Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia
El narcotráfico es un negocio creciente en la región, especialmente, entre los países amigos del régimen de Castillo-Cerrón, como son Cuba, Venezuela y Bolivia. Lamentablemente, el Perú ya muestra inclinaciones de seguir por la misma senda. Y aparentemente, con el nuevo gobierno colombiano, quién quiera que gane, se va a cambiar la política antidroga, favoreciendo el incremento de la producción de cultivos ilícitos de coca y la elaboración de cocaína.
El gobierno de Castillo-Cerrón y Perú Libre está retrocediendo en la política antidrogas, ofreciendo suspender la erradicación de la coca en el VRAEM, minimizando la erradicación en el resto del país y hasta retirando las bases militares de la zona del VRAEM.
The Economist acaba de publicar un artículo al respecto, que no enfoca bien el tema, ni en el título: ‘Los políticos latinoamericanos están hartos de la guerra contra las drogas. Verlo líneas abajo’.
Siendo este un tema complejo y especializado, hemos pedido la colaboración de Jaime García Díaz, Investigador Asociado del IDEI-PUCP, para contrastar la información de The Economist.
Informe de Jaime García:
- Incremento de la demanda global de cocaína
De acuerdo a Office of National Drug Control Policy (ONDCP) hay un fuerte re-incremento del consumo en los EEUU (81% crecimiento desde 2013, entre 2006 y 2013 había caído 50%)
De acuerdo a un reciente informe del European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) en Europa hay record de incautación de cocaína y en la pureza de la cocaína, además los indicadores de consumo también están creciendo.
- Incremento de la oferta global de cocaína
- Incremento en las áreas de cultivo de hoja de coca en Colombia, Perú y Bolivia, aunque en Colombia están reduciéndose en los últimos tres años.
- Adaptación de hoja de coca a nuevas condiciones agronómicas, en las últimas décadas se ha adaptado el cultivo de coca, que históricamente se cultivaba entre 800 a 2000 m.s.n.m. a nuevos pisos de 60 a 700 m.s.n.m. En Perú hay 13 millones de hectáreas con condiciones de cultivo de coca en la Amazonía.
- Incremento de productividad de hoja de coca, hace 25 años se producía 1.2 tm/ha hoy en el VRAEM se registra hasta 4 tm/ha. En promedio a nivel nacional en Perú es alrededor de 2.6 tm/ha.
- Mejora de factor de conversión de 340 a 240 kg de hoja de coca para producir 1 kg de cocaína.
- Las organizaciones criminales reciclan el uso de insumos químicos.
- La “democratización y nacionalización” del mercado de la cocaína, se refleja en la microproducción en miles de pozas de maceración cercanas a las áreas de producción de hoja de coca.
- Se consolidan países de tránsito: Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina y Chile.
- Incremento en incautaciones, principalmente en Colombia, pero también fuerte incremento en la producción.
- Débil impacto sobre los decomisos de activos y el financiamiento del narcotráfico.
- El Perú retrocede en la política antidrogas
- Cambio de política antidrogas
- Se diseñaron Estrategias Nacionales con metas anuales que no se cumplen desde el 2019.
- Se reducen los presupuestos nacionales para financiar la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas.
- No se aplica una estrategia integral (erradicación + desarrollo alternativo) como se venía haciendo hasta el 2019, en forma parcial en Alto Huallaga, Monzón, Aguaytía y Pichis Palcazu.
- Se han debilitado los programas de erradicación de coca, menores metas y menor impacto.
- Se suspende la erradicación en el VRAEM, se busca implementar un modelo boliviano de erradicación voluntaria de 1,000 hectáreas anuales que es totalmente inadecuado y que ya ha fracasado a costa de fuertes gastos del Estado (100 millones de dólares el Programa de Reconversión Productiva en el Gobierno de Humala y los cultivos de coca se incrementaron).
- Reducida erradicación de cultivos de coca en Puno (frontera con Bolivia) y Loreto (frontera con Brasil y Colombia).
- Se anuncia el retiro de 42 bases militares del VRAEM sin el debido reemplazo de 42 bases antidrogas. Se busca liberar el VRAEM a favor del narcotráfico.
