(Artículo 2 de una serie de 3)
Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia
La legitimidad de toda actividad económica se juega a lo largo del tiempo, en una lucha que se da todos los días del año y durante muchos años. Esta depende de las opiniones que se van construyendo por líderes de opinión, sociedad civil, medios de comunicación, y público en general. Los pos-extractivistas (grupos contrarios a la actividad minera y al crecimiento productivo en general) y sus aliados están en una lucha de largo plazo para inviabilizar o restringir la mayor parte de la inversión minera en grandes proyectos.
Muchas empresas confiadas en su poder económico y en sus contactos con el Estado y con las elites políticas, creen que estos activistas no serán capaces de afectar sus actividades. El efecto individual de las diversas iniciativas de las organizaciones anti-mineras en el corto plazo puede ser débil pero su dedicación y esfuerzo sostenido terminan teniendo un gran efecto en el largo plazo.
El efecto acumulado del activismo anti-minero termina afectándoles, ya sea por la paralización directa de proyectos mineros o por el incremento del riesgo social que enfrentan sus proyectos. Ese riesgo implica que dichos proyectos se posterguen por muchos años y que requieran de mayores tasas de rentabilidad para tener acceso para financiamiento. El resultado de esas postergaciones o paralizaciones es el freno al desarrollo del país.
Hemos identificado tres iniciativas que los anti-mineros están desplegando en estos momentos. Todas buscan erosionar la legitimidad del sector minero. Esas iniciativas son:
- “La vida no vale un cobre”
- “Criminalización de Defensores”
- “Devoluciones Mineras”
Cada una de estas iniciativas se articula alrededor de una herramienta central (estudio o documental), para posteriormente generar derivados comunicacionales que llegan a los líderes de opinión, canalizando sus ideas a la prensa, para terminar impactando sobre la opinión pública y sobre los políticos.
Con esas campañas los grupos hostiles a la minería van creando paulatinamente una opinión negativa respecto al sector minero en el periodismo, en el Estado, en la juventud y en la población en general. Esta opinión negativa termina afectando a la industria de diversas maneras: predispone a periodistas en contra la industria, fomenta que políticos hagan leyes hostiles y promueve que funcionarios públicos hagan regulaciones adversas a la minería. Esas campañas, además, sirven de estrategias para la captación de fondos y para capturar cuadros entre la juventud peruana.
En un artículo anterior hablamos de la campaña “La Vida no Vale un Cobre”. La segunda iniciativa identificada consiste en la campaña “Criminalización de Defensores” que tiene por efecto, de ser exitosa, generar condiciones de un mayor nivel de impunidad a los activistas anti-mineros frente a potenciales acciones violentas o de uso de fondos públicos.
“Criminalización de Defensores”:
Parte del accionar de los anti-mineros consiste en la realización de acciones ilegales, muchas veces violentas, como bloqueo de carreteras, uso de fondos públicos para financiar sus actividades, intimidación física de la población, destrucción de propiedad privada, usurpación de terrenos y detenciones arbitrarias. Los casos en los que se ha manifestado esta clase de acciones han sido numerosos.[1]
Las acciones ilegales descritas son útiles a los anti-mineros en múltiples aspectos. Les permiten obtener recursos, generar ocasiones de violencia que favorecen su victimización, generar imágenes de caos que derivan en costos políticos que doblegan la voluntad política del gobierno central y hacer uso de la fuerza para consolidar su hegemonía política local. Si los anti-mineros tuvieran que enfrentar el imperio de la ley, en el grado que se da en otras latitudes, su capacidad para ejercer presión política y obtener recursos se vería severamente disminuida. Por ello, la impunidad para sus actos ilegales es sumamente importante.
Por supuesto, los anti-mineros no lo ven así. Ellos se imaginan enfrentando un orden legal injusto y un aparato represivo del Estado, que se encuentra al servicio de las empresas mineras y contrarios a los derechos de la población. Por ello, las medidas del Estado contra dirigentes anti-mineros responsables de acciones violentas e ilegales son consideradas por ellos y sus aliados como la “criminalización de la protesta social”.
En el caso de esta campaña, el producto que aglomera sus argumentos discursivos es el documento: “Una receta para criminalizar: personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay”[2]
La propuesta principal del texto, de acuerdo a la sumilla de presentación, es:
“Las personas defensoras de derechos humanos que ejercen su trabajo en relación con el acceso a la tierra y los derechos al territorio y al medio ambiente en Perú y Paraguay realizan sus actividades en contextos hostiles. En ambos países, los individuos y las comunidades que luchan por proteger el agua y acceder a la tierra son estigmatizados y su labor es desacreditada a través de declaraciones públicas y rumores. Sus comunidades son desalojadas a la fuerza de donde viven o enfrentan el riesgo de ser desalojadas sin las debidas garantías. Finalmente, las personas defensoras enfrentan procesos penales injustos e infundados. Son procesadas y juzgadas sin pruebas por delitos relacionados únicamente con su trabajo de defensa de los derechos humanos. Estos son los ingredientes de la receta para socavar su trabajo e impedirles seguir con la defensa de los derechos humanos.”
