Los llamados conflictos sociales, que muchas veces tienen más de políticos que de sociales, han cobrado especial relevancia en el Perú durante los últimos tres gobiernos. Así hemos tenido los conflictos: del Arequipazo, Moqueguazo, Baguazo, Santa Ana, Cerro Quilish, Conga, Espinar, Tía María, Pichanaqui, Loreto, Cañariaco y muchos casos menos mediáticos a lo largo y ancho del país.
Durante el gobierno de Humala, los conflictos se han multiplicado y las estrategias detrás de ellos se han hecho más visibles, como las increíbles propuestas por el pos-extractivismo de parte de todas las izquierdas del país. Ver en Lampadia: Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento. Luego de las últimas elecciones, sus líderes más representativos, como el ex cura Arana, han llegado al Parlamento, y por ahora, vienen ganado la batalla mediática, que ha creado el escenario de impunidad con el que se han movido.
La coyuntura internacional y las presiones sociales por remontar las brechas sociales y económicas que aún nos aquejan, más el impacto de la ‘cuarta revolución industrial’, nos obligan a reactivar la economía y a canalizar, con eficiencia, los mayores recursos fiscales que traería el crecimiento de la economía, hacia agendas de gobierno debidamente priorizadas y efectivas para afrontar nuestros retos.
En esa línea, hemos desarrollado el siguiente ensayo, que enfatiza la necesidad de contar una adecuada colaboración entre las dos más importantes instancias de gobierno, el Ejecutivo y el Legislativo. Hasta la fecha, ambos siguen apartados y haciendo, cada día más difícil, un acercamiento constructivo. Sin embargo, la amenaza de la conflictividad social puede desbaratar completamente la posibilidad de alcanzar un gobierno exitoso. Esperamos, que la siguientes líneas, que se suman a nuestra biblioteca virtual de Recursos Naturales y Desarrollo, sirvan para una oportuna reflexión.
Sobre Conflictividad Social y Colaboración Política
1. Sector Extractivo: El motor más fácil de encender
En el quinquenio que se inicia, el Perú enfrenta uno de sus principales retos: el regreso a una mayor tasa de crecimiento. De esto dependerá una rápida reducción de la pobreza, la expansión de las clases medias, el fortalecimiento de la democracia y el acceso a los recursos fiscales necesarios para cubrir las enormes brechas en educación, salud, seguridad e infraestructuras que aún se mantienen. Sin embargo, el Perú enfrenta un entorno mundial poco dinámico y un entorno regional de crisis en varios de sus vecinos. Por ello, el regreso a tasas de crecimiento superiores al 5% anual estará, en buena medida, en el éxito de las acciones internas que nos den más aciertos y menos errores políticos.
Muchos señalan que debemos enfocarnos en la diversificación productiva y en un crecimiento endógeno. Sin duda sería bueno tener varios motores internos de crecimiento, sin embargo, en el corto plazo esto no puede incidir de manera importante en el crecimiento económico. No existe margen fiscal para un reactivación por demanda que pueda ser duradera, y las mejoras en capital humano, instituciones e infraestructuras, necesarias para acelerar el crecimiento económico endógeno, aun si se iniciaran inmediatamente, tardarían años en trasladarse a una mejora notable en el crecimiento.
Sin embargo, existe un motor de crecimiento con impactos de corto plazo que no ha sido aprovechado en la medida de su gran potencial, el sector extractivo. Si se aprovechara mejor el potencial nacional para el despliegue de proyectos mineros y energéticos (el forestal está recién en proceso de desarrollo. Ver: Un sector forestal completamente renovado), podríamos, por un lado, acelerar el crecimiento en el corto plazo y obtener los recursos para financiar las reformas necesarias que además, permitirían fortalecer otros motores endógenos de crecimiento.
Una revisión de la cartera de proyectos mineros en el Perú nos señala que a misma llega a 57 mil millones de dólares, sin embargo, un 20% se ha visto asociado a conflictos sociales, que en algún momento han implicado una paralización temporal o permanente de su avance.
Esto implica no solo la paralización de proyectos emblemáticos como Tía María y Conga, sino también la generación de un “Riesgo Perú” para toda actividad extractiva del país, puesto que no se puede estar seguro respecto al nivel de resistencia social que podría enfrentar un proyecto extractivo. Esto afecta la disposición de las empresas a invertir en proyectos de este tipo en nuestro país.
Múltiples proyectos técnicamente posibles y financieramente rentables han sido dejados de lado por no presentar una tasa de retorno suficientemente alta que compense este “Riesgo Perú” , que representan miles de millones no contabilizados, pero que están en las consideraciones de los inversionistas importantes.
