Este ensayo forma parte de nuestro repositorio Recursos Naturales y Desarrollo que pretende traer luces sobre la conflictividad anti-inversión que ha paralizado muchos proyectos y ralentizado nuestra economía y mejora social.
Los anti mineros pueden sostener conflictos sociales de manera prolongada y violenta porque manipulan el flujo de conocimientos accesibles a la población y el proceso de formación de la opinión pública local. Controlan sus fuentes de credibilidad, exponen a las poblaciones locales a un bombardeo sistemático de falacias, exageraciones, rumores y mentiras, inoculando una narrativa profundamente anti-minera. Los medios de información creíbles sostienen el mismo relato y la institucionalidad local se encuentra capturada, legitimando así las acciones de los anti-mineros que aplican la violencia contra los disidentes. Bajo estas condiciones, la población se encuentra aislada de visiones alternativas. En estas situaciones, las acciones y los esfuerzos de comunicación de las empresas mineras y del gobierno central difícilmente podrán ser efectivos. El Cerco Cognitivo de las poblaciones ha cumplido un rol fundamental en el crecimiento de la conflictividad minera de los últimos años.
La renuncia al progreso
La minería moderna, atendiendo los estándares ambientales, los requisitos legales y las prácticas de responsabilidad social, es una actividad altamente beneficiosa para el Perú. La minería es especialmente positiva para la gran mayoría de las poblaciones de las localidades en que opera[1]. Si las empresas e instituciones locales desarrollan estrategias inteligentes, canalizan bien los recursos generados por la minería y establecen sinergias entre la economía local y la actividad minera, el beneficio puede ser aún mayor.
¿Cómo entender, entonces, que los conflictos mineros se hayan incrementado tanto en los últimos años? ¿Cómo puede ser que las poblaciones locales renuncien a posibilidades reales de progreso ofrecidas por la minería para dedicarse a un enfrentamiento en que todos pierden, con la sola excepción de los anti-mineros?
¿Será una consecuencia del bajo nivel educativo de las poblaciones rurales? ¿Será la existencia de una mentalidad localista y resentida de algunas regiones? ¿Es la existencia (supuesta) de remanentes de sociedades indígenas que rechazan la modernidad? ¡No!
No creemos que estos factores expliquen la conflictividad social respecto a la minería.
Pensamos que la existencia de creencias tradicionales sobre los cerros, el agua y la minería, los resentimientos sociales, las inclinaciones políticas y los sesgos cognitivos de las poblaciones rurales favorecen a los anti-mineros, pero esas condiciones siempre han existido y no explican satisfactoriamente la conflictividad social de los últimos años. Nuestra hipótesis es que las causas de la conflictividad son bastante modernas y tienen que ver más con el trabajo sistemático de las corrientes ideológicas anti-mineras que con las características culturales y sociales pre-existentes en el país. Ellos manipulan este sistema de creencias para construir sobre él una narrativa mucho más robusta. Veamos cómo funcionan esos mecanismos.
El cerco cognitivo
Para convencer a las poblaciones de renunciar a sus aspiraciones de progreso económico y social, los anti-mineros generan un cerco que son el objetivo de sus acciones. Lo llamamos cerco cognitivo porque se refiere al control de los conocimientos a los que la población puede acceder. Es con ese cerco cognitivo que los anti-mineros logran manipular a la población en función de sus objetivos políticos. ¿En qué consiste el cerco cognitivo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo construyen?
El cerco cognitivo consiste en la combinación de cuatro mecanismos: (a) una narrativa hostil a la minería, (b) la captura de los referentes creíbles de la población, (c) control del flujo de mensajes hacia la población, y (d) el bloqueo de las voces independientes.
1. Narrativa anti-minera: Con la narrativa hostil a la minería, ellos difunden en la población el temor a la actividad minera y la mistificación del conflicto como fuente de dignidad y como mecanismo de bloqueo a las aspiraciones de progreso de la población. La dignidad juega un papel clave en esta narrativa: al no poder ofrecer una alternativa real a los beneficios que la minería ofrece, la dignidad cumple una función como fuente de satisfacción al poblador que participa en el conflicto.[2] En esa narrativa las empresas mineras son los “Malos” y los anti-mineros son los “Buenos,” además los conflictos son presentados como necesarios para defender los recursos naturales y la dignidad de la población.[3]
2. Fuentes de credibilidad: Con la captura y adoctrinamiento de las fuentes de credibilidad de la población (profesores, líderes locales, religiosos, periodistas, etc.) los anti-mineros controlan la interpretación de los hechos y la formación de opiniones de la población local. Como ellos mismos lo explican: “El apoyo o involucramiento de líderes religiosos o incluso de la iglesia misma puede marcar toda la diferencia en la lucha” (Zorrilla, Buck, Palmer & Pellow). [4] Las creencias religiosas de las poblaciones rurales hacen que los líderes religiosos, como algunos curas, tengan condiciones favorables para manipular a la población.[5]
3. Flujo de mensajes: El control del flujo de mensajes tiene tres propósitos: la repetición de su versión de los hechos, la propagación de rumores y la descalificación de mensajes alternos. Los anti-mineros logran ese control sobre el flujo de mensajes de dos maneras: (a) la presencia de decenas de activistas anti-mineros en permanente contacto con la población local, y (b) la creación de programas radiales y medios de comunicación hostiles a la minería y orientados hacia la conflictividad.
