Jorge Trelles Montero
Para Lampadia
El título tiene su origen en una vieja polka, que cantaban Los Chamas y cuya primera copla decía “Como me gustan, como me gustan los militares”.
La Presidenta del Congreso María del Carmen Alva habría dicho que las fuerzas armadas “están con nosotros”, refiriéndose, me imagino, a que los militares no están de acuerdo con el régimen del Presidente Castillo. Esta declaración, para algunos expertos constitucionalistas, daría cuenta de una infracción constitucional por parte de los militares y hasta la Presidenta habría caído en falta similar, de rebote, por el solo hecho de enunciarla.
Difícil sostener que la Presidenta haya podido cometer alguna falta por el hecho de divulgar la supuesta preferencia de los militares peruanos. Sin embargo, otra es la pregunta acerca de si pueden, ellos, los militares, desaprobar y censurar a Castillo, condenarlo y hasta anatematizarle.
Al respecto, nuestra Constitución establece que las fuerzas armadas no son deliberantes y que están sometidas al poder constitucional. Dice, además, que sus miembros no pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo mientras no hayan pasado a la situación de retiro.
Es claro que se quiere evitar que las instituciones que tienen el monopolio y la exclusividad en la tenencia y uso de las armas, participen, porque ellas así lo decidan, en asuntos políticos. Están sometidas al poder constitucional y no pueden participar en las decisiones que llevan al establecimiento, organización, elección de funcionarios y decisiones de dicho poder. Hay que evitar el uso de las armas en estas cuestiones. Desde esta perspectiva se entiende el límite que enuncia claramente la sentencia del Tribunal Constitucional Exp. 0017-2003, cuando establece que “por cierto esto no quiere decir que dichos institutos no puedan hacer llegar al Presidente de la Republica sus puntos de vista u opiniones sobre determinados problemas nacionales cuando así se les requiera, pero dicho criterio institucional no obliga ni vincula al Presidente de la Republica o al gobierno”.
Es claro que las fuerzas armadas no pueden tener juicios o preferencias políticas partidarias, no tanto si esta limitación les llega a sus miembros.
Claramente no. En tanto y cuanto actúen, piensen o se expresen por ellos y no por Las Fuerzas Armadas, tienen derecho al voto y a la participación ciudadana. Así reza el artículo 34 de nuestra Constitución:
Artículo 34°.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley. No pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro, de acuerdo a ley.
Es decir, tienen derecho al voto y a la participación ciudadana sin más limitaciones que las que se precisan en este artículo y que son consecuencia de su intrínseca, aunque temporal pertenencia a la Fuerza Armada. Hay que recordar que este enunciado del art. 34 de la Constitución es fruto de una modificación del texto original dispuesto por la ley 28480 dada durante el gobierno de Toledo, por una mayoría de color político distinto al de la mayoría del Congreso Constituyente último.
En primer lugar, no hay que olvidar que los militares son personas, en el sentido que tiene esta palabra en los 3 primeros artículos de nuestra Constitución y por lo tanto tienen entre los derechos que ahí se enuncian los de libertad de conciencia, información, opinión, expresión y difusión del pensamiento.
Las gentes que garantizan la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República tienen que conocer y reflexionar, como cualquier ciudadano, acerca de lo que pasa en el país, la pobreza de muchos peruanos y la dureza de muchas desigualdades, entender la importancia de la minería en el desarrollo y riqueza del país y de sus habitantes, más precisamente en lo que a su función se refiere, la relación entre la solvencia económica y financiera de un país y su capacidad de tener la fuerza bélica de defensa necesaria.
Los militares, siempre como cualquier ciudadano, tienen el derecho de conocer las consecuencias de los movimientos políticos plurinacionales que llevan a relaciones con otros países contrarias a la soberanía nacional y a erizarse cuando en nombre de estos deberes multinacionales se dice que podrían implicar cesiones de parte del territorio nacional.
Ellos observan, siempre como cualquier ciudadano, como se nombra en el Consejo de Ministros a gente ignorante y poco instruida, muchos con antecedentes penales y otros con actividad criminal ya en el cargo, destruyendo el aparato estatal.
Y, lo que es aún más penoso, viven a diario la desdicha de ver al exsecretario del Presidente, a los sobrinos de éste y a su ministro preferido perseguidos por ladrones en latrocinios donde esta investigado el propio Presidente.
Como quiera que la Presidenta del Congreso es un símbolo de la oposición a Castillo y a su gente, no me cabe duda que debe sentir de parte de los militares (en verdad de parte de casi todo el mundo mínimamente enterado del desastre del gobierno de Castillo) una simpatía, quizás no consciente pero inocultable. Lampadia
