Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Las agrupaciones humanas y los Estados, sólo funcionan cuando existe institucionalidad y una buena gobernanza. En el Perú, el Estado emite normas muy estrictas, pero que se aplican a un universo sumamente restringido y esto es verificable en todos los ámbitos y actividades de la sociedad, tales como; la construcción, cuidado ambiental, tributario, laboral y últimamente sanitario, entre otros.
En el Perú tenemos el reino de la “informalidad” (hasta eufemismo tenemos para la ilegalidad). Cuando uno quiere construir siguiendo las normas, el sometimiento a las dictaduras regulatorias municipales, es proverbial. La exigencia de parámetros arquitectónicos para obtener una licencia de construcción, las exigencias de normas de defensa civil y otros, son inagotables. Pero vayamos a cualquier dependencia del propio Estado y encontraremos que no se cumplen, ni los aforos, los espacios entre escritorios, las características de las puertas y ventanas, el acceso a ascensores y rutas de escape, rutas a los estacionamientos y sus espacios. ¿Cómo lograron la licencia de construcción y el permiso de Defensa Civil? Probablemente por un milagro. Si revisamos la construcción de viviendas en la ciudad de Lima (aquí no más para no ser exquisitos), encontraremos que no cumplen parámetro alguno. Sólo como ejemplo, encontré en La Molina, una vivienda de dos pisos, construida en dos etapas, que como no tenía espacio para construir una columna, no se le ocurrió al constructor (no creo que sea ingeniero) mejor opción que ponerla, eso si bien centrada, a un metro de distancia frente a la puerta principal de acceso que da a una esquina. Ahí sí, no pasa nada. Obviamente, no me voy a poner exquisito con la mayoría de construcciones de Lima, producto de la auto construcción.
En lo laboral, más del 70% y ahora cerca del 80% o no tiene contrato, o le renuevan el mismo por periodos mensuales, máximo, trimestrales. Del Estado no digo nada, pues para ellos se inventó el CAS, ¿qué es eso? Mira yo no sé, pero son el mayor número de trabajadores y los que menos derechos tienen. De los términos y conceptos; gratificaciones de un sueldo en julio y diciembre, pago de CTS, vacaciones, etc. “desconocen mayormente” y no les son aplicables. Pero vayamos a una empresa que pretende manejarse legalmente y encontraremos exigencias de SUNAFIL, que ni siquiera son aplicables a los propios trabajadores e inspectores de esa institución.
De la aplicación de normas tributarias, ni hablar. Como la SUNAT supervisa a menos del 20% de la actividad económica del Perú, cada día se pone más exigente y creativa, para no reconocer gastos deducibles para fines del pago de impuesto a la renta, llegando al cobro de doble tributación (al que recibió el ingreso y tributa, pero también al que pretendió deducir dicho gasto, pero no se lo permiten). Ni hablar del cambio de interpretación de las normas tributarias en el tiempo y, como hay incentivos salariales para los revisores de SUNAT relacionados a la fiscalización, las interpretaciones legales se vuelven alucinantes y la persecución al contribuyente, va más allá de las sentencias del Tribunal Fiscal, dado que, si la SUNAT pierde en esa instancia, va al poder judicial. Pero si “el administrado” (como le gusta a la burocracia llamar al ciudadano) hace lo mismo, se valdrán de la prensa para decir que éste judicializa sus procesos de fiscalización. No sólo eso, sino que ejerce influencia y presión sobre las sentencias judiciales, incluyendo las del Tribunal Constitucional, que uno creyera, es el garante de la aplicación de las normas legales. ¿Qué pasa con el cerca de 80% de ciudadanos que no declara ni paga impuestos? Ah no, eso no. Eso cuesta demasiado trabajo y rinde muy poco… pero, ¿cómo así la SUNAT “no ve la plata” donde todos la vemos? Vamos a Los Olivos, Puente Piedra, por mencionar sólo dos distritos con “plata como cancha”, y encontraremos que ahí está la plata, casas con derroche de lujo interior, centros comerciales con venta de autos de “alta gama”, discotecas con equipos de sonido y luces, que ya quisieran tener San Isidro o Miraflores, pero ahí ciertamente, no hay revisiones exhaustivas de declaraciones juradas de impuestos, ni algo que se parezca. ¿Cómo nos podemos explicar ese fenómeno? ¿No voy a chocar con “mi causita”?
Y ahora último, a raíz del COVID, se han impuesto normas sanitarias y control de aforo al transporte, que por supuesto sólo se aplican al transporte formal. Hace unos días observaba los vagones de la Línea 1 del metro y los veía transitar vacíos. ¿Se volvieron locos? No, les han impuesto un aforo de 18% y ciertamente, eso me dejó la percepción que se trasladaban vacíos, mientras al mirar al nivel inferior del tren (la pista), ahí se transporta a ómnibus lleno y el aforo no es un limitante. ¿Qué pasó?
¿No será que, esos ómnibus o micros, son negocios con participación de congresistas o amarres municipales?
No pretendo aburrir con muchos más ejemplos, pero tenemos un Estado que a todo le aplica un doble estándar, que le impone normas y restricciones draconianas a unos, mientras convive con cuatro quintas partes de la población, sin ninguna regla y que se ha vuelto invisible para la fiscalización de cualquier estamento del Estado.
Debemos iniciar un serio proceso de racionalización y fijación de reglas universales a ser aplicadas por el Estado peruano. El mal del que adolece, se está convirtiendo en una fuente de desgobierno incontrolado, pues mientras para la mayoría no aplica reglas, para un pequeño grupo (entre 20% y 30% de la población), es un rígido cancerbero que nos impide desarrollarnos.
El doble estándar, destruye ciudadanía y el concepto de institucionalidad y el riesgo mayor, es que cada vez más ciudadanos y empresas vean de “desaparecer del radar” del Estado, para dejar la legalidad y formalidad que todos debemos construir.
Debemos, en cambio, establecer reglas que sean de cumplimiento razonable para el ciudadano promedio y la empresa de mediano tamaño, trabajar en su aplicación y cumplimiento generalizado, para de ahí en adelante, ir aumentando de forma gradual la exigencia. Siempre con una medición cuidadosa de sus impactos, progresos y efectos económicos, sociales y fiscales.
De nada nos sirve pretender reglas muy exigentes, si la mayoría no las cumple; sea por incapacidad o porque la relación costo/beneficio de su aplicación, les hace preferir su incumplimiento. En teoría económica se demuestra fácilmente, que existe una clara relación entre el “beneficio” de incumplir la ley, versus la probabilidad de que te encuentren en falta y te penalicen. El delincuente, el evasor y hasta el chofer de combi lo saben y lo tienen muy claro, por eso tanta combi con papeletas por cientos de miles o millones de soles, siguen circulando, tanta evasión tributaria abierta se mantiene y tanto servicio laboral fuera de la ley se brinda.
¡No hagamos “como que somos estrictos”, si sabemos que, en la realidad, nos es imposible controlarlo! Lampadia
