Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
A veces pareciera que no tenemos claro, que el rol principal del Estado es brindar: salud, educación, seguridad y justicia, ciertamente acompañado de su rol regulador. A estas actividades, se les llama, la redistribución del ingreso. Encuentro que, algunos no han leído bien la Constitución o al menos de manera integral y creen que, cuando en el capítulo económico se da al Estado un rol subsidiario, se refiere a toda actividad y no exclusivamente a la actividad empresarial.
Claro, para algunos ha sido muy conveniente no hacer su trabajo, al amparo de esta interpretación errónea. Por eso, el sector empresarial hizo su trabajo; en lo económico, social y ambiental, y por eso el Estado se enriqueció y acumuló muchos fondos. Pero ni el gobierno nacional, ni los regionales y municipales, resolvieron las necesidades básicas sanitarias (agua potable y desagüe con plantas de tratamiento de aguas residuales-PTAR), no se habilitaron postas médicas debidamente atendidas, ni escuelas decentes con servicios higiénicos adecuados, electricidad, conectividad y maestros debidamente calificados para una enseñanza de calidad.
Los casos que mayor malestar han generado, son en aquellas regiones con grandes inversiones en proyectos mineros, gran movimiento de equipos, tecnología y modernidad, pero en los que sus pobladores, la ven pasar y no han recibido el beneficio. Lamentablemente, el Estado no está organizado para cumplir su rol y peor aún, los gobernantes no han tenido clara visión de los problemas y soluciones, capacidad de organizar y menos de ejecutar. Varios presidentes han sido “felices” transfiriendo dinero a los gobiernos regionales y locales, sin ton, ni son y peor, sin controlar.
A propósito, el sector minero paga al fisco 29.5% de impuesto a la renta (IR), 5% de impuesto al dividendo, Impuesto Extraordinario al sector Minero (IEM) y regalías, en un rango que va entre 2% y 8.4% de la utilidad operativa (no considera depreciación, ni amortización de las inversiones) y si se suscribe un Contrato de Estabilidad Tributaria, se incrementa la tasa de IR en 2% y además, se destina una Participación de Trabajadores del 8% de la utilidad antes de impuestos. Consecuentemente, la carga para el inversionista minero se acerca al 50% de la renta generada.
Como bien ha dicho un recaudador de impuestos, existe en minería lo que se llama el “Canon Minero”, que se ha fijado, para facilidad de cálculo, en 50% del IR y que se creó con la finalidad de ser destinado a obras e inversión regionales, municipales y para fomentar la investigación universitaria. Lamentablemente, ya se dieron maña para perforar la ley y usar esos fondos para gastos corrientes en “planeamiento y consultorías” (otra forma de gasto corriente) por más del 30% de lo “ejecutado”. No obstante, en los últimos años no se ha gastado más del 60% a 70% del canon en las regiones mineras. La experiencia de las dos últimas décadas, es que estos fondos han sido muy mal manejados en manos de esas autoridades regionales y locales, se ha gastado en obras superfluas e innecesarias, obras sin adecuada ingeniería y finalmente, han sido la principal fuente de corrupción (veamos Junín, Moquegua, Ancash y Cajamarca). Por eso tenemos 20 exgobernadores regionales sentenciados (entre ellos Cerrón), además de los investigados y acusados a la fecha (incluyendo a Martín Vizcarra) y un número mucho mayor de alcaldes.
Entiendo que, a la luz de estas experiencias negativas, Fuerza Popular está proponiendo la entrega de hasta 40% (lo que en promedio no se ejecuta), a los miembros de la comunidad. Esta es una idea gruesa que, me parece, se debe trabajar. Veía el esquema de Noruega, país rico en recursos naturales, como el nuestro, pero donde se hace un uso inteligente de sus beneficios y, me parece, el nuevo gobierno debiera adecuar ese esquema a nuestra situación específica.
Desde el gobierno nacional se debe diseñar los proyectos orientados al cierre de brechas de agua potable, desagüe, primer nivel de salud, educación primaria y secundaria de calidad, electrificación y conectividad. El Estado no debe permitir que se desvirtúe y desvíe los presupuestos de inversión del Canon a monumentos, edificios o piscinas, tal como hemos mencionado, mientras no se cierren las brechas de necesidades básicas. Concuerdo con el hecho que, los pobladores de las zonas mineras, deben de sentir el beneficio de estar en una zona con operaciones mineras, pero, como el diablo está en los detalles, se debe definir primero lo siguiente:
- El radio de acción geográfico al que debe alcanzar las poblaciones beneficiadas por una entrega de beneficio directo.
- Sabiendo que es imposible desarrollar la infraestructura propuesta para cierre de brechas en pequeños grupos de vivienda aisladas en las alturas, se debe promover zonas de desarrollo urbano, en la que las comunidades deben permitir que los miembros de su comunidad reciban título de propiedad de su terreno para vivienda. Con eso estarán debidamente empadronados y podrán ser beneficiarios de lo que proponemos.
- Se debe entregar en efectivo hasta 20% del Canon, debidamente registrado en la banca y el otro 20% debe destinarse, en principio, a inversión en habilitación urbana, sanitaria, vial, eléctrica, de conexión a internet y de construcción de vivienda, mediante un crédito hipotecario respaldado por ese flujo permanente de canon futuro.
- A futuro y una vez satisfechas esas necesidades, se aplicarían en mejoras en educación y como capital semilla de nuevos emprendimientos, pues debemos fomentar que las poblaciones de esas regiones también desarrollen actividades industriales y se relacionen con los mercados nacionales y globales.
- Uno de los objetivos de este plan, es que desarrollemos ciudades urbanizadas en las diferentes regiones, ciudades que puedan brindar todas las facilidades de acceso, vivienda cómoda y condiciones sanitarias de primer nivel, que los niños puedan disponer de colegios de calidad, con maestros de calidad, conectividad a internet, que le permita educación global y competitividad, buenos servicios de salud y seguridad.
Está claro que, el resto del canon (60%), debe ser usado en infraestructura regional y provincial, como distribución de energía, hospitales, plantas de tratamiento de agua potable y residual, accesibilidad carretera o ferroviaria, consolidando así el desarrollo descentralizado.
Ciertamente, no podemos tener un país con cerca de 2,000 autoridades autónomas (New York tiene un tercio de la población del Perú y se maneja con 1 solo alcalde). Por su lado, Noruega tiene regiones con recursos naturales como el Perú, pero sus autoridades administran la política e inversiones del gobierno nacional, contando con un equipo de gerencia de alta calidad moral y profesional. Cuenta con un Estado muy fuerte, pero pequeño, cuyo objetivo central es proporcionar un estado de bienestar, reduciendo con servicios públicos de calidad las diferencias socio-económicas, garantizando una vida en absoluta libertad (ni la policía usa armas). Nadie busca “plurinacionalidades”, sino orgullo de pertenencia nacional, más aún, la sociedad trata de incorporar a los inmigrantes, que obviamente deben poner todo de su parte para ser incorporados y se consigue la ciudadanía, pagando impuestos e integrándose a la sociedad, trabajando para ella. Además, ha sido capaz de constituir un fondo de reserva, a partir del beneficio de sus recursos naturales, para asegurar la permanencia de ese estado de bienestar, pensiones y posibles contingencias.
Debiéramos aprender a construir una sociedad más homogénea, aprendiendo e incorporando las experiencias positivas. Lampadia
