Jaime de Althaus
Para Lampadia
Es hora de que la sociedad civil, el empresariado, la academia, exijan al Congreso la aprobación de la reforma constitucional que establece la bicameralidad, porque el asunto se está politizando en el mal sentido, con el riesgo de que este cambio tan importante no pueda materializarse. Se oponen las bancadas oficialistas, pero no con razones de fondo -que no existen- sino como una manera de levantar nuevamente la bandera de la asamblea constituyente.
Se argumenta que se está cambiando 52 artículos de la Carta Magna y que un cambio de esa magnitud tendría que ser aprobado con participación popular a través de una asamblea, lo que es una falacia por partida doble porque la mayor parte de esos 52 cambios consisten en sustituir la palabra Congreso por Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, y el Congreso representa precisamente al pueblo y la Constitución contiene en su artículo 206 el mecanismo para reformarse.
Un tema tan importante como la bicameralidad no puede estar sujeto a la lucha política. Hace meses que se le viene pidiendo a este congreso que aborde la reforma política a fin de que el próximo gobierno pueda desarrollarse dentro de un marco que asegure mayor gobernabilidad y estabilidad. Muchos expresaban la preocupación de que un cambio de gobierno y de congreso no asegura nada porque no hemos cambiado las reglas de juego, de modo que terminarían repitiéndose los mismos males, el mismo desgobierno, el mismo populismo, el mismo desvarío, la misma degradación institucional y económica.
La reforma de la bicameralidad es precisamente el primer paso para resolver ese problema, para contener la destrucción legislativa del Estado peruano y del crecimiento económico sostenible. Para producir leyes más responsables, más meditadas, más serias. De allí la necesidad de que la sociedad civil, que sufre los estragos de la política, exija el cambio.
Pongamos unos ejemplos recientes:
La ley que autoriza la adquisición de armas por parte de los comités de autodefensa. No vamos a entrar a discutir las razones a favor o en contra, si se trata de poner a esos comités que ya existen y tienen armas bajo el control de las fuerzas armadas, o si existe el riesgo de que se conviertan en pequeños ejércitos del crimen organizado. Simplemente hacer notar que, si hubiésemos tenido un Senado, esa ley se hubiese discutido con mucha mayor profundidad y se hubiese analizado con mucho más detalle sus pros y sus contras.
Si hubiésemos tenido un Senado, la ley SUNEDU quizá habría apuntado donde debe: a disminuir las sobrerregulaciones a las universidades privadas sin debilitar la institución y sin devolver a las universidades públicas al abandono del Estado en el que estaban dejándolas además sin recursos para mejorar sus estándares, como lamentablemente ha ocurrido.
Lo mismo con la ley que eliminó el régimen CAS: con un Senado la ley resultante habría acaso incorporado ese personal al régimen de la ley del servicio civil, afianzando así la aspiración nacional a una administración pública meritocrática, en lugar de acabar con toda esperanza de meritocracia estatal, como ha ocurrido.
Asimismo, con un Senado, la ley que consagró la negociación colectiva en el Estado como método para los aumentos de sueldo, le habría dado al Ministerio de Economía el rol de poner límites a los aumentos, para evitar la activación de bomba de tiempo fiscal que estallará tarde o temprano.
O los retiros de los fondos de pensiones no se habrían aprobado o habrían sido mucho más moderados, sin poner en peligro la subsistencia misma del sistema privado de pensiones como está ocurriendo, dejando para el futuro una contingencia fiscal también incalculable e inmanejable y destruyendo el ahorro nacional que por primera vez el Perú logró conquistar.
Con un Senado se hubiese podido apreciar mejor las consecuencias ulteriores de esas decisiones legislativas, que ahora ensombrecen el futuro del Perú. Por supuesto, hay otras reformas para mejorar la calidad de la representación y de los partidos políticos, para que la gente de valía regrese a los partidos y a la política, que deberían también aprobarse y están en agenda. El asunto es empezar a trabajar. La sociedad civil debe exigirlo. No abandonar la tarea para dejarla al azar de la historia. Lampadia
