Gerardo Eto Cruz
ExMagistrado del Tribunal Constitucional
Para Lampadia
Un clamor social del día a día y que pinta las crónicas rojas en los principales diarios de la capital y en todos los departamentos, en especial en Piura, La Libertad, Lima, entre otras grandes zonas poblacionales del país es el tema de la seguridad ciudadana pues, diariamente hay homicidios, extorsiones, sicariato, asaltos permanentes y una serie de delitos relacionados contra el patrimonio, la libertad sexual y el crimen organizado.
Por lo que surge una legítima pregunta si es que acaso el Perú ha devenido en un Estado fallido en materia de seguridad, pues la delincuencia se enseñorea y la ciudadanía tiene una pandemia de miedo, pues cualquiera puede terminar siendo asaltado, secuestrado o asesinado.
Los Estado fallidos
Esta expresión no proviene de los predios de la Teoría del Estado; ni mucho menos de otras disciplinas fronterizas como el derecho constitucional, ni la sociología ni la ciencia política; pero sí surge de los predios de los medios de comunicación y se entiende que el Estado no logra realizar y cumplir todos los fines que le son consustanciales a su propia institución al interior del país.
En efecto, fallido según la RAE es [Frustrado, sin efecto] y frustrado a la vez alude a [insatisfecho, reprimido, desencantado, desengañado]. Como se podrá observar, la expresión como categoría se utiliza para aludir frontalmente a un país cuya estructura política y social ha colapsado o está en un estado de disfunción severa. Todo Estado, en el imperio de su soberanía y autodeterminación, tiene una serie de fines que cumplir a partir de la estructura del poder y quienes lo detentan es su rol y función, en este caso, que se garantice un orden de paz en el interior de un país. Así, en todas las Constituciones hay una larga lista de roles, fines y competencias que la Constitución le dota a los gobernantes.
Entre los fines esenciales se encuentra la capacidad que tiene el poder político para garantizar los servicios básicos a su población y mantener el orden público interno, lo que supone garantizar la seguridad, el respeto a la propiedad, el orden y la vigencia efectiva de los derechos y libertades fundamentales.
Sin embargo, un Estado deviene en fallido cuando no cumple con dichos fines y cometidos que la Constitución le obliga a cumplir.
Las causas de un Estado fallido
La sociología y la politología ha establecido una serie de factores que se interrelacionan entre sí; y entre los más relevantes es
a) la corrupción que ocurre cuando los recursos destinados a garantizar un servicio idóneo del estado es desviado por quienes detentan ese encargo estatal;
b) inestabilidad política que ocurre cuando hay un estado de crisis y hay crisis en la estructura de los diversos órganos del estado (que hoy es un deporte nacional en el Perú); las fallas en el control horizontal en sus dos variantes:
i) controles inter órganos y;
ii) controles intra-órganos;
los primeros cuando un órgano autónomo del Estado debe ejercer un control a otro órgano y éste a otro y así sucesivamente; y en el segundo aspecto cuando un órgano prevé internamente sus propios mecanismos para que exista un manejo eficiente del rol y la competencia que se le asigna;
iii)conflictos armados que, de acuerdo a la geopolítica actual tienen diversas tipologías y para el caso que interesa se trata de conflictos o guerras civiles o guerras de baja intensidad que terminan afectando la propia infraestructura del país;
iv) pobreza y desigualdad que ocurre por la falta de oportunidades económicas y una abismal desigualdad social genera descontento y protesta en el país;
v)ausencia de legitimidad en el sentido que la población ve en sus gobernantes que han perdido confianza, el crédito de su accionar y que no expresan una real representatividad;
vi) desastres naturales, que son contingencias o factores de hechos fortuitos como terremotos inundaciones, pandemias etc.; y
vii) fuga de capital humano, nos referimos al éxodo de talentos o la fuga de profesionales que se han capacitado en el país pero, al no tener un reconocimiento profesional satisfactorio deciden salir del país.
Perú: Un Estado fallido en seguridad ciudadana
En el caso peruano y para esto puede ocurrir para otros países en Latinoamérica como México y Colombia, el espanto que tiene la población es la presencia de una compleja organización criminal que han tomado por asalto la ciudad (es decir los principales lugares de manejo económico de mayor densidad poblacional) y cometen las fechorías de distinto pelaje desde hurto, robo, asalto a mano armada y hechos más metastásico como asesinatos por encargo, extorsión, secuestro y una serie de figuras que determinan en forma negativa la estructura emocional de cada uno de los ciudadanos que puede sufrir algún tipo de atropello de esta delincuencia común que ha desencadenado la inseguridad ciudadana en distintas regiones del país.
