Jorge Chamot
Setiembre 20, 2024
Para Lampadia
Mucho se ha escrito, y se sigue hablando y escribiendo, sobre el evento “PETROPERU”. Un resumen extraordinario de la situación se puede leer en el artículo “Qué hacemos con PETROPERU” de Carlos Gálvez, publicado en Lampadia el 16 de setiembre pasado, y no podemos dejar de mencionar la necesidad de ver todo este tema dentro de un concepto Big Picture como el planteado por Pablo Bustamante en su entrevista “El Perú Vale La Pena” publicada en Lampadia el 13 también de este Setiembre.
Pero como esta serie es sobre “Oportunidades” quisiera enfocarme en lo que ya llamamos “Oportunidad Perdida” (nuestro artículo #25 de Enero 2024) sobre la expedición del Decreto de Urgencia DU-004-2024, que ya advertía sobre los consabidos y ya innumerablemente publicitados problemas de PETROPERU, y que ingenuamente pensamos que serían afrontados por el gobierno para un concienzudo y práctico planteamiento.
Este planteamiento efectivamente lo hizo el Directorio nombrado, hoy renunciante, para solucionar lo que era y sigue siendo, evidentemente, una piedra más en el zapato del quehacer gubernamental actual.
Pero el gobierno increíblemente recurre a una semi-suicida actitud de una vez más “salvar “ a la empresa estatal a través del reciente DU-013-2024, haciendo caso omiso de las opiniones técnicas, económicas y financieras de quienes verdaderamente saben, y digo esto porque aparentemente el Gobierno, o no sabe, o los intereses particulares y políticos son tan fuertes que las decisiones tomadas no solamente indican que se ha decidido dejarle este mamotreto al siguiente gobierno, sino que nos hace pensar, que hay mucho que se está ocultando y que merece una investigación. Una investigación no solo de la Contraloría y los mecanismos de investigación, supervisión y fiscalización correspondientes sino de una empresa especializada, consultora en manejo gerencial, porque esta situación es absurda.
Digo “semi-suicida” porque de esto no va a salir nada positivo. Me pregunto si verdaderamente alguien en el Gobierno o en el Congreso, que por su falta de reacción se convierte en coautor, cree que el dilema de la empresa se soluciona con el recientemente publicado DU-013-2024. Además de echar más fondos al barril sin fondo no cumple con la obligación de administrar los recursos del Estado de una manera sensata y legal. Este decreto no hace más que postergar el momento de la verdad, sigue poniendo parches.
En estos días ha habido una reacción mundial sobre este hecho, y me sorprende esta reacción porque ha sido incluida en medios periodísticos y páginas web de las que nunca yo había oído hablar antes, que se refieren vergonzosamente, en mi opinión, al insistente salvataje de una empresa “moribunda” (término usado por estos medios de información, no es invento mío) y que se interpretan como un inexplicable manejo de fondos del Estado, un ingrediente más en la confusa situación política en el país (nuevamente copiando lo publicado en estos medios).
¿No es esto semi-suicida? ¿Creemos que así podemos conseguir inversionistas que traigan capitales frescos para desarrollar nuestros recursos en general o simplemente participar de nuestra actividad económica, cuando el gobierno no respeta las reglas del libre mercado y competencia leal entre capitales privados y desgraciadamente en este caso, públicos? Ni que hablar del fin de los recursos públicos que no deberían ser utilizados en estas actividades, tal como lo señala la Constitución y que ya se ha repetidamente mencionado antes.
Los Considerandos del DU-013-2024 son sorprendentes pero muy interesantes pues dan una muestra de la crítica situación. Pero como es común en nuestro Perú, somos muy buenos en diagnosticar, pero, o no tomamos acción, o nos equivocamos en esas acciones, como es el caso del DU. Me atrevo a plantear que el DU bien podría ser inconstitucional, pues interviene en la actividad económica equivocadamente y utiliza fondos del Estado en lo que no debería hacerlo.
Si este es el marco en el que quiere sobrevivir el gobierno hasta mediados del próximo año, ya que el mismo DU plantea su vigencia por un año y algunas de sus disposiciones hasta el 31 de julio de 2025, es muy triste lo que nos espera por delante.
Ya sabemos que a partir de mediados del próximo año todo se paraliza y se concentra en los avatares de las elecciones del 2026, prácticamente no pasa nada hasta que el siguiente gobierno tome el poder. En otras palabras, habrá otro “salvataje”. Es decir, el tema se eterniza por digamos 3 años más, hasta que el nuevo Gobierno actúe, y sinceramente creemos que no es lógico, justo ni legal. Es necesario mostrar que el gobierno es finalmente transparente y serio para tomar las decisiones necesarias y evitar la hemorragia que significa la operación de la Empresa en su estructura actual.
Hay algo más en todo esto que crea un ambiente, en mi opinión muy incómodo, porque en el fondo, a los ciudadanos, el gobierno nos está tratando como idiotas. Ejemplo es, lo mencionado por la misma Presidente de la República, cuando dice que PETROPERU, no va a ser privatizada porque hay que entregar gasolina a motocicletas en lugares alejados. Esa gasolina que se entrega a motocicletas en lugares alejados es la más cara del mundo, ya que seguimos dedicándoles miles de millones de dólares a la empresa que dice cubrir esa limitada demanda.