Es de resaltar que entre los supuestos abusos sufren estos defensores se encuentran la “estigmatización” que parecería ser la expresión pública de opiniones que entren en severa contradicción con la imagen que el activismo anti-minero plantea dar de estos personajes.
Un ejemplo de lo que se considera como estigmatización es el siguiente fragmento del texto de Amnistía.
A entender de Amnistía, caracterizar a Máxima Acuña de ser una ocupante ilegal, cuando ocupa terrenos que en Registros Públicos están a nombre de Minera Yanacocha, se trata de un acto de agresión a un defensor de los derechos humanos. Esta definición de “estigmatización” se encuentra muy extendida entre algunas organizaciones de derechos humanos para quienes ciertos personajes y actores sociales tienen un valor totémico, son intrínsecamente incapaces de acciones inmorales mas allá de las pruebas, y sus actos deben ser vistos más allá de la ley.
En su segmento de Recomendaciones se hacen un conjunto de peticiones a las autoridades para bridar un status especial a las personas consideradas por ellos y algunas organizaciones ideologizadas, como defensores ambientales. Bajo ese status especial, muchas de sus acciones ilegales en el marco legal de los países, como bloquear una carretera, paralizar actividades económicas de terceros y generar millonarias pérdidas a empresas mineras, serian considerados como parte del ejercicio legítimo de las funciones sociales de un defensor ambiental. Con ese status especial, esas personas son puestas por encima de las otras personas, de las leyes y de las instituciones del país.
Las personas consideradas como “defensores criminalizados” en esta campaña consisten en personajes difusores de la narrativa antiminera ya sea como activistas antimineros o como iconos funcionales para sus fines comunicacionales. Entre los “defensores” cuyos casos son visibilizados se encuentran Oscar Mollohuanca quien fuera protagonista principal de la conflictividad social antiminera en Espinar Cuzco, Cesar Estrada activista antiminero acusado por extorsión y secuestro, y Máxima Acuña, cuyo ícono es funcional a una estrategia de desprestigio generalizado del sector minero.
Esta campaña no se remite únicamente a un documento de Amnistía Internacional. El libro de Rocío Silva Santisteban, “Mujeres y Conflictos Eco-territoriales en América Latina”[3], ha sido presentado en múltiples ciudades del país con cobertura mediática de grupos hostiles a la minería, el libro hace hincapié en la victimización de las “defensoras” frente a supuestos abusos impulsados por empresas mineras, obviamente Máxima Acuña es una protagonista en el texto.
También la organización APRODEH toma acciones en su reporte ““La situación de los derechos humanos en el Perú. Balance y perspectivas desde el mecanismo del examen periódico universal 2017”[4] En dicho reporte se hace mención de la existencia de un proceso de persecución judicial contra los defensores de derechos humanos entre los cuales se encuentran activistas anti-mineros como Milton Sánchez, quien dirige la organización anti-minera Plataforma Interinstitucional Celendina en Cajamarca.
El Instituto de Defensa Legal también realiza acciones alineadas con esta campaña, en su programa radial “No hay Derecho” que es transmitido en las mañanas de lunes a viernes tanto en Lima como en múltiples ciudades del interior. En cada pausa de dicho programa se transmiten spots donde líderes anti-mineros tipificados como “criminalizados” denuncian que sufren persecución e instan a los oyentes a unirse a una campaña en su defensa.
En numerosas audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha llevado a activistas anti-mineros para que brinden sus versiones ante los magistrados de dicha corte.
Mientras los anti-mineros despliegan múltiples campañas, el Estado Peruano no es capaz de contar una historia alternativa que logre justificar su accionar como defensa de la ley y de los pilares de un orden social democrático.
La presentación de documentos no es el único resultado de esta campaña, con ella se entra en contacto con líderes de opinión, funcionarios del Estado, Congresistas e instancias internacionales (Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos), ejerciendo influencias en personas con roles críticos en todos esos niveles.
Esto tiene un conjunto de consecuencias potenciales y reales. Presiona a los jueces a dar fallos favorables a los anti-mineros, fomenta una cobertura hostil de la prensa hacia el sector minero y propicia cambios institucionales o regulatorios que dificultan el imperio de la ley en zonas mineras. El objetivo legal definitivo consiste en que se brinde a los “defensores ambientales” un estatus legal especial en el que el grado de impunidad para potenciales actos delictivos se eleve ostensiblemente.
Mientras esta iniciativa se despliega con múltiples líneas de incidencia simultanea el sector minero no realiza acciones efectivas destinadas a justificar legal y éticamente su accionar ni a visibilizar el alto grado de impunidad del accionar violento de muchos antimineros. Una vez más, el sector y sus organizaciones, da muestras su incapacidad para percibir la importancia del la “superioridad moral” en el conflicto político prolongado en el que, a pesar de no quererlo, se encuentra involucrado. Lampadia
