente seguro para sus operaciones.
Finalmente, debemos recordar, que María Soledad Pérez Tello, ministra de justicia en enero 2017, impulsó la promulgación del DL 1351, que modifica el Código Penal, “con el objeto de mejorar la técnica legislativa y los criterios normativos…”.
La trampa de este dispositivo, consiste en la inclusión, de contrabando, de una “Disposición Complementaria Final” que dicta: “Están exentos de responsabilidad penal por la comisión del delito de minería ilegal establecido en el artículo 307-A, quienes se encuentren en los siguientes supuestos”:
(a) El que no logra autorización de reinicio de operaciones mineras por culpa inexcusable o negligencia del funcionario a cargo de la formalización.
(b) El agente de los delitos de minería ilegal, que se inserte al REINFO, dentro del plazo establecido en el DL 1293 (120 días), que corrían desde el 6 de febrero de 2017.
No podemos permitir, por ningún motivo, que la impunidad se instale en el país, a partir de la prórroga, reiterada por años, de una ventana creada, tonta o maliciosamente, por un plazo de 120 días.
Es inaceptable, que gente amparada en el manejo de fondos provenientes de la economía delictiva, que no trabaja directamente en la operación minera y que explota a nuestra gente bajo condiciones de esclavitud e irrespeto a los derechos humanos, presione al Estado.
No es posible que algunos congresistas, lejos de apoyar la legalidad y la formalidad, apoyen la impunidad y contribuyan a que tengamos en el Perú más de 75% de trabajadores informales y sin ningún amparo legal.
¡A los ilegales no les interesa ninguna ley MAPE, lo que quieren es mantener su impunidad ante delitos penales!
Lampadia