Esos lugares remotos, ¿no necesitan hospitales, carreteras, postas médicas, escuelas y obras de infraestructura que no solamente benefician a los motociclistas sino a la población entera? Soluciones para estos motociclistas que tanto le preocupan a la Presidente las hay, como simplemente contratar a una empresa privada que suministre combustible a esos limitados mercados en un sistema de subsidio especifico, perfectamente dirigido y localizado. Sobrarían muchos fondos para esas carreteras, hospitales y escuelas, que hoy no se hacen por seguir salvando a una empresa quebrada. Pensándolo bien, voy a buscar un mejor término en lugar de “salvar”, porque en realidad ni siquiera se le está salvando. De ahí el título de este artículo: La obsesión por Petroperú.
El DU, una vez más, encarga a PROINVERSION la venta de bienes no esenciales (sin establecer tiempos) y al Ministerio de Energía y Minas la mejora del Oleoducto Norperuano…. ¡un segundo!, ¿ahora el MEM se encarga del oleoducto?, en el art. 6.3 se dice debe realizar “…el análisis y determinación de acciones que correspondan adoptar con relación a la operación del Oleoducto Norperuano, a efectos de mejorar su integridad, eficiencia y competitividad” y en mi opinión peor aún, a continuación, dice “La implementación de dichas acciones se puede financiar con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Energía y Minas”. Caos total.
Además, dispone la contratación de una firma especializada para gestionar una transformación integral con el objetivo de mejorar su sostenibilidad operativa y financiera, incluyendo reestructuración de la deuda y la optimización de la gestión. El concepto detrás de la disposición del DU sobre reestructuración tampoco establece tiempos y el planteamiento de la llamada “Transformación Integral” es bastante vago. Encima, ¿la va a llevar a cabo el mismo gobierno que hoy no reconoce la verdadera situación?
Nuevamente se patea la lata. La venta de activos, o por lo menos el inicio de los procesos de venta, que ya aparentemente acepta el gobierno y que es un paso positivo tremendo, debe de hacerse este año. A propósito, ¿Qué son activos críticos? (art. 6.2 del DU). No se definen, no vaya a ser que todo resulta ser “crítico” y estamos a foja Cero, pues entonces nada se vende.
Estoy esperando una reacción dura y decidida de los gremios empresariales ante la inconstitucionalidad del DU, y quien sabe hasta de una organización que defienda al consumidor en general, o de la Asociación de Contribuyentes o de la Defensoría del Pueblo, porque estas decisiones en general, afectan a la población entera por el mal uso de los fondos del Estado e impiden su disponibilidad para fines urgentes, legales y beneficiosos para la población. No vienen inversiones, no hay crecimiento sostenido lo cual nos afecta a todos, y la imagen internacional del país confusamente se deteriora aún más poniendo en peligro la calificación crediticia, y eso lo digo a pesar de los positivos índices macro-económicos, derivados del profesional y reconocido manejo del Banco Central de Reserva.
Debemos acordarnos que PETROPERU fue creada por el gobierno militar, bajo un régimen legal y una coyuntura que ya no existe, basado en conceptos de aquel entonces, cuando se le consideró una empresa estratégica (que hoy no lo es), que controlaba el mercado de combustibles (que hoy no lo puede hacer), y que aseguraba lo que en ese momento se entendió como un acto de soberanía ante una empresa extranjera que producía dinero y que permitiría que esas utilidades se quedaran en el país (que hoy, desde hace mucho tiempo, no es el caso porque pierde dinero, sobreviviendo solo por inercia de los fondos que recibe del Estado).
Independiente de la investigación de los hechos y decisiones en relación a la refinería de Talara, se debe contratar una empresa extranjera especializada en diagnosticar la verdadera situación gerencial y de negocios de la empresa y plantear soluciones reales que deberían entrar en implementación, digamos en el máximo de un año. Las alternativas presentadas por el Directorio Stark renunciante son entonces lógicas y necesarias. Es muy difícil justificar la continua existencia de la empresa, por lo menos, en su estructura presente.
Parte del asombro internacional es que las empresas petroleras estatales en todo el mundo se crean y se mantienen para producir y asegurar ingresos directos al Estado y que, en teoría, las utilidades no se las lleven empresas privadas en un sector enormemente productivo y rentable (no opino sobre otras empresas estatales de otros sectores pues podrían, quizás, tener otra razón de ser). Pero el tema es que PETROPERU, no le da ingresos al Estado, todos sabemos los miles de millones que van al barril sin fondo.
MI PROPUESTA
- Los gremios empresariales, estoy seguro, están considerando recurrir a los estamentos indicados e iniciar acciones legales para declarar la inconstitucionalidad del DU-013-2024 y exigirle al Gobierno una actitud seria y responsable. Cuanto antes, mejor.
- Iniciar una acción en defensa del contribuyente, el consumidor y el ciudadano común ante el evidente despilfarro de fondos que el Estado debería utilizar con otros fines que contribuyan al bienestar de la Nación. ¿Una ONG que se preocupe de estos asuntos?
- Ingenuamente me atrevo a sugerir la reposición del Directorio Stark, o por lo menos el nombramiento de uno similar con el abierto apoyo a sus decisiones. No regresar a los de antes que no solo permitieron sino ocasionaron la situación actual.
- Es decir, tomar acción, pero acción responsable. Ser transparente con la población. No podemos soportar 3 años más de despilfarro comprobado. Demostrar que no se trata de una evidente y sobre todo, dudosa obsesión.
Lampadia