Si queremos reactivar la inversión extractiva en la presente coyuntura, es necesario reducir severamente la conflictividad social, gran parte de lo que se necesita hacer para cumplir este objetivo pasa por acuerdos políticos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esto en resumidas cuentas requiere de un acuerdo entre Peruanos Por el Kambio (PPK) y Fuerza Popular (FP). En nuestra opinión, este acuerdo sería conveniente tanto para el logro de objetivos nacionales como para los intereses políticos de ambas organizaciones.
2. Lo que ambos ganan o dejan de perder, con un acuerdo
En el caso de PPK, una menor conflictividad social permitiría un mayor ritmo de inversión, una aceleración de la economía, una mayor sensación de seguridad y con ello un mejor cumplimiento de uno de sus principales objetivos de gobierno.
La conflictividad social propicia circunstancias políticas sumamente costosas para un presidente. La existencia de conflictos facilita a los opositores radicales caracterizar al régimen como hostil a la población y prepotente, afectando su legitimidad democrática; si capitula, cediendo ante las presiones de los manifestantes, transmite la imagen de un gobierno políticamente débil e incapaz, y además la violencia y el caos propician la eventual censura o cambio de los ministros involucrados en los conflictos, en especial en las carteras de Interior y PCM, propiciando su desgaste institucional.
Los conflictos sociales fortalecen organizacionalmente a fuerzas radicales que se asignarán el capital político ganado con el conflicto, no solo al bloquear proyectos extractivos sino también a “otras luchas” tales como bloquear acuerdos comerciales, incrementar la rigidez laboral y socavar la meritocracia entre los empleados públicos. La posición de la totalidad de la izquierda frente al Acuerdo Transpacífico (TPP), la “Ley pulpín” y la Ley Servir muestra claramente de qué lado se encuentran.
En el caso del fujimorismo existe una complicación para llegar a acuerdos. El principal ganador político de los avances a los que se llegaría mediante acuerdos con PPK sería el mismo PPK. La política peruana es presidencialista y antropomórfica, el agradecimiento a un colectivo como lo es la bancada fujimorista no sería tan claro y directo como el que recibiría PPK.
Sin embargo, en un análisis más comprehensivo, se ven varias ventajas importantes para FP. El fujimorismo también ganaría políticamente con una reducción en la conflictividad social. En primer lugar la imagen del fujimorismo que viabiliza el gobierno de PPK dificultaría el intento del anti-fujimorismo de retratar a Fuerza Popular como obstruccionista y antidemocrática.
La conflictividad social a gran escala fortalece a las fuerzas anti-fujimoristas. Las victorias aplastantes de PPK en Bambamarca o Islay se originan más del profundo anti-fujimorismo en la zona que de un particular aprecio por PPK. (Lampadia: Del voto al hecho hay un buen trecho). Los conflictos sociales generan en sus áreas de influencia, una dinámica social de control político y mediático por parte de los anti-mineros, los cuales son profundamente anti-fujimoristas. Durante el conflicto, las voces disidentes son política o coercitivamente presionadas para dejar de operar. Una vez construida esta hegemonía, ésta puede ser dedicada a otros fines políticos tal como se logró exitosamente en la segunda vuelta del 2016. Si Cajamarca hubiera votado como lo hizo el resto de la sierra norte, Keiko Fujimori se estaría mudándose a Palacio el 28 de julio.
El fortalecimiento orgánico de las fuerzas radicales mencionado previamente debilita las perspectivas electorales del fujimorismo en el largo plazo. Estas fuerzas son el núcleo del movimiento social opositor a Keiko Fujimori que se manifiesta con regularidad en cada ciclo electoral. Son además, enemigas de la economía de mercado y de la democracia, valores fundamentales para el fujimorismo.
Los conflictos sociales empujan al fujimorismo a asumir posturas discursivas contrarias a la racionalidad económica, donde el caso de la votación en el caso del Lote 182 es un claro ejemplo. Cuando estas posturas son asumidas, el fujimorismo debilita su coherencia programática y pierde cara frente a las élites económicas y mediáticas de cuya postura depende en gran medida su fortuna hacia el 2021.
Finalmente la puesta en operación de proyectos extractivos implica una mayor base tributaria que facilite a un futuro gobierno fujimorista el cumplir con sus objetivos de gobierno y de consolidación política.
Por lo tanto, en balance, ambas fuerzas políticas tienen mucho que ganar, controlando los conflictos sociales.