4. Bloqueo a las voces independientes: Los anti-mineros reducen mucho las posibilidades alternativas de pensamiento con el bloqueo de las voces independientes. Las voces discrepantes son presentadas como vendidos a la minería, interesados en su beneficio personal o traidores a la comunidad y evitan así que los temas del progreso económico y social sean debatidos democráticamente en las zonas controladas por ellos. La intimidación y la violencia hacia periodistas y líderes locales son actividades estándares para lograr el silencio de los independientes. Normalmente se le camufla y legitima la aplicación de la violencia mediante eufemismos tales como “se aplicaron usos y costumbres” entiéndase castigos físicos a quienes “dividen la comunidad”, es decir a quienes disientan de ellos.[6] Para el control de la población es necesario generar la impresión que todos en la comunidad están de acuerdo con la posición de los anti-mineros. Es así que las personas que disienten con ellos, sienten una mayor presión social para mantener el silencio y no ser criticados por el resto de la comunidad.
El Funcionamiento del Cerco
¿Cómo puede la población rural establecer en qué grado una actividad compleja como la minería moderna afecta o no al subsuelo y a sus recursos naturales, y pone o no pone en riesgo sus actividades agrícolas? ¿Cómo saber si los EIA de las empresas mineras, aprobados por el Estado, están bien hechos y son realmente confiables? ¿Cómo saber si un rumor que anda corriendo sobre la contaminación del agua por la minería es falso o verdadero?
Para preguntas como esas, la población local recurre a las pocas fuentes de información con credibilidad que le son accesibles. Si esas fuentes están controladas por los anti-mineros y las voces independientes están intimidadas y acalladas, las conclusiones de la población son previsibles. Los anti-mineros trabajan años capturando las fuentes de credibilidad para introducir su narrativa en las conclusiones de la población.
Control de la institucionalidad local
Mientras trabajan para controlar las fuentes de credibilidad, los anti-mineros buscan crear o asumir el control de la institucionalidad rural: comunidades y rondas campesinas, instituciones religiosas, alcaldías provinciales y distritales, frentes de defensa, organizaciones locales, ONG’s, centros de salud, unidades educativas, frentes de defensa, etc.
Cuando se controlan las fuentes creíbles de información, los anti-mineros pueden inocular su narrativa. Esto genera las condiciones necesarias en la opinión pública para la captura de la institucionalidad local.
Esa institucionalidad local y sus representantes pasan a ser las fuentes de legitimidad para su accionar conflictivo y para la descalificación de las opiniones favorables al progreso económico y social. La opinión de los representantes de la institucionalidad local influencia fuertemente a la población para definir si algo es legítimo o ilegítimo, correcto o incorrecto.
Esta captura viabiliza la aplicación ‘legitima’ (a los ojos de la población) de la violencia contra quienes se opongan a sus intereses, con ello se impermeabiliza a la población ante fuentes alternativas de información que disientan de la narrativa anti-minera.
Cuando los anti-mineros tienen esas condiciones instaladas localmente, ellos están en la capacidad interpretar las acciones de las empresas mineras y de cualquier otro actor externo según sus intereses. Por ejemplo: Todo lo que una empresa haga a favor de la población (proyectos, servicios de salud, etc.) es visto, en esa narrativa, como un intento de la empresa de resarcir parcialmente un daño que sus actividades estarían generando en la población local (contaminación, etc.), o es parte de un engaño en el que el poblador no debe caer. En vez de reconocerlas como algo positivo, ellos presentan las acciones de las empresas mineras como un intento de manipular a la población local aprovechándose de sus necesidades materiales y de su pobreza. Según ellos los proyectos de desarrollo de las empresas son “migajas” cuyo propósito es adormecer la conciencia de la población, para seguir contaminando las aguas y destruyendo el futuro de todos, especialmente de los niños.
Una de las consecuencias del cerco cognitivo es que las acciones de responsabilidad social de las empresas pierden mucho de su eficacia para ganarse la confianza de la población. Los estudios de opinión pública de las diversas encuestadoras muestran que, en las zonas de operación de las empresas mineras, donde se han realizado mayor cantidad de acciones de responsabilidad social, la población es más hostil a la minería que en otras zonas donde las empresas no han hecho obras ni proyectos. La explicación a esta supuesta paradoja es el control de los anti-mineros sobre la manera cómo se forma la opinión pública. Ellos afectan la manera como la población interpreta las acciones de responsabilidad social de las empresas y reducen en gran medida las ganancias en reputación que éstas esperaran conseguir.