Las políticas de placebo en materia de seguridad ciudadana
Irónicamente, diversos grupos de opinión, entre los que destacan ONGs bajo el pretexto legítimo de preservar los derechos fundamentales de las personas han quebrado la moral y la mística institucional de la fuerza del orden (PNP) y su rol que le asigna la constitución (art. 166) de «mantener y restablecer el orden interno» en el día a día con el uso del arma reglamentaria terminan siendo ellos –las fuerzas del orden- juzgados por preservar precisamente el orden público interno. Esta situación se agrava cuando se pretende calificar a este tipo de delitos comunes agravándolos con otros normen iuris como terrorismo urbano que no es más que un efecto placebo; es decir un paliativo sin efectos prácticos y reales. La gran pregunta es qué hacer.
Noam Chomsky en su momento ha publicado un libro titulado estados fallidos donde realiza una descarnada descripción de aquellos países que los califica como estados forajidos. En nuestro caso, somos estados en crisis donde priman discusiones bizantinas y la delincuencia ya ha llegado a gobernar las calles. Y el hecho concreto es que deben impulsarse, con la convocatoria de todos los partidos y todas las instituciones una solución real, concreta y eficiente.
Somos de la opinión que el País sí atraviesa un Estado fallido en una de sus atribuciones básicas y consustanciales para preservar entre los valores jurídicos fundamentales, la paz, el orden y la seguridad.
No apelamos acá a que exista políticas estatales que violen los derechos fundamentales puesto que una democracia como estado constitucional no puede responder con la crueldad criminal con la que realizan la delincuencia común.
Ni tampoco creemos que el esfuerzo que viene haciendo MINJUS de impulsar un debate sobre la pena de muerte solucionará el problema.
Nos enfrentamos a complejas bandas que han encontrado una serie de fortines de asaltos provenientes de la minería ilegal de la tala ilegal, de la trata de blancas, de diversos blanqueos de dinero, del narcotráfico, todo esto, sí ha desencadenado complejas estructuras criminales transnacionales sumado a lo ya «clásico» de las bandas de narcotráfico; y si las políticas del Ministerio del Interior sigue evidenciando con la PNP una ineficacia, pese a permanentes desmantelamientos de bandas y capturas de avezados delincuentes, el espiral sigue in creciendo.
La ciudadanía se ha acostumbrado en algunos sectores a pagar cupos y el discernimiento en la opinión pública es hasta cuándo vamos a tener este tipo de inseguridad.
No es aquí responsable establecer presuntas «recetas» de solución a este problema que termina socavando nuestra propia democracia, la reputación internacional, las inversiones foráneas, la seguridad jurídica, el turismo entre otros aspectos. Aunque aquí opine a contra corriente, creemos que el Ministerio del Interior es la cartera ministerial cuyo titular, por más esfuerzos que haga, debe discrecionalmente máximo un año de labor; pues diariamente la Policía Nacional le reporta cientos de hechos delincuenciales, con sus sumas y restas de éxitos y fracasos en la lucha contra la delincuencia, el ministro pierde el sentido de la propia realidad por el desborde en que se vive.
La inseguridad ciudadana es por cierto un tema complejo y multifacético y requiere una solución integral que no empieza ni termina con cambiar al ministro del interior. Pero bien puede afirmarse algunas líneas fáciles de implementar:
a) Fortalecimiento de la Policía, con la mejora de la capacitación, equipamiento, condiciones laborales. Igualmente rotar a los miembros y depurar a los malos policías;
b) Prevención social, lo que significa invertir en programas sociales que identifiquen la etiología de la criminalidad, la pobreza, la falta de educación y las oportunidades laborales;
c) la Participación comunitaria, donde se fomente en los municipios comités de vigilancia, instalaciones en todas las zonas de videovigilancias;
d) Reformas en el sistema judicial que es todo un complejo tema vinculado a la política criminal,
e) Políticas de reinserción donde se cumplan los fines que aspira todo sistema penal represivo: la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad (art. 139 inc. 22 de la constitución).
Por lo pronto, un buen comienzo es que el titular de la cartera en cuestión se vaya a su casa a descansar, y existan cambios en el personal de la PNP en lugares claves:
Trujillo con la minería ilegal, Piura lo propio con la minería ilegal y el sicariato del día a día, especialmente en Sullana, los alcaldes también tienen vela en este entierro y deben impulsar en sus jurisdicciones comités de seguridad coordinando con la policía.
Esta misma institución debe sofisticar los servicios de Inteligencia, infiltrando a agentes de inteligencia en las organizaciones criminales. Es decir, se requiere estructuralmente una solución transversal para llegar a un cometido concreto; y nuestros políticos deben dejar de hacer poses, discursos manidos y todos en forma conjunta coadyuvar en este grave flagelo que viene asolando nuestra patria. Lampadia