3. La Agenda Común
Quedando clara, la naturaleza y magnitud de las ganancias programáticas y políticas de la colaboración entre PPK y FP, es necesario explicar algunos aspectos en los que la colaboración entre ambas fuerzas podría ser efectiva a la hora de reducir la conflictividad social. Estas ganancias apuntan a intereses de largo plazo de ambas fuerzas más que a la coyuntura política. Las medidas mencionadas a continuación requieren de la colaboración entre PPK y FP.
a. Recuperando el Monopolio en el Uso de la Fuerza para el Estado
Este es un aspecto crítico. El uso de la violencia contra las fuerzas del orden, la propiedad pública y privada es un componente básico de la praxis de los anti-mineros y en general de los anti-sistema. Los “espartambos” en Tía María y las Rondas Campesinas en Cajamarca se han involucrado en actos de violencia extremos. Sin embargo, ninguno de sus autores ha sido condenado a prisión a pesar de los evidentes delitos cometidos y la existencia de abundantes pruebas. En buena medida porque la legislación aplicable es, en este caso, pro-reo, el nivel de exigencias requeridas por los fiscales deviene en la práctica en que la Policía Nacional y el Poder Judicial no dispongan de los medios y herramientas legales necesarias para castigar a los culpables. Se debe facilitar el uso de la legislación de flagrancia a quienes realicen actos violentos, simplificar la presentación de pruebas a la fiscalía y reglamentar los criterios para las acusaciones por autoría mediata, en los casos del uso de violencia en manifestaciones públicas a los líderes de las mismas como corresponsables de la violencia que promueven. Además debe facilitarse que los acusados de estas acciones violentas sean juzgados lejos de sus localidades para evitar las presiones a jueces y fiscales.
b. Reduciendo la incidencia del “Enfoque Intercultural”
Desde hace algunos años se ha estado dado un paulatino avance del llamado “Enfoque Intercultural”. El mismo es un tema complejo, pero, en buena medida, busca brindar poderes propios del Estado a los grupos que se definan como “Pueblos Indígenas.” Para los promotores de ese enfoque, la única condición para un grupo de personas sea catalogada como pueblo indígena es el auto-reconocimiento de un grupo humano como tal, puesto que las otras condiciones que mencionan se aplican a la totalidad el territorio nacional. Por ejemplo la descendencia total o parcial de poblaciones anteriores a la llegada de los españoles. ¿Qué comunidad, barrio o hasta familia no cumple con esta condición en el Perú? Solo un porcentaje muy reducido de la población peruana, 5% o menos, no atiende ese requisito. Con el Enfoque Intercultural, el Distrito de San Juan de Lurigancho puede declararse indígena y ponerse así al margen de las leyes que gobiernan al Perú. Lo mismo se aplicaría a cualquier grupo anti-sistema.
Este enfoque busca, entre otras licencias, la aplicación de la consulta previa para la mayoría de los proyectos extractivos en el país, poniéndola como procedimiento indispensable para la realización de los mismos. Obviamente, para ellos, basta con que un grupo humano que se sienta afectado y rechace un proyecto para que el mismo no se realice, independiente de la opinión favorable que pueda tener entre la mayoría de la población del entorno de un proyecto, en la región o en el país. Este peligrosísimo esquema, que puede ser aprovechado por grupos de interés político, propicia una autonomía radical de las poblaciones rurales y la fragmentación del sistema jurídico del país.
Para ello buscan fortalecer los privilegios jurisdiccionales de la justicia comunitaria, en especial el de las rondas campesinas. En el Perú ya se han dado acuerdos a nivel de la Corte Suprema, favorables a esta visión que tiene como mayores impulsores al Vocal Duberli Rodriguez (Ex congresista ligado al Partido Comunista del Perú, Patria Roja) y, en el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, donde la Dra. Raquel Yrigoyen, una de sus promotoras, brinda apoyo jurídico a Gregorio Santos, da cursos de sobre litigios estratégicos para paralizar proyectos extractivos y hace actos de incidencia sobre el Congreso de la República con el mismo propósito. Algunos sectores extremos de esta corriente buscan la generación de “zonas liberadas” en la sierra peruana, semejantes a las “Caracolas Zapatistas” en México.