Con la narrativa anti-minera instalada en la mente de las personas y la institucionalidad local controlada por los anti-mineros, pueden luego manipular a la población y crear así la base de operaciones para un conflicto político de larga duración.[7]
Cuando los anti-mineros logran instalar su narrativa y estructurar su cerco cognitivo sucede una tragedia social. Poblaciones pobres con altos índices de mortalidad materna e infantil ponen sus aspiraciones de progreso a un lado y dedican una parte importante de su tiempo y energía a bloquear la actividad económica que les posibilitaría salir de la pobreza y ofrecer a sus hijos un futuro mejor. Los procesos de aprendizaje social sobre cómo progresar son interrumpidos y muchos de sus líderes se especializan en el oficio nefasto del conflicto y la manipulación.
¿Cómo romper el cerco cognitivo?
Quienes más necesitan romper el cerco cognitivo de los anti-mineros son las poblaciones y empresas de las regiones mineras. Ellas son quienes necesitan aprovechar la demanda global de materias primas para construir sus rutas de progreso. Sin embargo, la superación de las barreras construidas por los anti-mineros no es algo que ellas puedan hacer solas, aisladas de otros actores sociales. Esta es una tarea que requiere una alianza social que necesariamente debe incluir a los sectores y medios mejor informados.
Las empresas mineras solas también tienen grandes limitaciones para romper los cercos cognitivos de los anti-mineros. Los estereotipos sobre las empresas mineras que ya están instalados en la mente de la población constituyen condiciones desventajosas. Además, todo lo que una empresa diga en sus comunicados puede fácilmente ser interpretado como un mensaje de parte que sirve a sus propios intereses de lucro. Como ya hemos visto, si los anti-mineros controlan las fuentes de credibilidad de la población, los mensajes de las empresas son interpretados negativamente y no cumplen los objetivos de contrarrestar la narrativa anti-minera. La promoción de otras fuentes de credibilidad para la población se vuelve fundamental.
Se requiere una coalición social pro-desarrollo, conformada por los actores favorables a la minería, para que se pueda romper el cerco cognitivo de los anti-mineros. En realidad, en todas las regiones existen importantes sectores de la clase media urbana y rural que pueden beneficiarse de la presencia de la minería, pueden montar negocios, prestar servicios y abrir una ruta de progreso para ellos y para la mayoría de la población. No es coincidencia que los anti-mineros realicen una actividad sistemática para descalificar, amedrentar y neutralizar a los actores de los sectores medios de las sociedades regionales.
Son esos actores de los sectores medios quienes pueden asumir una narrativa pro-desarrollo y pueden constituirse en nuevos referentes de credibilidad para la población urbana y rural. Si las empresas mineras quieren neutralizar a los anti-mineros y crear bases para una minería sostenible, necesitan ofrecer a esos sectores medios dos cosas:
(a) Una ruta de progreso económico dinamizada por la minería (ver las propuestas de Michael Porter sobre Valor Compartido), y
(b) Desarrollar en diálogo con los sectores medios, una narrativa de progreso culturalmente adecuada a la idiosincrasia regional.
Cuando los actores de los sectores medios comiencen a liderar la agenda pública local en función una propuesta de minería y desarrollo, el cerco cognitivo de los anti-mineros se derrumba. Gradualmente sus mentiras y falacias se harán visibles, y las poblaciones locales podrán imaginar su futuro con un mayor nivel de confianza y libertad. Lampadia
[1] Zambrano, Omar; Robles, Marcos; Laos, Denisse (2014) Global boom, local impacts: Mining revenues and subnational outcomes in Peru 2007-2011 Banco Interamericano de Desarrollo.
[2] Cuando una organización, como los anti-mineros, enfatiza la dignidad en su narrativa, es porque no puede ofrecer opciones de progreso, y quiere que la población renuncie a sus aspiraciones para servir a los intereses de la organización.
[3] La elaboración de una narrativa es una actividad de alta complejidad. Los grupos anti-mineros locales no tienen la capacidad intelectual para hacerlo. Son los centros internacionales, financiadores de los anti-mineros locales, quienes desarrollan dichas narrativas. Los anti-mineros locales y sus ONG’s repiten, adaptan esas narrativas, y generan imágenes que las ilustran. Por las características, funcionalidad y falacias de la narrativa anti-minera, escribiremos un artículo próximamente.
[4] Zorrila, C., Buck A., Palmer, P., & Pellow, D. (2009). Protegiendo a su Comunidad Contra las Empresas Mineras y Otras Industrias Extractivas. (p. 15). Bolder, OH, USA: Global Response.
[5] Los anti-mineros hacen un mapeo cuidadoso de quienes son las personas que la población rural tiene como referencia para formar una opinión sobre los diversos temas. Aunque se presentan como parte de la población pobre, esas personas son en realidad parte de la élite local.
[6] Ellos copian en una escala micro, local, lo que Stalin ha logrado implantar en la Unión Soviética.
[7] Cuando la idea de progreso es sustituida por la falacia de que el conflicto es la fuente de dignidad de la población, el futuro de la población está en riesgo de postergarse por décadas y generaciones.