- Se redujo el área de cultivo de coca de 62,500 ha (2011) a 49,900 ha (2017), en la actualidad de acuerdo a ONDCP (EEUU) se habría incrementado el área a más de 80,000 hectáreas de coca.
- Perú tendría una producción potencial de más de 700 tm de cocaína y solo incauta 30 tm, es decir exporta más de 670 tm de cocaína. Colombia produce 1,100 tm de cocaína, pero incauta 664, es decir exportaría 436 toneladas. Perú se ha convertido en el primer exportador de cocaína en el mundo.
- Limitados resultados en el control de activos y financiamiento del narcotráfico.
- Dinámica del narcotráfico en Perú
- Se nacionaliza la cadena del narcotráfico.
- Se reorienta la exportación hacia Brasil, Bolivia, Chile y rutas a Europa.
- Se dinamiza la principal zona de producción de cocaína en el VRAEM.
- Se fortalece la dinámica criminal internacional en el país.
- Aparecen nuevas organizaciones criminales internacionales: serbios, rusos.
- Se fortalecen las organizaciones criminales nacionales vinculadas al narcotráfico, los carteles criollos y clanes familiares locales, regionales y nacionales.
- Infiltración del narcotráfico en la política: Paralizan la erradicación de coca, promueven nuevas leyes en el Congreso para legalizar toda la producción cocalera y así eliminar la erradicación de cultivos de coca.
- Infiltración en el proceso electoral de octubre para elección de autoridades regionales y locales, sobre todo en zonas cocaleras.
En conclusión:
- El Perú ofrece hoy en día el mejor escenario y ambiente de inversiones para el narcotráfico internacional de cocaína.
- Pueden sembrar coca en cualquier lugar y si lo hacen en el VRAEM el Estado Peruano les garantiza que no serán erradicados.
- Además, los niveles de incautación de cocaína son minúsculos (en comparación con Colombia, Brasil, Panamá o Ecuador), es decir menor riesgo para el inversionista narco.
- Los delitos de lavado de activos no son debidamente judicializados ni se logran sentencias adecuadas lo que constituye otro incentivo al narcotráfico.
Lo presentado por Jaime García es muy grave, tenemos que tomar conciencia de este proceso y denunciarlo en el Perú y el extranjero. Lampadia
Veamos el artículo de The Economist, que tergiversa algunos temas, como anota García en el texto.
Los políticos latinoamericanos están hartos de la guerra contra las drogas
Los dos candidatos presidenciales de Colombia quieren un cambio
The Economist
9 de junio de 2022
Treinta años atrás, Gilberto Rodríguez Orejuela y sus asociados eran los criminales más poderosos del mundo, y se calculaba que controlaban el 75% de los envíos de cocaína desde Colombia. Adoptaron un enfoque empresarial para un comercio sin ley, a menudo prefiriendo el soborno a la violencia, y usaron sus ganancias de las drogas para comprar empresas legales, desde cadenas de farmacias hasta América de Cali, un club de fútbol en su ciudad natal. Cuando murió el 31 de mayo después de 18 años en una prisión estadounidense, Rodríguez apenas era recordado en su país de origen. Sin embargo, el negocio del que fue pionero es más fuerte que nunca, mientras que en todo el continente americano hay un cansancio palpable con la “guerra” en su contra.
Ese cansancio lo expresan ambos candidatos en la segunda vuelta presidencial de Colombia el 19 de junio.
Rodolfo Hernández, un populista de derecha, ha pedido la legalización de las drogas. Su rival de izquierda, Gustavo Petro, dice que su país debe reconocer que la guerra está perdida.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prefiere “abrazos en lugar de balas” para los soldados rasos del narcotráfico; los arrestos de capos de la droga cayeron hasta hace poco tiempo. Los funcionarios de Estados Unidos parecen más preocupados por la llegada de migrantes que por la cocaína. Las muertes relacionadas con las drogas continúan aumentando, pero más del 60% son causadas por el fentanyl, una poderosa droga sintética, gran parte de la cual se fabrica en México.