El Congreso puede hacer mucho para reducir el daño que este esquema para-legal puede hacer. En primer lugar, acotando claramente el rol de las Rondas Campesinas hacia una de lucha contra la criminalidad local en colaboración con la policía e impidiendo el deseo de que las mismas puedan atribuirse prerrogativas tales como multar o punir físicamente a quienes no participen en movilizaciones, impedir el libre tránsito, ejercer la violencia contra los disidentes y afectar los derechos de propiedad de actores privados. El facilitar la emisión de títulos individuales a nivel de las comunidades campesinas también disminuye la vulnerabilidad de estas poblaciones a ser un laboratorio social para políticos radicales. Un intento de reformar la el Código Penal en este sentido fue exitosamente bloqueado por los radicales quienes lograron presionar a la Comisión de Justicia del Congreso.
Todo esto discurre por debajo de la línea de mira de la sociedad, las instituciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación. Es hora de prestarle la máxima atención y organizar las acciones necesarias para eliminar sus impactos antinacionales.
c. Incrementando la Voluntad política del Gobierno
Las interpelaciones, mociones de censura y caída de ministros son eventos que socavan la voluntad política de un gobierno para sostener los proyectos extractivos y sirven de caja de resonancia del discurso anti-minero y aumenta la capacidad de estos para infligir costos políticos al gobierno de turno. Un acuerdo con Fuerza Popular incrementaría la solidez de los miembros del gabinete en caso de un conflicto social. Esta mayor fortaleza se derivaría en una menor conflictividad al percibirse que la convulsión tiene una menor probabilidad de éxito. No es necesario llegar a compromisos de respaldo incondicional a ministros involucrados en un conflicto social, pues ello haría al fujimorismo corresponsable de los errores del gobierno. Lo que es viable es que los congresistas de ambas fuerzas, contrasten con valentía el discurso anti-extractivista (conspirando contra sus intereses de largo plazo y sirviendo a los intereses de los anti-mineros).
d. Evitar el financiamiento de actividades anti-extractivas
El Estado, por diversas razones, puede financiar directa o indirectamente iniciativas que atentan indirectamente contra sus intereses. El gobierno que está terminando lo ha hecho en innumerables veces. Un caso emblemático fue el financiamiento del documental “La Hija de la Laguna” por parte del Ministerio de Cultura, una clara herramienta de propaganda anti-minera audio visual con impacto fuera del Perú. Este documental ganó el Concurso Nacional de Proyectos de Post Producción de Obras de Largometraje 2013, a pesar que los mismos jueces no lo consideraron un trabajo logrado. Este tipo de “coladeras” de financiamiento permiten a organizaciones hostiles a las actividades extractivas llevar a cabo acciones de propaganda que dañan severamente la imagen de la industria y son una ayuda para fomentar los conflictos sociales. Ambas fuerzas políticas podrían llegar a un acuerdo, bloqueando los esfuerzos de estas organizaciones para obtener recursos del Estado para promover la conflictividad social.
e. Debilitar los ‘cercos cognitivos’
Los anti-mineros construyen exitosamente cercos cognitivos en las zonas rurales próximas a los proyectos extractivos. Ellos dominan todas las fuentes creíbles de información en una comunidad (profesores, líderes de organizaciones locales, religiosos, etc.) y callan las voces que se oponen a ellos. Este cerco permite formar y fortalecer creencias referentes a las industrias extractivas que pueden catalogarse como insólitas en algunos casos. Las acusaciones, basadas en ‘relatos’ fabricados (que rehacen la historia) dañan la imagen de las empresas, de la industria y de la independencia del Estado. Ambas fuerzas podrían colaborar en incrementar la presencia del Estado en las zonas de conflicto, no sólo con inversiones sociales, sino con presencia activa (comisarías, antenas repetidoras, programas del Estado, etc.) que defiendan la pluralidad de opinión, y que permitan a la población estar mejor informada sobre la naturaleza real de la afectación que los proyectos provocarán.
Conclusión
El reducir la conflictividad social tendría fuertes efectos de bienestar sobre el país y ello debería ser más que suficiente para motivar tanto a PPK como los fujimoristas para actuar en ese sentido. Pero convencer a políticos que actúen únicamente en beneficio del país a costa de su propio beneficio político de corto plazo puede ser difícil. Por ello hemos brindado aquí argumentos en los que se muestran con claridad las ganancias políticas institucionales y de largo plazo para ambas fuerzas partidarias, de desarrollarse una conducta de cooperación en relación a los conflictos sociales. La agenda presentada es incompleta y ciertamente existen áreas de colaboración que han sido omitidas, sin embargo podrían servir para facilitar el entendimiento, por parte de la opinión pública, de los beneficios que mayores espacios de colaboración que tendrían para el Perú, así como la eventual reacción positiva de las fuerzas en disputa.
Lampadia
