Jaime de Althaus
Para Lampadia
El Perú necesita reformas estructurales profundas para recuperar capacidad de crecimiento. Evidentemente, este gobierno exánime no está en condiciones de hacerlas, pero algo se puede avanzar.
En esa línea, el ministro de Economía José Salardi tiene dos grandes retos: acelerar el crecimiento y reducir el déficit fiscal. Lo primero ayuda a lo segundo, no solo aumentando ingresos sino también reduciendo gastos pues las dos reformas que propone, agilizar y multiplicar la ejecución de proyectos por Asociaciones Público-Privadas (APP) y de Obras por Impuestos (OXI), no solo potenciarían el crecimiento económico, sino que reducirían el gasto público difiriéndolo en el tiempo.
Para ello plantea un cambio legal importante e inteligente: que los proyectos por encima de los 100 millones de dólares sean gestionados íntegramente por Proinversión, incluyendo la etapa de ejecución contractual. Sacarlos de los ministerios.
De esta forma se resolvería el problema de que el proyecto se estructura y adjudica en -digamos- dos años, pero luego se demora 10 o más años en comenzar a ejecutarse debido a que entra en la jungla del sector y de las idas y vueltas de los informes y aprobaciones, lo que se agrava por el cambio constante de funcionarios y de normas.
La “post-adjudicación” es una ordalía. Está preparando entonces un proyecto de ley para que la ejecución contractual pase a manos de Proinversión, incluyendo las liberaciones de terrenos. Es decir, Proinversión sería el concedente. Se congelaría y blindarían las normas vigentes a la firma del contrato, para no tener que estar cambiando constantemente y regresando a fojas cero.
Con este cambio los proyectos se adjudicarían y se comenzarían a ejecutar mucho más rápido.
También quiere reformar el procedimiento para las adendas, que son también la de nunca acabar. Lo mismo: que Proinversión las lidere.
Ahora hay cuatro pendientes para proyectos muy importantes por un total de $4,500 millones: el gasoducto de TGP por la costa al sur, la ampliación del puerto de Matarani, el proyecto de Cálida para expandir la distribución de gas natural en siete regiones, y ampliaciones de los aeropuertos del sur (Arequipa y Juliaca).
La idea es que se firmen antes del 28 de julio, como anuncios de gran impacto. ¿Cómo? Proinversión sentaría en una mesa al sector, al MEF y al concesionario, pondría analistas financieros para negociar y cerrar el modelo financiero de común acuerdo y a la brevedad posible. Antes el proceso era secuencial. Ahora se sientan todos en la mesa y acuerdan. Sin idas y venidas. Las opiniones de los reguladores no son vinculantes. Sentido común.
Expandir las OXI -el techo ahora es de S/ 30 mil millones, pero podría doblarse, sostiene- también permitirá ejecutar obra y reducir el déficit fiscal difiriendo el gasto. El ministro explica que las OXI “permiten a los gobiernos regionales y locales usar sus recursos futuros del canon para financiar inversiones hoy. Ellos seleccionan los proyectos a ejecutar, los que son financiados con recursos privados, y luego de culminada la inversión, se le devuelve a la empresa lo invertido, a través de un certificado que puede usar para pagar sus impuestos. De esta manera el Estado obtiene una obra hoy apalancándose en el recurso privado, y luego del año siguiente de entregada la obra le va descontando a la entidad hasta el 30% de su canon anual. Nos aliviamos de la presión de asignar presupuesto hoy usando los recursos futuros del canon”.
Señala que se imprimirá gestión a las grandes irrigaciones, que no salen. Pero eso lleva al tema de recomponer la meritocracia en el Estado.
La caída del puente de Chancay y la falta de acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez por la misma razón –el MTC no aceptó el ofrecimiento de los concesionarios para hacer la obra, sino que se la reservó para Provias, que nunca las ejecutó– hablan de la necesidad de introducir meritocracia muy bien calificada en los ministerios y particularmente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Para ello las entidades del Ejecutivo, lideradas por SERVIR, han avanzado en el tránsito al régimen del servicio civil, pero necesitan que el MEF apruebe los presupuestos para financiar los concursos internos.
Le pregunté por eso y me respondió que ese financiamiento tendría que ir acompañado con un redimensionamiento del Estado. Al respecto, se está planteando fusionar ministerios (y reducir o eliminar programas, habría que agregar), pero no es mucho lo que se pueda hacer en poco tiempo, porque se trata de una reforma de mayor calado.
Sin embargo, sí se conseguiría ahorros en lo que es inversión pública expandiendo las APP y las OXI, como ya explicó.
También quiere impulsar la inversión privada empujando la aprobación de la ley de promoción agraria y proponer lo mismo para la acuicultura y el desarrollo forestal. Y desregulando, simplificando, levantando trabas a la inversión. ¿Cómo?
- Rescatando y potenciando las mesas ejecutivas, para identificar las regulaciones que deben removerse o simplificarse,
- Trazando un plan para mejorar aceleradamente posiciones en el ranking de Business Ready del Banco Mundial -que supone acortar tiempos y trámites para una serie de permisos, licencias y procedimientos-, y
- Reactivando el Consejo Nacional de Competitividad.
Le sugerimos al ministro pedir asesoría al ministro de desregulación argentino, Federico Sturzenegger, que acaba de hacer aprobar el decreto supremo “burocracia cero”, por el que en 30 días los ministerios e instituciones deben hacer llegar las normas que deben ser derogadas o simplificadas para facilitar la inversión y a la actividad privada. También tiene a mano el decreto legislativo Nº 1565 que dispone aplicar Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) al stock de normas existente, lo que no se ha ejecutado.
El Consejo Nacional de Competitividad debería actualizar el plan nacional respectivo, que contenía reformas para aumentar la competitividad del país, algo perentorio en la medida en que las políticas de Trump depriman el comercio global.
Una de reformas tiene que ver, por supuesto, con el mercado laboral. Al respecto, le sugerimos buscar la aprobación por el Congreso del “combo formalizador”, un proyecto de ley que debe estar elaborando la Cámara de Comercio de Lima sobre la base de una muy buena propuesta de Elmer Cuba. De otro lado, en junio estará listo el reglamento de la ley de reforma del sistema de pensiones, que contiene la pensión por consumo, que incluye a todos y tendrá un efecto formalizador.
Esperemos que la gestión de Salardi ayude a crear el ambiente para lanzar las reformas estructurales que se requiere para aumentar la capacidad de crecimiento del país a tasas altas. Para reducir aceleradamente la pobreza y devolverle futuro al Perú. Lampadia