Desde la década de 1990, la política antidrogas en la región ha tenido tres vertientes: erradicar la coca, la materia prima de la cocaína; la promoción de medios de vida alternativos a través del “desarrollo rural integrado”, como dice la jerga; y decomisar o destruir cargamentos de droga, plantas procesadoras, insumos químicos y dinero.
El más visible y controvertido de los tres es la erradicación de la coca. Es una tarea de Sísifo. Entre 2000 y 2006, Colombia redujo a la mitad su superficie cultivada con coca, principalmente mediante la fumigación aérea con glifosato, un herbicida. Pero la siembra volvió a aumentar durante y después de las conversaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas marxistas de las FARC, que controlaban gran parte de las áreas productoras de coca. En 2015, el gobierno prohibió la fumigación aérea por motivos legales y de salud.
Iván Duque, presidente de Colombia desde 2018, es un ávido protagonista de la guerra contra las drogas. Su gobierno ha erradicado más de 100,000 hectáreas de coca al año. Perú, el segundo mayor productor, también ha cumplido sus objetivos de erradicación más modestos. Estos logros son ilusorios. En ambos países la producción total de coca ha aumentado inexorablemente.
[El aumento de los cultivos de coca en Colombia se deben principalmente a la suspensión de la erradicación con uso de glifosato y la reducción de la erradicación manual, debido a los compromisos del Acuerdo de Paz. Desde el año 2013 se reduce sostenidamente la erradicación y se incrementa exponencialmente el área de coca. Si Colombia hubiese mantenido su ritmo de erradicación manual de coca, los cultivos se hubieran mantenido por debajo de 50 mil hectáreas (J. García)].
Según estimaciones del gobierno estadounidense, la producción de cocaína en América Latina se ha más que duplicado durante la última década, a 2,400 toneladas al año. Eso se debe en parte a que la productividad ha aumentado, con una siembra más densa, riego y agricultura calificada. La coca ahora se ha detectado en Honduras y Venezuela, donde es un nuevo cultivo. En Colombia, el efecto de la represión ha sido llevar el cultivo a montañas remotas, parques nacionales y otras áreas protegidas.
Existe un consenso entre los expertos en que la erradicación forzosa no puede producir una disminución sostenida de la oferta. Están a favor de promover alternativas legales a la coca y confiar en la erradicación voluntaria. Eso es más fácil decirlo que hacerlo.
[La erradicación forzosa sí puede reducir los cultivos de coca, es más es la única forma de reducir los cultivos de coca, pero cuando se reduce la erradicación con en Colombia por el Acuerdo de Paz, se incrementan los cultivos. Con relación a la erradicación voluntaria, de acuerdo a las estadísticas del Observatorio de Drogas de Colombia, en 40 meses del programa de sustitución voluntaria de cultivos de coca, entre agosto de 2018 y diciembre de 2021, la erradicación voluntaria representó solo el 5.5% de la erradicación total de cultivos (J. García)].
“Pasar de un consenso a la construcción de políticas públicas requiere mucha capacidad de gobierno en el terreno”, dice Daniel Rico, criminólogo. Desde 2016, los gobiernos colombianos en teoría han querido reforzar la seguridad y la presencia del Estado en las zonas rurales, pero no lo han logrado. En cambio, algunos aspectos del negocio de las drogas se han legalizado de facto, dice Rico. Rara vez se procesa a los agricultores por cultivar coca, y la mayor parte del lavado de dinero y el suministro de insumos químicos quedan impunes.
La economía de un negocio ilegal conspira contra los guerreros de la droga. El precio minorista de la cocaína está determinado por el riesgo, no por los costos, y es quizás 60 veces más alto en una calle de California que en una granja andina. La legalización sería la respuesta sensata. Pero hay poca evidencia de que sea políticamente factible.
Eso deja a los gobiernos latinoamericanos para hacer frente a la fea realidad del crimen organizado. Las proteicas mafias traficantes de drogas se consolidan o fragmentan, actuando con mayor o menor violencia, según el gusto y las circunstancias locales. Lo que es constante es su acumulación de poder militar, político y económico ya que la cocaína se ha convertido en un negocio global. Si el próximo presidente de Colombia logra mejorar la seguridad rural y dar un impulso a la actividad económica legal, eso podría ser más efectivo que arrancar las plantas de coca. Lampadia
